Las opiniones que emite la CC no son vinculantes, lo que significa que no son obligatorias, pero expertos en derecho y la política estiman que con este respaldo público se limita la función de fiscalización que tiene el Congreso sobre todos los funcionarios del Ejecutivo.

Mario Fuentes Destarac, constitucionalista, considera que está opinión puede incidir de manera peligrosa en el sistema de frenos y contrapesos, haciendo que muchos se aprovechen del criterio que compartió la CC.

“En la misma interpelación pueden ir saliendo respuestas que dan chance para hacer otro tipo de preguntas, ¿Limitaríamos eso en una interpelación? Yo creo que eso sería un contrasentido e iría en contra del principio de separación de poderes que está plasmado en la Constitución y que es un legado histórico”, argumentó Destarac.

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Las opiniones vertidas este jueves por la CC tendrán eco en otras legislaturas y otras administraciones de Gobierno generando un peligro al sistema democrático y a las libertades, según el análisis de  Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).

“Ahora que no sorprenda que en algunas citaciones los funcionarios no lleguen o se retiren, incluso que en las interpelaciones no se respeten todos los parámetros (…) estamos ante la creciente formula autoritaria que se ve no solo en Guatemala sino en El Salvador y que poco a poco va elevando esas acciones que limitan los derechos de la ciudadanía”, criticó Cux.

Por su parte Jorge Wong, politólogo independiente, evalúa que un país en el que no exista un rol de frenos y contrapesos está alejado de la democracia y cercano a un régimen dictatorial.

“Se empezarían a dictar las bases de una dictadura porque de alguna forma es elemental que se tenga un diálogo abierto y franco frente a los ciudadanos, pero cuando se empiezan a cerrar esas puertas y ventanas se empieza a entrever que hay una intención del Ejecutivo de tomar el poder o de tener un porcentaje más amplio en el ámbito político, esto genera suspicacia”, precisó.

Diputados de oposición responden

La oposición en el Congreso reaccionó ante la consulta que hizo el presidente Giammattei y aseveraron que fue innecesaria hacerla ya que la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento interno establecen cómo se debe conformar una comisión de trabajo y bajo qué razones se deben citar a los funcionarios.

“Sabemos que hubo una intención de obtener algún tipo de opinión que podría limitar el trabajo de las comisiones, pero las leyes ya establecen los derechos que no pueden limitarse ante una opinión de la Corte”, dijo la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández.

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El diputado Carlos Barreda, del Grupo de Oposición Parlamentario (GOP) agregó que, al ser una opinión, esta no es vinculante. Aún así, dijo que en las próximas semanas se verá si los ministros se justifican con la opinión ejercida por la CC para que ausentarse a las citaciones o no responder las interrogantes.

“Ellos van a intentar agarrarse de eso y van a provocar un enfrentamiento que derive en amparos. Pero también se verá en que las fuerzas políticas que buscan la fiscalización y que se ven limitados, opten por la interpelación y nosotros como grupo de oposición es algo que no queremos”, dijo.

Por otro lado, la diputada Evelyn Morataya, de la bancada BIEN y quien no puede optar a ninguna presidencia de comisión, dijo que espera que esta opinión no les afecte a los diputados independientes.

“Veo con mucha preocupación la forma en la que nos quieren gobernar, pedirle esa opinión a la CC pareciera implicar que rechaza la rendición de cuentas y que les molesta la fiscalización de los diputados de oposición. Al limitar el trabajo del Congreso, lo que hace es limitar el acceso a información que es pública”, indicó.