El Congreso avanza en su actual período de sesiones sin que existan mayores discusiones parlamentarias, ya que desde el 19 de enero se intenta avanzar en la interpelación al ministro de Gobernación, lo que ocupa cada semana dos de las tres plenarias.

La interpelación busca, según los diputados interpelantes, que el jefe de la cartera del Interior responda por las capturas, agresiones y el propio incendio del Congreso durante esas manifestaciones, porque a pesar de estar custodiado, los agentes fueron incapaces de contener a los supuestos manifestantes que terminaron quemando unas oficinas del parlamento que hasta ahora siguen inhabilitadas.

El pleno del Congreso ya decidió apoyar al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, cuando a finales del 2020 se negó a recomendar su destitución por el supuesto abuso de fuerza durante las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre, originadas por la forma en que diputados habían aprobado el presupuesto nacional. Ahora, algunas bancadas de oposición aseguran que al funcionario lo protegen los partidos afines al oficialismo.

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Este juicio político comenzó el pasado 19 de enero, pero a dos meses desde que legalmente inició el titular de la cartera no ha respondido a ninguna de las 26 preguntas básicas que contempla el diputado interpelante Bernardo Arévalo, jefe de bloque de Movimiento Semilla.

La Junta Directiva ha cumplido con colocar el tema en las agendas de pleno de los martes y jueves, pero la inasistencia de los diputados afines a los bloques de la alianza oficial impide contar con la cantidad mínima de congresistas para seguir con el desarrollo de la interpelación.

Como alternativa se han planteado citaciones e invitaciones al ministro de Gobernación por distintas bancadas de oposición, sin embargo, el ministro Reyes no asiste y atiende otras convocadas por bancadas oficialistas.

A pesar de todos los contratiempos y obstáculos evidentes para obtener respuestas de Reyes, Arévalo asegura que no contemplan retirar la interpelación porque hacerlo tendrá varios efectos negativos, uno de ellos olvidar los eventos de noviembre del año pasado donde ciudadanos resultaron seriamente heridos por tan solo salir a manifestar.

“Vemos que lo que hay en las argucias sin fin del Ejecutivo en convivencia con la Junta Directiva, para evitar que se avance en la interpelación, es una amenaza para el principio de rendición de cuentas que está establecido constitucionalmente, es un precedente nefasto que se está haciendo mediante esta táctica que nos lleva de semana en semana, de sesión en sesión, a dos meses que se logró abrir pero hay una negativa de que el señor ministro de Gobernación asista a rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos del 21 de noviembre”, enfatizó el Congresista.

Pérdida legislativa

Actualmente la Junta Directiva del Congreso convoca a tres sesiones de Pleno por semana, para los martes y jueves se incluye la interpelación, en la tercera de los miércoles se programan diversas iniciativas de ley para no afectar la dinámica parlamentaria.

Pero esta estrategia está haciendo poco o nada, según Rodolfo Neutze, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), quien afirmó que no ha visto un esfuerzo del pleno en agilizar la interpelación, lo que complica los planes y estrategias nacionales en materia de seguridad.

“El único que pierde es el país, la gente tal vez no lo sabe, pero el ministro de Gobernación está acampando aquí en el Congreso, él está presente para que se le interpele, pero no hay voluntad política de los diputados de venir y que haya pleno. Yo creo que hay que pedirle a las bancadas que se presenten y a la Junta Directiva que sea puntual; el único día que arranca en punto -la sesión- son los jueves, para que se levante la plenaria, creo que el ministro está listo y es un desperdicio de recursos que esté en el Congreso esperando la interpelación”, comentó.

Por su parte Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso y diputado del bloque Visión con Valores (Viva), aseguró que no él no ha escuchado ningún acuerdo que busque librar al ministro del interrogatorio y concuerda en que se le debe de hacer un llamado de atención a todos los diputados.

