DECRETO 7-2025 .. Sun, 05 Apr 2026 21:08:08 -0600 es-GT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-PLico.png?quality=52&w=32 DECRETO 7-2025 32 32 151997395 PGN: “El veto no se interpreta, se respeta”, Gobierno acciona contra la ley de gasto exprés para los Codedes https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/https-www-prensalibre-com-guatemala-politica-pgn-el-veto-no-se-interpreta-se-respeta-gobierno-acciona-contra-la-ley-de-gasto-expres-para-los-codedes/ Fri, 17 Oct 2025 19:46:52 +0000 Guatemala

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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Guatemala

PGN: “El veto no se interpreta, se respeta”, Gobierno acciona contra la ley de gasto exprés para los Codedes

Un recurso de la Procuraduría Genera de la Nación (PGN) busca frenar la vigencia de la ley de gasto exprés para los Codedes que fue acuerpada por el Congreso tras desconocer el veto presidencial.

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LA RONDA, CONFERENCIA DE PRENSA. En el Palacio Nacional de la Cultura se llev— a cabo la Conferencia de prensa denominada La Ronda por parte del legislativo. Estuvo presente el presidente de la Repœblica, Bernardo ArŽvalo, como tambiŽn autoridades del Ministerio de Comunicaciones y Procuradur’a General de la Naci—n, as’ mismo, se conmemor— los 40 a–os de la Constituci—n Pol’tica del Pa’s. En la imagen, Julio Saavedra, procurador general de la naci—n. Juan Diego Gonz‡lez. 200525

La PGN se encuentra liderada por el abogado Julio Saavedra. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

La ley que le permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) el gasto exprés y con controles limitados entró en vigencia hoy pero el gobierno espera que la Corte de Constitucionalidad la declare en suspenso. Una acción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentada este 17 de octubre ante el tribunal, expone argumentos por los que se considera hay inconstitucionalidades en el Decreto 7-2025 así como en la forma en que se rechazó el veto presidencial.

El presidente Bernardo Arévalo vetó la ley, pero la oposición en el Congreso desconoció la decisión del mandatario. Durante el pleno se señaló que el veto llegó tarde y que no incluía un artículo que le diera vigencia.

Ante ese aparente error, propusieron un acuerdo legislativo que ordenaba la publicación y sanción del decreto vetado, sin entrar a votar sobre el veto presidencial a la ley.

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Los 5 errores del decreto

En la acción de inconstitucionalidad, la PGN señala que las decisiones adoptadas por el pleno del Congreso confrontan artículos de la Constitución, explicando cinco errores en el proceso de publicación y vigencia de la ley ordenada por los diputados.

El primero de ellos explica que el veto no necesita de una publicación para surtir efectos. Señalan que el artículo 178 de la Constitución es claro al explicar el procedimiento del veto.

Los diputados explicaron que cuando se publicó el veto no se incluyó un artículo de vigencia, y añadieron que el decreto 1816 explica que ante ese tipo de casos, cualquier tema legal surte efectos tres días posteriores a la publicación.

Allan Rodríguez
El diputado Allan Rodríguez fue uno de los diputados que cuestionó la vigencia del veto. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Pero la PGN explica que el decreto 1816 regula vigencias en temas administrativos, “pero el veto presidencial no es un acto administrativo, sino un acto político – constitucional interorgánico, que se emite dentro del procedimiento legislativo y cuyos efectos se producen entre órganos del Estado, no frente a particulares”.   

El segundo argumento señala que el cómputo del veto cuenta desde la recepción del documento, no por la publicación del veto. La acción cita que la Constitución no menciona como requisito del veto algún tipo de publicación.

“La emisión del acto en tiempo es suficiente para satisfacer la exigencia constitucional; su publicación posterior es un requisito de publicidad, no de eficacia interorgánica”.

En el tercer razonamiento señalan que el Congreso no respetó la jerarquía constitucional. Debido a que se justificó en un decreto para evadir uno de los derechos constitucionales que amparan al presidente para vetar una ley.

“El Congreso subordinó un derecho constitucional del presidente a una norma legal ordinaria, lo cual vulnera frontalmente la jerarquía normativa prevista en el artículo 175 constitucional”.

El presidente Bernardo Arévalo vetó la ley asegurando que es inconstitucional. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

Para el cuarto punto, la PGN dice que el Congreso no tiene facultad constitucional para calificar la validez o temporalidad del veto. Detallan que el artículo 178 permite a los diputados reconsiderar la decisión del veto, más no calificarlo como válido o no.

“Al hacerlo el Congreso se arrogó una función de control constitucional que corresponde exclusivamente a la CC, en virtud de los artículos 268 y 272 constitucionales”.

Añaden en este punto que el acuerdo legislativo aprobado por el Congreso, que terminó desconociendo el veto y sancionando la ley constituye una invasión de competencia que rompe el equilibrio entre los organismos de Estado.

