Confidencialidad del pacto colectivo de Educación: CC analiza consulta del presidente Bernardo Arévalo

El mandatario presentó el 15 de mayo último una opinión consultiva sobre la negociación sindical que se discute en secreto entre el Mineduc y Joviel Acevedo.

Douglas Cuevas

10 de julio de 2024

|

17:25h

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Joviel Acevedo, se opone a que la negociación del pacto colectivo de educación sea público. Fotografía: Prensa Libre.

El presidente Bernardo Arévalo consultó a la Corte de Constitucionalidad (CC) si las negociaciones del pacto colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, pueden ser considerados de confidencialidad.

La máxima Corte se encuentra estudiando el documento que fue presentado a nombre del mandatario el pasado 15 de mayo, para lo cual la CC tiene hasta 60 días para dar una respuesta.

El sindicato de Acevedo ha buscado que las negociaciones del pacto colectivo no sean públicas. Aunque actualmente el Ejecutivo ha dicho que buscan su publicidad, no se habían conocido esfuerzos legales para hacerlo.

El documento presentado por Arévalo argumenta que se basa en el marco legal del acceso a la información pública, la naturaleza jurídica de los sindicatos, las excepciones de derecho de acceso a la información, y el principio de máxima publicidad.

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Las preguntas

La nueva consulta presidencial consta de tres preguntas que esperan sean respondidas por la CC, lo que les podría dar una hoja de ruta sobre las negociaciones al pacto colectivo, que al día de hoy caminan en secreto.

Primera pregunta: Un sindicato o comité ad-hoc de trabajadores del Estado, cuando son sujetos de negociación colectiva laboral y proyecto de normación colectiva tienen relación con la superación de las garantías y derechos mínimos que impactan en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. ¿Puede ser considerado como particular al tenor del artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala?

Segunda pregunta: Por las relaciones de cooperación y coordinación que rigen a las entidades de la administración pública. ¿Puede el órgano integrante del Organismo Ejecutivo que recibe un dato o documento bajo garantía de confidencialidad en un proceso de negociación colectiva laboral, según el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, compartir la misma con otro órgano del Organismo Ejecutivo u otra entidad pública que requiera la misma, por tener relación con su rectoría sectorial, competencia o atribuciones constitucionales legales?

Tercera pregunta: La totalidad del contenido de los documentos que contengan proyectos de normación colectiva laboral, entre las entidades del Estado de Guatemala y Sindicato o Comités Ad-Hoc, ¿pueden considerarse como información susceptible de ser protegida por la garantía de confidencialidad que establece el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala?

Otros intentos

El abogado constitucionalista Edgar Ortiz presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) buscando la publicidad del pacto colectivo. Pero el pleno judicial suspendió su acción legal.

Posteriormente, el Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentó una acción de amparo similar. De la misma se desconoce si la CSJ ya tomó alguna decisión al respecto.

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Poco antes de emitir el voto, Eduardo Villegas también comentó a Efe que si bien estos ejercicio pueden parecer “imperfectos”, son “importantes” porque permiten a la ciudadanía a incidir en políticas públicas.
 
El político, que formará parte del futuro gobierno, reconoció que quizás no se ha dado “tiempo suficiente” para conocer todos los proyectos, pero apostó por ese modelo de consulta.
 
En otros puntos del país, especialmente en el sur y sureste, donde se pueden ver más beneficiados por estos proyectos, la tasa de participación fue mucho más elevada.
 
Es el caso de varios municipios del sureño estado de Oaxaca, donde se formaron largas colas, o del municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, donde se prevé la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas.
 
En Mérida, en el suroriental estado de Yucatán, las 48 mesas de votación distribuidas en toda la región fueron instaladas sin contratiempos.

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De acuerdo con el portavoz de los organizadores en Mérida, César Gómez, en esta ciudad la afluencia fue “notoria” porque varios proyectos podrían beneficiar el desarrollo de la región.
 
Es el caso del Tren Maya, que recorrerá cinco estados del sur-sureste del país, con el fin de resarcir el atraso económico y social que sufre esta región de México.
 
Destacó que el proceso no registró fallos de Internet, ni en las zonas rurales, y que en Mérida se instalaron más mesas de votación que en la consulta sobre el aeropuerto capitalino.
 
López Obrador votó puntual en la capital, sobre las 9.00 hora local (15.00 GMT) acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, y tras emitir el sufragio prometió más consultas ciudadanas.
 
