Un grupo de militares en situación de retiro exigen una indemnización de Q120 mil, seguro médico y acceso a tierras para poder trabajar argumentando sus servicios prestados durante el conflicto armado interno.

Todos esos ofrecimientos se encuentran contenido en la iniciativa 5664, que  fue presentada por los diputados de la octava legislatura del bloque Todos, Felipe Alejos y Ana Victoria Hernández.

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El ofrecimiento de esta indemnización económica para los militares en situación de retiro también fue una de las promesas de campaña de Alejandro Giammattei.

Pero la iniciativa de ley ni siquiera ha obtenido dictamen en las tres comisiones parlamentarias que la evalúan: Derechos Humanos, Defensa Nacional y Finanzas Públicas.

Apenas la semana pasada los veteranos del Ejército solicitaron a los diputados que al menos el Ministerio Defensa actualice la nómina de beneficiarios para la ley, porque hasta ahora se ignora cuántos son los exmilitares que deberían recibir el beneficio, aunque se estima que son más de 95 mil.

Sin embargo la postura de la cartera es que muchas de las asociaciones de militares retirados entrego información incompleta, tan solo un nombre y un apellido, lo que generó muchos homónimos.

Así mismo el Ministerio de la Defensa tiene que corroborar por qué los militares fueron dados de baja, si fue por haber cumplido su servicio o incluso si fueron dados de baja por desobediencia; análisis que podría llevarles, al menos, un mes.

Las amenazas

“Nosotros no queremos hacerle daño a la gente, no queremos quitarle el labor, pero también tenemos derecho de estar aquí”, comentaban la semana pasada los manifestantes.

Otros, incluso, con palos modificados como armas lanzaban amenazas como “yo tengo entrenamiento israelí” o afirmaban que iban preparados por si tenían que usar la fuerza, “la mayoría andamos cargando la botella de gasolina”.

Esas amenazas se cumplieron, los veteranos del Ejército ingresaron al Congreso de la República mientras que los diputados estaban próximos a celebrar la sesión plenaria habitual del martes 19 de octubre.

Pero el incidente evitó el desarrollo de la sesión, haciendo que diputados, trabajadores del Congreso, periodistas, y hasta el ministerio de Energía y Minas que estaba para su interpelación, quedarán atrapados por varios minutos.