La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reveló el pasado 9 de noviembre el informe, Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2023 para América Latina y el Caribe, en el cual revela que, en el caso de Guatemala, hubo más dificultad para acceder a alimentos.

El documento hace una evaluación del trienio 2020-2022 y detalla que, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en Guatemala aumentó en 14.6 por ciento al compararla con el trienio 2017-2019, y se situó en 59.8 por ciento —arriba del promedio de América Latina y el Caribe, 39%—, el equivalente a 10.5 millones de personas.

De acuerdo con la FAO, estos grados de inseguridad alimentaria reflejan las limitaciones para obtener alimentos suficientes en el transcurso de un año. La moderada es la situación en la que los individuos se enfrentan a incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos, viéndose obligados a reducir la calidad o cantidad que consumen, debido a la falta de dinero u otros recursos.

Mientras que la grave significa que se han quedado sin comida, han padecido hambre y, en el caso más extremo, han pasado días sin comer, con lo cual su salud y bienestar se ponen en grave riesgo. En ese lapso, solo Haití superó a Guatemala en la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave, puesto que la padeció más del 80% de su población.

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El estudio también revela que la inseguridad alimentaria golpea más a las mujeres, el 67.3% la padecieron frente al 52.3 de hombres.

Mal de nunca acabar

El informe de FAO también da detalles de la prevalencia de desnutrición crónica, o el retraso en el crecimiento de los menores de 5 años en relación con su edad.  En Guatemala este indicador se sitúa en 43.5% frente al 44.2% de 2020. Es decir, disminuyó apenas 0.7%

Guatemala es por mucho, el país donde sus menores de 5 años son más afectados por este mal que repercute, aparte del crecimiento, en las conexiones neuronales y consecuentemente en el rendimiento escolar y en la productividad de la persona en la vida adulta.

Según expertos, quienes sufre desnutrición crónica de pequeños, también son propensos a enfermedades crónicas de adultos.

Finalmente estudio también revela datos de subalimentación, que significa no alimentarse bien a pesar de contar con recursos, lo que usualmente deriva en sobrepeso u obesidad. En este sentido, según los datos de FAO, la prevalencia en Guatemala durante el trienio 2020-2022 fue de 13.3%, una disminución de 0.8% en relación con el periodo 2017-2019.

“Se han estancado los avances”

Al respecto del informe, Ricardo Rapallo, representan de FAO en Guatemala conversó con Prensa Libre y expuso su visión y recomendaciones acerca de los números, así como de las preocupaciones por el desarrollo de la coyuntura nacional e internacional.

¿Qué nos dicen los números de este informe?

Uno de los mensajes es que los lentos avances que veníamos viviendo en la región y en Guatemala con la disminución del hambre se han estancado por una combinación de factores. Evidentemente por toda la crisis del covid-19, por los acontecimientos entre Rusia y Ucrania y por el tema climático que lo hemos vivió aquí en Guatemala.

¿Qué se puede hacer de manera urgente en Guatemala tomando que habrá en enero un cambio de gobierno?

Hay medidas que se deben mantener y otras que se deben reforzar. En los primeros seis meses del próximo año hay una realidad, en relación con el precio de la canasta básica alimentaria —que se ha encarecido—, se necesitan intervenciones urgentes para la población de ingresos más bajos. Luego hay temas de mediano plazo, hemos hablado de las bondades del programa de alimentación escolar y creemos en políticas de programas de riego que son beneficiosas para paliar la variabilidad climática. Luego hay programas de apoyo a la agricultura familiar y pequeños productores que necesitan asistencia técnica y servicios financieros.

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¿Qué análisis hacen de la coyuntura mundial y cómo podría afectar a la seguridad alimentaria?

Vivimos en un contexto mundial muy volátil e incierto. Ahora estamos en una diminución de los precios de los alimentos a nivel mundial, —pero— en cualquier momento, cualquier dinámica cambia. Cada vez vemos que estamos sujetos a mayor recurrencia y severidad de impactos, económicos, ambientales y de otra índole.

