Estados Unidos
Subsidios y otras medidas: Banco Mundial señala que cada país debe decidir cuánto puede aportar por alzas del petróleo
Ejecutivo del Banco Mundial destaca que los subsidios a los combustibles u otras medidas antes las alzas son medidas temporales, pero generan impacto fiscal y presionan las finanzas públicas.
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Entes internacionales y nacionales analizan impacto fiscal y al presupuesto por medidas para mitigar el alza a los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El economista jefe para América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial, William Maloney, presentó el informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe: Reconsiderando la Política Industrial, en una conferencia en la cual también comentó sobre el impacto y la búsqueda de soluciones ante los problemas derivados del alza del petróleo y los combustibles, entre otros efectos.
Explicó que, en general, para la región, el aumento de los precios de los combustibles, la persistencia de tasas de interés más altas de lo esperado —mientras los países continúan luchando contra la inflación— y los costos de los fertilizantes impactaron a algunos países, lo que llevó a una reducción de las perspectivas de crecimiento económico para el 2026.
Con el ajuste a la baja de esa entidad para Latinoamérica y el Caribe, dado a conocer en la primera semana de abril, las perspectivas de crecimiento económico para el 2026 pasaron de 2.4% a 2.1%. Para Guatemala, la proyección se mantiene en 3.7%, como se estimaba a inicios del año. Aunque también se refleja aumento en los precios de los combustibles y un aumento de la inflación correspondiente a marzo de este año.
Inflación y deuda
En cuanto a la inflación, Maloney dijo, al referirse a la región, que esta venía reduciéndose, pero que ahora, con el alza en los combustibles, podría incrementarse y tener efectos en las tasas de interés internacionales.
El ejecutivo indicó que esta situación complicará la gestión de las políticas fiscales a futuro, debido a que la región había comenzado el año con niveles de deuda que se han reducido desde el 2019 y la pandemia del covid-19. En algunos países se ha observado progreso; sin embargo, las tasas de interés podrían complicar estos problemas de deuda, añadió.
Por ejemplo, algunos países implementan políticas para moderar el impacto de los precios del petróleo en la población, lo cual también afectará el área fiscal, advirtió Maloney.
Expectativas por impacto del Medio Oriente
Sobre las expectativas para Latinoamérica y el Caribe ante lo que ocurre en Medio Oriente, el funcionario del Banco Mundial dijo que los impactos inmediatos en el erario fiscal por esta crisis son los precios del petróleo y del gas en todo el mundo, lo que afecta principalmente a países que buscan reducir el impacto en los consumidores mediante subsidios.
El segundo punto es que, respecto de la inflación, existe el riesgo de perder lo que se ha recuperado, lo cual también puede afectar las tasas de interés; es decir, que estas seguirán altas o volverían a subir, y esto impactará la carga fiscal.
Agregó que hay presión sobre los consumidores por las altas tasas de interés en la región y que dan seguimiento a esta situación.
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“Estos factores impactan de manera importante la economía y el área fiscal, y por eso redujimos nuestros pronósticos de la región a 2.1%”, expresó Maloney.
Respecto del impacto de los precios y la incertidumbre en las economías más pequeñas, comentó que en la región hay muchas economías que, a excepción de Trinidad y Tobago y Guyana, son importadoras de petróleo y gas; por lo tanto, enfrentan un desafío especial.
Algunas economías han reducido sus deudas y podrían tener menor impacto; sin embargo, persistirán problemas por el precio del petróleo, agregó.
Una de las consultas es qué tan sostenible es para los países seguir absorbiendo choques externos mediante subsidios al petróleo y cómo puede traducirse en deuda y afectar la sostenibilidad fiscal. En este caso, expuso que no solo afecta a las economías pequeñas, ya que cuando se habla de costos más altos de combustibles al importarlos, idealmente la región debería tener espacio fiscal para gestionarlos sin trasladarlos al consumidor; sin embargo, esto impacta el presupuesto.
Explicó que, debido a la magnitud del esfuerzo fiscal para controlar estos precios, cada país debe decidir cuánto puede aportar y cuánto podrán resistir sus poblaciones.
“Es muy difícil; la región ha estado en un proceso para reducir los subsidios a los combustibles, pero idealmente estas son medidas muy temporales”.
Maloney comentó que “son momentos de incertidumbre. Hay incertidumbre sobre nuestras relaciones comerciales hacia adelante, los precios de factores clave de producción, comenzando con el petróleo, pero también con el capital; por lo tanto, tenemos desafíos que no hemos enfrentado, pero que la región está tratando”.
“Esperamos que la crisis se resuelva con rapidez y podamos bajar los precios; probablemente no bajen hasta donde estaban antes, pero, aunque sea un poco”, añadió.
