La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal rechazó este lunes 23 de agosto una apelación interpuesta por los abogados de Luis Enrique Martinelli Linares.

Con el fallo, se confirma la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, emitida en mayo último, con la que se autorizó su extradición hacia Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) informó el martes 25 de mayo que, luego de la solicitud de la Unidad de Asuntos Internacionales del MP, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente notificó que se autorizó la formal extradición de Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli (2009-2014).

Según el MP, Martinelli Linares, de 39 años, es sindicado por posible participación en los siguientes cargos:

• Conspiración para cometer lavado de dinero, implicando una actividad ilegal específica
• Conspiración para cometer lavado de dinero
• Lavado de dinero
• Complicidad e instigación

En prisión desde julio de 2020

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Fiscalía oficializa el pedido de extradición hacia EE. UU. sobre hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli

Luis Enrique Martinelli Linares se encuentra detenido en la cárcel Mariscal Zavala de la capital guatemalteca junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 41 años.

Ambos fueron arrestados el 6 de julio de 2020 en Guatemala a petición de EE. UU. por un caso de supuesto lavado de dinero su defensa ha interpuesto varios recursos legales para evitar la extradición, que finalmente llegó para el más pequeño de los dos.

Los hijos del exmandatario panameño se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados por petición de EE. UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los hermanos Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

El caso de Ricardo Alberto se procesa en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, y está pendiente de resolución de un amparo en la Corte Suprema de Justicia.

El mayor de los Martinelli está procesado en Estados Unidos también por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron elegidos diputados suplentes en mayo de 2019 al Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero no fueron juramentados al cargo por la presidencia del organismo regional, por lo que según las autoridades no gozaban de inmunidad.

Una fuente del Organismo Judicial guatemalteco confirmó este lunes 4 de enero a Efe que la recusación no fue avalada por una sala de apelaciones, y por tanto el caso de Martinelli Linares continuará su curso en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal a la espera de su resolución.

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De acuerdo al fallo de la Sala Primera de Apelaciones, los “argumentos” de la solicitud de Martinelli Linares fueron declarados “sin lugar” ya que “no encuadran dentro de las causales invocadas”, debido a que “en ningún momento se evidencia que el actuar de los juzgadores dentro de las diligencias de extradición hagan dudar de su imparcialidad y que hayan externado opinión en el asunto”.

Por tanto, debido al rechazo de la recusación, el caso de Luis Enrique Martinelli Linares seguirá su curso en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal a la espera de confirmarse su extradición definitiva a Estados Unidos.

Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron detenidos en Guatemala el 6 de julio por una orden de extradición a Estados Unidos, donde son buscados por lavado de dinero.

El país norteamericano oficializó el pedido de extradición el pasado 4 de septiembre, pero los hijos del expresidente Martinelli han interpuesto varios recursos legales ante el Organismo Judicial guatemalteco para intentar impedir su traslado a Estados Unidos

Ambos están acusados por EE. UU. de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de US$28 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, de acuerdo al Departamento de Justicia estadounidense.

Los dos hermanos fueron elegidos como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano en mayo de 2019 por Panamá y han argumentado que cuentan con inmunidad del ente regional, aunque nunca fueron juramentados.

Según la acusación de un Tribunal de Nueva York, entre 2009 y 2014, durante la Presidencia de su padre, los hermanos Martinelli Linares participaron de la trama de Odebrecht con acciones que incluyeron “la apertura y administración de cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones extranjeras”.

El abogado de los hermanos Martinelli Linares en Guatemala, Denis Cuesy, dijo a Efe este mismo lunes que no estaba al tanto de las resoluciones legales recientes pues se encontraba fuera del país.

Cuesy había afirmado en diciembre que el proceso de extradición de los hermanos es “lento” y “va para largo”.

Los hijos del exmandatario panameño se encuentran en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala.

Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado el 6 de julio cuando fueron capturados a pedido de EE. UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Las autoridades de Estados Unidos presentan formalmente la solicitud de extradición de los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014).

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Ambos son señalados de conspirar para lavar dinero que funcionarios panameños habrían aceptado de la constructora Odebrecht en Panamá.

Fueron capturados el 6 de julio en Guatemala, cuando intentaban viajar a Panamá en un vuelo privado, tras más de un año de paradero desconocido.

Su arresto obedeció a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero.

Han llevado un proceso por separado en el sistema judicial guatemalteco. Ricardo Alberto en el Tribunal Tercero y Luis Enrique, en el Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.

La última acción judicial sucedió, cuando la defensa de Luis Enrique Martinelli recusó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, luego de que esta diera trámite a la solicitud de extradición solicitada por EE. UU., que reclama a ambos hermanos por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.

Mientras que, Ricardo Alberto, a través de su defensa, había recusado al Tribunal Tercero el 10 de julio, en la audiencia en la que los jueces debían darle a conocer la solicitud hecha por EE. UU., pero el panameño prefirió recusarlos porque estos no reconocieron su calidad de diputado suplente del Parlamento Centroamericano con goce de inmunidad diplomática, pese a que aún no ha sido juramentado, al igual que su hermano.

