Envalentonados por su continuo éxito, la falta de resistencia de las fuerzas afganas y la mínima presión internacional, los talibanes han intensificado su violencia. Para las mujeres afganas, su creciente poder es aterrador.

A principios de julio, los líderes talibanes que tomaron el control de las provincias de Badakhshan y Takhar emitieron una orden a los líderes religiosos locales para que les proporcionaran una lista de niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 para “casarse” con combatientes talibanes. Todavía no se sabe si han cumplido.

Si estos matrimonios forzados se llevan a cabo, las mujeres y las niñas serán llevadas a Waziristán, en Pakistán, para ser reeducadas y convertidas al “auténtico Islam”.

Esta orden ha provocado un profundo temor entre las mujeres y sus familias que viven en estas zonas y las ha obligado a huir y unirse a las filas de los desplazados internos, lo que se suma al desastre humanitario que se está produciendo en Afganistán. Solo en los últimos tres meses, 900.000 personas han sido desplazadas.

Reminiscencias del brutal gobierno talibán

Esta directiva de los talibanes es una cruda advertencia de lo que se avecina y un duro recordatorio de su brutal régimen de 1996 a 2001, durante el cual las mujeres fueron sometidas a persistentes violaciones de los derechos humanos, se les negó el empleo y la educación, se les obligó a llevar el burka y se les prohibió salir de casa sin un “tutor” masculino o mahram.

A pesar de afirmar que han cambiado su postura respecto a los derechos de las mujeres, las acciones de los talibanes y sus últimos esfuerzos por someter a miles de mujeres a la esclavitud sexual demuestran todo lo contrario.

Además, los talibanes han señalado su intención de negar la educación de las niñas más allá de los 12 años, prohibir el empleo de las mujeres y reinstaurar la ley que exige que las mujeres estén acompañadas por un tutor.

Los avances logrados por las mujeres afganas en los últimos 20 años, sobre todo en materia de educación, empleo y participación política, están gravemente amenazados.

Ofrecer “esposas” es una estrategia destinada a atraer a los militantes para que se unan a los talibanes. Se trata de una esclavitud sexual, no de un matrimonio, y obligar a las mujeres a la esclavitud sexual bajo la apariencia de un matrimonio es tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad. El artículo 27 de la Convención de Ginebra establece:

“Las mujeres deben ser especialmente protegidas contra todo atentado a su honor, en particular contra la violación, la prostitución forzada o cualquier otra forma de atentado a su pudor”.

En 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1820 declarando que “la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad”. Reconoce la violencia sexual como una táctica de guerra destinada a humillar, dominar e infundir miedo a los miembros civiles de la comunidad.

Cómo contraatacar

La ONU debe actuar ahora con decisión para evitar que se cometan más atrocidades contra las mujeres en Afganistán.

Propongo cuatro acciones políticas para que la comunidad internacional logre una paz sostenible. Se guían por la Resolución 1820 que subraya la importancia de incluir a las mujeres como participantes iguales en el proceso de paz y condena todas las formas de violencia de género contra los civiles en los conflictos armados:

1. Pedir un alto el fuego inmediato para garantizar que el proceso de paz pueda avanzar de buena fe.
2. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, consagrados en la Constitución de Afganistán, la legislación nacional y el derecho internacional.
3. Insistir en que las negociaciones de paz continúen con una participación significativa de las mujeres afganas. Actualmente, solo hay cuatro mujeres negociadoras de paz en el equipo del gobierno afgano y ninguna en el de los talibanes.
4. El levantamiento de las sanciones contra los talibanes debe estar condicionado a su compromiso de defender los derechos de las mujeres. La Unión Europea y Estados Unidos, que actualmente son los mayores donantes de Afganistán, deben condicionar la ayuda a los derechos de las mujeres y a su acceso a la educación y al empleo.

Las mujeres de Afganistán y de toda la región agradecerían los esfuerzos de la ONU y de la comunidad internacional para garantizar que las supervivientes de la violencia sexual tengan la misma protección ante la ley y el mismo acceso a la justicia.

