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Una serie de contratos millonarios ayudó a Pakistán a ganarse el favor de Trump

Como Pakistán ha contratado a grupos de cabildeo con estrechos vínculos con el presidente Trump, también ha recibido un trato arancelario favorable y un acceso único en Washington.

The New York Times Company

15 de noviembre de 2025

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00:05h

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Desde abril del 2025 Estados Unidos impuso aranceles a muchos países. Algunos, como Pakistán, han logrado negociar. . (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Pakistán firmó una serie de contratos de alto precio con destacadas empresas de cabildeo de Washington la primavera pasada, apenas unas semanas antes de que la Casa Blanca anunciara nuevas políticas favorables que otorgaban a ese último país uno de los tipos arancelarios más envidiables del mundo y una ventaja sobre su archirrival, India. Los cambios de política anunciaron un giro en la hasta entonces difícil relación de Pakistán con el gobierno de Donald Trump, y se han atribuido en gran medida a la astuta diplomacia de Islamabad, capital de Pakistán, que ha colmado al presidente Trump con el tipo de elogios públicos y grandes acuerdos comerciales que tanto le gustan.

Pero los contratos de los grupos de presión, que ascendían a millones de dólares y prometían aranceles más bajos y acceso a Trump, insinúan una razón adicional para la mejora de la posición de Pakistán: una campaña para influir en el mandatario, que incluía emplear a algunos de su personal de confianza más cercanos. En abril y mayo últimos, a medida que Pakistán intensificaba su ofensiva de seducción, gastó al menos tres veces más que India en grupos de presión en Washington, según los contratos presentados en el Departamento de Justicia. A medida que Islamabad contrataba rápidamente a grupos de presión, incluidos los antiguos socios comerciales y guardaespaldas de Trump, su relación con Estados Unidos florecía y la de India se deterioraba.

Muchos factores pueden ayudar a explicar las recientes trayectorias divergentes de India y Pakistán. Uno de ellos es que Pakistán aceptó en mayo dar crédito a Trump por poner fin a su disputa militar con India y proponerlo para el Premio Nobel de la Paz. El primer ministro indio, Narendra Modi, se negó a hacer alguna de las dos cosas, con el argumento de que la participación estadounidense no tenía nada que ver con el alto al fuego. Islamabad también lanzó con entusiasmo lo que se convirtió en un acuerdo de extracción de minerales por valor de US$500 millones  y abrió sus mercados a los productos agrícolas estadounidenses.

Pero la cronología de los acontecimientos y la rápida inclinación de Estados Unidos hacia Pakistán coinciden también con el esfuerzo de los grupos de presión. “Puedes ver cómo se unen los puntos”, dijo Michael Kugelman, antiguo director del Instituto de Asia del Sur del Wilson Center, y añadió que el esfuerzo de cabildeo de Pakistán fue uno de los factores clave de su cambio. “Había cabilderos encargados de tratar la cuestión de los aranceles, y entonces los  de Pakistán bajaron”, añadió. “Hay grupos de presión contratados para promover la cooperación económica, entonces tienes todo este interés de Estados Unidos por los minerales y la energía críticos”.

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En el transcurso de unas turbulentas semanas de  primavera, mientras la administración de Trump elevaba los aranceles a países de todo el mundo y Pakistán se encontraba al borde de la guerra con India, Islamabad suscribió contratos con seis empresas de Washington por casi US$5 millones  en honorarios eventuales. Entre los bufetes que contrató Pakistán estaba Seiden Law LLP, que subcontrató a Javelin Advisors, una empresa de relaciones gubernamentales. Entre los fundadores de Javelin figuran George Sorial, antiguo ejecutivo de la Organización Trump, y Keith Schiller, exguardaespaldas de Trump, quien fue director de operaciones del Despacho Oval durante el primer gobierno de Trump.

