La Unidad de Ejecutora de Conservación Vial (Covial) comienza hoy a recibir ofertas para 40 obras de mantenimiento de carreteras. Estos serán financiados con los más de Q3 mil millones que se le asignaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) como parte de la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica.

El desembolso de estos recursos a las cuentas del Civ ha generado cuestionamientos de diversos sectores, entre los cuales figuran tanques de pensamientos, cámaras empresariales y diputados de oposición, puesto que se invertirán en proyectos que no cuentan con estudios técnicos que justifiquen su necesidad.

Según el portal Guatecompras, hoy vence el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas en 40 eventos de cotización y licitación. En total son 103 concursos publicados por parte de Covial que en las siguientes semanas se ejecutarán.

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La descripción de los proyectos refiere que se contratarán servicios de mantenimientos periódicos, supervisión de obras y señalizaciones generales y específicas.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), cuestiona el hecho que, hasta el momento, la información que se ha publicado en Guatecompras con relación a los concursos es insuficientes y no permite hacer un análisis técnico sobre su pertinencia.

“Lo vemos con extrema preocupación. La información publicada en las bases y otros documentos técnicos no permite un análisis a profundidad. No es posible hacer una auditoría social ya que no se puede revisar todo lo que están haciendo”, comenta Barrientos.

Barrientos considera que para el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso el año electoral ya comenzó, ya que están viendo la forma de financiar sus próximas campañas con obra pública.

“Estos contratos (los del CIV) pueden estar siendo dádivas para asegurar apoyos políticos para un proceso de campaña electoral adelantado. Se están comprando voluntades en el Congreso de la República. La gran alerta en estos procesos de adquisición pública es que ya hay intereses para beneficiar a alcaldes o diputados distritales. Hay un círculo vicioso de corrupción”, dijo Barrientos.

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Agrega que, a estas alturas, la Contraloría General de Cuentas (CGC) debiera estar realizando auditorías concurrentes de los procesos de compra que ya van adelantados y corregir las falencias que pueda haber en los concursos.

Al consultar con el subcontralor del gasto público de la CGC, José Ramírez Crespín, si ya se había iniciado esta auditoría, comentó que aún no se ha hecho ya que se está finalizando el informe de presupuesto del 2021. Tampoco pudo precisar en qué fecha se arrancaría.

La auditoría concurrente es un proceso mediante el cual se revisan los documentos que acompañan cada evento de compra, desde que se lanza el concurso hasta que se adjudica. Si se detecta alguna anomalía, la CGC puede ordenar que se enmiende sobre la marcha.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, comenta que estos proyectos provienen de una ampliación presupuestaria que no está respaldada con ninguna planificación previa. Por eso es por lo que muchos proyectos que se ejecutarán no cuentan con estudios de caso ni de diseño.

“En estos casos muchos proyectos no se ejecutan con la calidad que establece el contrato. Por ejemplo, no se cumple el grosor establecido para los recapeos porque a menudo la supervisión falla”, dice Flores.

El entrevistado opina que la ampliación de Q3 mil 100 millones que aprobó el congreso se hizo con una lógica de año preelectoral y coincide con que muchas de estas obras serán para apoyar campañas políticas el próximo año.

“Se pueden apoyar campañas de dos formas. Una es contratando a empresas allegadas a financistas de campaña. O bien, se pueden hacer proyectos que aunque no se adjudiquen a una empresa afín a un funcionario, sí se realice en lugares específicos donde los diputados del Congreso lo usarán como bandera política el próximo año. También pueden ocurrir las dos”, dice Flores.

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Se consultó al CIV sobre estas deficiencias y las acciones que realizaría para garantizar la transparencia en los procesos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Ministro y diputados se atribuyen responsabilidad

En una entrevista con Prensa Libre, el ministro de comunicaciones, Javier Maldonado, reconoció que los proyectos contemplados en la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica fueron impulsados por diputados en el Congreso de la República y dijo que de parte del Civ no existían estudios previos que avalaran su necesidad o que los respaldaran técnicamente.

No obstante, al ser consultados, legisladores negaron estos señalamientos y aseguraron que no ejercieron ninguna influencia para conformar el listado de 119 proyectos de infraestructura cuyo monto rebasa los Q3 mil 100.