“Que sean los ciudadanos que nos ayuden a gobernar. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, indicó el líder de izquierda, que habló de una reforma constitucional para dar más peso y legitimidad a los referendos.

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A preguntas de los periodistas, reiteró que el próximo 21 de marzo espera celebrar una tercera consulta, que abordaría la creación de la Guardia Nacional, la investigación de expresidentes y la conformación de un grupo asesor integrado por empresarios.
 
“Estoy a favor de la Guardia Nacional y a favor de que pongamos punto final a la historia horrorosa y trágica de corrupción. Que iniciemos una etapa nueva y no nos empantanemos persiguiendo ni enjuiciando a nadie”, agregó.
 
Acerca de la polémica en torno a los llamadas superdelegados, que nombrados por el Gobierno federal harán de enlaces para cada uno de los estados del país, explicó que está dispuesto a dialogar, pero no a ser coaccionado.
 
“Hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie. Yo solo tengo un amo y un mandato, y es el del pueblo de México. El mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción, y voy a cumplir”, remarcó.

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Pese a que será sometida a consulta, esta semana el partido del izquierdista, Morena, presentó la iniciativa de reforma constitucional que requiere la estrategia de seguridad.

Esta guardia nacional integraría de arranque a policías federales pero sobre todo a militares hasta sumar 50 mil elementos para 2021, que además tendrían facultades para coayudar con fiscalías investigadoras.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado duramente a López Obrador por mantener militares en el combate a la criminalidad y dejar de lado la profesionalización de policías estatales y municipales.

Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó el operativo militar antidrogas, se han registrado más de 200 mil asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminaldad.

Esta es la tercera consulta a la que llama López Obrador luego de que a finales de octubre se realizó una primera en la que se rechazó la millonaria construcción de un aeropuerto, ya avanzado en 30%.

Esta consulta se realizó sin intervención de autoridades electorales y sin cumplir los lineamientos que marca la ley mexicana en la materia. Fue duramente criticado porque fue realizado por organizaciones afines a López Obrador, además de que se registraron irregularidades como votos múltiples.

Pero ahora López Obrador dijo esperar que la consulta sobre una eventual guardia nacional sea realizada por autoridades electorales una vez que su partido, mayoritario en el Legislativo, vote las reformas a la ley sobre consultas, que estipulan se realicen sólo cada tres años en comicios federales.

La segunda consulta será el próximo fin de semana sobre el tren maya, un proyecto turístico en la península de Yucatán, la construcción de una refinería y un paquete de ayudas sociales.

Pero el izquierdista ya anunció que el 16 de diciembre inician los trabajos del tren maya, proyecto criticado por organizaciones ambientalistas.

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Datos que debería saber antes de la consulta popular

Al preguntarles qué era lo que sabían se evidenció que no tienen claro que la consulta será para que el diferendo territorial, marítimo e insular sea llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual definiría los límites.

Expectativa

Miguel Ángel Cabrera, habitante de San José Las Flores, dijo que por las noticias se sabe de la consulta popular, pero que igual se necesita que alguien llegue para “concienciar” a la gente de qué significa esa acción, lo que conviene y lo que no.

“Por el momento no —hay mucho temor—, porque no llegan a las comunidades —los militares beliceños—. Antes entraban hasta acá. La gente está un poco más tranquila”, contó Cabrera.

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Ruth Esther Salazar, lideresa comunitaria, definió así lo que habrá el 15 de abril: “Va a ser la consulta popular para definir lo de la línea de adyacencia entre Belice y Guatemala. Esperamos en Dios que sea positivo”.

En cuanto a la situación de los soldados beliceños, agregó: “Eso ha estado bastante complicado, porque todos los que trabajaban en el área de adyacencia ya no han podido trabajar desde la muerte del niño, porque todos tienen temor de que vuelva a suceder lo mismo”, en referencia a la muerte del guatemalteco Julio Alvarado, de 13 años, el 20 de abril del 2016.

Carlos Alvarado, padre de Julio, se quejó de que el Ejecutivo no le cumplió con renovarle un contrato en el Ministerio de Agricultura y que se tuvieron que mudar a otra aldea por temor.

Joel Ramírez, otro vecino, coincidió en que “no termina el temor” ante la presencia eventual de militares beliceños.

