El Tribunal Undécimo Penal, que preside Morelia Ríos, finalizó de revisar decenas de pruebas y compararlas con los relatos de los testigos y los peritos para dictar la sentencia en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula.

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Después de 92 audiencias y un año y dos meses de debate, las juezas se tomaron diez días hábiles para deliberar en el fallo, algo inusual debido a que cuando finaliza un debate, ese día se lee la sentencia.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó al Tribunal que condene a los 21 implicados de haber participado en el contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la empresa Pisa de Guatemala, S. A., que significó malos servicios para pacientes renales.

Entre los señalados está Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS, a quien la Fiscalía solicitó imponer la pena de 15 años de cárcel.

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A Otto Fernando Molina Stalling, exasesor del IGSS e hijo de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, el MP pidió una condena de 15 años por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones y una multa de Q300 mil.

La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron en 2015 que Pisa accedió a dar 16 por ciento de Q116 millones en concepto de sobornos para que el seguro social le diera el contrato para servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.

Juicio del caso Agua Mágica

Este miércoles también continuarán las conclusiones de los últimos abogados de los 13 implicados en el caso Agua Mágica, un fraude millonario al Estado para sanear la contaminación del lago de Amatitlán con una “fórmula” que en realidad era agua con sal, según la investigación.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti y su hermano Mario están entre los implicados. La Feci solicicitó al Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul de Paz, imponer las penas de 22 y 20 años de prisión respectivamente durante su turno en las conclusiones.

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Pasaron 14 meses y 92 audiencias para que terminara el debate en contra de 21 implicados en un supuesto fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por la atención a los enfermos renales, el caso fue denominado IGSS-Pisa-Chiquimula.

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El juicio inició el 11 de agosto del 2017 recordaron algunos abogados y comentaron que a la investigación “le faltó sustento”.

https://twitter.com/kmonzon_pl/status/1039582553739538432

La última jornada

Durante la audiencia el tribunal rechazó la incorporación de cuatro familiares de pacientes renales que pretendían ser incluidos como querellantes.

Eran Claudia Figueroa Gozález, Reyna Elizabeth Santos Morales, Miriam Consuelo Ramos Morales y Elizabeth Pérez Cruz, quienes comparecieron a la sala de audiencias.

“Es extemporáneo y además, renunciaron a cualquier petición”, resolvió el Tribunal.

Tribunal Undécimo Penal rechaza la petición del @MPguatemala que intentaba incluir a cuatro familiares de pacientes renales en el juicio del caso IGSS-Pisa-Chiquimula.
"Es extemporáneo", resolvieron. pic.twitter.com/04VEKbjDzF

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 11, 2018

Pedidos en el evento Chiquimula

Los últimos cinco sindicados en el evento Chiquimula pasaron al estrado para plantear su petición a las juezas. El primero fue Francisco Cortez Bocaleti, quien dijo: “El MP me agarró como piñata por la forma de tratar a la gente, pero así he sido siempre”.

El procesado Francisco Cortez Bocaleti hace su último requerimiento al Tribunal Undécimo Penal debido a la acusación por fraude en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula. pic.twitter.com/yQnUC14wd3

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 11, 2018

Los otros que manifestaron ser inocentes fueron Salvador Rolando Álvarez Mérida, Lester Daniel Ortiz Lima, Jorge Mario López Pellecer y Alma Judith Méndez.

El caso

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) involucra a la exjunta directiva del IGSS, que presidió Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.

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El ente acusador señaló a los integrantes de la Junta Directiva de haber nombrado a los miembros de la Junta de Licitación quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. Además, aprobaron la actuación de la Junta de Licitación sin advertir los vicios del proceso (falta de capacidad de la Droguería Pisa de Guatemala, S. A., y la falta de disposición, control y supervisión de la prestación del servicio ofrecido).

También de haber autorizado en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S. A., continuara en el proceso de licitación pese a que la misma no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario.

Procesados por fraude

• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (expresidente del IGSS).
• Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva).
• Julio Amparo Lotan Garzona (exintegrante Junta Directiva).
• Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva).
• Jesús Arnulfo Oliva Leal (exintegrante Junta Directiva).
• Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
• Doris Elubia González Salazar (exintegrante Junta de Licitación).
• Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación).
• Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación).
• Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación).
• Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación).

Otros señalados

• Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS): asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
• Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular): asociación ilícita y cohecho activo.
• Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa): cohecho activo.
• Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa): asociación ilícita y cohecho activo.
• Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS): asociación Ilícita.

Evento IGSS-Chiquimula

• Jorge Mario López Pellecer, director de la clínica del IGSS de Chiquimula.
• Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS.
• Salvador Rolando Álvarez Mérida, particular.
• Lester Otto Daniel Ortiz Lima, particular.
• Alma Judith Méndez Blanco, representante legal y propietaria de Negefi, S.A

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El último abogado en argumentar fue Harry Samayoa, quien defiende al doctor Jorge Mario López Pellecer. Durante su argumentación hizo ver supuestos errores de la investigación del caso IGSS Pisa Chiquimula, un supuesto fraude al Seguro Social por la atención de enfermos renales.

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Tribunal Undécimo Penal finaliza la audiencia del caso IGSS-Pisa-Chiquimula sin alguna réplica de los abogados.
Seguirá el próximo mes con la intervención de los procesados. pic.twitter.com/dRAMfGWEW6

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 30, 2018

Se queja

El expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) Julio Suárez, uno de los 21 sindicados, se quejó al finalizar la audiencia. “Esto ha sido duro y triste”, mencionó. 

Agregó: “La experiencia ha sido triste y dura. Por un lado se tiene el apoyo de la familia,  pero por el otro no se tiene una sensación de insatisfacción por el trabajo del sistema de justicia, en donde los procesos son muy lentos”.

Se acerca el final

El Tribunal Undécimo Penal, que preside Morelia Ríos, fijó para el 6 de septiembre próximo concederle la palabra a cada sindicado para que haga su última petición.
 
Después se tomarán “varios días” para analizar las pruebas y citarán a las partes para leer la sentencia.
 
Este debate ya tiene un año y dos meses.

Investigación 

La Fiscalía y la Cicig reveló en 2015 que Pisa accedió a dar 16 por ciento de Q116 millones en concepto de sobornos para que el seguro social le diera el contrato para servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.
 
Durante el debate se supo que hubo querellantes que aceptaron una indemnización de Pisa para desligarse del caso, pero la Fiscalía continuó la acusación.
 
Se estima que en el país se suman cada año mil 500 casos de insuficiencia renal.

Piden condenas

Luego de 80 audiencias y casi un año de juicio, el Ministerio Público (MP) pidió cárcel para los acusados y multas de hasta Q300 mil.
 
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, pidió  para Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS, y al resto de integrantes de la Junta Directiva del seguro social, una pena de 15 años de prisión por el delito de fraude con el agravante de ser funcionarios públicos.
 
A Otto Fernando Molina Stalling, exasesor del IGSS e hijo de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, el MP pidió una condena de 15 años por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones y una multa de Q300 mil.

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