No debe haber impunidad para los actos de violencia sexual como parte de un enfoque integral para buscar la paz sostenible, la justicia y la reconciliación nacional en Afganistán.

Vrinda Narain, Associate Professor, Faculty of Law, Centre for Human Rights and Legal Pluralism; Max Bell School of Public Policy, McGill University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Los combatientes leales a Ntaganda llevaron a cabo masacres espantosas de civiles, según los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

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Ntaganda, apodado “Terminator”, fue declarado culpable de 18 delitos que incluyen asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y el uso de niños soldados.

Con esta sentencia, se convierte en la primera persona a quien la CPI condena por esclavitud sexual.

Advertencia: este artículo detalles que a algunos lectores les pueden resultar perturbadores.

Ntaganda, cuya pena concreta será decidida en una audiencia posterior, es la cuarta persona condenada por la CPI desde que esta institución fuera creada en 2002. Tiene 30 días para apelar.

El exrebelde de 46 años estuvo involucrado en varios conflictos armados tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo.

Ntaganda se rindió en la embajada de Estados Unidos en Ruanda en 2013.

Los analistas dijeron entonces que fue un acto de autoconservación, motivado por el peligro que corría después de perder una lucha de poder dentro de su grupo rebelde M23.

¿Quién es Bosco Ntaganda?

• Nació en 1973, creció en Ruanda.
• En su adolescencia, huyó a la República Democrática del Congo después de que su etnia, los tutsis, fueran atacados.
• A los 17 años, empezó a combatir alternando bandos: a veces, con los rebeldes; otras, con los soldados tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo.
• 2002-2003: lideró la milicia en la región congolesa de Ituri.
• 2006: fue acusado por la CPI de presuntamente reclutar niños soldados en Ituri.
• 2008: estuvo a cargo de las tropas que llevaron a cabo la masacre de Kiwanj, en la que murieron 150 personas.
• 2009: ingresó al ejército nacional congoleño, donde fue nombrado general.
• 2012: desertó del ejército, lo que provocó una nueva rebelión que obligó a 800.000 a abandonar sus hogares.
• 2013: se rindió en la embajada de Estados Unidos en Kigali (capital de Ruanda), después de que divisiones en su grupo rebelde.

¿Qué hizo?

Una corte formada por tres jueces declaró a Ntaganda culpable de los 18 delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad que estaba acusado de haber cometido en la región noreste de Ituri, rica en minerales, entre 2002 y 2003.

Ntaganda fue un “líder clave” que dio órdenes de “atacar y matar a civiles”, dijo el juez Robert Fremr en el fallo.

Los fiscales habían dicho que Ntaganda había sido clave en la planificación y ejecución de las operaciones de los rebeldes de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y de su ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC).

La CPI falló que este grupo armado realizó ataques contra aquellos a quienes consideraba no miembros del grupo étnico Hema.

En un ataque, los combatientes mataron a 49 personas capturadas en una plantación de plátanos ubicada detrás de una aldea usando “palos y bastones, así como cuchillos y machetes”.

“Se encontraron hombres, mujeres, niños y bebés en el campo. Algunos cuerpos fueron hallados desnudos, algunos tenían las manos atadas, algunos tenían la cabeza aplastada. Varios cuerpos fueron destripados o mutilados”, dijo el juez Fremr.

La violencia en la región ha acabado con la vida de más de 60.000 personas desde 1999, mientras las milicias luchan entre sí por el control de los escasos recursos minerales, según grupos de defensa de los derechos humanos.

Los jueces dictaminaron que Ntaganda había matado personalmente a un sacerdote católico mientras que los combatientes que estaban bajo sus órdenes arrasaban la región.

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Los crímenes tuvieron lugar cuando Ntaganda se desempeñaba como jefe adjunto del personal general de Thomas Lubanga, quien era el líder de la UPC. Este último fue la primera persona condenada por la CPI en 2012 y sentenciado a 14 años.

