Por la naturaleza de sus atribuciones, los funcionarios públicos están más expuestos a críticas y cuestionamientos que otros ciudadanos particulares. Sin embargo, hay múltiples ejemplos de cómo políticos, en las últimas décadas, han intentado criminalizar a personas que los reprochan o insultan.

A menudo, presidentes, ministros, diputados y demás servidores públicos se quejan de que la ciudadanía u otros actores dañan su honor o irrumpen en su privada cuando se emiten opiniones que les resultan ofensivas.

No obstante, ignoran que tanto la legislación nacional como los criterios vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen que estos deben ser más tolerantes a las críticas por los cargos que ostentan.

La falta de comprensión de estos aspectos ha generado un deterioro en la libertad de expresión y de prensa en el país y a menudo periodistas y personas que fiscalizan al gobierno intentan ser restringidos. Por ello, en un pronunciamiento reciente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expuso que en Guatemala “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.

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Esto también se reflejó en los resultados del Índice de Chapultepec, donde el país fue calificado con “alta restricción” para el ejercicio para periodistas. Por su parte, el Gobierno de Guatemala no reconoció esos resultados y aseguró que han promovido el acceso a fuentes de información con conferencias de prensa semanales.