Nadie del Gobierno de EE. UU. lo confirma, pero por lo menos dos medios de comunicación lo dan por hecho: el Departamento de Seguridad Interna (DHS) comenzó a implementar el acuerdo migratorio con Guatemala y es cuestión de días para que comiencen a arribar a suelo guatemalteco migrantes hondureños y salvadoreños.

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El medio BuzzFeed publicó en su edición electrónica este miércoles que el gobierno de Donald Trump comenzó la implementación del controversial plan. Cita a dos fuentes “conocedoras del tema” de quienes logró tener acceso a correos electrónicos.

Aparentemente, cita BuzzFeed, los migrantes no tendrían derecho a un abogado.

El medio habla de un correo electrónico que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración envió este miércoles a todos los oficiales de asilo de EE. UU. mediante el cual se les notificó que comenzaría la implementación del plan. Sería El Paso, Texas, el primer punto fronterizo desde donde se enviaría todos los días un pequeño grupo de adultos solicitantes del alivio migratorio a Guatemala.

Una docena de agentes fronterizos estarán encargados de clasificar quiénes son elegibles para ser enviados al país centroamericano. En esta primera fase de la implementación del plan no serían considerados menores no acompañados ni unidades familiares que viajen con al menos un menor de 18 años.

Con la publicación en el Registro Federal de EE. UU. el pasado 19 de noviembre del acuerdo de asilo firmado con Guatemala, los medios ya da por hecho su puesta en marcha.

El Wall Street Journal, por ejemplo, informó que el acuerdo entró en vigencia con la publicación en el Registro, y que este se podría implementar “tan pronto como esta semana”.

Sin embargo, aparentemente, la normativa estará abierta a “comentarios” hasta el próximo 19 de diciembre. Además, el Gobierno de EE. UU. tendría que aprobar un reglamento en el cual se dictarán los pasos para implementar el acuerdo.

Incertidumbre

En Guatemala, al respecto de una posible implementación del convenio migratorio todo es intriga e incertidumbre ya que ninguna autoridad tiene conocimiento de tal acción.

El Instituto Guatemalteco de Migración, por ejemplo, afirmó que todo sigue igual y se limitó a informar sobre la cantidad de vuelos de guatemaltecos de deportados que ingresarán esta semana.

Por aparte, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) afirmó que no es parte del acuerdo; de hecho, lo critica.

En un comunicado, expresó sus “serias preocupaciones” por la política de asilo de EE. UU. ya que se trata de “un enfoque contrario al enfoque internacional que podría dar lugar al traslado de personas muy vulnerables a países donde sus vidas podrían correr peligro”.

Acnur añadió que seguirá “cumpliendo con las responsabilidades” que dicta su mandato para la protección internacional y las soluciones para personas que las necesitan dondequiera que se encuentran.

En tanto, ninguna autoridad de EE. UU. ha confirmado el comienzo del envío de solicitantes de asilo a Guatemala, y de momento solo se conoce la información dada a conocer la semana pasada por el Washington Post, según la cual, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, no descartaba enviar a estos migrantes a Petén.

Ni el Departamento de Seguridad Interna ni el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. respondieron, al cierre de esta nota, un correo electrónico en el cual Prensa Libre les solicitó información.

Rechazo en Petén

Y mientras sigue el debate respecto a si al final de cuentas se implementa el plan o no, diversos sectores, tanto de la capital como en Petén y en EE. UU. han mostrado rechazo a la posibilidad de que sean enviados a aquel departamento.

La Pastoral de Movilidad Humana expresó en un comunicado que el sistema de asilo humanitario en Guatemala no funciona y está “fallido”. Como ejemplo, insistió en que el gobierno guatemalteco ha visto con indiferencia y sin voluntad política las 800 solicitudes de refugio que han presentado personas de Nicaragua, El Salvador y Honduras.

La Pastoral afirmó que ante la posibilidad de que Petén se convierta en el lugar de recepción de los migrantes, el Gobierno debe atener a los guatemaltecos que fueron desplazados desde hace más de 30 años durante el conflicto armado interno ya que no han sido integrados a la sociedad; además, existen varias comunidades desalojadas de La Laguna del Tigre y de la zona fronteriza con México que viven en condiciones “infrahumanas”.

Como en un gueto

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), crítico que el Gobierno no ha aclarado con qué recursos pagará la atención que se les dará a los migrantes.

Añadió que Petén no tiene la capacidad para albergarlos y el lugar podría convertirse en una especie de “gueto” para los solicitantes de asilo.

“Petén tiene graves problemas de seguridad como trata de personas, narcotráfico, migración irregular, y el Gobierno le va a sumar la atención de población solicitante de asilo, esto agrava la situación en el departamento”, opinó Rivera.

Francisco Ortega López, sacerdote encargado de la Casa Migrante de Santa Elena, Flores, coincidió en que ese departamento no tiene la capacidad para recibir a los centroamericanos que envié el Gobierno estadounidense, porque en el departamento no hay suficientes fuente de trabajo para que los migrantes esperan la respuesta de su petición.

Ortega explicó que los pobladores que tienen estudios de primaria y básicos se dedican a hacer oficios como carpintería, herrería o mecánica, en los cuales ganan un salario diario promedio de Q40 o Q50.

El sacerdote opinó que si el país no le puede dar trabajo a los guatemaltecos para que puedan subsistir, será peor para los extranjeros.

Además, indicó que en Petén existen dos casas que asisten a migrantes, una es la que está en Santa Elena, en donde les dan enseres para bañarse, comida los tres tiempos del día, camas para dormir y llamadas de tres minutos como máximo para que hablen con sus familiares en los otros países. Añadió que tienen 60 literas y espacio para albergar a 60 personas; sin embargo, han asistido hasta cien migrantes cuando la demanda es alta. El abrigo es dado como máximo tres días.

Rechazo también en EE. UU.

En EE. UU. organismos internacionales han lanzado críticas en contra la inminente implementación del acuerdo.

Uno de ellos, el Consejo Estadounidense de Inmigración que en una declaración emitida la mañana de este miércoles expuso que de implementarse el convenio de cooperación de asilo “se pondrían en peligro a muchas personas que huyen de la persecución” ya que se les enviaría a “países donde prácticamente no hay un sistema equipado para manejar sus solicitudes y donde los solicitantes de asilo enfrentan serias amenazas a su seguridad”.

“Ninguna persona debería verse obligada a buscar protección en países mal equipados para escuchar sus reclamos y donde enfrentarán los mismos daños de los que huyen”, expuso Berth Werlin, directora ejecutiva de la organización.

“No podemos enviar a los solicitantes de asilo a países donde la violencia está obligando a sus propios ciudadanos a huir. La inversión a largo plazo en el estado de derecho y el desarrollo, así como la capacidad de los sistemas de asilo, permitirán que más personas vivan con seguridad en sus hogares o encuentren seguridad en otros países además de los Estados Unidos. Pero simplemente llamar a un país ‘seguro’ para los solicitantes de asilo no lo hace así”, agregó Werlin.

Expuso que cerrar la puerta a poblaciones vulnerables causa incertidumbre en la región y es una acción contraria a las tradiciones, valores e historia estadounidenses.

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