La entrega de las firmas se efectuó durante una reunión de la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso. Las firmas fueron recolectadas durante varios días por los integrantes de esas organizaciones.

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Las entidades fueron respaldadas por el diputado Aníbal Rojas, quinto secretario del Congreso, quien el año pasado presidió la Comisión de la Mujer y dictaminó en forma desfavorable las iniciativas para crear la ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, y la que aprobaría la ley de identidad de género.

Rojas explicó que las firmas son de gente de los 22 departamentos y “que es una pequeña representación de las personas que la apoyan”.

Iniciativa polémica

La iniciativa 5272 fue presentada en abril del 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan Provida.

El proyecto ya avanzó en sus primeros dos debates y falta que sea aprobada en tercer debate, por artículos y redacción final.

La iniciativa propone una serie de medidas que, según sus ponentes, “buscan proteger el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar y orientar libremente a sus hijos en el ámbito sexual, y al matrimonio como base de la sociedad”.

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El dictamen de la iniciativa dice: “Se plantea la necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto, además de realizar una definición de matrimonio, que es acorde y continuista con criterios constitucionales, y que busca evitar que dicha institución pueda ser desvirtuada en sus elementos y fundamentos”.

Los detractores de la propuesta critican dos puntos, el primero es el endurecimiento de las penas y conceptos de aborto, es decir, el aborto procurado, que actualmente es punible con uno a tres años de cárcel, se sancionaría con cinco a 10 años de prisión.

Asimismo, la tentativa y aborto culposo -los que ocurren por accidentes y que actualmente son impunes para las madres- se penalizaría con prisión de dos a cuatro años.

El segundo foco de críticas es la prohibición de la declaratoria de unión de hecho de las personas del mismo sexo.

Los representantes de las organizaciones entregaron 50 mil firmas que avalan la solicitud de aprobación de esta nueva ley y ratificaron que darán seguimiento al proceso de aprobación en el pleno del Congreso. pic.twitter.com/hzyCNw5Q4u

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 30, 2019

Sandra Morán, diputada del bloque Convergencia, aseguró que la iniciativa es una contradicción en sí misma porque, si bien hablan de la familia, “estarían castigando a las mujeres enviándolas a la cárcel y por lo tanto destruyendo las familias”.

En su artículo 2, por ejemplo, la propuesta de ley define que “diversidad sexual” es “el conjunto de pensamientos y prácticas por las que determinados grupos adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

Rechazo

La aprobación de la iniciativa ha causado rechazo particularmente en redes sociales donde hay varias expresiones en contra.

La aprobación en de la iniciativa en tercer debate está agendada para la sesión plenaria que está convocada para este miércoles a las 14 horas.

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