Emprendimiento

Mujeres de varias comunidades de la zona de adyacencia reciben cooperación de la embajada británica a través de instituciones gubernamentales y oenegés como Asociación Balam y Visión Guatemala Futura, las cuales impulsan proyectos de emprendimiento, como la crianza de gallinas para la venta de huevos.

En San José Las Rosas está por implementarse, además, un proyecto para la venta de pan.

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La marihuana ya es legal en Oregón, Washington, Alaska y Colorado, además de en el Distrito de Columbia, y en las elecciones de este martes los ciudadanos también decidirán sobre su uso medicinal en Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte.

California, que con 17 es el estado que más propuestas ciudadanas presenta, también es protagonista junto a Nebraska de otra de las consultas más polémicas: acabar con la pena de muerte.

Los dos estados podrían unirse así a la lista de 19, de los 50 que componen la unión, en los que ya está abolida.

Con unos 740 presos, California tiene el corredor de la muerte más poblado del país y sus ciudadanos votarán dos propuestas antagónicas de las que prevalecerá la que más apoyo obtenga, una llama a abolir la pena capital y la otra a acelerar las ejecuciones.

En California también votan la consulta en la que más se ha gastado en publicidad de Estados Unidos, sobre el precio de los medicamentos.

Los electores podrán decidir si el estado debe negociar con las compañías farmacéuticas los precios de los medicamentos con receta  (una partida a la que en 2015 destinó 3.800 millones de dólares) que no sean superiores a los que paga el Departamento de Veteranos de EE.UU., un 25 % más baratos de media.

De los 115 millones de dólares invertidos en la campaña, 109 los han puesto las farmacéuticas contrarias a la medida.

Colorado, con nueve, es otro de los estados que más propuestas presenta, dos de ellas muy controvertidas.

Por un lado, los electores están llamados a aprobar el ColoradoCare, un sistema de asistencia sanitaria universal sin precedentes en el país y que tiene el apoyo del senador progresista Bernie Sanders. Por el otro, una propuesta que prevé legalizar la muerte asistida bajo determinadas circunstancias, como ya pasa en California, Oregón, Montana, el estado de Washington y Vermont.

Nueva Jersey, por su lado, lleva a las urnas la construcción de dos casinos que supondría el fin del monopolio en este campo de la decaída Atlantic City. Estados vecinos como Massachusetts y Rhode Island también decidirán la construcción de nuevos casinos.

Desde hace siete años, el sueldo mínimo en EE.UU. fijado por el Congreso es de 7,25 dólares la hora. Es por eso que Colorado, Maine y Arizona votarán aumentarlo a 12 dólares la hora y el estado de Washington a 13,50. Dakota del Sur, por su lado, pretende rebajar en un dólar el sueldo mínimo de 8,50 para los menores de 18 años.

También en varios se votarán incrementos en el impuesto al tabaco: California 2 dólares por cajetilla, Dakota del Norte 1,76 dólares y 1,75 en Colorado, mientras que en Misuri compiten dos propuestas de 23 y 60 centavos. Aunque se aprueben las subidas, lejos quedan los 14 dólares que vale la cajetilla en Nueva York.

Antaño conocida como la meca de la industria pornográfica, California lleva a las urnas una proposición que pretende imponer el uso del preservativo en las películas para adultos. De aprobarse, la industria amenaza con hacer las maletas y trasladarse a Florida.

El estado de Washington puede pasar a la historia por un impuesto sin precedentes en EE.UU.: sus ciudadanos votarán un gravamen para las emisiones de dióxido de carbono, una medida inspirada en la vecina Columbia Británica  (Canadá) que la implementó en 2008.

En Massachusetts pretenden prohibir que los animales de cría vivan en condiciones de “confinamiento”  y en Colorado, dentro de su paquete de medidas progresistas, abolir de una vez por todas la “esclavitud”  o “servidumbre involuntaria” , que hoy en día todavía contempla su Constitución para los presos.

Más allá de las 154 propuestas estatales, los ciudadanos de Washington, la capital de EE.UU., quieren dar luz verde a la redacción de una Constitución para el Distrito de Columbia como primer paso en su propósito de constituirse en el estado número 51, algo que eventualmente debería validar el Congreso.

Finalmente, además de las consultas estatales y la de Washington hay decenas convocadas a nivel local. Una de las más controvertidas es la que votarán diversas ciudades de California como San Francisco para fijar un impuesto a las bebidas azucaradas.

