Carlos Soto, del área legal del ingenio indicó (en respuestas por escrito enviadas mediante la Asociación de Azucareros de Guatemala, Asazgua) que las usurpaciones agravadas iniciaron en septiembre de 2020; hubo otra en julio de 2022 y la más reciente es la de mayo del 2023.

Se agrega que en todas las fincas usurpadas se realizaban trabajos agrícolas relacionados en su mayoría con la caña de azúcar y que gran parte de la misma fue quemada. También les han robado equipo de riego y maquinaria, aparte de varios trabajadores han sufrido amenazas y detenciones ilegales.

Explicó que no contar con la caña de azúcar se traduce en pérdidas económicas en producción de azúcar y subproductos como alcohol etílico y bagazo (el cual se usa como combustible para generar energía eléctrica).

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En el 2022 se presentaron más de 4 mil denuncias por delitos contra la propiedad inmueble, incluyendo invasiones

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El tema eléctrico

Sobre ese último tema, se informó que por el momento no hay una afectación directa o que ponga en riesgo las operaciones de las plantas de producción y generación de electricidad, pero en caso de que se diera una usurpación dentro de las instalaciones industriales de Grupo Magdalena, sí se tendría inconvenientes para entregar la energía, en caso de que el Mercado Mayorista les requiera el despacho.

La capacidad instalada supera los 200 megavatios (MW) y en época de zafra se genera alrededor del 12% de la demanda nacional.

Consultado sobre los motivos de las usurpaciones, el representante de la compañía indicó que las personas que han llegado aducen derechos falsos sobre la inscripción registral de una finca que se encuentra en otro lugar.

En cifras

El Termómetro de la Propiedad, del Observatorio de Derechos de Propiedad reportó que en el 2022 hubo 122 mil 461 denuncias de delitos contra el patrimonio, 10.6% más que en el 2021.

Dentro de estas, hubo 4 mil 389 de denuncias de delitos contra propiedades inmuebles, que incluyen usurpaciones o invasiones.

El informe del observatorio refiere que hay ineficiencia en la resolución de los casos, ya que solo 71 (el 2%) de ellos llegaron a una sentencia, lo que equivale a una baja de 46% en comparación con el año anterior. Además, solo en el 0.3% de los casos se concretaron desalojos, para un total de 26.

Según acumulados de las denuncias relacionadas con invasión de propiedades del 2017 al 2021, en ese período se presentaron 20 mil 596 denuncias penales, expuso el observatorio citando datos del Ministerio Público (MP).

Esto representa un promedio de 4 mil 119 al año durante ese plazo y ese es un promedio que se ha mantenido por más de una década, aunque también se reportan desestimaciones que variaron entre 1 mil 572 y 2 mil 957 por año, añadió el observatorio.

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Propuesta

El Observatorio mencionado emitió una propuesta de 7 acciones a los partidos políticos para que se tomen en cuenta en la agenda del próximo gobierno y Congreso, orientadas a mejorar la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones a cargo de garantizar la protección y el respeto al derecho humano de propiedad. Estas consisten en:

• Dinamización del sistema de Registro de Propiedad Inmueble:

Mediante la modernización del sistema de registro para lo cual se deben implementar tecnologías avanzadas para realizar el proceso registral vía electrónica, con el fin de facilitar y reducir de los tiempos en las transacciones inmobiliarias. Lograr la transcripción digital del 100% de las inscripciones registrales que siguen de forma manuscrita y la adhesión voluntaria completa a la Ley de Simplificación de requisitos y trámites administrativos, decreto 5-2021.

• Fortalecimiento de la seguridad del sistema de registro de propiedad inmueble:

Implementar medidas de seguridad electrónica en el sistema de registro de propiedad inmueble, que incluya la verificación de la identidad y autenticidad de los documentos presentados, sistemas de encriptación, autenticación de usuarios y monitoreo constante del sistema.

• Fortalecer el marco regulatorio que rige el catastro nacional para agilizar el proceso catastral:

Crear la vinculación obligatoria y solución real con el Registro General de la Propiedad para lograr solucionar las inconsistencias de inscripciones antiguas que entorpecen el proceso de catastro. Que el Ejecutivo y las municipalidades doten de recursos para continuar con el registro catastral.

• Persecución penal efectiva de Las violaciones del derecho de propiedad inmueble:

Diseño e implementación de una política criminal por parte en materia de los delitos que atentan contra el derecho de propiedad inmueble para que sea aplicada por las distintas entidades relacionadas como el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Organismo Judicial. Además, unificar los protocolos de las distintas entidades para los desalojos de propiedad inmueble en la comisión de delitos de usurpación sujetos al marco legal vigente sin extralimitación de funciones, y fortalecer el rol de la PNC.

• Formación en materia de derechos de propiedad:

Y sobre su importancia para todos los guatemaltecos, conceptos y alcances de los derechos de propiedad privada.

• Fortalecimiento del régimen de protección de la propiedad intelectual:

Reformas legales para modernizar la legislación de registro e impulsar el fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos.

