La Fiscalía de Guatemala anunció este lunes que investigará la posible participación de  maras (pandillas) en la protesta frente al Congreso del pasado sábado que culminó con la quema de algunas de sus oficinas, en contraste con la masiva manifestación pacífica en el parque central.

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La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras, aseguró que será un trabajo conjunto de seis fiscalías distintas, entre estas la destinada a indagar delitos de extorsiones, pues, consideró, “posiblemente hay integración de maras en los posibles hechos delictivos que se suscitaron”.

A raíz de la manifestación efectuada el día 21 de noviembre de 2020 en la Ciudad de Guatemala, en la cual se suscitaron posibles hechos delictivos, con fundamento en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se conformó un equipo de trabajo conjunto pic.twitter.com/ZYvXwNYn6u

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 23, 2020

Porras detalló que el MP agiliza el trabajo conjunto de personal de las fiscalías de Distrito Metropolitano (Guatemala), Delitos Administrativos, Delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas, Delitos Contra Periodistas, Delitos Contra el Patrimonio de la Nación y la dedicada a trabajar contra el Delito de Extorsión.

Aseguró que la presencia de la Fiscalía de Delito de Extorsión se debe a que “hubo una declaración de algún funcionario en la que señalaba que posiblemente hay intervención de maras en todos los posibles hechos delictivos que se suscitaron”.

Esa Fiscalía está “especializada, tiene bases de datos y todo un fundamento que puede contribuir a que las demás fiscalías que recibieron denuncias puedan tener algún tipo de información”, agregó.

El domingo, el diputado guatemalteco de oposición Orlando Blanco, jefe de bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), subrayó en una conferencia de prensa que “la información que nosotros tenemos es que los actos perpetrados el día de ayer (sábado) iniciaron por una serie de jóvenes que fueron infiltrados. Estos jóvenes pertenecen a las denominadas maras”.

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El congresista se refería a la quema del Congreso, de la que también señaló que el “hecho no se habría perpetrado sin la participación de personal interno” del Parlamento.

De acuerdo con el diputado, el supuesto “operativo” de los infiltrados “empezó desde horas antes del inicio de la manifestación” ya que “estas personas” estaban frente al Congreso desde el mediodía, mientras la protesta estaba programada para las 14 horas.

Cada una de las seis fiscalías investigará de acuerdo a su competencia, subrayó este lunes la fiscal general Porras.

El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina Ruiz, aseguró que su despacho “ya cuenta con una denuncia procedente de la Procuraduría de Derechos Humanos”, correspondiente a los dos manifestantes que perdieron, cada uno, su ojo izquierdo por, posiblemente, disparos de bombas de gas lacrimógeno lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Defensor Debido Proceso y Subdirector de Mediación se encuentran en Torre de Tribunales para observar audiencias de primera declaración de personas detenidas en manifestaciones #21N.#Hallazgos:
– Por atrasos en agenda, audiencias programadas a las 15hrs se realizarán a 19hrs. pic.twitter.com/YEI539yIN6

— PDH Guatemala (@PDHgt) November 23, 2020

Medina describió que ya hubo personal que “se constituyó al hospital donde están las personas” y comentó que tanto la PNC, la Inspectoría General de la Policía y su área de Derechos Humanos serán convocadas “para nuevas instrucciones” sobre la investigación.

Además de los disturbios en el Congreso y sus calles aledañas, a menos de un kilómetro de distancia, en la Plaza de la Constitución (parque central) más de 10 mil manifestantes protestaron contra el Gobierno y el Parlamento de forma pacífica durante la tarde y parte de la noche, pese a que la policía también lanzó gases allí.

Asimismo, hubo una treintena de detenidos, quienes, al no haber podido ser “individualizados” como causantes de algún delito, fueron liberados por un juez, quien criticó la poca preparación de la Fiscalía, la cual, además, reconoció no contar con suficientes indicios para imputar. 

La Plaza de la Constitución el sábado 21 de noviembre estaba abarrotada por cientos de guatemaltecos que llegaron contra la aprobación del presupuesto de manera pacifica, pero a quienes la PNC les arrojó bombas lacrimógenas.

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Mientras la periodista Andrea Domínguez realizaba una entrevista a uno de los manifestantes que estaban en la Plaza Central de manera pacífica, se comenzó a escuchar detonaciones y bombas de gas lacrimógeno empezaron a caer en el centro de la plaza.

Familias manifestaban pacíficamente

Entre el Pasaje Aycinena y la Catedral Metropolitana en la zona 1 había un grupo de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes habían movilizado usando la fuerza hasta este punto a los manifestante del Congreso de la República, es acá donde continúan lanzando bombas de gas, pero que también dirigen al centro de la plaza.

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Esto provocó que incluso niños resultaran intoxicados por el gas arrojado en el centro de donde todo se realizaba pacíficamente y donde cabe resaltar que también se habían instalado bloqueadores de señal para evitar realizar alguna transmisión en vivo desde ese lugar.