La industria de los refrescos ha invertido 30 millones de dólares a favor del “no”  en esas consultas.

Más de 8 mil ciudadanos, de los 15 mil empadronados, expresaron su rechazo a proyectos de reconocimiento, exploración y explotación minera en la “Tierra de Pepe Milla”. Solo 58 dijeron estar “de acuerdo con el desarrollo, instalación y operación” de mineras en el municipio. La Consulta, a petición de los vecinos, fue convocada, con estricto apego a la ley, por el alcalde y su corporación y respaldada por la Comunidad Indígena Xinka.

Según Octavio Gasparico, de la Asociación de Vecinos para la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza de Asunción Mita (Avedevida), la industria extractiva de metales se ha presentado en Quesada por medio de la Empresa Alternativa de Energías Renovables, S. A., ofreciendo que “sembrarán un bosque de 900 mil árboles de eucalipto para extraer carbón, con el que producirán gas con el objetivo de producir energía a través de una planta de gasificación en bodega porque esta región está siendo afectada por muchos apagones”.

Pero lo que han hecho ha sido destruir un pequeño cerro y abrir caminos en la finca Argelia, aldea La Pava, donde piensan desarrollar la Mina Teresa, de la empresa San Rafael, de acuerdo con los polígonos de derechos mineros con licencia de exploración publicados en la página web de esa empresa. Además, tienen licencia de reconocimiento para la Mina El Silencio, que abarca todo el municipio de Quesada.

Las mineras, en contubernio con políticos y empresarios, usan el mecanismo de dádivas para ingresar a las comunidades e imponer sus proyectos. Entre marzo y abril de 2015 recorrieron comunidades de Quesada impartiendo charlas de salud e higiene para ganarse la confianza de la gente y haciéndola firmar hojas de asistencia sin el encabezado que indique el motivo de la firma. Luego adjuntan las hojas al expediente, con el que tramitan la licencia respectiva, cumpliendo así con los requisitos que exige el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y demostrar que cumplieron con informar de los beneficios y costos de los proyectos.

A pesar de sus estrategias de engaño y manipulación, el pueblo de Quesada dijo NO a la minería. Y está en su derecho. El pueblo es quien decide qué tipo de desarrollo quiere para sus comunidades y sus autoridades tienen la obligación de respaldarlo en sus legítimas aspiraciones.

Que el ejemplo de Quesada, un pueblo digno, lo sigan Asunción Mita y todos los municipios de Jutiapa. Esperamos que un día, no muy lejano, nuestro país sea declarado territorio libre de la explotación minera, pues en nada compensa “la pinche” regalía que dejan al país. (Luis Morales Chúa)

El tiempo en que tardará la medida será definido el próximo lunes, cuando los médicos efectúen una asamblea general, después de hacer una evaluación de abastecimiento en las bodegas y farmacia.

El temor de los profesionales es que al comenzar a atender con las condiciones actuales dentro de una semana podrían quedarse sin varios medicamentos y la situación empeoraría.

Los galenos también suspendieron medidas más drásticas anunciadas el lunes pasado, cuando dieron un plazo de 48 horas al Ministerio de Salud para resolver la situación pues aseguran que si hay voluntad de parte de las autoridades.

La cartera anunció un traslado de Q60 millones, de los cuales Q44 servirán para pagar deuda a proveedores.

Tras 11 días de no atender en la consulta externa, los pacientes del hospital continúan asistiendo al centro asistencial para cambiar la fecha de su cita.

Medicina faltante

• Anfotericina B, polvo o solución inyectable.
• Bicarbonato de sodio, solución inyectable.
• Cinco-fluracilo, solución inyectable.
• Cloruro de sodio, vial.
• Dexketoprofeno, solución inyectable.
• Fenitoina sódica, solución inyectable.
• Fenitoina sódica, suspensión oral.
• Filgrastrin, solución inyectable.
• Jabón líquido Gluconato de Clorhexidina.
• Lidocaina clorhidrato con Epinefrina, solución inyectable.
• Metotrexate sódico, tableta o comprimido.
• Nimodipina, tableta.
• Oxaliplatino, solución inyectable.
• Potasio cloruro, líquido inyectable.
• Somatropina, polvo y solución para uso parenteral.
• Toxoide tetánico, vacuna antitetánica.

