El cuerpo de Rigoberto Paz fue localizado a un costado de la iglesia La Recolección, en la 3a. avenida 2-24, zona 1, el pasado 26 de julio.

Este viernes, el Juzgado Undécimo decidió ligar a proceso a Gutiérrez por la muerte de Paz, sumando un nuevo crimen al caso.

El pasado 1 de septiembre, Moisés Gutiérrez fue ligado a proceso por la muerte del indigente César Augusto Valle Méndez, localizado el 25 de junio en la zona 6.

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De acuerdo al Ministerio Público, Gutiérrez atacó a Paz con una piedra; la presentación de la fiscalía incluyó una recreación del ataque a través de fotogramas.

Gutiérrez durante la audiencia lloró y solicitó al Juzgado que se le administren medicamentos porque atraviesa una crisis nerviosa.

#CasoIndigente | Moisés Gutiérrez llora al momento de pedir que se le den medicamentos para los nervios. F/P. Raquec pic.twitter.com/SY70zw5mBl

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) September 30, 2016

Pruebas lo incriminan

El pasado 31 de agosto, fiscales del Ministerio Público allanaron la vivienda de Gutiérrez Guevara, en la zona 7, como parte de la investigación para determinar si existe relación entre él y otros ataques contra indigentes, en las zonas 1, 4 y 9, donde personas que se encuentran en esa condición han sido localizadas gravemente heridas o muertas.

Ahí los fiscales secuestraron dos pantalones, una playera, un calzoncillo, dos pares de tenis, una pantaloneta, un pedazo de tela y papel higiénico que podrían estar relacionados con los ataques.

El Ministerio Público (MP) imputó a Cifuentes por supuestamente haber colocado el artefacto explosivo en la unidad de transporte, el cual al activarse causó la muerte de dos personas y varas resultaron con heridas.

La Fiscalía mostró al juez José Eduardo Cojulum mensajes de texto, entre otros indicios, con los cuales se asegura que Cifuentes participó en el atentado contra el bus.

Cinco personas, entre ellos tres menores de edad, fueron capturados el pasado sábado en San José Pinula, vinculados a la estructura Vatos Locos, una célula de la pandilla del Barrio 18, quienes habrían sido responsables materiales de elaborar, colocar y activar el artefacto explosivo.

La Fiscalía indicó a Cojulum que se hizo un seguimiento telefónico de los presuntos pandilleros para individualizar su responsabilidad en los hechos.

También se presentaron fotogramas de videos tomados por cámaras de seguridad, en los cuales se identifica a tres detenidos, quienes habrían estado en el lugar de los hechos el día que explosionó la bomba.

El Juzgado decidió que Cifuentes debe enfrentar a la justicia por doble asesinato, asesinato en grado de tentativa contra los heridos y asociación ilícita.

Además, el procesado fue enviado a la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde ha permanecido desde que fue capturado, el pasado 19 de marzo.

Cifuentes sobrevivió a un ataque armado en su contra el pasado 15 de marzo, ordenado por jefes del Barrio 18 que habrían mandado asesinar a todos los involucrados en el hecho, por no respetar la jerarquía del grupo.

Oscar Armando Lorenzana, Erick Juárez Contreras y Delia Granados, otros tres autores del hecho, fueron ejecutados por la pandilla, señalados como responsables del atentado, según confirmó el MP.

Menores detenidos

Tres adolescentes, dos hombres y una mujer supuestos integrantes de los Vatos Locos, fueron apresados el sábado último junto a dos adultos durante un operativo llevado a cabo en el citado municipio.

Entre la evidencia que posee el MP está la ropa que utilizaron los sospechosos el día del hecho, la cual será comparada con las imágenes de video que grabaron cámaras de seguridad en el área del ataque, y otro objetos que decomisó la Fiscalía durante el operativo.  

Según las autoridades, el pandillero Óscar Armando Lorenzana Gómez, alias Arjona o Skiny, ordenó el atentado contra el transporte que dejó dos muertos y 17 heridos.

