El decreto 21-2022 que recién aprobó el Congreso otorga Q1 mil 748 millones a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para mejorar la red vial del país. Sin embargo, esta dependencia no tiene las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos. Además, tampoco brinda mecanismos para fiscalizar cómo se invertirá el dinero.

Los diputados oficialistas, con el visto bueno del gobierno, dispusieron otorgar una ampliación de más de Q3 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), de los cuales Q1 mil 748 millones 670 mil 146 se asignarán a Covial.

En el papel quedó plasmado que este dinero se utilizará para “recuperar infraestructura estratégica”, pero en la práctica gran parte de estos recursos podrían despilfarrarse y ser objeto de corrupción, advierten expertos consultados.

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Una alta proporción de los fondos, según se menciona en la ley, serán para la rehabilitación, recapeos menores y mayores, señalización y mejoramientos en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales.

Sin embargo, las garantías de que el presupuesto se invierta de forma eficiente y transparente parecen ser nulas, según diversos sectores que van desde centros empresariales hasta tanques de pensamiento.

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Una unidad incapacitada y opaca

Uno de los principales problemas, advierte Julio Héctor Estrada, exministro de finanzas, es que Covial no tiene la capacidad técnica para ejecutar proyectos de gran envergadura, como puede ser la reconstrucción de una carretera.

“Generalmente Covial realiza bacheos, limpieza y otras tareas superficiales con costos menores. Pero para hacer una reconstrucción de una carretera o una reposición, por ejemplo, se necesita estudio de factibilidad. Hacer asfaltos nuevos y reconstruir carreteras son trabajos para los que no está preparado técnicamente”, advierte el exministro.

En años anteriores, este tipo de proyectos de mayor envergadura se asignaban a la Dirección General de Caminos, que cuenta con mejores capacidades. Sin embargo, la estrategia fue asignárselos a Covial porque esta entidad puede ejecutar dinero sin mayores controles y de forma discrecional.

En principio, esto se debe a que Covial no suele utilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a diferencia de la Dirección General de Caminos que sí lo usa, dice el exministro. Con esto, los proyectos a cargo de Covial logran evadir estudios técnicos que garanticen su viabilidad. Además, al esquivar el SNIP, tampoco se puede monitorear el curso de la obra, dice Estrada.

Un subterfugio

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), comenta que la ley contiene un error ya que el dinero que se le asigna a Covial es clasificado como recursos de “funcionamiento” y no de “inversión”.

Sin embargo, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas (Minfin) establece que cualquier recurso destinado a mejorar infraestructura existente debe ser catalogado como “inversión”.

Pero este error pareciera ser premeditado, advierte Estrada, exministro de Finanzas, puesto que, al clasificarlo como funcionamiento, los diputados y el gobierno evaden la obligación de ingresar los proyectos en el SNIP, lo cual debilita la transparencia en la erogación de estos recursos millonarios.

“Es un error es un intencional. Si es recuperación, recapeo o reposición se necesita realizar bajo el SNIP y lo tiene que hacer la Dirección de Caminos, no Covial”, afirma Estrada.

Prensa Libre intentó contactar al director de Covial, Mario Aguilar, para consultarle qué garantías de transparencia hay en torno a estos proyectos, pero no respondió al cierre de esta edición. Tampoco Segeplan, por medio de su oficina de comunicación social, brindó respuestas al respecto.

Competencia legal

El artículo 2 del acuerdo gubernativo 736-98 establece que la función de Covial es darle mantenimiento a la red vial del país para que esté en condiciones aptas para su “transitabilidad”, para lo cual debe realizar trabajos de mantenimiento rutinario y preventivo. Asimismo, excluye de sus funciones trabajos que impliquen construcción de carreteras nuevas o que sean competencia de la Dirección General de Caminos.

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que gran parte de las obras contenidas en la ley, como los recapeos, mejoramientos señalización, contienen un alto riesgo de corrupción porque es difícil fiscalizarlas y monitorear su ejecución.

Además, duda si Covial no tiene las competencias y capacidades para hacerse cargo de estos proyectos. “Tendría que ser Caminos (quien se haga cargo de estas obras), pero al dirigirlos a Covial específicamente tratan de evadir todos los controles, no solo del SNIP y Guatecompras, también los controles de fiscalización que realiza la Contraloría General de Cuentas”, dice Cux.

Cux explica que se debe analizar esta ley, puesto que si asigna proyectos que están fuera de las competencias legales de Covial podrían ser objeto de una inconstitucionalidad por violentar el principio de legalidad.