En cuanto a retraso del crecimiento —desnutrición crónica—, ¿por qué no bajan las cifras después de tanta inversión pública y de cooperación?

En la medida que se desarrollen acciones integrales sostenidas sobre la variable económica estaremos atendiendo las causas —de la desnutrición crónica—, y para eso se necesita la intervención del Estado. Mientras que no haya agua potable, atención médica y oportunidades económicas no vas a cambiar esos indicadores; y eso, por desgracia, cuando se hacen diversos análisis, —estos— dicen que eso no ha sucedido.

La inseguridad alimentaria moderada y grave afecta más a las mujeres ¿por qué?

Ese indicador refleja a las personas que se ven obligadas a reducir la calidad o cantidad de comida que consumen, y esto es significativamente mayor en las mujeres por varias razones, normalmente de manera voluntaria o no sacrifica parte de lo que ella puede ingerir para dárselo a los niños. También hay un tema cultural en el sentido de que la distribución de los alimentos va en perjuicio de ellas. Se garantiza que el hombre, que trabaja en el campo, tenga mejor alimento, luego el hijo mayor o el que trabajan con el papá. Si sobra se le da a la niña y por último a la mujer.

¿Las crisis políticas como la que atraviesa Guatemala qué tanto afectan a la seguridad alimentaria o qué tanto preocupan?

Sin duda. Por ejemplo, lo que pasa en Gaza e Israel es una vulneración obvia al derecho a agua y alimentación. Lo que sucede en Panamá con el corte de carreteras y en Guatemala, durante los bloqueos, vimos cómo aumentaron los precios y si a eso le sumas otras crisis, económicas o climáticas, afectan todavía más a las familias que viven en un nivel de fragilidad, como lo vemos en los indicadores de inseguridad alimentaria aguda que las familias tienen tal precariedad en sus medios de vida que estas crisis son gotas más que se derraman del vaso.

Los problemas que miles de guatemaltecos atraviesan de manera cíclica todos los años es de nunca acabar. Las crisis alimentarias y las imágenes de pequeños que lloran desnutridos en los brazos de sus madres se han vuelto comunes, sin que haya surgido un plan serio que le apueste a acabar con este mal.

Al contrario, las estimaciones que periódicamente hacen agencias especializadas en seguridad alimentaria en el mundo revelan que el número de guatemaltecos en crisis y emergencia alimentaria ha crecido desde el 2018 a la fecha.

Este reporte adoptado internacionalmente por muchos países se conoce como CIF —Sistema Integrado en Fases de la seguridad alimentaria—. En noviembre de 2018, este reporte calculaba en dos millones 115 mil el número de personas en el país en crisis y emergencia alimentaria.

Para junio del 2019, este número se había elevado a tres millones 60 mil. En julio de 2020 la cifra bajó a 1.3 millones, aunque sin tomar en cuenta el impacto de las tormentas ETA e Iota que golpearían al país en noviembre de ese año.

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El cálculo para agosto de 2021 que ya incluía el impacto de dichos fenómenos climáticos fue de tres millones 458 mil. Finalmente, la estimación que se tiene para septiembre de este año aumenta el número de personas en las fases 3 y 4 del CIF a cuatro millones 600 mil.

El reporte CIF mide la seguridad alimentaria en cinco niveles o fases. El primero, en el que no se tienen dificultades para conseguir alimentos. El dos en el cual las personas ya experimentan algunos problemas y se califica como “estrés alimentario”. En la tres se transforma en una “crisis” y en la cuarta fase pasa a una “emergencia”.

El nivel cinco se considera “desastre” alimentario o hambruna, fase caracterizada por la carencia grave de alimentos que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de personas con las consecuentes muertes por inanición.

