El político Roberto Arzú interpuso este domingo 13 de noviembre en la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular la resolución que lo inhabilita de participar como posible candidato presidencial en las elecciones generales de 2023. También accionó contra el presidente Alejandro Giammattei.

Según el expresidenciable de PAN-Podemos, el Registro de Ciudadanos del TSE tomó una decisión “arbitraria” y “violenta la libertad de expresión” al excluir de los comicios a ciertos políticos que supuestamente realizan campaña anticipada.

Hace dos semanas, el 28 de octubre el tribunal notificó a Arzú y al alcalde mixqueño Neto Bran que no serán inscritos en los comicios por hacer presunta propaganda ilegal antes de la convocatoria de las elecciones.

La acción legal planteada por Arzú también señala al presidente Giammattei de “intromisión” en las decisiones del tribunal electoral. El amparo pide a la CC que le ordene al mandatario que “respete la independencia” del TSE.

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“Hay una estrategia clara del presidente para mantenerse en el poder. Su estrategia es crear una dictadura y eliminar candidatos no afines, es claro”, dijo Arzú.

En marzo de 2020, el excandidato fue advertido por el TSE de realizar “propaganda ilegal” en sus plataformas digitales. Según los reportes de la compañía Meta, desde junio de 2022 Arzú ha gastado más de Q50 mil para promocionar su contenido en Facebook e Instagram.

“No es propaganda ilegal. No estoy promoviendo el voto. Si un político no puede presentar sus propuestas, debatir, criticar o pedir una afiliación… ¿Cómo lo puede hacer sin presentar sus planes? Eso va en contra de los principios fundamentales de la libre expresión del pensamiento”, argumentó Arzú en la CC.

En sus declaraciones también expresó que de llegar a la presidencia perseguirá a Giammattei y lo pondrá “contra el paredón de fusilamiento”.

Estas fueron sus declaraciones:

Ante los señalamientos hechos por Arzú, la Presidencia refirió: “el gobierno de Guatemala reitera que el Organismo Ejecutivo es ajeno a todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral como ente autónomo y de ninguna manera interviene en procesos distintos a los establecidos en la constitución”.