Una medida de justicia importante

Por Anna Holligan, de BBC News, en La Haya

49 cuerpos mutilados esparcidos en una plantación de plátanos. Una mujer embarazada asesinada mientras trataba de protegerse de una violación. Niños menores de 15 años reclutados para luchar; mujeres y niñas mantenidas como esclavas sexuales.

En la corte, los jueces destacaron el horror que trajeron las fuerzas rebeldes de Bosco Ntaganda antes de declarar a este hombre de 46 años culpable de los 18 cargos de los que se le acusaba.

Más de 2.000 sobrevivientes fueron admitidos para participar en este juicio. Grupos de derechos humanos dijeron que esta sentencia constituía una medida de justicia importante.

Si se ratifica el veredicto de culpabilidad, la siguiente pregunta que los jueces deberán contestar será cuánto tiempo pasará Ntaganda tras las rejas, y qué compensación, si corresponde, se otorgará a los sobrevivientes, muchos de los cuales arriesgaron sus vidas para proporcionar pruebas en este juicio. Ahora esperan que la corte ofrezca reparaciones tangibles para ayudarlos a reconstruir sus vidas.

¿Cuál es el pasado de Ntaganda?

Ntaganda luchó bajo el mando del líder del Frente Patriótico Ruandés (FPR) y ahora presidente de Ruanda, Paul Kagame, para poner fin al genocidio de 1994 contra su grupo étnico, los tutsi.

Después de que los disturbios de Ruanda se extendieran a la vecina República Democrática del Congo, comenzó a cambiar de bandos, luchando a veces a favor de las rebeliones y otras, sirviendo en ejércitos nacionales, tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo.

En 2012, se convirtió en el miembro fundador del grupo rebelde M23, después de que desertara junto a cientos de soldados del ejército nacional congoleño.

Más tarde, sus combatientes tomaron la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, antes de acordar su retirada. Se reportó que al menos 800.000 personas huyeron de sus hogares.

El grupo rebelde M23 fue finalmente derrotado por las fuerzas del gobierno congoleño en 2013.

La publicidad, junto con otras de gatitos y armas, apareció en una aplicación encriptada y fue enviada a la Associated Press por un activista de la comunidad yazidi de Irak, que trata de liberar a unas tres mil mujeres y niñas que se cree están siendo retenidas como esclavas sexuales por extremistas de la agrupación Estado Islámico.

A medida que el EI es expulsado de una ciudad tras otras en el califato que ha creado, aumenta su control sobre sus cautivas, internando a las mujeres yazidis en su territorio y vendiéndolas como esclavas en populares aplicaciones encriptadas como Telegram y WhatsApp, según comprobó la AP.

Miles de yazidis curdos fueron tomados prisioneros y miles más fueron asesinados cuando los combatientes del EI ocuparon sus pueblos del norte de Irak en agosto del 2014. Desde entonces las mujeres yazidi capturadas han sido forzadas a trabajar como esclavas sexuales.

Se calcula que dos mil 554 de ellas fueron liberadas por contrabandistas. Hacia mayo el ritmo de liberaciones había disminuido mucho y solo 39 habían sido rescatadas en las seis semanas previas, según cifras del gobierno regional curdo.

Lamiya Aji Bashar trató de escaparse cuatro veces antes de lograrlo finalmente con la ayuda de un contrabandista en marzo. La fuga fue una odisea, ya que fue perseguida por combatientes del EI. Dos niñas que escaparon con ella murieron al estallar una mina terrestre. Lamiya perdió la vista en el ojo derecho a raíz de la explosión, que le dejó grandes cicatrices en el rostro.

Hablando desde una cama en la casa de su tío en Baadre, pueblo del norte de Irak, la muchacha de 18 años le dijo a la AP que, a pesar de haber quedado desfigurada, no se arrepiente de haber emprendido la arriesgada fuga.

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“Incluso si perdía la vista en ambos ojos, hubiera valido la pena”, expresó, “porque sobreviví”.

