La fuerza que está usando el Gobierno de El Salvador contra las pandillas juveniles, popularmente conocidas como “maras”, hace que algunos de estos criminales busquen refugio en suelo guatemalteco.

País donde sus diputados han mantenido un discurso a favor de la seguridad y el combate a las pandillas, pero en el que sus palabras no se acompañan con actos y los proyectos para atacar a las maras tienen años engavetados.

En abril de 2017 el bloque Todos presentó la iniciativa 5266 que popularmente fue bautizada como “La Ley Antimaras”. El proyecto avanzó hasta su segundo debate, pero desde febrero de 2018 no ha tenido movimiento.

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La iniciativa buscaba etiquetar de “terrorismo”  la actividad de las pandillas; misma fórmula que utilizó el presidente Alejandro Giammattei para prometer seguridad cuando tan solo era un candidato presidencial.

Ese proyecto oficialista es la iniciativa 5692;  obtuvo dictamen favorable de tres comisiones en 2020 en menos de un mes, pero ni siquiera ha camino en un solo debate parlamentario en casi tres años.

En contraste las acciones de El Salvador contra las maras hacen que estos criminales busquen refugio en Guatemala, tan solo para escapar de la justicia de su país y amedrentar a sus vecinos centroamericanos.

Cifras que maneja la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan que del 1 de enero al 31 de mayo han sido detenidos 322 presuntos pandilleros, de estos 49 son de nacionalidad salvadoreña.

Ante la inseguridad y la demanda social en el Congreso se plantea “desempolvar” la promesa de campaña, junto a una nueva iniciativa que el oficialismo espera ponga un “alto” a las maras.

Pandilleros terroristas

Las comisiones legislativas de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional afirman que cualquier proyecto que llegue a su mesa será prioridad, pero hasta ahora no han recibido iniciativas que pretendan combatir a las maras.

“Con las experiencias que se tienen, con el respeto del vecino país de El Salvador, creo que es contraproducente en el manejo de los jóvenes. Ellos necesitan oportunidades y empleo para desenvolverse y poderse desarrollar”, señaló Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación.

En esta mesa legislativa se encuentra el diputado oficialista Juan Francisco Mérida, integrante de Vamos, quien lamenta que por la pandemia la propuesta para declarar terroristas a los mareros no pudo ser aprobada.

Pero el regreso a actividades trajo consigo un aumento de la violencia, por lo que Mérida asegura que la bancada busca acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar la iniciativa que declara terroristas a los pandilleros.

“Es prioridad para mi bloque, nosotros estamos preocupado por el incremento de la violencia que es producto de los mareros, nos preocupa la migración que vemos desde El Salvador, por eso estoy impulsando en la Comisión de Gobernación que hagamos un dictamen en conjunto de la iniciativa que declara terroristas a los pandilleros”.

Mérida añadió que desde la bancada también analizan una nueva iniciativa de ley que incrementa, quizá, en un 25% todas las sanciones relacionadas a la actividad criminal de las pandillas.

“También estamos claros que es algo integral y que tenemos que impulsar la educación, desarrollo y oportunidades para los jóvenes con actividades culturales como la música, el teatro, las artes y también el deporte”, señaló.

Julio Lainfiesta, diputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, estima que los órganos expertos en seguridad tienen que darle al Congreso las herramientas que les permitan legislar contra la criminalidad.

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Rechaza iniciativa

La oposición apenas y tiene presencia en las comisiones de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional, tan solo el diputado Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla ocupa una silla en la segunda mesa de trabajo.

El parlamentario rechaza la propuesta de Giammattei, y cualquier otra, que busque declarar terroristas a los pandilleros porque desde su óptica así no se llegará a una solución.

“Guatemala tenía una trayectoria decreciente de violencia, de acuerdo a los índices de homicidios. Ahora, paniqueados por el repunte criminal lo único que se les ocurre es tratar de tapar el sol con un dedo bloqueando el libre acceso a la información sobre indicadores de crimen y violencia, y desempolvar esta iniciativa”.

Incluso la táctica que busca el oficialismo, a criterio del diputado puede llegar a ser contraproducente, “las tasas de violencia se disparan y la población queda todavía más desprotegida. La evidencia indica que no funcionan y que incluso agravan el problema, pero gobiernos incompetentes, como el actual, recurren a ella para dar la impresión de que se está haciendo algo”.

Para comprender por qué la propuesta de declarar como "terroristas" a los pandilleros/mareros sería contraproducente, los nuevos responsables de @mingobguate deberían leer este informe https://t.co/aUMi0ttvNZ pic.twitter.com/20SXEewEOY

— Carlos A. Mendoza (@camendoza72) January 15, 2020

No es la solución

Analistas en materia de seguridad coinciden que se tiene que revisar a fondo las propuestas que buscan declarar terroristas a los pandilleros, y destacan que la legislación actual ya es lo suficientemente buena para combatir a las maras.

Pero el gran problema, a criterio de Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), es la forma en que se aplica la ley.

“No existe ley por muy nueva o novedosa que logre reducir la incidencia criminal de estos grupos; actualmente se tiene la ley contra la delincuencia organizada, no hace falta inventarse o reforzar nuevos delitos. El problema es que hay muchos condenados por muchos años pero siguen operando desde las cárceles, todo porque existe un descontrol”.

Condenan a tres pandilleros que asesinaron y desmembraron a dos mujeres en #Mixco en 2013 ► http://t.co/BVk3TutDkS pic.twitter.com/OgtFUn2giF

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 30, 2015

La misma lectura tiene Lorena Escobar, analista en seguridad de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), quien destacó que lo mejor es prevenir el crecimiento de las pandillas dando oportunidades a los jóvenes.

“El derecho penal es la última acción que se debe tomar por parte de un Estado para abordar un conflicto. Las maras y los pandilleros son productos de diversas causas; se requieren programas que atiendan a la niñez y a la juventud en la educación, trabajo y recreativos, eso es lo que hace falta no tanto la legislación sino aplicar el marco jurídico que ya tenemos”.

El problema de las pandillas no es nuevo, como tampoco lo son las promesas para solucionar el problema que casualmente coinciden en periodos preelectorales como en 2011 que Otto Pérez Molina ganó la presidencia bajo el “mano dura”.