Miguel Martinez

Departamento del Tesoro pide más tiempo para responder a demanda de Miguel Martínez

Thu, 14 Nov 2024 17:27:48 +0000

Política

Departamento del Tesoro pide más tiempo para responder a demanda de Miguel Martínez

El ex funcionario busca que su sanción bajo le ley Global Magnitsky sea revocada por falta de pruebas.

Fátima Najarro

14 de noviembre de 2024

11:27h

Miguel Martínez, ex director del Centro de Gobierno fue sancionado por Estados Unidos en 2023. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El primer día de noviembre, la defensa legal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) respondió a la corte solicitando seis semanas más para remitir la información sobre el proceso de remoción de la lista de sancionados bajo la Ley Global Magnitsky al ex jefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.

En septiembre, Martínez por medio de un abogado estadounidense demandó a la Ofac, a la directora de la agencia, Andrea Gacki, y a la secretaria, Janet Yellen, debido a que llevaba siete meses solicitando por la vía administrativa que se cancele su sanción sin lograrlo.

La Corte del Distrito de Columbia había fijado como plazo el 11 de noviembre a la Oficina, que pertenece al Departamento del Tesoro, para remitir una respuesta sobre el caso de Martínez. El Fiscal General Adjunto, Brian Boynton -quien está defendiendo a la Ofac- solicitó la prórroga de seis semanas.

La extensión fue aceptada por Martínez y su abogado, Alexei Schacht, moviendo la fecha límite de respuesta hasta el 23 de diciembre. De acuerdo con el documento remitido a la Corte, por medio de un correo electrónico y un llamada con la defensa de Martínez, fue aceptado el plazo.

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Martínez mantiene la postura que la Ofac está retrasando la eliminación de su sanción porque no tienen pruebas en su contra. En diciembre del 2023, el ex funcionario fue sancionado por estar involucrado, supuestamente, en cobro de sobornos a cambio de contratos del Estado entre los que señalan la compra de las vacunas Sputnik.

“Ellos indican que necesitan un poco más de tiempo, pero nuestra respuesta será que necesitamos una resolución pronta o seguiremos con la demanda, ya que esto mismo es lo que han hecho cada vez que pedimos información a la Ofac. Ellos no tienen prueba alguna de lo que me acusan, yo no he cometido ningún delito para ser juzgado en Estados Unidos”, aseguró Martínez a Prensa Libre.

El caso

La demanda interpuesta en septiembre solicita que la Corte dictamine, si así lo considera, que su permanencia entre los sancionados es ilegal, que sea removido de la lista y que se paguen los costos y honorarios del abogado de Martínez y cualquier otro gasto.

La demanda justifica que a los tres días de haberse dado a conocer su sanción, se ingresó una solicitud directa a la Ofac para ser removido de la misma. Durante siete meses estuvieron manteniendo comunicaciones en las que la agencia les solicitaba más información sobre el ex funcionario.

Los documentos de la demanda señalan también que su inclusión en la lista carece de pruebas y es una persecución política en su contra. Además que ha causado daños económicos por no poder acceder al sistema global financiero y daños “irreparables de reputación y financieros” a su familia.

La Ofac incluyó a Martínez en la lista porque “buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, según el comunicado del Departamento del Tesoro cuando se dio a conocer la sanción.

Las tres peticiones de Miguel Martínez a la Corte del Distrito de Columbia por estar incluido en la Ley Magnitsky

Tue, 01 Oct 2024 19:16:33 +0000

Política

Las tres peticiones de Miguel Martínez a la Corte del Distrito de Columbia por estar incluido en la Ley Magnitsky

El exfuncionario del Centro de Gobierno demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y dos de sus funcionarias.

Fátima Najarro

1 de octubre de 2024

13:16h

Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno,busca revertir la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Luego de nueve meses de estar sancionado con la Ley Global Magnitsky por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), Miguel Martínez, ex funcionario del Centro de Gobierno, ha pedido ante una corte estadounidense del Distrito de Columbia tres cosas, entre los que destaca que declare que su permanencia en la lista es ilegal, porque su sanción responde a fines políticos por ser opuesto al gobierno de Bernardo Arévalo, además de que la agencia no tiene pruebas en su contra.

Por medio de su representante legal, Alexei Schacht, Martínez elevó la petición a la Corte luego de que la solicitud a la Ofac no fue resuelta. En la demanda se solicita que la corte declare, si así lo considera, que es ilegal estar incluido en la lista, que se ordene a la oficina que sea removido, que se paguen los costos y honorarios del abogado de Martínez y cualquier otro gasto que la corte crea justos.

La demanda alcanza a la Ofac, a la directora de esa oficina, Andrea Gacki, y a la secretaria, Janet Yellen. La argumentación consta de 20 puntos, en los que la defensa de Martínez expone el proceso y argumenta el por qué considera que Martínez debe ser removido de la lista.

El exdirector del Centro de Gobierno fue sancionado el 1 de diciembre del 2023 por estar supuestamente involucrado en cobro de sobornos a cambio de contratos del Estado, entre estos el de las vacunas Sputnik que Guatemala le compró al gobierno de Rusia, pero la demanda sostiene que el gobierno de Guatemala no lo ha ligado al caso directamente y que las autoridades de turno que hicieron públicas las anomalías de la compra tampoco lo ligaron directamente.