Un contrato de US$1 millón firmado entre Pakistán y Seiden Law el 8 de abril prometía “un número mutuamente acordado de reuniones para mejorar los compromisos a nivel de liderazgo entre Pakistán y Estados Unidos en la Casa Blanca”. Otro acuerdo con Javelin se firmó el 24 de abril, solo dos días después de que unos militantes mataran a 26 personas en un atentado terrorista en la región de Cachemira controlada por India, y de que Pakistán e India se encontraran en el camino de la guerra. Apenas unas semanas después de que se ultimaran los contratos, el mariscal de campo Syed Asim Munir, máximo dirigente del poderoso Ejército paquistaní, llegó a Washington, donde se reunió con los directivos de Javelin.

La tarde siguiente, 18 de junio, Munir almorzó en privado con Trump en la Casa Blanca. Fue una reunión extraordinaria: los jefes del Ejército paquistaní habían acompañado a dirigentes civiles a reuniones presidenciales, pero no hay constancia de que se haya reunido él solo con un presidente en la Casa Blanca. “Nos dimos cuenta de que necesitábamos establecer un canal al más alto nivel”, dijo Seiden. Al citar el privilegio abogado-cliente, se negó a discutir los detalles de la reunión con el mariscal de campo, pero en una declaración su bufete dijo que los paquistaníes le atribuyeron la mejora de su suerte en

Washington. Javelin Advisors dijo en una declaración a The New York Times: “Muchas personas desempeñaron un papel decisivo en esto que no nos implicaba a nosotros”. “El personal paquistaní nos dijo que fuimos decisivos en los avances logrados con el Gobierno estadounidense”. Un funcionario familiarizado con las conversaciones dijo que Javelin se puso en contacto con uno de los ayudantes del presidente para facilitar una reunión, pero que el almuerzo fue organizado finalmente por el Consejo de Seguridad Nacional. Los funcionarios de la embajada paquistaní no respondieron a las peticiones de comentarios sobre los esfuerzos para mejorar su relación con la Casa Blanca.

Anna Kelly, vocera de la mansión presidencial, dijo en un comunicado que Pakistán ha sido un “socio vital” en la lucha contra el “terrorismo islámico radical” desde el inicio de este gobierno. El uso que hizo Trump de los aranceles para “poner fin al conflicto entre India y Pakistán”, añadió, “mejoró la relación positiva del presidente con los dirigentes paquistaníes”. En otoño, Trump había calificado al jefe del Ejército paquistaní como su “mariscal de campo favorito” y el apoyo de esa nación a su plan de paz para Gaza como “increíble”. Fue un giro brusco para un país del que Trump había dicho en su primer mandato que no ofrecía “más que mentiras y engaños”. El 2 de abril,  Trump anunció un arancel de 29% sobre los productos paquistaníes.

Seis días después —el mismo día en que contrató a Seiden Law—, Islamabad firmó un acuerdo con Orchid Advisors, una empresa de cabildeo, que luego subcontrató con el bufete Squire Patton Boggs. El contrato con Orchid prometía “esfuerzos directos de promoción ante el gobierno de Trump en materia de aranceles y comercio” y para “restablecer la relación diplomática, militar y comercial” entre los países. Squire ha empleado al exasesor económico presidencial Everett Eissenstat y a su exsecretario de Defensa,  Mark Esper. Cuatro meses después de la firma del contrato, Trump redujo los aranceles sobre Pakistán al 19% —uno de los tipos más bajos entre las principales economías asiáticas— y aumentó el de India al 50%, en gran parte por la frustración del presidente Trump de que siguiera comprando petróleo ruso.

En un comunicado, Squire dijo que “no puede hacer comentarios sobre compromisos con clientes sin su permiso”. Que gobiernos extranjeros paguen a cabilderos estadounidenses para influir en funcionarios públicos no es nada nuevo. Desde 1938, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros obliga a los estadounidenses que trabajan en nombre de gobiernos extranjeros a registrarse en el Departamento de Justicia y a revelar públicamente los contratos firmados con ellos. Al mismo tiempo que Pakistán intensificaba su campaña, el gobierno de Trump tomaba medidas para relajar las restricciones al cabildeo extranjero.

