Desde el pasado 19 de febrero cuando el presidente de EE. UU. Joe Biden anunció que procesarían las solicitudes de asilo de migrantes varados en la frontera sur del país, del lado mexicano, cientos comenzaron a llegar a la frontera.

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Aunque el Gobierno estadounidense se refería a los solicitantes de asilo del Protocolo de Protección al Migrante (MPP, en inglés), en los pases centroamericanos y en algunos estados de México traficantes de personas regaron como pólvora el rumor de que EE. UU. abriría sus fronteras y permitiría el paso de todos los solicitantes de asilo.

Nada más alejado de la realidad.

Las consecuencias las viven ahora miles de migrantes que se han aglomerado en las ciudades fronterizas mexicanas donde, muchos deberán pasar la Semana Santa en la intemperie.

Tijuana, ciudad fronteriza del estado de Baja California, es un ejemplo de ello. Los cerca de 20 albergues oficiales y de organizaciones humanitarias que funcionan en el lugar han sobrepasado su aforo, reducido a propósito, desde el inicio de la pandemia, el año pasado.

Bajo el puente en el área conocida como Chaparral, unos mil migrantes se han instalado en carpas con la esperanza de que abran el paso fronterizo y sean admitidos por el gobierno estadounidense.

Su esperanza es más fuerte que la información oficial que a cada momento repiten activistas y autoridades mexicanas, y que es el que las solicitudes de asilo deben ser presentadas a través de un sitio de internet y que por el momento no se abrirán las fronteras.

Gladys Lorena Abad es una guatemalteca que forma parte de una red de voluntarios originarios de Guatemala que provee ayuda a los migrantes en los albergues de Tijuana. Periódicamente les llevan ropa, comida y artículos de higiene. Tratan de priorizar a los connacionales.

“Ellos piensan que los van a recibir a finales de abril, pero no es así, tienen que registrarse en internet. Yo se los he dicho, pero no me hacen caso”, dice Abad.

Comenta que la situación en Chaparral es “muy mala” puesto que hay familias de hasta 12 miembros que viven bajo una carpa y tienen que pagar ocho pesos cada uno por usar el baño y 20 por bañarse. En los últimos días han tenido que soportar mucho frío puesto que los termómetros se mantienen con cifras de un dígito.

Albergues en problemas

Jose María García Lara está a cargo del albergue Juventud 2000 y dice que tienen semanas de que dicha casa de refugio está llena. Actualmente tiene albergadas a 105 personas de Centroamérica, México y Venezuela.

“En estos días han llegado a tocar la puerta otros migrantes, pero no los hemos podido atender. Lo que hacemos es canalizarlos a través de Migración para que les busquen un albergue en otros lugares”, dice García Lara, aunque al final reconoce que muchos terminan por instalarse en la vía pública.

Walter Batres es presidente de la Red Migrante Guatemalteca, que constantemente lleva apoyo a albergues del lado mexicano y apoya a los connacionales con insumos, alimentos e incluso dinero en efectivo.

A otros migrantes, como dice Batres, se les brinda apoyo moral, con el simple hecho de escuchar sus penas, necesidades o bien sea porque necesitan contar todo el sufrimiento que padecieron en el trayecto. “Lo hacemo con la gente de Guatemala porque no nos alcanza para hacerlo con todos”, señaló.

Batres dice que a raíz de la pandemia los albergues se han visto en problemas económicos, pero que debido a la restricción a los viajes no esenciales decretado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de marzo, padecen el doble puesto que no se les permite el ingreso a organizaciones humanitarias que tradicionalmente les apoyan.

García Lara confirma que estas semanas al menos dos organizaciones que llegaban a apoyarles les han dicho que tuvieron que cancelar el viaje.

Los albergues tienen que sufragar los gastos de agua, luz, gas, renta y alimentos, entre otros. El activista reconoce que una de sus principales fuentes de ingresos son las organizaciones de migrantes.

El Estado “aporta algo, pero no solventa todas las necesidades”, dice García Lara.