También participaron Érick Reyjolh Juárez Contreras y Delia Granados, quienes  fueron ejecutados por órdenes  de los cabecillas de la Rueda del Barrio, máxima autoridad de la Pandilla del Barrio 18, que agrupa a los jefes de las células que integran la estructura, quienes permanecen en prisión.

El juez José Eduardo Cojulum dictó falta de mérito a siete de las 13 personas que fueron capturados la semana pasada mediante 28 allanamientos en una operación denominada Jake.

Según el Ministerio Público, el pasado miércoles, luego del despliege de la operación, la estructura efectuó 19 compras de vehículos en Guatemala, Quetzaltenango y Zacapa, entre el 4 de marzo de 2013 y el 30 de mayo de 2014, por un monto de Q6 millones 79 mil 355.94.

El Juzgado Undécimo, sin embargo, decidió este miércoles dictar la falta de mérito y dejar en libertad a siete sindicados por la fata de pruebas que los implicaran en la estructura. Ellos son:

1. Maritza Reyes
2. Ángela Rosalina
3. Julian Blaymiro Gramajo
4. Balvino Pastor
5. Caterine Beltetón Escribá
6. María Leiva
7. Mary Liss

Las personas fueron puestas en libertad por no existir pruebas suficientes que las incriminen en una red de lavado de dinero del narcotráfico, como lo intentó señalar el MP.

De hecho, el mismo MP solicitó la falta de mérito ante el Juzgado para tres de los señalados. pues se determinó, como argumentaba la defensa, que fueron falisificados y mal utilizados lo datos de su Documento Personal de Identificación (DPI).

Ligados a proceso y en prisión preventiva quedaron:

1. Griselda López Villatoro
2. Emma Judith Ramírez Marroquín
3. Yoselin Azucena Santos
4. Marvin Noé Franco
5. Brenda Escribá
6. Filadelfo Hernández

La investigación

La denuncia de la Intendencia de Verificación Especial se presentó en diciembre del año pasado y señaló a un grupo de personas que adquirieron vehículos con pagos en efectivo pero sus actividades económicas no justifican esos gastos. Los pagos iban desde los Q150 mil a los Q800 mil.

El juez José Eduardo Cojulum decidió ligar a proceso a las cinco personas, dos de ellas a prisión y al resto se le otorgó medidas sustitutivas para evitar la cárcel.

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Ximena Toriello Martínez del Rosal y Héctor Reyes Gómez, habrían recibido y depositado a cuentas personales los sueldos de unos 26 supuestos empleados del Congreso.

Entre las plazas fantasmas que se detectaron figuran secretarias ejecutivas, asistentes administrativos, técnicos operativos y guardias de seguridad, según información hecha pública por la Cicig.

El juez Cojulum fijó como fecha límite el próximo 16 de noviembre para que el MP presente la acusación formal en contra de las cinco personas ligadas a proceso, mientras que el 30 de noviembre está programada la audiencia de apertura a juicio.

Ligados a proceso

• Rony David Ruano Gil: Asistente administrativo ligado por asociación ilícita y enviado a prisión.
• Berta del Rosario Gil Serrano: Asistente del despacho de Pedro Muadi, ligado por asociación ilícita, en prisión preventiva.
• Ana Lucía Reyes Bolaños: Asistente del despacho de Pedro Muadi, ligada por asociación ilícita. Se le beneficio con una fianza de Q25 mil, arraigo, arresto domiciliario y firmar libro de asistencia.
• Héctor Augusto Reyes Gómez: esposo de Claudia María Bolaños, ligada a proceso previamente y en prisión. Es ligado por lavado de dinero y se benefició con una fianza de Q60 mil, arraigo, arresto domiciliario y firmar el libro de asistencia.
• Ximena Toriello Martínez del Rosal: Secretaria privada de la presidencia del Congreso en 2013, ligada  por lavado de dinero. Se le fijó una fianza de Q300 mil, arraigo, arresto domiciliario y firmar el libro de asistencia.

Por el caso de la red de plazas fantasmas en el Congreso, se espera que se retire la inmunidad al diputado Pedro Muadi Menéndez.