Recientemente, la fiscal general Pam Bondi, exmiembro de un grupo de cabildeo, disolvió el Grupo de Trabajo sobre Influencias Extranjeras del Departamento de Justicia, que perseguía los casos de tráfico de influencias, y redujo la aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. India también contrató a nuevos grupos de presión en primavera, e intensificó sus esfuerzos en verano, ya que Pakistán le estaba superando en gastos en Washington. En abril, India firmó un acuerdo con SHW Partners LLC, dirigida por el antiguo asesor de Trump, Jason Miller, quien trabajó en las tres campañas del presidente. Ese contrato prometía a India “asesoramiento estratégico” y ayuda para establecer “relaciones gubernamentales”, pero no especifica ámbitos concretos.

Y en agosto, India contrató a Mercury Public Affairs, entre cuyos socios se encuentran Danielle Alvarez, ex asesora principal de la campaña de Trump para 2024, y Bryan Lanza, exdirector de comunicaciones del equipo de transición de Trump. Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, también trabajó anteriormente para la empresa como miembro de un grupo de cabilderos. La embajada india no respondió a una solicitud de comentarios.

La negociación se hizo con la firma Ballard Partners el pasado jueves 13 de enero por un valor de US$900 mil –unos Q7 millones– que pagará el gobierno taiwanés.

Según el gobierno guatemalteco, el cabildeo busca “promover los intereses de Guatemala en Estados Unidos, particularmente en temas de comunicación estratégica, atracción de inversión, economía, turismo y mejorar el posicionamiento del país para la promoción de productos de pequeños productores”.

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La comunicación oficial no explicó la razón por la que se usaron fondos del gobierno taiwanés para contratar a la firma estadounidense.

El contrato fue firmado entre el gobierno de Guatemala y Brian Ballard, quien representa a la citada firma.

La figura de Ballard resuena en el mundo del cabildeo e incluso algunos medios locales señalan que cuando ese personaje habla “los donantes importantes de Florida abren sus billeteras”.

“No fue decisión de Ballard”

De acuerdo con una publicación de Político, la firma asegura que no fue decisión de Ballard que Taiwán financiara el proyecto y que no hay nada que no esté permitido.

Político destaca que Guatemala forma parte de los países del triángulo norte, donde el gobierno de Biden ha tratado de tomar serias medidas contra la corrupción. Además resalta el hecho de que el acuerdo se produce en momentos en que los vecinos países, primero El Salvador y más recientemente Nicaragua, hayan reconocido a Pekín como el gobierno legítimo de China, lo que llevó a Taiwán a romper relaciones con esos países.

El medio también resaltó que Ballard fue uno de los recaudadores de fondos y excabildero de Donald Trump y otros políticos de EE. UU.

“Movimiento inusual”

El diario The Hill resaltó, en tanto, que el contrato firmado por el embajador guatemalteco en EE. UU., Alfonso Quiñónez, “no es un movimiento ilegal, pero sí inusual”. 

Resaltó el hecho de que EE. UU. firmó con Guatemala un acuerdo para apoyar la economía del país y luchar contra la corrupción como causas fundamentales de la migración irregular. 

The Hill también recuerda que Ballard es un “poderoso cabildero cuya firma fue el quinto grupo de cabildeo con mayor recaudación en el 2020″. 

“Beneficio mutuo”

La agencia de noticias Associated Press (AP) cita a Joanne Ou, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, que explica que el acuerdo se hizo basado en el principio de “asistencia y beneficio mutuo”  a fin de promover la diplomacia de ambos países y basados en las necesidades de los gobiernos amigos de la Isla.

