El pasado 30 de junio la Suprema Corte de EE. UU. dio luz verde a la administración Biden para terminar de forma definitiva con el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, en inglés), programa mejor conocido como Quédate en México, mediante el cual se enviaba de regreso a este país a casi la totalidad de peticionarios de asilo.

Instaurado por el expresidente Donald Trump, a través del MPP se devolvió a las ciudades fronterizas mexicanas a más de 70 mil migrantes, entre ellos poco más de 15 mil guatemaltecos. En campaña el actual gobernante Joe Biden había prometido abolir esa “inhumana” política.

Sin embargo, el fin del programa se vio envuelto en una batalla legal iniciada por gobernadores republicados de los estados fronterizos para que no fuera eliminado con el argumento de que podría generarse una crisis en la frontera sur.

El pasado 9 de agosto, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) dio la “bienvenida” a la resolución de la Suprema Corte y se comprometió a poner fin a la polémica norma de una manera “rápida y ordenada”.

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Con esta nueva disposición los solicitantes de asilo, incluso aquellos que ya lo habían requerido dentro del MPP continuarán sus procedimientos de petición —o deportación como lo llama el DHS— en EE. UU.

¿Nueva crisis?

Los gobernadores republicanos como Gregg Abbott, en Texas, y Doug Ducey, en Arizona, y en general los opositores al gobierno de Biden auguran un incremento sin precedentes de la migración irregular desde el sur del continente debido a lo que llaman “políticas de puertas abiertas” de la administración demócrata.

Ya de por sí, la situación es apremiante con un millón 946 mil encuentros de indocumentados que reporta la Patrulla Fronteriza en los primeros 10 meses del año fiscal 2022, que comenzó en octubre pasado. El número ya rebasó a la totalidad de los 12 meses del año anterior y sin duda, superará por primera vez los dos millones.

“Nuestras comunidades fronterizas se están utilizando como puerta de entrada a los EE. UU., abrumando a las fuerzas del orden público, los hospitales, las organizaciones sin fines de lucro y los residentes”, dijo Ducey recientemente en un comunicado. Abbott, por su parte, quiere declarar “invasores” a los migrantes.

Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos humanos de los migrantes señalan que el incremento de la migración no depende de si el MPP se elimina, y coinciden en que la enorme diferencia es que con dicha política en vigor se pone en peligro a quienes buscan protección en EE. UU.

Al aumento de los cruces irregulares era algo que se esperaba, dice Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una organización que agrupa a 58 organizaciones promigrantes en EE. UU.

Al eliminar los países las medidas restrictivas impuestas durante lo más álgido de la pandemia y derivado de los impactos económicos que esta causó “era predecible el aumento de la migración”, expuso. “Eso hay que tenerlo claro”.

Este éxodo desde los países del sur del continente seguirá, enfatiza Chacón, mientras los gobiernos no hagan algo para mejorar la situación social y económica de sus ciudadanos. “No debe sorprendernos que la gente está buscando mejores horizontes en el extranjero”, remarcó.

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Betty Camargo, directora de Programas Estatales de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, indicó que “siempre hemos tenido flujos migratorios y esa es una realidad que no va a acabar”, por lo tanto, las autoridades deben trabajar en hallar soluciones que no vayan en detrimento de los migrantes, como lo fue la política Quédate en México.

En ese sentido, coincidió con Chacón en que el fin de dicho programa debió haberse concretado hace más de un año y que ahora lo que queda por hacer es aclarar el camino a seguir por los miles de solicitantes de protección.

Hasta el momento, señaló, hay decepción e incertidumbre en los migrantes sobre qué pasará con los que aún esperan en las ciudades fronterizas mexicanas la oportunidad de pedir asilo. Ni siquiera los abogados que representan a varios de ellos les ha llegado información del DHS.

Muchos, en el lado de El Paso, Texas, donde tiene su sede la organización, han decidido de saltar el muro o cruzar el río o el desierto para solicitar asilo, con el consecuente saldo de muertos y heridos. “La política antimigrante en la frontera causa que la gente arriesgue su vida”, lamentó Camargo.

No quieren migrantes

Como una medida de rechazo a las políticas de la administración Biden, Abbott y Ducey han comenzado a enviar a ciudades como Washington D. C. —donde está la sede del Gobierno— y Nueva York —ciudad santuario— a decenas de migrantes cuando recién cruzan la frontera y entran en proceso de solicitar asilo.

Diversos medios han recogido imágenes de migrantes que son dejados en las calles frente a albergues u oficinas de gobierno de las grandes ciudades después de viajes de 33 a 40 horas.  Solo a Nueva York han enviado a cerca de seis mil migrantes. Un número similar han sido trasladados a Washington D. C.

Mientras los alcaldes de estas ciudades han acusado a los gobernadores de Texas y Arizona de utilizar a los migrantes con fines políticos, puesto que ambos buscarían reelegirse en los comicios de noviembre próximo, estos funcionarios creen que por ser Nueva York y Washington D. C. ciudades progresistas gobernadas por alcaldes demócratas, tienen que asumir parte del problema.

La Cancillería guatemalteca informó por medio de su oficina de Comunicación que son pocos los guatemaltecos que han llegado en buses a esas ciudades ya que se trata de un programa principalmente dirigido a ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela.

Juan Carlos Pocasangre, líder migrante en Nueva York, dijo que la situación se está volviendo una crisis en la ciudad porque no hay suficiente refugio ni recursos para atender a miles de migrantes. Asimismo, coincidió que es mínimo el número de connacionales el que ha llegado en esa modalidad, puesto que, tradicionalmente el guatemalteco al llegar a EE. UU. trata de evadir a la migración.

“Un alto porcentaje de estas personas —las que llegan en bus a Nueva York— no tienen familia ni conocidos aquí ni saben a dónde ir”, dijo Pocasangre. De momento, las autoridades les buscan albergues que ya están casi en su máxima capacidad, e incluso están rentando hoteles para colocarlos.

Fin político

Chacón lamentó la manipulación que los gobernadores republicanos hacen con los migrantes y señaló que enviarlos en buses a Nueva York y Washington es una medida “motivada por el odio y el desprecio a los migrantes” y para hacer más visible el tema de cara a las elecciones que se avecinan.

“Esto no debería ser una crisis, pero al Partido Republicano le interesa elevarlo a nivel de crisis porque eso alimenta su tesis de que los migrantes son algo malo para el país”, subrayó.

Camargo dijo que los migrantes “ni siquiera se han dado cuenta que los están usando para una agenda política”, precisamente antimigrante y que tiene un origen “xenofóbico”.