• Fomento y agilización del proceso de titulación supletoria:

Desarrollar medidas y cambios regulatorios para simplificar y agilizar los trámites asociados al régimen de titulación supletoria. Fomentar la titulación especial contenida en la Ley del Registro de Información Catastral 41-2005 para los municipios que han cumplido con el proceso de catastro.

“Queremos que todos los niños tengan acceso a tecnología, a esta ventana de conocimiento que transformará su vida y la manera en que perciben el mundo. Y por eso queremos transformar digitalmente nuestro país, un municipio a la vez”, indicó Salvador Paiz, presidente de Funsepa.

Funsepa capacitará a los maestros de esta comunidad, la que tendrá el aval del Ministerio de Educación de Guatemala, donde se les proporcionará las herramientas pedagógicas dentro del aula.

La transformación de Sipacate en el tercer municipio digital fue posible gracias a la alianza formada por el Ingenio Magdalena, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Sipacate. Las alianzas público-privadas dan sus frutos y se espera que sea un ejemplo para el resto de municipios.

“Con Funsepa hemos tenido un acercamiento fructífero. Quiero reconocer al Ingenio Magdalena y al alcalde de Sipacate, por haber unido esfuerzos por esta causa. Esta alianza local, público privada, hace que cada vez más sean los municipios que forman parte de este proyecto”, dijo Claudia Ruiz, Ministra de Educación.

Por medio de los programas de esta Fundación, se logró la reducción de las tasas de deserción estudiantil a la mitad, pasando de un 6 por ciento a un 3. También se ha visto una mejora en el desempeño de los estudiantes en materias como matemáticas.  Uno de los impactos positivos que tiene la tecnología es que abre la mente de los niños y jóvenes a todo mundo de posibilidades.

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Desde el inicio de la investigación, en 2015, la empresa “ha colaborado de forma transparente y abierta con los órganos jurisdiccionales en los señalamientos que el jueves 25 de enero fueron divulgados” por el MP y la Cicig.

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Agregó que está en la disposición de continuar colaborando para esclarecer los señalamientos siempre respetando el debido proceso.

La compañía aclaró que Mario Roberto Leal Castillo, quien es prófugo de la justicia, nunca fue accionista de las empresas de Magdalena y dejó de ser directivo desde 2015, cuando fue candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La compañía manifestó que confía en el sistema de justicia del país y espera que todas las acusaciones y señalamientos a las personas implicadas “se basen en pruebas objetivas y documentadas, apegadas a derecho”.

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Con operaciones de 1983, Magdalena tiene producción y comercialización de azúcar, alcohol y energía renovable, con lo cual genera empleo directo a más de 21 mil familias.

“Siendo uno de los empleadores y exportadores más grandes de Guatemala, nos hemos caracterizado por actuar de forma responsable y honesta, cumpliendo con las leyes del país”, se lee en el comunicado.

El caso

El MP y la Cicig revelaron el jueves que Leal Castillo está señalado de haber sido uno de los intermediarios en la red Traficantes de Influencias, que cobraba a empresa por agilizar, de forma anómala, la devolución del IVA.

Según la investigación, Leal Castillo pudo haber cobrado Q3 millones de los Q19 millones que la estructura obtuvo.

De acuerdo con la investigación, la función de Leal Castillo fue captar clientes (empresas) para ofrecer los servicios de un trámite “eficiente”, y por ello recibió un porcentaje de las comisiones.

La planta San Isidro cuenta con equipos de avanzada tecnología como una caldera ISEG John Thompson, fabricada en la  con una capacidad para producir 220 toneladas de vapor por hora, operando a 109 kg/cm2 y 540 grados Celsius y una eficiencia de 88.5% diseñada para que los gases del proceso de combustión cumplan con los estándares ambientales del banco mundial. Además, cuenta con una turbina marca Shin Nippon de fabricación japonesa, el generador es marca Brush, de fabricación inglesa, con una capacidad de 61.5MW.

Luis Fernando Leal, gerente general de Magdalena, indicó que esta planta eléctrica beneficia primeramente a los vecinos de las comunidades cercanas, con fuentes de trabajo, además la energía que se produzca en la planta será vendida a empresas que distribuyen el servicio en el departamento, y también las empresas industriales.

“Hemos puesto a disposición la innovación en la generación, comercialización y trasmisión de energía eléctrica, y durante el último año aportamos el 10.4% del total de generación de energía eléctrica del país, satisfaciendo la demanda de 350 mil hogares guatemaltecos, asimismo, suministramos el 6.20% del consumo industrial, y eso nos hace una importante comercializadora en Guatemala. En el mercado eléctrico regional representamos el 26% de las exportaciones de energía de Guatemala, posicionándonos como el mayor exportador del país” expreso Leal.

El viceministro de Energía y Minas, Rodrigo Fernández, indicó que este proyecto es mejor que las hidroeléctricas porque no funciona con caudales de aguas como la de los ríos y no se tiene ningún problema con las comunidades cercanas.

“Este proyecto es desarrollo para la región, porque se generaron fuentes de empleo y al brindar la energía a la empresa distribuidora en las comunidades cercanas, los costos para el consumo domiciliar bajarán, y eso es beneficio para la población” expreso Fernández.