“En consecuencia, el veto no se interpreta, se respeta, y su ejercicio dentro del término legal enerva la sanción del decreto legislativo hasta que cumpla el procedimiento constitucional de reconsideración”, se expone ante la CC.

La PGN finaliza su quinto argumento señalando una vulneración a los principios de certeza y seguridad jurídica y destaca que “la decisión del Congreso crea un precedente peligroso”.

De no rectificarse la situación queda abierta la posibilidad que nuevamente, bajo consideraciones administrativas, o de artículos de vigencia que no son necesarios, se vuelvan a desconocer vetos que provengan desde la presidencia.

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“Se abre la posibilidad que el Legislativo revise discrecionalmente los actos constitucionales del Ejecutivo, trastocando la estabilidad del proceso administrativo”.

Los abogados de la PGN al explicar cada de los puntos remarcan que el presidente ejerció el veto dentro del plazo constitucional de 15 días, asegurando que se debe frenar la vigencia de la ley.

“La CC debe declarar que el decreto 7-2025 es contario al artículo 178 de la Constitución, al haberse aprobado, desconocimiento, un veto presidencial emitido dentro del plazo constitucional, y al haber subordinado un derecho del presidente a una norma legal”.

Más acciones

Los diputados del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentaron este jueves una acción de amparo, pidiéndole a la CC que no valide la vigencia del decreto 7-2025, y la del acuerdo legislativo 6-2025.

También en los primeros minutos de 17 de octubre, cuando la ley ya cobró vigencia, los diputados de Movimiento Semilla, presentaron también una acción de inconstitucionalidad contra la ley del gasto exprés para los Codedes.

La norma en mención le permite a estos órganos regionales menos controles al momento de ejecutar sus fondos y trasladar lo no ejecutado al siguiente año, que a criterio de expertos podría representar un riesgo de gastos discrecionales por ya estar en 2026 en un nuevo año preelectoral.

]]> 24000319 Amparos contra la ley de Codedes están detenidos en la CC https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/amparos-contra-la-ley-de-codedes-estan-detenidos-en-la-cc/ Tue, 14 Oct 2025 20:26:19 +0000 Guatemala

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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Guatemala

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Fuentes informadas indican que dos magistrados titulares de la CC estarán ausentes la próxima semana, lo que retrasaría todavía más el discutir y tomar una decisión sobre los amparos.

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Corte de Constitucionalidad CC guatemala

Edificio de la Corte de Constitucionalidad en la capital de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) programó para este martes 14 de octubre el análisis de los cuatro amparos que cuestionan al Congreso por no conocer el veto al Decreto 7-2025, pero no se llegó a una resolución.

Los magistrados acumularon los cuatro recursos por referirse al mismo hecho: la forma en que el Congreso emitió un acuerdo legislativo para no discutir el veto a la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Diputados de oposición argumentaron que el veto carecía de un artículo de vigencia, lo que lo hacía extemporáneo; sin embargo, la Presidencia indica que al menos 50 vetos, entre 1994 y el 2022, fueron aceptados sin contar con dicho requisito.

Las dos facciones de diputados oficialistas, Movimiento Semilla y Raíces; el bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); y la Presidencia de Guatemala presentaron las acciones de amparo.

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Sede de la Corte de Constitucionalidad en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

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Los documentos se acumularon para ser conocidos en conjunto, al referirse al mismo hecho. Pese a contar ya con los informes requeridos, la Presidencia de la CC no los ha programado para discusión ni resolución provisional.

Los amparos buscan que se vuelva a conocer el veto al Decreto 7-2025, ya que, al emitir el acuerdo, los diputados evitaron discutir la decisión del presidente Bernardo Arévalo respecto de dicha ley.

También se pretende impedir la publicación del acuerdo legislativo en el Diario Oficial, para evitar que la ley entre en vigencia. Hasta el momento, la CC no tiene fecha para conocer el caso, lo que podría derivar en que el acuerdo impugnado sea publicado antes de una resolución constitucional.

Dos ausencias

Fuentes de la CC, que prefieren no ser citadas, indicaron que, aunque el caso busca frenar un acto que podría concretarse en cualquier momento —la publicación del acuerdo en el Diario Oficial—, aún no se ha programado para su resolución.

Esa tarea le corresponde a la presidencia de la CC, que actualmente ocupa la magistrada Leyla Lemus. Según las mismas fuentes, tanto Lemus como el magistrado titular Héctor Hugo Pérez Aguilera presentaron excusas y no integrarían los plenos entre el 20 y el 26 de octubre.

Se consultó al Departamento de Comunicación Social de la CC sobre las razones de las ausencias, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Otro expediente acumulado es el que cuestiona la designación directa de magistrados en nuevas salas de apelaciones. Este fue presentado por el abogado Erick Castillo y el diputado José Chic, y tampoco tiene fecha de posible resolución.

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