Ocupan área de salud

Sindicalistas de Salud de Huehuetenango tomaron las instalaciones del Área de Salud de ese departamento como medida de presión para que se les pague un bono de antigüedad, estabilidad laboral y abastecimiento.

Rajoy realizó estas declaraciones horas después de que el presidente del Gobierno autónomo de Cataluña (Generalitat), Artur Mas, convocara elecciones para el 27 de noviembre, con la intención de convertirlas en una suerte de plebiscito sobre la independencia de esa región del noreste de España.

El presidente del Ejecutivo español insistió en que las elecciones convocadas no pueden decidir sobre la ruptura de España, pues solo sirven para elegir al Parlamento de Cataluña.

Sin embargo, Mas aseguró hoy que los citados comicios tienen el propósito de que los ciudadanos de Cataluña puedan responder a la pregunta de “si quieren que Cataluña sea un Estado y si quieren que este Estado sea independiente”, planteada en la consulta del pasado 9 de noviembre, declarada inconstitucional.

En una comparecencia en la sede de la Generalitat, el presidente catalán afirmó que el recuento de las elecciones del 27-S tendrá “carácter plebiscitario”  y, en este sentido, se tendrá en cuenta la mayoría en diputados, y no en votos, además de que bastará con una mayoría del 51%, si bien confió en obtener una mayoría lo más “amplia”  posible.

Artur Mas se presenta a estas elecciones en una lista conjunta con otras formaciones nacionalistas con la intención de formar un Gobierno regional que aspira a proclamar la independencia de Cataluña seis meses después de las elecciones.

Frente a esta postura, el resto de partidos insisten en el carácter regional de las elecciones, aunque reconocen que la relación de Cataluña con el resto de España será un asunto clave en la nueva legislatura.

En estas circunstancias, Rajoy prometió hoy que no dejará sin amparo y sin protección a los catalanes y afirmó que el Ejecutivo no permitirá que nadie les hurte la triple condición de “catalanes, españoles y europeos”.

Afirmó que nadie va a “empobrecerlos”  ni a permitir que “la inestabilidad política”  que generan esas decisiones afecte a la recuperación económica.

El presidente del Gobierno español recordó que estos comicios “no tocaban ahora”  porque los mandatos son de cuatro años y que es la segunda vez en Cataluña que se adelantan, además de intentar celebrar un referéndum “ilegal”  el pasado año.

Según precisó, el presidente de la Generalitat está en su derecho de convocar elecciones porque tiene la facultad de disolver la Cámara y convocar cuando lo estime oportuno, pero “unas elecciones cuyo único objetivo es elegir el Parlamento de Cataluña, que a su vez elegirá al Gobierno autónomo catalán”, recalcó.

Las elecciones catalanas del 27 de septiembre se producen después del fracaso de la Generalitat en realizar un referéndum sobre la independencia, tal como prometió Mas.

Los comicios del próximo mes serán los terceros de la región en cinco años, periodo marcado por las tensiones políticas entre el gobierno regional y el estatal ante las reivindicaciones nacionalistas de los primeros, que han derivado en un incremento del independentismo en la región.

Entre las medidas que se tomarán por los escases es suspender parcialmente la atención en la consulta externa, y referir a otras instituciones hospitalarias a los pacientes según la necesidad que presente. No se realizaran ingresos a ningún servicio del hospital.

“Los pacientes hospitalizados serán tratados de acuerdo a nuestra capacidad o serán referidos a otra institución. Se atenderán las emergencias que provoquen riesgo de muerte los demás serán trasladados al hospital Roosevelt” declaró Jaime Cáceres, vocero de los médicos.

Ante la suspensión temporal del referéndum, el gobierno regional de Cataluña (Generalitat) puso en marcha lo que llamó un “proceso participativo” alternativo, que ahora también ha sido declarado inconstitucional.

El ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió contra esta segunda consulta alternativa al considerar que también era un referéndum encubierto y que sus preparativos suponían un fraude de ley.

El TC dice que esta segunda convocatoria también es “inconstitucional en su totalidad” , ya que no corresponde a Cataluña convocar este tipo de consultas.

En septiembre próximo tendrán lugar elecciones regionales en Cataluña y las dos principales formaciones nacionalistas, la gobernante CiU (centroderecha) y ERC (izquierda republicana) defienden acciones para que se pueda convocar legalmente una consulta de tipo soberanista en la región.