Durante la protesta los manifestantes exigieron la renuncia de sus ochos representantes en el Congreso, así como la del presidente Jimmy Morales.

Mientras se leían los nombres de los ocho diputados, los asistentes gritaban fuera. Cruz llegó al lugar y brindó declaraciones a los medios sobre las peticiones de los pobladores.

“Me gustaría dialogar con ellos y si con mi renuncia se cambia el país porqué no hacerlo”, refirió, pero al insistirle en la pregunta de su dimisión respondió: “depende de todo”.

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Roberto Landaberri, representante de Fundación para el Desarrollo, tomó el micrófono y dijo: “Para ellos los ocho diputados de Quiché traicionaron al departamento y aunque esté presente el diputado Cruz le decimos fuera”.

Mientras caminaba hacia su vehículo, los manifestantes lo siguieron gritándole corrupto, hasta abordó su vehículo y se retiró rápidamente.

Pedirán firmas

Mario Morales, del Consejo Directivo de la Asamblea Departamental Multisectorial, señaló que colocarán mesas en los municipios para reunir la mayor cantidad de firmas y exigir la renuncia de los ocho diputados de Quiché, así mismo declaro “non gratos” a los parlamentarios.

Domingo López, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), informó que apoyaron la protesta, pero con pocas personas, ya que se unirán a la gran manifestación del próximo 26 de octubre, en la que participarán más personas.

La batucada Ixil, integrada por organizaciones de mujeres de Nebaj, también se unió a la manifestación en rechazo a la corrupción. 
Juana Bacá, de la batucada, dijo que son una herramienta para demostrar su rechazo a la corrupción.

Toma posesión

Eduardo Cruz Gómez Raymundo fue juramentado diputado por Quiché el pasado 25 de abril de este año, en sustitución de Carlos Enrique López Girón, prófugo de la justicia, señalado en el caso Plazas Fantasma.

El día de la juramentación llegó un grupo de familiares y amigos, quienes lo observaron desde el palco y al finalizar el acto compartieron con él y se tomaron fotografías.

Carlos Enrique López Maldonado, hijo del prófugo Carlos López, conversó con Cruz Gómez en el Hemiciclo durante la sesión plenaria.

Gómez Raymundo fue concejal primero de Nebaj, Quiché, y llega al Congreso sin un plan de trabajo, pero en días anteriores ofreció que luego de asumir el cargo y poder contratar asesores, tendrá un proyecto legislativo.

Apoya la impunidad

El representante de Quiché fue no de los 107 diputados que aprobaron las reformas en favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de las penas, el pasado 13 de septiembre, iniciativas que se presentaron entre secretismo y contubernio de bancadas. 

La Corte de Constitucionalidad suspendió los cambios al Código Penal, debido a la ilegalidad con la que fueron aprobados. Además, los congresistas que votaron a favor, se retractaron de su actuar, pero su tentativa queda para la historia. 

La manifestación, en la que participaron unas 100 personas, fue convocada por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción e Impunidad, del Comité de Unidad Campesina (CUC).

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A esta primera convocatoria no asistió la mayoría de la población, por ser día laboral; sin embargo, en las próximas manifestaciones participarán más organizaciones y estudiantes universitarios

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“Seguiremos exigiendo la depuración de los diputados, investigación de actuar de los alcaldes, jueces, magistrados y todos los funcionarios públicos. No al pacto de corrupción e impunidad. Tenemos que unificar esfuerzos para seguir la lucha contra este mal”, agregó.

El dirigente Marclo Yaxón expresó: “Ante el pacto de corrupción e impunidad del presidente, diputados y magistrados, queremos que renuncien, porque ya estamos cansados de estos actos”.

“Con las manifestaciones podemos dar a conocer nuestra indignación y demandas, caso contrario nadie nos escuche, pero seguiremos con estas acciones semana tras semana hasta que ellos se retiren”, refirió el líder comunitario Dolores Antonio. 

El enfrentamiento dejó como resultado a dos agentes de la PNC heridos por los manifestantes, quienes protestaban contra los actos de corrupción en los que han sido señalados funcionarios, y exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

Los agentes heridos fueron identificados como Marcelino Saqueo Solval, de 21 años, quien tenía cinco perforaciones de bala, y Osman González Fuentes.

En el enfrentamiento también resultó herido un menor de 12.

Protestas en todo el país

Desde temprana hora del martes pasado, representantes de distintos sectores sociales bloquearon al menos 12 rutas del país y efectuaron concentraciones en varias ciudades de la provincia para exigir la renuncia de Pérez Molina y las reformas a Ley Electoral y de Partidos Político

Este miércoles continúan las protestas en al menos ocho rutas de la provincia y en la ciudad de Quetzatenango.

En el km 230 de la ruta al Pacayá, en Coatepeque, Quetzaltenango, un grupo de pobladores  impidió el paso de vehículos.