En Guatemala
En Guatemala han surgido varias propuestas para mitigar el efecto de las alzas; estas van desde implementar subsidios para las gasolinas y el diésel hasta exonerar el impuesto de distribución para el petróleo y sus derivados (IDP), o crear un fondo de estabilización de precios.
La semana pasada, en el Congreso, autoridades del Ministerio de Finanzas mencionaron que apoyan un subsidio de Q8 por galón de diésel y que está en discusión uno de Q4 por galón de gasolina, el plazo sería de dos meses, medida que requeriría Q1 mil 300 millones.
Ese monto, según la propuesta del Gobierno, se financiaría con readecuaciones al presupuesto, mediante saldos de caja no comprometidos y recaudaciones impositivas proyectadas para estos meses.
La medida se aplicaría mientras se observa la evolución del conflicto en Medio Oriente y se definen otras acciones para proteger la economía guatemalteca y a la población.
Las autoridades aseguraron en el Congreso que han trabajado en la readecuación del presupuesto para no reducir el espacio destinado a programas clave, como salud, educación y seguridad.
Al respecto del posible impacto fiscal y al presupuesto, se consultó a dos analistas.
El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Paul Boteo, señaló que, debido a la inestabilidad de los precios del petróleo, el subsidio podría no tener el efecto esperado en el consumidor final. Añadió que este tipo de medidas se aplican de forma indiscriminada y generan dudas sobre si el beneficio llega al usuario.
Indicó que una de las interrogantes es cuánto del presupuesto del Estado implicaría mantener esa medida a mediano y largo plazo y cómo se financiaría si los precios se mantienen altos o continúan en aumento.
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Criticó la falta de transparencia en los subsidios y que se apliquen de forma indiscriminada, no solo a la población vulnerable.
A su criterio, el presupuesto del Estado para el 2026 ya contemplaba un déficit fiscal relativamente alto respecto de estándares anteriores.
Considera que, si se suma una ampliación presupuestaria para financiar el subsidio, aumentaría la presión sobre las finanzas públicas. Por ahora se habla de una readecuación; sin embargo, si los precios altos se prolongan, será necesario definir si se mantiene el financiamiento o se recurre a ampliaciones presupuestarias.
Boteo indicó que el precio del barril de petróleo oscila alrededor de US$100 y no ha alcanzado los niveles más altos previstos inicialmente. Considera que la economía aún puede enfrentar este choque sin recurrir a estas medidas y que deberían evaluarse en escenarios más críticos, como precios de US$150 o US$160.
“Entonces, en todo caso, habría que guardar las municiones para un escenario mucho más complejo”, refirió Boteo.
“Creo que se debe tener prudencia y no recurrir en primera instancia a este tipo de políticas, precisamente para preservar ese espacio fiscal para escenarios más complejos”.
“La exoneración de impuestos, creo que políticamente es poco viable. No se dio en el gobierno de Giammattei porque, si se eliminan, luego es difícil restablecerlos”.
Consultado Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que toda medida —subsidios, exenciones u otras— tendrá impacto fiscal, e indicó que ese impacto depende de múltiples factores técnicos, y lo que se debe buscar es minimizar los efectos negativos.
A su criterio, cualquier iniciativa orientada a reducir o eliminar el IDP es inconveniente y fiscalmente dañina por su inefectividad. Señaló que, si el galón de diésel cuesta Q45, la rebaja sería solo de Q1.30, además de desfinanciar el Fondo de Conservación Vial (Covial).
Indicó que estas propuestas pueden responder a intereses políticos o generar presión fiscal sobre el Gobierno, y que estas medidas tendrían alto costo fiscal y escaso impacto en la reducción de precios.
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Sobre el subsidio, indicó que depende de la fuente de financiamiento y reiteró que no debe aplicarse de forma indiscriminada.
Recordó que, si se financia con deuda, el costo es alto; por ello, una readecuación podría ser más viable, siempre que se definan claramente las fuentes y a qué rubros o programas se les va a reducir.
Señaló que el uso de saldos de caja no incorporados al presupuesto podría ser una opción viable, ya que no incrementa el déficit ni afecta otros programas. Además, que una alternativa serían fondos asignados a los Consejos de Desarrollo (Codedes), debido a su baja ejecución que registran.
También indicó que debe definirse a quién se dirige el subsidio y cómo se pagará. Considera que lo ideal sería un subsidio directo al consumidor y no a los importadores.
Explicó que los beneficiarios deberían seleccionarse según condiciones socioeconómicas, para evitar que se otorgue a personas con alto poder adquisitivo o a grandes empresas. Sin embargo, advirtió que su implementación sería compleja en Guatemala, debido a la falta de un registro de beneficiarios y a limitaciones técnicas y operativas.
Por ello, consideró viable utilizar la factura electrónica en línea (FEL), de modo que el descuento se refleje directamente en la compra de combustible y las estaciones reporten al Ministerio de Finanzas la reducción aplicada.
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