Planes

Diferentes gobiernos han impulsado programas para el combate de la desnutrición enfocados en la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables, pero los resultados no han llegado.

En el gobierno de Alfonso Portillo se lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional cuyo fin era asegurar la disponibilidad de alimentos. En el 2006, la administración de Óscar Berger lanzó el Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica.

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Con la llegada de Álvaro Colom al Gobierno se creó el programa Mi Familia Progresa que consistía en la entrega de Q300 a las familias con la condición de que enviaran a sus hijos a la escuela y a chequeos médicos. Mientras que con Otto Pérez Molina el programa cambió al Pacto Hambre Cero.

En el 2016 el gobierno del presidente Jimmy Morales hizo el lanzamiento de la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica que priorizaba a 82 municipios. Finalmente, en el 2020, el mandatario Alejandro Giammattei lanzó la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.

Todos los planes han coincidido en dos aspectos: sus objetivos y sus pobres o nulos resultados. La desnutrición crónica sigue afectando a casi el 50% de los menores de 5 años, mientras que al menos 533 niños han fallecido por desnutrición aguda del 2017 a la fecha.

Apoyo a familias

Pero la reducción de la desnutrición, que el mismo Giammattei calificó el día que asumió el cargo como “el gran fracaso de nuestro país”, pasa por garantizar la producción de alimentos a las familias que viven de la agricultura y que han sido afectadas por las variabilidades del clima.

Según estimaciones, unos 600 mil hogares guatemaltecos se dedican a la agricultura de subsistencia e infra subsistencia y asegurarles la producción de sus propios alimentos reduciría la posibilidad de que entren en crisis o emergencia alimentaria y disminuiría los índices de desnutrición aguda y crónica.

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Para el especialista en desarrollo rural, Adrián Zapata, el hambre que atraviesan miles de guatemaltecos año tras año es inherente con la realidad de pobreza que se viven en el área rural y que alcanza al 70% de esa población.

Considera que la responsabilidad de la situación de hambre en buena parte corresponde a la “indolencia del Estado que no ha sido capaz de impulsar una política de apoyo a la agricultura familiar”.

Zapata lamentó que los programas que han lanzado distintos gobiernos no han sido más que “discurso y narrativa” y no han fortalecido el sistema nacional de extensión rural para que defina soluciones que aseguren la producción de alimentos de manera permanente.

Señaló que el Ministerio de Agricultura ha jugado un papel asistencialista que más le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social.

El experto añadió que el fortalecimiento de este sistema pasa por inyectarle más recursos, lo cual demanda de una reforma tributaria; sin embargo, subraya que la corrupción también ha minado la capacidad de las instituciones de ejecutar programas y proyectos, aunque en la teoría los tengan.

“El Estado no solo no tiene una política pública de agricultura familiar, sino que las acciones aisladas que toma las hace en medio de la corrupción, por esto la situación es dramática”, acotó Zapata.

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Acciones sostenibles

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Guatemala (FAO) cree que el país tiene oportunidades en el sector agropecuario y agroindustrial para generar ingresos y empleos de calidad, pero cualquier estrategia para enfrentar la inseguridad alimentaria debe ser sostenida en el tiempo y verse reflejada en el presupuesto.

Además, expuso que es ineludible contar con un sistema de protección social sólido y una reactivación económica enfocada en las personas más vulnerables cuya seguridad alimentaria está en riesgo.

“Si no hay un piso mínimo para garantizar los ingresos y la alimentación es difícil detonar un proceso de desarrollo”, subrayó Ricardo Rapallo, representante de la FAO en Guatemala.

El funcionario internacional dijo que ciertos programas implementados en Guatemala han sido positivos para las familias que viven en el campo, como el de alimentación escolar o el de incentivos forestales; no obstante, reconoció que “sin duda, los resultados no son los que esperamos”, ni son los que se merece “un país con el recurso humano y natural disponible”.