Además, en el km 204 de la ruta a Chiquimula hacia la frontera a El Florido, Honduras, las autoridades reportaron un bloqueo, por lo que se recomiendó a la población usar vías alternas.

En El Zarco, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, se reportó una concentración de vecinos que intentaron bloquear la ruta, pero fueron dispersados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En Antigua Guatemala, Sacatepéquez, vecinos han colocado pancartas en el edificio de la municipalidad, en los cuales rechazan el gobierno de Pérez Molina y también exigen su renuncia.

En el peaje de Zunil, Quetzaltenango, un grupo de manifestantes colocó piedras en la cinta asfáltica para evitar el paso de transporte de carga y de pasajeros.

En la ciudad de Xela, un grupo de jóvenes protestó frente a la sede de la Superintendencia de Administración Tributaria para exigir que se investiguen casos de corrupción en esa dependencia.

También se reportaron protestas de distintos sectores sociales frente a la Gobernación Departamental y en las cercanías de tribunales.

Campesinos de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, también impidieron el paso hacia el área urbana de esa localidad y repartieron volantes  con sus exigencias.

En Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán, campesinos colocaron piedras, palos y llantas para impedir el paso de vehículos.

Campesinos tambien bloquearon el paso en el km 149 de la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá.

En la cabecera de Retalhuleu, decenas de maestros salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y exigir la renuncia del jefe del Ejecutivo.

El sindicalista Carlos Visoni comentó que en los hospitales y centros de Salud no hay medicamentos  a causa de la corrupción, por lo que pidieron al Congreso que apruebe el antejuicio con Pérez Molina.

Representantes de diversas organizaciones campesinas e indígenas aglutinadas en la Asamblea Social y Popular de Quiché bloquearon el ingreso a Santa Cruz del Quiché para pedir justicia en casos de corrupción encontrados en el gobierno.  

“Los millones de quetzales robados se hubieran invertido en la salud, educación y seguridad de los guatemaltecos.  Lo único que le queda a Otto Pérez es renunciar”, enfatizó José Laynez, uno de los manifestantes. 

En Dolores, Petén, un grupo de vecinos efectuó una caminata por las principales calles para  pedir que el mandatario de la República abandone el cargo.

En el kilómetro 56 de la ruta Interamericana, en Chimaltenango, un grupo de pobladores  bloqueó el paso de vehículos para manifestar que rechazan que los comicios se efectúen el próximo 6 de septiembre.

En Cobán, Alta Verapaz, y en la cabecera de Jutiapa, también se reportaron manifestaciones.

Puntos aún bloqueados

Los bloqueos persisten  en el km 256 de la ruta de Cobán a Chisec, Alta Verapaz. Otro grupo de campesinos impide el paso de vehículos en el km 393 de la ruta entre  Fray Bartolomé de Las Casas y Chahal.

MONITOREO: 5:00 am. Ingreso a San Julian Pacayá en Coatepeque, y en el km.204 ruta a Chiquimula continúa bloqueado el paso por manifestante

— Dalia Santos (@SantosDalia) August 26, 2015

CSJ da trámite al antejuicio contra Otto Pérez Molina

La Corte Suprema de Justicia determinó este martes por unanimidad, dar trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, a quien el MP y la Cicig lo vinculan como el líder de la estructura La Línea.

Según las investigaciones efectuadas en contra de la estructura, el mandatario tendría conocimiento de la operación de la banda, que operaba en las principales aduanas del país.

Los 13 magistrados por unanimidad decidieron enviar al Congreso el trámite de antejuicio contra el Presidente, por considerar que existen suficientes indicios de su participación dentro de la estructura La Línea, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

A las 16 horas de este martes, el Congreso recibió oficialmente el expediente del antejuicio, el segundo en menos de 90 días en contra del Presidente. Se convocó a sesión para el próximo jueves a las 10 de la mañana, donde se deberá conocer e integrar la Comisión Pesquisidora.

“El pleno de la Corte determinó que la denuncia presentada por el Ministerio Público contra el presidente Otto Pérez no es espuria ni política, por lo cual decidió darle trámite y enviar la resolución al Congreso”, indicó Ángel Pineda, portavoz del Organismo Judicial (OJ).

Según Pineda, el magistrado Gustavo Dubón, presidente de la Sala Segunda del Ramo Penal, ocupó el puesto que dejó Blanca Stalling, quien el lunes se excusó de conocer dicho caso.

Antecedentes

La estructura denominada La Línea surgió entre importadores y trabajadores de la SAT, los cuales convenían disminuir el pago arancelario a diversos productos, con la promesa de un pago, al cual llamaban cola.

Las pesquisas permitieron ubicar a las máximas autoridades de la SAT en la red. Muñoz y su predecesor al frente de la entidad, Omar Franco, fueron capturados y enfrentan a la justicia.

También se halló que eran dos redes, una interna y otra externa, las cuales operaban en la SAT.