Los comedores sociales son un programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que dispone de Q143.6 millones para operar. Su objetivo es brindar desayunos y almuerzos a personas con dificultades para adquirir alimentos, pero eso no ocurre. Los departamentos donde se concentra la población con hambre son también los que menos raciones de comida han recibido de este programa.

Alta Verapaz fue el epicentro de la desnutrición e inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) en 2021. Murieron 21 niños por desnutrición aguda y al 22 por ciento de su población se le dificultaba llevar un plato de comida a la mesa durante el último cuatrimestre, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

Sin embargo, es uno de los departamentos con menos raciones alimenticias servidas por los comedores sociales durante ese año, con 133 mil 960  tiempos de comida proporcionados, según un estudio elaborado por la organización World Vision.

Un caso similar ocurrió en Chiquimula, donde el 25 por ciento de la población vive en INSAN, pero en 2021 no se reportó un solo tiempo de comida servido por comedores, de acuerdo con datos del Mides, recabados por World Vision.

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De igual forma sucedió en Quiché, donde dos de cada diez personas enfrentaban obstáculos para agenciarse de alimentos en los últimos cuatro meses del año pasado, pero tampoco hay registros de que se haya servido una sola ración.

Caso contrario es el del departamento de Guatemala. Su tasa de población en inseguridad alimentaria es del 11 por ciento, una de las más bajas del país, pero es el segundo departamento con más tiempos de comida proporcionados en comedores sociales, con 833 mil 890.

A la fecha, el Mides ha erogado Q112 millones 284 mil 338 para el funcionamiento de los comedores sociales, sin que exista evidencia de su costo beneficio.

Al consultar al Mides sobre los criterios para abrir comedores sociales, explicaron por medio de la oficina de comunicación social que el objetivo del programa es atender a la población vulnerable.  De esa cuenta se han implementado comedores en departamentos vulnerables, como Alta Verapaz, en Senahú, y Chiquimula, en Jocotán y Camotán.

Justificaron que es necesario que “las autoridades municipales puedan proporcionar un espacio físico adecuado para el buen funcionamiento del comedor”, pero no detallaron las razones por las que dichos espacios no sirvieron raciones en 2021 ni qué esfuerzos se están haciendo al respecto.

Respecto a departamentos a casos como Escuintla, indicaron tiene una incidencia de pobreza del 47.4 por ciento en el área rural, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2011.

Falencias

Enrique Maldonado, consultor de World Vision, explica que uno de los problemas es que los comedores a menudo se instalan en centros urbanos, pero los hogares que requieren los alimentos se encuentran en áreas rurales.

“Se espera que las personas en las comunidades bajen a comer a los cascos urbanos y eso no va a suceder porque significa perder un día de trabajo. El programa está mal diseñado”, afirma Maldonado.

Pese a ello, este programa arrancó el año con Q122.8 millones y en los últimos meses se le aumentaron Q20.7 millones más. Parte de estos fondos provenían del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Para Maldonado, el programa debería reformarse, o bien, retirar los fondos y trasladarlos a otros que sí logran atajar las necesidades de poblaciones vulnerables, como las transferencias condicionadas, las cuales sí se han logrado focalizar en municipios con tasas de pobreza superiores al 70 por ciento.

“No hay una orientación estratégica en los comedores. Los fondos de ese programa deberían ser eliminados y trasladarlos a otros que funcionan de mejor manera. Sería bueno que el ministro de desarrollo y su equipo de trabaja explicaran cuáles son los criterios técnicos para dejar a Quiché sin ninguna ración de alimentos, por ejemplo”, considera el consultor.

Jorge Pernillo, docente universitario en seguridad alimentaria, considera que este programa ha sido utilizado con fines clientelares por parte del gobierno y los datos lo demuestran.

“Siempre hay un ciclo de hambre de abril a septiembre y las personas que lo padecen nunca son atendidas. Se desvían estos fondos para este tipo de programas que buscan un clientelismo político y no tratar problemas tan grandes como la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el área rural” cuestiona Pernillo.

Lo anterior evidencia una falta de criterio y la preeminencia de los intereses políticos, dice. “Se ha tomado como un programa de interés político y de mercadeo. Sí hay hambre en las ciudades urbanas, pero con esa hambre tratan de ganar votos”, dice.

Pernillo dice que las transferencias condicionadas han sido más eficientes ya que para su implementación se ha contado con la asistencia técnica de la cooperación internacional.

“Sobre este programa (transferencias condicionadas) hay evidencias que tiene resultados importante para tratar el hambre, pero en cambio los comedores sociales no tienen ningún alcance técnico ni justificación para inyectarle tantos recursos”, opina Pernillo.

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