“La sostenibilidad de los programas, de las personas que los llevan a cabo y de los recursos para implementarlos, es clave”, expuso Rapallo, pero también la inversión pública para garantizar servicios como el agua potable y la asistencia técnica y financiamiento para miles de organizaciones y cooperativas que “están listas para dar el salto”.

Proyectos

El Maga, a través de su oficina de Comunicación, enlistó una serie de planes con que cuenta para garantizar la producción de alimentos a las familias campesinas.

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Entre estos, inversiones en la producción y compra de semillas biofortificadas, la creación de huertos familiares, comunales y escolares —de los cuales se han instalado más de 170 mil—, de los cuales, en muchos hay granjas de aves y otros animales, o piletas para la producción de tilapia.

Además, la promoción de cultivos nativos con alto contenido nutricional y medicinal y la entrega de estipendios agropecuarios a pequeños productores que implementen prácticas de conservación de suelos, como acequias de infiltración o drenaje, barreras muertas o terrazas individuales

Estas iniciativas prevén “la capacitación y acompañamiento de técnicos y profesionales del Maga para contribuir al fortalecimiento de la producción de alimentos”, aseguró la oficina.

Por aparte, también se trabaja en planes de emergencia para apoyar a unas 400 mil familias. Principalmente el almacenamiento de granos básicos, 280 mil quintales de la reserva nacional y 360 mil adicionales con la instalación de 30 mil silos metálicos familiares. Asimismo, se prevé la entrega de raciones de alimentos a 300 mil familias.

Centroamérica vuelve a sufrir hambre, con el 10 % de su población sin poder acceder a los alimentos básicos para su actividad diaria y con Guatemala en la situación más crítica, tras casi 20 años reduciendo esas cifras alarmantes.

Así lo dijo en una entrevista a Efe el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá y Costa Rica, el brasileño Adoniram Sanches.

“Centroamérica mostró un repunte del hambre. La mala alimentación vuelve a crecer después de casi dos décadas de caída”, explicó.

Sanches señaló que el 10 % de la población de Centroamérica, con alrededor de 50 millones de habitantes, sufre inseguridad alimentaria grave, es decir, hambre, y que el 41 % sufre inseguridad alimentaria moderada, cifras “elevadas” basadas en el informe ‘Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021’ de la FAO.

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Centroamérica no había registrado estos números en los últimos 20 años, aunque desde 2017 hay un leve incremento paulatino de la hambruna, pues oscilaba entre 7,4 % -la cifra más baja, reportada en 2010- y 8,1 % -la más alta, en 2019-, según el informe.

Las tasas de hambre varían según el país: mientras que Guatemala registra el 18 % de su población, de unos 16.3 millones de personas, con hambre, Panamá consiguió mantener la tasa de hambruna en 7 %, de sus 4.2 millones de habitantes.

“Panamá fue un gran logro de mantener a esas 300 mil personas (…) en un contexto donde todo es aumento”, detalló.

Covid-19, crisis climática y corredor seco

“Estamos preocupados de que haya una crisis alimentaria dentro de la crisis sanitaria”, agregó.

Sanches explicó que este aumento de la hambruna en Centroamérica se debe a tres factores principales: pandemia de la covid-19, la crisis climática y los conflictos.

El coordinador recordó que la región “en los últimos 10 años ha pasado por dos huracanes -Eta e Iota- 6 sequías y una pandemia”.

Y expresó su preocupación por el Corredor Seco, una extensión en el litoral Pacífico expuesta a prolongadas etapas de sequías y también catastróficas inundaciones.

Unos 10 millones de personas viven a lo largo del Corredor Seco, que se extiende por El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la gran mayoría dependiente de la agricultura y con inseguridad alimentaria.

Y, según Sanches, son los tres principales países del Corredor, El Salvador, Honduras y Guatemala, los que registran las tasas más altas de hambre.

“Es un tema que nos afecta mucho”, añadió.