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A los tres días de haber sido sancionado con la Ley Magnitsky, Martínez solicitó por la vía administrativa directamente a la Ofac ser removido, y hasta septiembre último la agencia no ha procedido con la solicitud del exfuncionario. En la demanda relata que se han hecho solicitudes de información y se ha respondido a ellas, aunque la Ofac no lo ha eliminado. Por eso, la petición fue elevada a la Corte, señalando que la Ofac ha retrasado la solicitud justificando que está “muy ocupada”.

El abogado consigna que debido a que la petición solo puede realizarse administrativamente a través de la Ofac, y en vista de la falta de acciones en tomar una decisión, se acude al sistema judicial.

Cuando Martínez fue sancionado, el Departamento del Tesoro lo consideró “uno de los funcionarios no electos más poderosos” del gobierno de Giammattei, influyendo en los procesos de compras ilegalmente fuera de Guatecompras en busca del beneficio propio.

Pruebas

La demanda presenta como pruebas que el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, cuando presentaron a la prensa la denuncia sobre la compra de las vacunas Sputnik hicieron referencia a que no se tenían señalamientos directos en contra de Martínez ni pruebas de su vinculación —incluso respondiendo a preguntas al respecto—, y que es el Ministerio Público (MP) el encargado de investigar y deducir responsabilidades.

También presenta que en entrevistas a medios de comunicación la exministra de Salud, que fungió en el periodo en el que se realizó la compra, no lo vinculó tampoco en las negociaciones. Así mismo, que Garnica ha declarado a medios que no se han descubierto anomalías de que Martínez incurrió en ilegalidades cuando fue funcionario.

Schacht, el abogado de Martínez, asegura en el documento que como abogado defensor ha solicitado pruebas sobre la inclusión del exfuncionario en la lista y se han recibido respuestas por escrito que no justifican la decisión sustancialmente.

“Aparenta que Estados Unidos no tiene pruebas creíbles y reales de que Martínez ha violado la ley, pero está envuelto en una persecución política en su contra”, se lee en el documento legal.

Agrega que se ha afectado “enormes” daños económicos por no poder acceder al sistema global financiero y que al enlistarlo la Ofac le causó daños “irreparables de reputación y financieros” a su familia indirectamente.

Solicitud

De acuerdo con el documento, por siete meses se mantuvieron comunicaciones con la oficina estadounidense requiriendo que fuera removido de la lista y remitiendo la documentación que se le solicitaba.

Se envió una misiva Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de la oficina el 4 de diciembre.
Luego el 28 a la Ofac debido a que Neslon no respondió.
Posteriormente, el 25 de marzo la agencia requirió información sobre Martínez la cual se respondió los tres días -aunque no se detalla qué se solicitó-.
Así fue como 15 días después Martínez volvió a solicitar la remoción de la sanción debido al envió de sus documentos.
Un día despúes la Ofac solicitó más información sobre el exfuncionario, la cual se remitió más de 20 días despúes.

Destituyen al director del Consejo Nacional de Adopciones

Wed, 07 Aug 2024 03:40:04 +0000

Política

Destituyen al director del Consejo Nacional de Adopciones

Mediante un acuerdo, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones ordenó la destitución de su director.

César Pérez Marroquín

6 de agosto de 2024

21:40h

Antonio Rafael Campos Olivero fue destituido como director del Consejo Nacional de Adopciones. (Foto Prensa Libre: Tomada de Facebook del CNA)

Antonio Rafael Campos Olivero fue destituido este martes 6 de agosto como director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), una decisión que fue tomada por el Consejo Directivo de dicha entidad en medio de informaciones que señalan irregularidades en algunos procesos de adopción, informaron fuentes de dicha entidad

“El Consejo Nacional de Adopciones tomó hoy la decisión de remover del cargo de Director General, al Licenciado Antonio Rafael Campos Olivero, conforme al Acuerdo de Consejo Directivo número 07-2024”, detalló este martes una fuente del CNA.

La destitución de Campos se da luego de que el medio “Vox Populi” publicara un reportaje relacionado a la adopción de dos hermanos por parte del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, y que, según la publicación, en el proceso se han detectado irregularidades.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se colocaron denuncias “por la posible adopción irregular de dos niños”.

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Agrega que se solicitaron nuevas medidas de protección a favor de los niños de mérito, quienes están bajo el resguardado y responsabilidad de un hogar distinto en el que se encontraban, con la finalidad de que su proceso de adopción continúe de forma transparente, con una familia idónea que cumpla con los requisitos que la ley establece, “garantizando así la estricta observancia al principio del Interés Superior del Niño y la restitución de sus derechos humanos”.

Rechazó señalamientos

Además, el CNA rechazó los señalamientos y garantizó que cumple con todos los procedimientos técnicos, legales y administrativos durante los procesos.

El CNA “rechaza contundentemente cualquier información mal intencionada y con propósitos espurios que perjudican la institucionalidad y principalmente a la niñez y adolescencia guatemalteca vulnerada en sus derechos”.

Además, el CNA refiere que “fiel a sus principios y valores cumple con todos los procedimientos técnicos, legales y administrativos para garantizar la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad”.

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Agrega: “El artículo 8 de la Ley de Adopciones protege la confidencialidad del proceso administrativo de adopción, estableciendo que: “TODAS las actuaciones dentro del procedimiento de adopción gozarán de la garantía de discreción y reserva. Esta garantía se extiende al adoptado, adoptante y padres biológicos en la parte que a cada uno involucre”.