“Lamentablemente la última semana ni martes ni jueves hubo reunión, y esto sí es preocupante, puesto que no logramos avanzar en ninguno de los dos temas, pero es una cuestión que tiene que ver con el pleno, una vez se tenga quórum se deben entrar a conocer, si no hay quórum ya no es cuestión de Junta Directiva ni de Jefes de Bloque (…) le hablo con toda la franqueza, no se nos ha hablado a nosotros de alguna estrategia para proteger al ministro, por el contrario, considero que es sano que él comparezca al pleno, que los interpelantes le hagan las preguntas y que se salga ya de esta situación”, indicó.

Debe rendir cuentas

Dos analistas en la rama política están de acuerdo en que los hechos de noviembre del año pasado deben ser esclarecidos, pero opinan diferente a si la interpelación es el mejor camino para hacerlo.

Fernando Ixpanel, analista de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asíes), asegura que sí debe continuar el juicio político, porque es necesario que se aclare qué ocurrió con el actuar de las fuerzas de seguridad en esas dos manifestaciones ciudadanas.

“Se ve el apoyo de la alianza oficialista hacia el ministro de Gobernación porque en temas legislativos hay distintas formas en que se puede ejercer el control que tienen las mayorías, una es con la aprobación de leyes, pero también se da el control de la agenda política (…) todo el tema viene de las protestas del año pasado por la aprobación del presupuesto y la fuerza desmedida que utilizaron las autoridades para reprimir manifestantes, el tema proviene no de un intereses político sino de un intereses ciudadano por esos sucesos y responsabilidades de las personas”, señaló.

Francisco Quezada, investigador del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien), opina que es momento de buscar otras alternativas que permitan obtener las respuestas deseadas, ya que seguir con esta dinámica afectará al Legislativo y al Ministerio de Gobernación.

“Lo que hay son presiones de diversas bancadas para tener bajo la mesa algún cometido en especial, porque al final de cuentas, por el caso que el ministro ha sido llamado a la interpelación, se podría resolver en una citación o con una investigación del Ministerio Público (MP); lo que hay es una política de estas que no les importa sacrificar eficiencia, sacrificar al público, con tal de tener agendas propias de los partidos que aparentemente no tienen notoriedad tras el tema, pero también están en la fila de negociar”, precisó.

Para este jueves se espera continuar con la interpelación al ministro de Gobernación; en primer punto se encuentra conocer las diligencias de antejuicio contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), seguido de la interpelación al ministro de Gobernación y por último continuar con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La convocatoria para la manifestación pacífica de este 28 de noviembre reunió a cientos de guatemaltecos, todos ellos manifestaron en orden su descontento contra decisiones del presidente Alejandro Giammattei y del Congreso de la República.

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Al final del día un grupo de encapuchados quemó un bus a inmediaciones de la manifestación pacífica, estos incluso agredieron, en un primer momento, a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que custodiaban el Palacio Nacional de la Cultura.

Las acciones de este grupo de inconformes terminó con la paz que había en la manifestación del 28 de noviembre. Según manifestantes se trataba de infiltrados.

Los medios de comunicación presentes cumplían con su labor de documentar los hechos, incluido el equipo periodístico de noticiero Guatevisión, quien estaba recopilando imágenes de las acciones violentas que se extendieron hasta la Casa Presidencial.

En ese momento estas personas comenzaron a intimidar a los reporteros y camarógrafos que cumplían con su rol de informar, y para evitar que la situación llegará a más decidieron retroceder para evitar una confrontación y posible agresión.

Posteriormente, alrededor de las 20.50 horas, el grupo de encapuchados volvió a quemar la estructura del bus.

Agreden a comunicadores

Otro equipo de comunicadores que daban cobertura a las protestas de este 28 de noviembre fueron agredidos físicamente por los encapuchados, se trata de un fotoperiodistas y un integrante del equipo de prensa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER).

Estos incidentes fueron condenados por el magistrado de conciencia, Jordán Rodas, quien aseguró que es necesario que el Estado de Guatemala implemente protocolos de seguridad para los periodistas.

“Muy lamentable que permanentemente los periodistas estén siendo hostigados y sujetos de violencia. Afortunadamente el relator de libertad de expresión de la CIDH está muy preocupado y al tanto de las circunstancias, esperando que las fuerzas de seguridad e investigación hagan su trabajo”, refirió.