No es un problema de producción, sino de acceso

“Está bastante probado que el problema (con el hambre) no es de producción sino de acceso económico y recursos para encontrar los alimentos”, dijo Sanches.

“El ciudadano con cinco o diez dólares encuentra alimentos en la esquina”, agregó.

Por eso, propuso la creación de “una estrategia de producción interna para tener acceso” a los alimentos, ya que Centroamérica es una región productora y exportadora de alimentos básicos, como el café.

Por ejemplo, “Guatemala tiene un grupo grande de personas con hambre, es portador de café, sandía y melón”, por eso desde la FAO “apoyamos a la agricultura familiar”, sostuvo el coordinador.

Los pobres, los más afectados

En Centroamérica, los más afectados por las altas cifras de inseguridad alimentaria es la población con menos recursos económicos, quienes registran mayores dificultades para acceder a los alimentos básicos.

“Los más pobres son los que más sufren el hambre”, en Centroamérica, donde la mayoría de la población es de recursos bajos, pues una parte de ellos vive en áreas rurales y solo come lo que produce, generalmente maíz y fríjol, en lo que se llama agricultura de subsistencia.

Sanches explicó que incluso en medio de esta desigualdad, dentro de los estratos sociales, hay grupos que son golpeados doblemente como “las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes”.

“Estamos hablando de que en los países centroamericanos, el 10 % no tienen la caloría necesaria para mantener una actividad diaria”, concluyó.

“Aquí le manda el presidente, y le manda muchas bendiciones”, decía el jefe de la empresa pública de electricidad, Edwin Núñez, cuando entregaba alimentos en el noroeste de El Salvador a familias pobres golpeadas por el confinamiento decretado para contener el coronavirus.

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La distribución de alimentos a familias vulnerables en Centroamérica, donde se registran cerca de 127.000 contagios y más de 3.300 muertes por el coronavirus, ha sido una de las principales políticas sociales en el istmo, aunque algunos gobiernos lo han aprovechado para hacer proselitismo, según analistas.

La ayuda resulta insuficiente en países donde pobladores salen a las calles a pedir dinero o alimento, a pesar de la inevitable amenaza de los contagios.

Cerca de 8,6 de los 50 millones de habitantes de Centroamérica están sumidos en la pobreza, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2019.

En el caso de El Salvador, Núñez entregaba un paquete con leche en polvo, harina de maíz, frijoles, arroz, pasta, atún y aceite en la comunidad La Reforma, 60 km al noroeste de San Salvador.

El presidente del país, Nayib Bukele, mandó distribuir 50.000 toneladas métricas de maíz blanco y más de 2.000 toneladas de otros alimentos.

El gobierno ha invertido cerca de 350 millones de dólares. Desde abril, las autoridades han entregado 300 dólares a las familias más pobres y desde mediados de mayo lleva a cabo el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), pensado para entregar 3,4 millones de paquetes de alimentos casa por casa, una operación sin precedentes.

A ello se han sumado las alcaldías. En Nueva Concepción, 85 km al norte de San Salvador, el alcalde, Raúl Peña, dijo a AFP que tiene la meta de repartir 20.000 gallinas a 10.000 familias.

“Muchas familias con bajos recursos económicos no cuentan con el sustento alimenticio”, explicó el edil. A través de un equipo de sonido, el alcalde convoca a los pobladores, que en minutos se agolpan frente a un camión convertido artesanalmente en una jaula rodante para repartir dos gallinas por familia.

“La ayuda humanitaria es necesaria para miles de hogares”, lo que se cuestiona es el uso “con fines políticos”, declaró a la AFP el director de la salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.

Sacos solidarios

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ordenó a los militares salir a repartir en las barriadas pobres “sacos solidarios”, en los que había harina de maíz, frijoles, arroz, aceite y pasta.

Según el encargado de la distribución, Arnaldo Bueso, hasta el 3 de julio 3,6 millones de habitantes se habían beneficiado de la medida.

