Reformar la Constitución guatemalteca es un tema que con cierta frecuencia se habla en círculos políticos, legales o académicos. Muchos creen que los cambios son urgentes para modificar el sistema político o judicial y hacer más funcional al Estado, aunque otros opinan que la actual carta magna debe permanecer igual.

Estos argumentos saltan de nuevo a la palestra a raíz de que el pasado 4 de septiembre se celebró un plebiscito en Chile, mediante el cual el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric buscaba el beneplácito de la ciudadanía para aprobar una nueva Constitución; sin embargo, se topó con un rechazo abrumador.

Unos 15 millones de chileros respondieron a la convocatoria. La opción de rechazo obtuvo más del 62 por ciento de los votos.

El plebiscito representó un duro golpe para el mandatario de 36 años que recién asumió el puesto en marzo pasado y que, cuando era diputado en 2019, fue uno de los principales impulsores del pacto político que permitió iniciar el proceso de redacción de la nueva Constitución.

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El impacto fue tal que dos días después de la votación Boric hizo cambios en su gabinete y designó en puestos claves a figuras de centro-izquierda, a la que tanto criticó tras 30 años de gobernar Chile.

El caso Guatemala

En Guatemala, expertos en derecho constitucional consideran necesario reformar algunos textos de la Constitución; no obstante, coinciden en que no es el momento apropiado.

Después de ser aprobada, la carta magna guatemalteca ha sufrido solo una reforma, la de 1993 que se impulsó luego de que había sido suspendida parcialmente por el presidente Jorge Serrano Elías.

Mediante reformas a siete artículos se aumentó el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se introdujeron cambios al sistema de elección de estos, así como a los de las Cortes de Apelación, mediante una nómina de candidatos propuestos por una comisión de postulación.

Además, se creó la figura del Ministerio Público, independiente de la Procuraduría General de la Nación.

En 1999, a raíz de los Acuerdos de Paz firmados tres años antes, hubo otro intento de reformar la Constitución. En esa ocasión 51 artículos. Pero, aunque los cambios fueron aprobados por el Congreso no contaron con el apoyo de la ciudadanía en la consulta popular que se celebró el 16 de mayo.

El abogado Aquiles Faillace, constituyente de 1985, expuso que los cambios a la Constitución son “imperativos”, pero reconoce que “con el Congreso actual no es el momento oportuno”.

En tal sentido, subrayó que el país se encuentra en una especia de “callejón sin salida” porque es el Legislativo el que debe hacer las reformas. Pero antes, a su juicio, debe cambiarse el sistema político con el cual son electos los diputados para que, quienes estén a cargo de los cambios sean verdaderos representantes de los guatemaltecos y no inspiren desconfianza, como los actuales.

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“No es oportuno —hacer cambios— mientras no se reforme el sistema electoral porque lo que va a llegar al Congreso y a una constituyente son los mismos”, señaló Faillace. Este cambio pasa por reformar “en todo su espíritu” la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp)”, añadió.

Faillace dice que hay una veintena de cambios que se requiere hacer a la Constitución, entre estos, reconocer los distritos electorales y modificar la forma como se elige a magistrados de las cortes, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a otros puestos.

Según el experto, fue un error haber introducido en las reformas de 1993 a una comisión de postulación para que propusiera a candidatos a estos cargos porque se produjo “la corporativización del ejercicio público” al incluir a “36 universidades privadas con fines de lucro”.

El enredo se produce porque con este sistema se eligieron a los actuales magistrados del TSE que, asegura Faillace, “no da confianza ni certeza de imparcialidad”.

Retomar Acuerdos de Paz

Para Oswaldo Samayoa, doctor en Derecho Constitucional, una reforma a la ley fundamental sería “importante” para consolidar una institucionalidad democrática que gire en torno a los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, para introducir a la Policía Nacional Civil como la responsable de la seguridad interior.

Coincidió en que los cambios constitucionales también son necesarios para reformar el sistema de justicia y su forma de organización y selección de jueces, así como para introducir el derecho de los pueblos indígenas, postergado por “el poco conocimiento y la manipulación tendenciosa e incorrecta de lo que implica”.

En relación con la coyuntura política para impulsar las reformas, calificó de “difícil” que se alcance con el actual Congreso “porque no tiene capacidad técnica y doctrinaria de cuidar a la Constitución, sino solo intereses que son lejanos a lo que implica una carta magna”.

Stuardo Ralón, abogado constitucionalista presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), considera que Guatemala tiene “una muy buena Constitución”, y aunque reconoce que aún hay “muchos desafíos y espacio para mejorar el estado de Derecho”, no cree que reformar la carta magna deba ser la primera opción para fortalecerlo.

Para alcanzar tal fin, más que una reforma constitucional, Ralón afirma que el país necesita es reformar la Lepp para privilegiar la transparencia y fiscalización de los partidos y eliminar normas que, por su redacción ambigua, restringen el debate político.

Consecuencias de postergar reformas

Otras normas que precisan de ser reformadas tienen que ver con el servicio civil, las contrataciones y los procesos de oposición que premien el mérito y la capacidad para optar a cargos públicos, dijo el jurista.

Aparte de la Lepp, enfatizó, se deben reformar la Ley de Servicio Civil, de Contrataciones del Estado, de Comisiones de Postulación y de la Carrera Judicial, entre otras.

“Todas estas reformas legales son necesarias y urgentes. Mejorar en esos ámbitos no pasa por una reforma constitucional —que— sin reformas legales previas puede profundizar ciertos problemas”, subrayó.

Samayoa agrega que “no sirve de mucho una reforma a la Constitución” en ciertos aspectos porque “hay leyes que no desarrollan sus preceptos”, como el Código Civil, que es de 1965 y que viene de la Constitución anterior.

En contraparte manifiesta que no efectuar cambios a la carta magna repercute en que el país tenga “un sistema de justicia inviable en su independencia judicial”.

En este sentido, Faillace enfatiza en que no cambiar la Constitución ya repercutió en la “pérdida de la república desde hace tres años cuando no se eligieron a las cortes” puesto que se “perdieron los pesos y contrapesos”.

“Al perderse eso, el sistema republicano dejó de existir porque el Congreso no lo representa a usted, las cortes usurpan el poder, y entonces el presidente hace lo que se le da la gana”, señaló.

Los efectos de postergar las reformas, dijo, también son sociales porque el Estado ha dejado de tener como fin el bien común lo cual se refleja en malos servicios, en salud, educación, infraestructura y el aumento de la desnutrición, por ejemplo.

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