La PDH informó por medio de sus redes sociales que defensores presentaron denuncias ante la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, para que sea el MP quien se encargue de profundizar en los hechos de agresión contra los comunicadores sociales.

Fueron cinco

Al menos cinco fueron los periodistas que resultaron heridos por los ataques de encapuchados que enturbiaron las manifestaciones populares.

Los periodistas fueron atacados en varias ocasiones cuando la protesta se tornó violenta, después de que encapuchados quemaran un autobús en uno de los accesos al Palacio Nacional de la Cultura.

Una periodista del medio digital Ruda, fue increpada por un encapuchado que le gritó “feminista infiltrada” y le golpeó con un tubo de hierro en el abdomen, dijo el periodista Ángel Mazariegos Rivas, de la Agencia Ocote.

Al camarógrafo y reportero de Guatevisión que cubrían el enfrentamiento, además, “se les dejaron ir encima. Eso a todas luces es una actitud provocadora que no puede suceder”, mencionó la defensora de Defensores de la Procuraduría de Derechos Humanos, Ruth del Valle.

También resultó herido el fotoperiodista Óscar Rivas del medio local Nuestro Diario, quien fue atendido por los bomberos.

Según la defensora Del Valle, el fotoperiodista aseguró que había sido herido por una pedrada posiblemente lanzada desde el sector donde se encontraban los policías resistiendo los ataques.

Se constató cómo alguien de la muchedumbre lanzó un objeto incendiario al periodista de la radio FGER Roberto Cabrera frente al Palacio Nacional. Del Valle agregó que este había sido atendido por bomberos.

Gobernación sin actuar

Cuando fue la quema del bus había cerca un amplio número de agentes policiales, precisamente quienes cuidaban el Palacio Nacional, pero no hubo respuesta de las fuerzas de seguridad.

Por el contrario, el Ministerio de Gobernación (Mingob) se pronunció en sus redes sociales, solicitando “de forma urgente la intervención del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas”.

Ante esto Rodas respondió: “El rol de la PDH es mediar, pero no con delincuentes, con los delincuentes la policía debe de actuar de forma inmediata y que no nos usen de pretexto a nosotros para querer no hacer su trabajo, cada institución tiene sus competencias. Nosotros supervisamos la administración pública y verificamos que ellos hagan bien su trabajo”, precisó.

Por segundo fin de semana la Plaza de la Constitución reunió a cientos de guatemaltecos que se manifestaron en contra de decisiones de Estado. Entre ellos se encontraba la familia de la Cruz.

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Ellos tenían una exigencia más en mente: Justicia. Uno de sus integrantes, Carlos, acudió a la primera manifestación que se convocó el 21 de noviembre. Durante su participación se encontraba emitiendo consignas en contra del Presidente y del Congreso.

Al cabo de unos minutos al ambiente se tornó tenso y hubo un enfrentamiento entre los agentes y los manifestantes, Carlos resultó herido. Uno de los artefactos de la Policía Nacional Civil (PNC) impactó en su rostro.

Paramédicos le atendieron y trasladaron a un centro asistencial, pero la herida fue de tal magnitud que no fue posible salvar uno de sus ojos.

“Estamos ahorita acá con mi familia en representación de mi hermano que estaba en la lucha para sacar a estar personas que no nos están guiando a nada bueno en nuestro país, mi hermano hoy hace ocho días, lamentablemente, fue reprimido por la policía de una manera tan cruel que él perdió su ojo”, manifestó a La Red, Erick de la Cruz, hermano de Carlos.

El joven añadió que esperan que el Estado se haga responsable del daño que sufrió su hermano.

“Nosotros ahorita estamos aquí representándolo a él para seguir en la lucha. Nosotros exigimos justicia para mi hermano (…) que se hagan responsables porque ya como institución ellos tienen que obligar que se haga justicia y  que la institución, como tal, se haga responsable del daño que le hicieron a la vida de mi hermano”, precisó.

Con información de La Red