Previamente fueron ligados y se encuentran en prisión preventiva por el mismo caso Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi y José Estuardo Blanco Aguilar, ex jefe de seguridad del diputado.

El juez undécimo de Instancia Penal José Eduardo Cojulún, decidió ligar a proceso a 12 de los 15 presentados este lunes señalados de vender medicamento que sustraían del Seguro Social. El juzgador también dejó en libertad a tres de ellos por falta de pruebas.

La decisión de Cojulún también beneficio a siete de los señalados con medida sustitutiva, aunque fue fijada la fianza para recuperar su libertad en Q15 mil, dinero que según los sindicados no podrán reunir por ser de escasos recursos.

Durante la audiencia de primera declaración Cojulún decidió que cinco de los acusados no gozaran de libertad condicional por existir pruebas que demuestran su grado de participación y coordinación en la estructura que vendía medicamentos, incluso el Ministerio Público cuenta con dirección de bodegas donde se almacenaba el producto sustraído del Seguro Social, además de escuchas telefónicas donde se coordinan las ventas.

La audiencia de apertura a juicio se programó para el 28 de septiembre próximo.

Las capturas

El pasado 8 de julio se reportaron 21 capturas por la venta de medicamentos del Seguro Social.

La Fiscalía empezó las pesquisas a partir de una denuncia hecha por personal del IGSS el 17 de marzo de este año, donde indicaron que un grupo de personas venden medicamentos propiedad del Seguro Social.

Según las pesquisa, los detenidos contactaban a los enfermos que llegaban al IGSS a recoger medicamentos, los convencian para que les vendieran las medicinas y luego de recibir el producto los revendían afuera de la sede del Seguro Social autonomía, ubicado en la zona 9. 

El MP estableció que el producto estaba a la venta en el mercado La Florida, zona 19 y también era vendida en la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) en la zona 1.

El MP y la Policía Nacional Civil, llevaron cabo más de 15 allanamientos en las zonas 1, 9 y 19 de la capital por orden de Juzgado Undécimo Penal.

Los detenidos están sindicados de los delitos de “tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes y establecimientos o laboratorios clandestinos” , de acuerdo a la información oficial.

Stalling Sierra es hijo de la jueza octava Penal, Marta Sierra, quien ligó a proceso a los integrantes de la red La Línea, estructura que defraudó al Estado por varios millones a través de la Superintendencia de Administración Tributaria.

En el caso de Stalling Sierra el ente investigador tiene videos que lo incriminan con el denominado Bufete de la impunidad. Estos medios de prueba serán presentados en la audiencia de primera declaración programada para el próximo viernes.

En 23 llamadas

Además de las imágenes hay activación de celdas de los aparatos telefónicos entre los abogados Sierra Stalling y José Luis Montenegro Santos, detenido por integrar esa estructura, lo cual fue mencionado por la Cicig durante la audiencia en que se pretendía modificar los delitos a los abogados José Luis Escobar Gómez, Luis Fernando Zapata y Montenegro Santos, integrantes del citado bufete de abogados procesados.

En esta diligencia la Cicig indicó que con base en la activación de las celdas de los aparatos telefónicos se logró establecer que hubo al menos 23 comunicaciones entre Stalling Sierra y Montenegro Santos, entre las 9 y las 10 horas del 16 de abril último, cuando se llevaron a cabo los allanamientos y captura de los integrantes de La Línea.

Además, después de una reunión llevada a cabo el 18 del mismo mes en el despacho de José Arturo Morales, también detenido por el mismo caso, Montenegro se comunicó con Stalling Sierra, quien se encontraba en un centro comercial de la zona 16, y allí ya hablaron de los pagos para obtener las medidas sustitutivas.

En declaraciones a los medios, Stalling Sierra dijo: “En este momento no sé el motivo, pero tengo entendido que hay una orden —de captura—”.

El juez Cojulún solo dio a conocer el motivo de la detención al profesional del Derecho y lo envió a la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, por motivos de seguridad.