El Ministerio Público informa que, mediante la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, presentó un amparo contra la presidenta del Parlacén, Nadia de León Torres, por el caso de los hermanos Martinelli Linares.

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Parlacén asegura que no juramentará a los hermanos Martinelli, su recurso para evitar la extradición a Estados Unidos

Un comunicado emitido por el ente investigador detalla que la acción fue promovida por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, “en virtud de la amenaza cierta, real e inminente de que la presidenta de dicha entidad -Parlacén- juramente como miembros suplentes a los señores Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares”.

Según el MP, la juramentación propiciaría fraude de ley y obstaculizaría el procedimiento y requerimiento de extradición contra los hermanos Martinelli Linares, requeridos por Estados Unidos por una investigación.

El MP solicita que se ordene a la presidenta del Parlamento Centroamericano no llevar a cabo la juramentación para no “transgredir los principios de seguridad, certeza jurídica y el principio de legalidad” garantizados en la Constitución Política de Guatemala.

#ComunicadoDePrensa #CasoMartinelli

El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/T4T47lRPcK

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 30, 2020

Parlacén descarta juramentación

El Parlamento Centroamericano descartó este 28 de julio juramentar como diputados a dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), requeridos en Estados Unidos por blanqueo de capitales relacionado con el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

“Como directivos, no procederán con la juramentación de los diputados nombrados por las particularidades especiales que tiene el caso”, indicó el Parlamento Centroamericano (Parlacen) en un comunicado.

Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 38 y 48 años, respectivamente, fueron elegidos diputados suplentes al Parlacen para el período 2019-2024, y sus juramentaciones despertaron sospechas de que pretendían obtener inmunidad para evadir a la justicia norteamericana.

Herramienta política

No es la primera vez que la inmunidad que otorga el Parlamento Centroamericano es utilizada por políticos y familiares señalados de actos de corrupción.

Uno de los casos más recientes es el del expresidente Jimmy Morales, quien luego de pocas horas de haber dejado el mando, el 14 de enero último, fue juramentado por ese organismo y recuperó la inmunidad.

El exmandatario era señalado en varios casos de corrupción por el Ministerio Público pero fue protegido por el Congreso de Guatemala y permaneció con derecho de antejuicio durante todo su mandato.

El Parlacén se pronuncia

Luego de la acción del MP, la presidenta del Parlacén, Nadia de León Torres, se pronunció en Twitter.

Afirma que de conformidad con lo establecido en el Tratado Constitutivo y el Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Parlamento Centroamericano, este es  un órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana con personalidad jurídica internacional; con plena capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

Afirma que el Parlamento goza de inmunidad de jurisdicción con respecto a las autoridades judiciales y administrativas. Añade que su actuar se ciñe estricta y obligadamente a lo establecido en los instrumentos legales que le son propios de acuerdo con su naturaleza y función.

Lamentan publicación

“Lamentamos el contenido de la publicación, que en la presente fecha ha hecho público el Ministerio Público, en el cual hace constar que ha presentado en contra de la presidenta del Parlamento una acción de amparo por los motivos que en el mismo expresa y que contraría la legislación contenida en los Tratados y Acuerdos en los que el Estado de Guatemala es parte”, escribió en Twitter.

Añadió que aprovechan la ocasión, para reiterar, que la Junta Directiva del Parlacén hizo público el documento en donde de manera cronológica relata los hechos sucedidos en relación al tema de los diputados Martinelli Linares, por lo que de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Parlamento se trasladó la solicitud de juramentación a la Bancada de Panamá quienes han expresado que no procederán a la juramentación.

El Parlamento Centroamericano, de conformidad con lo establecido en el Tratado Constitutivo y el Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de Guatemala el Parlamento Centroamericano, ambos reconocidos por el Congreso de la República y por tanto leyes del Estado de…

— Nadia De León (@NadiaDeLeonGt) July 30, 2020

Ahora “se procederá a ejecutar lo dispuesto en la resolución del 28 de enero” , según el comunicado emitido tras una sesión extraordinaria para tratar los recursos de la defensa de Martinelli, quien es también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) .

Las investigaciones contra Martinelli se originan en la supuesta sobrefacturación en la adquisición, por 45 millones de dólares, de comida deshidratada para escuelas del país.

Esas compras se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) , un programa de emergencia para combatir la pobreza, cuyos dos últimos directores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, están detenidos por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Guardia, actualmente en prisión, habría declarado durante los interrogatorios que Martinelli le obligaba a firmar los contratos, algo que el exmandatario niega.

Martinelli manifiesta que todo se debe a una persecución política del gobierno de Juan Carlos Varela, su antiguo aliado y sucesor, al que ha acusado incluso de querer matarlo.