La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, a cargo de la custodia de los menores y de la administración del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II, conocido como “Las Gaviotas”, explicó que la visita conyugal “no está permitida por reglamentos y protocolos”, debido a que los reclusos son menores de edad.

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De acuerdo a un comunicado de prensa de la Secretaría, funcionarios se encontraban estableciendo “un diálogo con los adolescentes inconformes”, quienes también pedían mejor comida y ponchos.

La Secretaría, que indicó que no había adolescentes heridos, aseguró que buscaban “llegar a un acuerdo” con los menores, apegándose a “los protocolos y reglamentos, trabajando, respetando y haciendo prevalecer los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal”.

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Las fuerzas armadas de la Comisaría 13 y de la División de las Fuerzas Especiales de la PNC se hicieron presentes en el lugar.

La Secretaría indicó, al finalizar el motín, que éste concluyó “a través del diálogo” e informó que los 27 adolescentes serán puestos a disposición de un juez competente.

En octubre pasado, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia trasladó a 25 reclusos de Las Gaviotas al Centro Juvenil para varones Etapa II, luego de que estos participaran en un motín en julio, en el cual resultaron tres personas muertas y ocho heridos.

Cinco adolescentes fueron sancionados por secuestro y motín en Las Gaviotas, por lo que tendrán que cumplir con una sanción de privación de libertad de tres años.  El incidente en el que están implicados los menores se registró el 13 de abril pasado en el centro correccional.

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En la fecha mencionada al menos 42 internos, entre ellos 20 adolescentes y 22 mayores de edad, se amotinaron en el referido lugar y mantuvieron como rehenes a varios monitores, para exigir mejor alimentación, visitas conyugales y permiso para ingresar estufas para cocinar.

Ante los constantes amotinamientos que ocurren en las correccionales, el Ejecutivo indicó el año pasado que buscará que Presidios se haga cargo de esos centros donde están recluidos los menores en conflicto con la ley.