Los yazidi están en la mira del EI porque tienen creencias antiguas que combinan elementos del islamismo, el cristianismo y el zoroastrismo, y los extremistas suníes los consideran infieles.

Se calcula que la población yazidi era de 500 mil personas antes de la guerra. No se sabe cuántos hay hoy.

La AP consiguió fotos de 48 cautivas, suministradas por una mujer que logró escapar. Da la impresión de que son las mismas tomas del banco de datos usado para impedir que las cautivas pasen puestos de control o para promover su venta mediante aplicaciones.

Mirza Danai, fundadora de una agrupación alemana-iraquí de ayuda llamada Luftbruckek Irak, dijo que el banco de datos trata a las mujeres como si fuesen una mercadería.

“Registran a cada esclava, cada persona con el nombre de su dueño. Si la mujer se escapa, todos los servicios de seguridad y los puestos de control son informados”, dijo Danai.

Las fotos obtenidas por la AP muestran niñas que lucen ropas finas, algunas de ellas muy maquilladas. Miran sombríamente hacia la cámara. Algunas recién ingresan a la adolescencia. Ninguna parece mayor de 30 años.

La madre, Nouri Murat, dijo en un centro para personas desplazadas en el norte de Irak que Nazdar pudo llamarla una vez, hacía seis meses.

“Hablamos unos pocos segundos. Dijo que estaba en Mosul”, expresó Murat, aludiendo a la segunda ciudad más grande de Irak. “Cada vez que alguien regresa, le preguntamos qué le pasó y nadie sabe nada de ella. Hay quienes dicen que se suicidó”.

Ella no sabe si creerles o no.

Hussein Koro al-Qaidi, director de un comité de asistencia a los yazidi de la ciudad de Dahuk, en el norte de Irak, dijo que nadie ayuda a esa comunidad. Y se están quedando sin dinero para pagar a contrabandistas o para rescates, según el gobierno curdo y organizaciones que tratan de salvar a las mujeres.

“Ni el gobierno iraquí, ni las organizaciones caritativas internacionales ni ningún otro país nos están ayudando a salvar a las niñas yazidi”, dijo al-Qaidi.

Las fotos contrabandeadas ofrecen a las familias de las muchachas la esperanza de que tal vez las vuelvan a ver. Pero también son usadas por EI para venderlas en Telegram e incluso en WhatsApp y Facebook, de acuerdo con un activista conocido como Alan que está documentando las transacciones.

El activista, que usa el seudónimo por temor a ser atacado por extremistas, le mostró a la AP las negociaciones en torno a las muchachas llevadas a cabo en conversaciones privadas, que no pueden ser vistas por nadie más.

Tanto WhatsApp como Telegram usan un sistema de encriptado para proteger la privacidad de los usuarios y dicen que ni ellos mismos tienen acceso a sus conversaciones.

“Telegram es muy popular en el Medio Oriente, entre otras regiones”, dijo el vocero de Telegram Markus Ra. “Lamentablemente, esto incluye tanto elementos marginales como las grandes masas que acatan las leyes”. Aseguró que la empresa hace todo lo posible por evitar abusos y que rutinariamente elimina canales públicos usados por EI.

Además del posting de la niña de 12 años en un grupo con cientos de miembros, la AP pudo ver un aviso en WhatsApp que ofrecía a una mujer con sus hijos de 3 años y 7 meses, a un costo de US$3 mil 700. “Ella quiere que su dueño la venda”, dice el posting, que va acompañado de una foto.

“Tenemos una tolerancia cero para este tipo de comportamientos y desactivamos las cuentas cuando tenemos pruebas de actividades que violan nuestros términos. Alentamos a la gente a que use nuestras herramientas para hacer denuncias cada vez que ven este tipo de comportamiento”, dijo Matt Steinfeld, vocero de WhatsApp.

Las posibilidades de que las mujeres sean rescatadas disminuyen con cada día que pasa.

Por más que el EI se haya tenido que ir de Ramadi y Faluya, no hay rastros de las muchachas.