“A mí me entregaron un saco solidario pero muchas casas se quedaron por fuera”, dijo a la AFP Pedro Joaquín Amador, activistas del opositor partido izquierdista Libertad y Refundación.

“Vi que politizaron la ayuda porque a los militares los acompañaban nacionalistas (activistas del oficialista Partido Nacional)” en las entregas, aseveró Amador.

Críticas a reparto de ayuda

En Guatemala, empresarios repartieron en marzo granos básicos, aceite, azúcar, harina de maíz y atol vitaminado, y el gobierno asegura que 1,4 millones de familias han sido beneficiadas con unos 130 dólares en ayudas.

Hay cierta molestia en la región porque muchos alegan que solo los allegados al gobierno reciben la ayuda y cientos de familias han salido a las calles o pedir alimentos o dinero porque no tienen ingresos, en especial los que viven de la economía informal.

En Nicaragua, el gobierno ha sido renuente a establecer medidas de prevención y contención del virus, y más bien promueve actividades con aglomeración de personas.

Aun así, mantiene los programas asistenciales previos a la pandemia, como la merienda escolar y paquetes de alimentos a personas de la tercera edad, con marcado tinte partidario.

En el caso de Panamá, el gobierno sostiene que ha repartido 1,8 millones de paquetes con aceite, arroz, avena, sal, atún el lata, jamón, pasta, cremas, azúcar, galletas, pasta de tomate, vegetales enlatados, harina, entre otros productos.

También entregó en cada casa el llamado “bono solidario” de 80 dólares.

Rómulo Roux, presidente del partido opositor Cambio Democrático (derecha), aseguró que “el bono solidario resulta una miseria para los hogares panameños”.

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De acuerdo con el informe mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre la reserva y el precio del maíz y frijol del productor, en Guatemala hay suficiente producción de ambos granos para abastecer a la población, el problema radica en que por la pandemia las personas se volcaron a hacerse de provisiones, entonces, la demanda de los productos creció, hubo acaparamiento y, por consiguiente, aumento de precios.

A principio del año el quintal de maíz se cotizó en Q128, y para el 18 de marzo este llegó a Q205, al siguiente mes descendió a Q168 y para el último día de junio se encontraba en Q155. Bajó, pero aun así el precio es alto y supera el promedio de los últimos cinco años, con un incremento del 18.32%, indica el reporte de la FAO.

Con el frijol sucede lo mismo, pero acá el aumento es mayor. De Q369 que se pagaba por un quintal en enero, para mediados de marzo este llegó a Q433. El precio siguió al alza, y para el 30 de junio costaba Q560. Hoy se cotiza un 38.5% más caro de como estaba hace cinco años.

Es en la región del occidente donde el precio del quintal de maíz blanco es más alto, se cotiza en Q170, mientras que en el caso del frijol negro, este es más caro en el norte del país, con un promedio de Q605.

La tendencia en el incremento de los precios continuará durante julio y agosto, y quizá llegue a septiembre, lo cual es normal según el informe, debido a que en esta época del año no hay cosecha de dichos granos en el país. Luego de este período los precios tienden a bajar.

Pero mientras esto sucede, las familias de escasos recursos están limitando su consumo de maíz y frijol, que son básicos en la dieta de los guatemaltecos.

Con menos en el plato

“Lo que hacen es racionar la comida: consumen menos o en lugar de tres tiempos hacen dos. Lo primero que dejan de comer es el frijol porque es más caro y porque llena menos, y comienzan a consumir hierbas, van buscando alternativas. En cambio, el maíz es el último que dejan de comer”, menciona Gustavo García, técnico de FAO en Guatemala.

La crisis golpea fuerte en el área rural, donde las restricciones de movilidad impiden a los pobladores trasladarse a ofrecer mano de obra fuera de sus comunidades.