Ou también le dijo a AP que el acuerdo cumple con las leyes estadounidenses, por lo que fue respaldado por el gobierno de Guatemala.

Lea también: Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoce “una sola China”

Sin embargo, la agencia también cita a Robert Kelner, abogado especializado en leyes de cabildeo, quien opina que ese tipo de acuerdos no son ilegales, pero “es inusual que un gobierno pague las tarifas por cabildear para otro gobierno”. 

AP también recuerda que en el pasado Taiwán ya hecho varias donaciones a Guatemala, como flotas de autobuses o equipo agrícola. “Pero no ha podido competir con China, que considera a Taiwán un territorio separatista y ha trabajado agresivamente para aislarlo en el escenario mundial”.

Más medios

Taipei News, Pennsylvania News Today, Nasdaq, The Week, CNBC y Voz de América también resaltaron el acuerdo firmado entre los países. 

“Ballard gestionará la cuenta junto con dos asociados con contactos en el Partido Republicano: Jose Diaz, un exrepresentante estatal de Florida que es director gerente de la oficina de Ballard en Miami, y Sayfie, que fuera asesor del exgobernador de Florida Jeb Bush y dirigió una comisión de un programa de liderazgo de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump. Un tercer asociado que representará a Guatemala, John O’Hanlon, es un demócrata veterano”, dice Voz de América, citando a AP.

Ballard, en tanto, dijo que proporcionaría “servicios de defensa y consultoría estratégica” relacionados con la interacción entre Guatemala y el gobierno y las autoridades estadounidenses, según esos medios.

Los medios también resaltan las fricciones que ha habido entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos, como las recientes críticas del Departamento de Estado al presidente Alejando Giammattei “por tratar de retirar la inmunidad a un juez que ha sido reconocido en Washington por exponer casos de sobornos en Guatemala”.

También conocido como Lobbying, por su origen anglosajón, el cabildeo “se refiere al proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente informativo, en el marco de las relaciones públicas, de la empresa, grupo de presión u organización con los poderes públicos, ejercido directamente por ésta o a través de un tercero mediante contraprestación, que tiene como función intervenir sobre una decisión pública (norma o acto jurídico; en proyecto o aplicado) o promover una nueva”, según lo define el Sistema de Información Legislativa de México.

Publicación del medio ruso Sputnik: 

El canciller Carlos Raúl Morales también dijo que se había dirigido una carta al Ministerio Público para informar de la situación y que analizara si había algún indicio de delito.

Después, el lunes, después de concretarse la unión aduanera con Honduras, el mandatario Jimmy Morales aseguró: “Eso ya se le entregó a la Procuraduría General de la Nación para que haga los estudios. Si hay alguna situación que demandar, y de acuerdo al estudio legal que ellos determinarán, será la PGN la que tenga que hacer eso”.

Asimismo, este martes, el vocero presidencial Heinz Hiemann afirmó que la PGN tiene autonomía y debe actuar de oficio en situaciones que considere, establecer análisis para ver si procede, como Estado, demandar.

También indicó que el vicepresidente se refería a que, como Ejecutivo, no se considera hacer algún tipo de demanda.

Hiemann dijo desconocer si el mandatario dio alguna instrucción a la PGN al respecto.

El vocero presidencial comentó después: “No, No es de oficio. A lo que me refiero con decir de oficio, es que los analistas deben de considerar si cabe o no -demanda-. Si cabe, deberán de hacerlo de oficio, si no cabe sencillamente lo archivan”.

Por último, Hiemann aseguró que la Presidencia no planteará ninguna demanda. “No es competencia porque es del Estado de Guatemala. Sobre todo en temas de Relaciones Exteriores se caracteriza como Estado de Guatemala”, agregó.

Mérida firmó un contrato con la empresa estadounidense Barnes & Thornburg en abril último, con la dirección de la Casa Presidencial, con el fin de “mejorar la comunicación” entre los organismos de ambos países.