Desmontan equipo de monitoreo para vigilancia en alcaldía de Antigua Guatemala

Retiran equipo de monitoreo para videovigilancia en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Óscar García y Andrea Domínguez

23 de diciembre de 2025

|

15:49h

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El Ministerio Público efectuó diligencia en el Centro Cultural César Brañas por tema de cámaras de monitoreo en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Un grupo de empresarios y autoridades ediles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, mantiene una pugna por el control de más de 500 cámaras de videovigilancia, situación que se intensificó este martes 23 de diciembre.

La Fundación para la Conservación de la Ciudad de La Antigua Guatemala (Fundantigua) emitió un comunicado en el que indicó: “Ante la negativa reiterada del alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, de devolver el equipo de monitoreo, propiedad de Fundantigua, el Ministerio Público (MP), con el acompañamiento del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, intervino formalmente y coordinó la recuperación del mismo, dentro de un proceso de investigación que actualmente se encuentra en curso”.

Fundantigua afirmó que el jefe edil “se resistió hasta el último momento a hacer entrega del equipo”, lo cual obligó a la recuperación mediante diligencia del MP, en el marco de una investigación por abuso de autoridad, apropiación y retención indebidas.

“La entrega del equipo se dio ante la inminente orden judicial que llegaría a la Alcaldía, como consecuencia de una denuncia plenamente procedente, que se interpuso ante el Ministerio Público”, afirmó la entidad.

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Fundantigua comunicó que la entrega de la propiedad privada no fue voluntaria y que “la negativa del alcalde de agilizar la devolución de los aparatos puso en riesgo la seguridad del municipio, al anteponer intereses personales a la legalidad y al funcionamiento de un sistema que es utilizado para la protección del vecino y del turista en Antigua Guatemala”.

Afirmó que recibió este 23 de diciembre el equipo en calidad de legítimo propietario y que lo trasladó de inmediato al nuevo Centro de Monitoreo, coordinado por el Ministerio de Gobernación, como representante del Estado, garante de la seguridad en el país.

Según la entidad, el objetivo es apoyar, “sin intereses particulares”, la seguridad de los antigüeños y de los turistas, la cual —según afirmó— se vio afectada entre el 2000 y el 2020, cuando el municipio fue catalogado como zona roja.

Recordó que esta situación motivó a un grupo de más de 60 empresarios a efectuar una alianza público-privada y firmar un convenio de cooperación con la Municipalidad de Antigua Guatemala, a la cual otorgó, en calidad de uso, más de US$1 millón en una Central de Monitoreo, cámaras y botones de emergencia.

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“Pero ante las políticas de la actual Alcaldía de no acudir a las mesas de seguridad, cambiar personal especializado por familiares de funcionarios, utilizar el sistema para colocar multas y alejarse del objetivo principal, que es la seguridad ciudadana, Fundantigua dio por terminado el convenio y trasladó su apoyo al Ministerio de Gobernación”, aseguró.

Fundantigua destacó que el fin del proyecto es contribuir con la comunidad antigüeña para mantenerla a salvo y lejos de la criminalidad y que, como ente respetuoso de la ley, sabe que la seguridad es responsabilidad del Estado de Guatemala, pero, como representante de un grupo de ciudadanos guatemaltecos responsables, “desea apoyar el engrandecimiento de Antigua Guatemala”.

El lunes 22 de diciembre, la Municipalidad de Antigua Guatemala comunicó que, derivado de la terminación unilateral del convenio de subvención 03-2025 por parte de Fundantigua, notificada el pasado 25 de noviembre, esa administración inició un proceso técnico para la devolución de los bienes que la Fundación aportó a título gratuito a la comuna para el Centro de Monitoreo y Control de Cámaras, ubicado en el Centro Cultural César Brañas.

Para leer más: Por qué Antigua es considerada un destino obligatorio para los turistas que visitan Guatemala

“A pesar de que Fundantigua no ha cumplido con la entrega del requerimiento formal por escrito detallando los bienes y no compareció a la reunión de seguimiento programada para el 11 de diciembre, la municipalidad ha procedido, de oficio, a realizar una auditoría técnica para el resguardo de información sensible y confidencial, propiedad de la comuna, y a la elaboración de un inventario técnico para priorizar equipos según su criticidad operativa”, afirmó.

Añadió la comuna que no ha recibido respuesta alguna a las comunicaciones enviadas para coordinar el retiro del equipo.

“Ante la inminente suspensión de labores por las festividades de fin de año y para evitar que los bienes permanezcan bajo custodia municipal fuera de los plazos previstos, se ha instado y conminado a Fundantigua para que, en un plazo de 12 horas, se presente con personal técnico calificado para el desmontaje y retiro de los bienes”, según informó la comuna el lunes.

Aseguró que ha cumplido con todas las fases preparatorias y que la responsabilidad del retiro físico recae exclusivamente en la gestión de Fundantigua.

“Nuestra prioridad absoluta es garantizar una entrega ordenada que no vulnere la seguridad de los habitantes de nuestra ciudad”, remarcó.