Y el atribulado gobierno regional curdo demora los reembolsos a las familias que pagaron a coyotes o rescates, de acuerdo con Andrew Slater, de la organización de ayuda a las yazidi Yazda.

“Cada vez hay menos rescates y van a cesar. La gente se está quedando sin dinero. Tengo decenas de familias que deben decenas de miles de dólares”, dijo Slater. “Quedan miles de mujeres y niñas en cautiverio y se hace cada vez más difícil rescatarlas”.

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó allanamientos en tres viviendas de las zona 2, y en el inmueble ubicado en la 11 avenida y 4a. calle, capturó a los presuntos líderes de la organización de esclavitud sexual.

En otra vivienda, los agentes policiales rescataron a cinco menores, quienes aparentemente estaban retenidos y eran víctimas de explotación sexual.

La PNC reportó las detenciones de Rudbil Noé Nájera, de 27 años, Romi Antonio Paniagua Corado, de 32 años, y Wilber Alexander Pérez, de 32 años. Los tres aprehendidos son señalados de dirigir la estructura dedicada a someter a esclavitud sexual a personas tránsgenero.

Según las investigaciones de la PNC, los capturados también se dedicaban a asaltar a trabajadoras sexual por las noches.

A los detenidos se les sindica de los delitos de Trata de Personas y Promoción y Facilitación a la Prostitución.

Rescatan a dos menores en la zona 2, víctimas de esclavitud sexual. pic.twitter.com/tDVOqpHz2X

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) 3 de junio de 2016

“Ahora que tengo 36 y he podido escapar de sus redes, quiero denunciar sus atrocidades”, afirmó.

Nacido en Bolivia y residente en España, 'Paulino' afirma haber sido tratado “como una bestia de carga” durante los tres años que pasó en Kenia.

“A la esclavitud laboral, se añadía la sexual. Nos decían que la vida sexual activa es algo que Dios quiere y que también quiere que vayamos desnudos porque desnudos nos creó”, añadió, precisando que el cura que dirigía la comunidad “montaba orgías con hombres y mujeres, en las que, a veces, participaba activamente”.

La presunta víctima asegura que se quejó en vano en varias ocasiones a la Iglesia desde 2012.

El director de Religión Digital, José Manuel Vidal, que publicó el testimonio, escribe que lo presentó al Papa en septiembre pasado, y que el propio Francisco le dijo “publíquelo, publíquelo”.

El Papa ya había animado a otra presunta víctima de abusos sexuales a denunciar un supuesto caso de pedofilia en Granada (Andalucía, sur de España) a finales de 2014.

“Me duele, sobre todo, que durante todos estos años en los que no fui capaz de denunciar, ellos han seguido abusando de chicos y chicas. Y lo siguen haciendo, con total impunidad y descaro”, denuncia Paulino en su confesión, algunos pasajes de la cual también han sido publicados por el diario El País.

Varios miembros de la comunidad citada en su testimonio, activa principalmente en Kenia y Etiopía, formaron parte de una asociación acusada desde finales de los años 1980 de derivas sectarias.

Según el medio, los ciudadanos de la capital yihadista que se nieguen a entregar a sus hijas a los combatientes, aunque estas no hayan alcanzado la pubertad, serán castigados de acuerdo con la ley islámica.

Anteriormente, una página web que monitorea las violaciones contra los derechos humanos en los territorios ocupados por el “califato” afirmó que las autoridades del Estado Islámico están preocupadas por la propagación del VIH entre sus milicianos debido a la práctica de los yihadistas de mantener relaciones con esclavas sexuales.

El brote tiene su se habría originado en una donación de sangre de un ciudadano indonesio que llegó a Siria en 2014 a yihadistas heridos y sabía que era portador del virus, según relató a un corresponsal de la página Sound and Picture uno de los insurgentes.

El indonesio, condenado a muerte por perjudicar a los miembros del EI, había vendido una joven esclava yazidí de 15 años a otro yihadista, de nacionalidad egipcia.