Debaten sobre interrupción de embarazo en niñas víctimas de abuso

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil fueron citadas este jueves al Congreso para debatir sobre una iniciativa que permitiría interrumpir el embarazo en niñas de hasta 14 años que hayan sido víctimas de abuso sexual.

Asociaciones de la sociedad civil exponen argumentos ante la Comisión de la Mujer del Congreso. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)
Asociaciones de la sociedad civil exponen argumentos ante la Comisión de la Mujer del Congreso. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

La actividad fue organizada por la Comisión de la Mujer y fue realizada en el salón de Pasos Perdidos del Congreso. Los representantes de las organizaciones tenían tres minutos para presentar sus argumentos.
 


Aníbal Rojas, diputado presidente de la comisión, explicó que todos los aportes serán consolidados en una matriz con la cual los miembros de la comisión analizarán la iniciativa.
 
El debate de esta reunión se centró en el artículo 7 de la iniciativa 5376, que se denomina ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas.
 
Dicho artículo propone agregar dos párrafos al artículo 173 del Código Penal con el cual se busca legalizar que las niñas de hasta 14 años que hayan sido víctimas de una violación sexual puedan interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación.

Voces

Los puntos de vista de las organizaciones fueron variados, desde aquellos que apoyaban la iniciativa, pasando por aquellos que mencionaban que debería ser modificada y mejorada hasta los que se oponen completamente.
 
Organizaciones como Gente Positiva y Mujeres Transformando el Mundo señalaron que un embarazo forzado pues ser catalogado como una tortura para las niñas.
 
Explicaron que el embarazo provocado por una violación dista mucho de una gestación planificada y al cual se accede de manera libre.
 
Señalaron que se tiene que hacer valer la protección a las niñas que garantiza y tener mecanismos más fuertes para proteger a las niñas, como lo menciona el artículo 2 constitucional.

Mujeres que se identifican con el movimiento pro vida rezan el rosario afuera del Congreso. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

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Además, indicaron que se debe hacer lo posible para que la niñez y adolescencia tengan acceso a educación integral, como lo menciona el artículo 71 constitucional.
 
Otras organizaciones que presentaron sus argumentos destacaron que cerca del 70 por ciento de las personas que perpetran una violación en contra de una menor es alguien conocido de la familia y en el caso del 30 por ciento es un familiar directo.
 
Destacaron que la problemática no es algo que tenga que ver con las clases sociales y que este no es una problemática de ricos o pobres.
 
Por último, instaron a los parlamentarios a que a la hora de que analicen la iniciativa dejen de lado las creencias religiosas y observen datos estadísticos y científicos la situación para tomar una decisión más objetiva.

En contra

Mientras tanto, hubo organizaciones que señalaron falencias en el artículo en mención y la iniciativa en general.
 
Este es el caso de Abogados Por Guatemala y la Asociación por el Derecho a Vivir, que indicaron que se debe hacer una dicotomía entre los temas abordados en el artículo 7.
 
En principio, señalaron que el artículo 7 es inconstitucional debido a que contraviene el artículo 3 de la Constitución, que establece que el Estado debe proteger el derecho a la vida desde la concepción.
 
Calificaron como un absurdo que en la iniciativa se mencione la interrupción del embarazo pues este ya no se podrá continuar luego por lo que “esto es un aborto y por lo tanto un homicidio”.

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Señalaron que la iniciativa niega la existencia de un ser y básicamente propone “proteger una vida a expensas de otra”.
 
Otras organizaciones señalaron que la iniciativa no resuelve el tema de fondo, pues deja por un lado qué pasará con los agresores y no menciona qué pasa con las niñas que son violadas pero no quedan embarazadas.
 
Postularon que los diputados deben tomar una decisión basada en los principios que los constituyentes dejaron plasmada y que, si no lo hacen, será la sociedad y la historia quienes los juzguen.

Rojas indicó que este ejercicio, que describió como beneficioso para la sociedad, continuará la próxima semana, donde se escuchará a instituciones del Estado.

Diálogos

El pasado 2 de agosto distintas organizaciones comenzaron un diálogo para la socialización de la iniciativa 5376 es día diversas organizaciones de derechos humanos de las mujeres, de la niñez y de la diversidad sexual conformaron la Plataforma de Mujeres y de la Diversidad Sexual Vida Digna.

En esa ocasión presentaron cifras, casos, referencias y situación “de las niñas violadas sexualmente que resultan embarazadas, que son obligadas a vivir un embarazo y maternidad forzadas, cortando así, sus proyectos de vida y de aporte al país”.

El 8 de agosto último las mismas organizaciones realizaron una vigilia frente al Palacio Legislativo lo cual captó la atención de más organizaciones civiles quienes mostraron su interés para participar en la mesa técnica que se realizó este jueves.

Miembros de la Comisión de la Mujer confirmaron que la próxima semana se hará otra mesa técnica pero esta vez con instituciones del Estado para discutir la viabilidad de la iniciativa.

Dicha mesa técnica está programada para el próximo 21 de agosto y dos días después habrá un diálogo final de la iniciativa 5376. Posteriormente los miembros de la comisión analizarán todos los aportes y comenzarán la discusión para elaborar un dictamen.

En esta pide que se rechace “cualquier ideología que quiera ser implantada en nuestro país a través de una legislación que atenta contra la vida humana, especialmente la vida de los más indefensos, como pueden ser los bebés en el vientre de sus madres”.

“Tal como pasó en Argentina recientemente, que defendió las dos vidas, les pedimos que como iglesia nos unamos representando el cuerpo de Cristo, […] para participar en la Gran Marcha Nacional Guate por Vida donde se manifestará que estamos en favor de la vida y la familia”, señala el documento.

Dicha marcha será 2 de septiembre a las 14 horas. La misiva en la que se muestra la postura de la Pastoral Familias está firmada por monseñor José Cayetano Parra, obispo auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de Santiago y monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla.
 
Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando el Mundo, señaló que centrar el debate de la ley en el artículo siete de la iniciativa 5376 “limita de alguna manera la atención integral a las niñas”.

“La ley no es solo la interrupción del embarazo, también establece protección, reparación transformadora que tiene que ver con que el Estado provea mecanismos para que las niñas vuelvan a viabilizar su proyecto de vida”, señaló Barrios.

La activista afirma que es necesario discutir que se hará, no solo de las niñas que han sido víctimas de violencia sexual y están embarazadas, sino de las que fueron violadas y las que ya afrontan una maternidad tengan un mecanismo para viabilizar su proyecto de vida.

Barrios indicó que las organizaciones en favor de las niñas apelan a la comisión para que “tome esta discusión de forma serie y evalué la iniciativa en su integralidad y no solo un artículo”.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_ColumnaRelacionadaNota_2017″ /]

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