Se solicitó a la Municipalidad de Antigua Guatemala una postura por las diligencias de este martes, pero aún se espera la información.

El 26 de noviembre pasado, Fundantigua indicó que el proyecto de seguridad ciudadana, financiado con aportes privados, “se politizó” por supuestas interferencias de la comuna.

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Municipalidad y empresarios de Antigua Guatemala se enfrentan por control de cámaras de videovigilancia

Empresarios y autoridades de Antigua Guatemala sostienen una pugna por el control de más de 500 cámaras de videovigilancia, luego de que Fundantigua retirara el centro de monitoreo municipal y asumiera su operación.

Andrea Domínguez y César Pérez Marroquín

26 de noviembre de 2025

|

15:36h

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Monitores muestran la actividad captada por más de 500 cámaras operadas desde el centro de vigilancia que Fundantigua administra tras retirar el control a la municipalidad. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La disputa por el control del sistema de videovigilancia en Antigua Guatemala entre la municipalidad y un grupo de empresarios se intensificó este miércoles 26 de noviembre, luego de que la entidad Fundantigua retirara el centro de monitoreo municipal y asumiera directamente la operación de más de 500 cámaras instaladas en la ciudad colonial.

La organización asegura que el proyecto de seguridad ciudadana, financiado con aportes privados, “se politizó” por supuestas interferencias de la comuna.

El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, denunció un “boicot” y afirmó que existen acciones destinadas a presionar y perjudicar a los ciudadanos. Sin embargo, los empresarios vinculados al programa lo desmienten y argumentan que el convenio les permite tomar decisiones sobre su continuidad.

Asturias señaló que la municipalidad quedó sin acceso a la plataforma de vigilancia, lo que afecta la coordinación en tareas de prevención y respuesta. Indicó que ahora buscan adquirir su propio equipo para implementarlo en las 21 aldeas del municipio.

Por su parte, Fundantigua defendió su decisión al indicar que más de 60 empresas han invertido más de un millón de dólares en tecnología para fortalecer la seguridad del municipio. Entre los equipos donados figuran cámaras con reconocimiento facial, lectores de placas, botones de pánico y sistemas diseñados para enlazar emergencias con la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro.

La fundación sostiene que el proyecto nació como un esfuerzo ciudadano para suplir deficiencias en vigilancia, y que la municipalidad intentó intervenir sin claridad técnica ni respaldo jurídico.

“La seguridad es un objetivo compartido y el sector empresarial se compromete a que este funcione para beneficiar al vecino y al turista de Antigua Guatemala con el objetivo de que todos disfruten de la ciudad colonial y que el municipio sea un ejemplo a nivel nacional”, indica una presentación de Fundantigua.

Las autoridades municipales no descartan acciones legales, mientras que Fundantigua afirma que mantendrá la operación del sistema hasta garantizar su “independencia y transparencia”.

Los empresarios indican que ante la inseguridad, en el 2020 más de 60 representantes del sector local decidieron contribuir activamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y crearon el Centro de Monitoreo Ciudadano. Este fue equipado con más de 500 cámaras de alta resolución y 36 botones de emergencia, operado por personal especializado que, según denuncian, fue destituido por Asturias y reemplazado por trabajadores sin experiencia y con vínculos políticos.

La alianza público-privada, que se originó en el año 2000, contó con el respaldo del Ministerio de Gobernación y la Municipalidad de Antigua Guatemala, en un trabajo conjunto considerado exitoso.

Entre el 2020 y el 2024, aseguran, el sistema logró resultados positivos, como:

• Reducción de robos y asaltos en áreas céntricas.
• Mejor coordinación entre vecinos, operadoras de seguridad y autoridades.
• Uso de evidencia audiovisual en procesos penales.
• Reacción inmediata ante emergencias; las fuerzas de seguridad llegan en un promedio de tres minutos.

El alcalde Juan Manuel Asturias reconoció la importancia del centro de monitoreo y afirmó que con fondos municipales se ha financiado el proyecto y pagado al personal que labora en este.

“Desde el inicio de mi administración, nos hemos enfocado en la institucionalidad y en colocar personal idóneo en cada uno de los puestos de la municipalidad. Recientemente realizamos una evaluación del personal que opera el Centro de Monitoreo y, con base en criterios técnicos, determinamos que era necesario reubicar a algunas personas que no cumplían con los requisitos mínimos para puestos tan definidos”, dijo Asturias.

Agregó: “Esta acción, que busca la máxima eficiencia y profesionalismo, se tomó porque la municipalidad cree firmemente en la necesidad de controles estrictos para el manejo de información sensible. Garantizar que esta se use única y exclusivamente para asuntos de seguridad y justicia es una responsabilidad legal irreductible de parte nuestra. Lamentablemente, el personal removido había sido designado por la fundación y su lealtad, pese a ser un cuidado municipal, parecía estar con intereses particulares por encima de la institución para la que trabaja”.

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