En el corredor seco, por ejemplo, lo poco que las familias logran producir en sus terrenos les alcanza para cubrir tres o cuatro meses de alimentación, y para esta época del año ya no tienen reserva de granos. Así que deben trabajar en el corte de caña, café o de melón. Son Q65 los que aproximadamente reciben de jornal, pero ahora no cuenta con ese ingreso.

“A principios del año se fueron a la costa y antes de marzo los regresaron por las restricciones debido al covid-19, regresaron a sus casas con menos dinero y no lograron comprar su reserva de granos básicos para el resto del año”, señala García.

Mientras que en el norte del país lo que ocurre es que las familias, pese a que tienen más extensión de tierra, tienen mejores condiciones de suelos y suelen cultivar más, consumen lo que producen y venden otro poco, este año como daño colateral del covid-19, la reserva de alimento que tenían debieron venderla para generar algo de dinero y comprar otro tipo de alimentos. Esto es algo atípico en la región.

El documento Evaluación de emergencia en seguridad alimentaria señala que 2.3 millones de personas no tienen acceso a alimentos y que necesitan de asistencia para acceder a los alimentos. Afecta con más saña en el área rural donde viven cuatro de cada diez guatemaltecos y la tasa de pobreza alcanza el 73%, de acuerdo al BIDeconomics Guatemala elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero esta crisis también alcanza a las zonas urbanas, de acuerdo con Diego Recalde, representante Interino de la FAO en Guatemala, pues acá las familias que no tienen tierra para sembrar o espacio para la crianza de animales, de donde podrían echar mano para alimentarse. “La pobreza urbana se hace más dura en este período”, agrega.

El frijol se va a México

El informe de la FAO menciona como otro factor que afecta en el aumento de precios, en el caso del frijol negro, es que desde mayo el grano que se produce en el norte del país es comercializado en México, donde lo compran a un mejor precio. Mientras que la producción de la zona del oriente la llevan al norte y allí lo venden más caro.

Esto disminuye la oferta en los municipios del corredor seco y por consiguiente el producto se encarece en esa zona del país, y al no tener las familias poder adquisitivo suficiente, deben prescindir del producto.

“Se ha observado disminución del consumo de frijol negro, principalmente en las familias que están en situación de inseguridad alimentaria aguda severa. La mezcla de frijol negro con maíz representa una fuente importante de proteína en la dieta de estos hogares”, dice el Pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional de la Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional (Sesán), del segundo trimestre del año.

La situación con el maíz es diferente. García indica que en el país hay un déficit por la baja cantidad que se produce, sin embargo, esto se compensa con el grano que ingresa de México, con lo cual se logra abastecer el mercado local.

Pero esa escasez del producto nacional también obedece a que en los últimos cinco años ha disminuido el área de siembra en el país, pues el uso de la tierra ha cambiado y muchas de las regiones maiceras ahora están destinadas a la palma africana y al banano.

Además, las sequías prolongadas que se han registrado durante los últimos años en el Guatemala desestimulan al pequeño agricultor que desiste de sembrar, y que también ve una seria competencia con el grano que ingresa desde México a un precio menor, pero esto se debe a que en el país vecino los productores reciben un subsidio de parte del gobierno.

“No es que haya escasez del grano, sino que la oferta disminuyó y eso lo que hace es incrementar los precios, pero grano para suplir las necesidades del país sí hay”, recalca García.

A partir de septiembre los precios del maíz y del frijol podrían normalizarse, pues pese al confinamiento las familias continúan con las labores de siembra en sus terrenos, la agricultura nunca paro, y con el comportamiento que ha tenido la temporada de lluvia se prevé una cosecha que les permita abastecerse y paliar esta escasez de alimento.

Debido a una potencial crisis alimentaria aguda, Recalde refiere que es urgente establecer programas de apoyo a la población, como transferencias de efectivo para que las familias tengan la posibilidad de compra productos, lo que resulta más ágil, que transportar alimentos para repartir entre los más vulnerables.