Sala rechaza apelación y confirma sentencia absolutoria en favor del exdiputado Julio Juárez

El exdiputado Julio Juárez era señalado en la muerte del periodista Danilo López.

Óscar García y Elmer Vargas

12 de junio de 2024

|

21:03h

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El exdiputado Julio Juárez enfrentará debate por la muerte del periodistas Danilo López. (Foto: Hemeroteca PL)

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió dejar firme la sentencia absolutoria dictada en favor del exdiputado Julio Juárez, quien fue señalado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Danilo Sapón López en 2015.

La sentencia en favor del exlegislador fue dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo B en mayo de 2022.

El Ministerio Público (MP) presentó una apelación en contra de la sentencia; sin embargo, la resolución de la Sala deja firme lo dictado por el Tribunal.

El periodista Danilo Sapón López fue asesinado mientras se encontraba en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez.

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El 13 de mayo de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió al exdiputado Julio Juárez por la muerte del periodista Danilo López, quien era corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez.

En esa ocasión, la jueza Jeanette Valdés explicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad “hizo un mal trabajo” de investigación y la hipótesis se basó “en un contexto político”.

La presidenta del tribunal también dijo en esa oportunidad que un testigo propuesto por la defensa, en su declaración nunca fue claro sobre que el exdiputado haya pagado por la comisión del crimen, como lo aseguró la Fiscalía.

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Agregó que no se pudo probar con certeza que el señalado “haya pagado por ese hecho violento”.

La oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Centro de Periodistas de Afganistán contabilizaron por su parte nueve periodistas muertos, entre ellos Shah Marai, jefe del servicio fotográfico de la oficina de la AFP en Kabul.

Marai, que llegó rápidamente al lugar de la primera explosión para tomar imágenes, murió en la segunda explosión, ocurrida unos 30 minutos más tarde.

De 48 años, trabajaba para la AFP desde 1996 y había cubierto ampliamente la situación en el país bajo el régimen talibán y la invasión estadounidense de Afganistán en el 2001, consecutiva a los atentados de Al Qaeda en Nueva York y Washington.

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“Aprendí la fotografía yo solo, así que siempre estoy buscando mejorar. Ahora mis fotos se publican en todo el mundo”, decía Shah Marai sobre su trabajo.

Según una fuente de la seguridad afgana, el kamikaze que atacó este lunes a la prensa se había mezclado entre los reporteros “llevando una cámara”.

“El kamikaze se hizo estallar entre los periodistas y causó víctimas”, dijo a la AFP el portavoz de la policía de Kabul, Hashmat Stanikzai.

“Es con enorme tristeza que la BBC confirma la muerte de nuestro reportero afgano Ahmad Shah como consecuencia de un atentado”, dijo la BBC en un comunicado poco después del doble ataque.

Talibanes y el Estado Islámico

“Estamos devastados por la muerte de nuestro fotógrafo Shah Marai, que era testigo desde hacía más de 15 años de la tragedia que golpea ese país. La dirección de la AFP saluda el valor, el profesionalismo y la generosidad de este periodista que había cubierto decenas de atentados antes de ser él mismo víctima de la barbarie”, declaró la directora de la Información de la agencia de noticias, Michèle Léridon.

Numerosos mensajes de simpatía y condolencias llegaron a la oficina de la AFP en Kabul, otro de cuyos periodistas, Sardar Ahmad, murió en marzo de 2014 junto a toda su familia -salvo un hijo de tres años- en un atentado talibán.

Sardar era uno de los mejores amigos de Shah Marai, que deja por su parte seis hijos, la más pequeña de los cuales nació hace 15 días.

Marai y los otros periodistas habían ido a cubrir el primer atentado, cometido poco antes de las 8 horas locales (03.30 GMT) cerca de la sede de los servicios de inteligencia (NDS).

“Un kamikaze que circulaba en una motocicleta se hizo estallar (…) en el sector de Shash Darak”, informó Stanikazai.

La sede del NDS ya había sido blanco de un atentado en marzo. Un kamikaze a pie había cruzado entonces el control policial y se hizo estallar a la entrada de las oficinas causando tres muertos y cinco heridos.

Atentado en Kandahar

A última hora de la mañana, un nuevo atentado, perpetrado por un kamikaze al volante de un automóvil, mató a once niños que se habían agrupado en torno a un convoy rumano de la Otán cerca del aeropuerto de Kandahar, en el sur del país, informó el portavoz del gobierno provincial, Said Aziz Ahmad Azizi.

Otras 16 personas resultaron heridas, entre ellas cinco soldados rumanos de la Otán y dos policías afganos, precisó.

El ataque, que no fue reinvidicado, tiene lugar después de que los talibanes anunciaran el miércoles el inicio de su ofensiva de primavera, rehusando implícitamente los recientes llamados del gobierno afgano a entablar negociaciones de paz.

 Kabul se ha convertido, según la ONU, en el lugar más peligroso de Afganistán para los civiles con una recrudescencia de los atentados, generalmente perpetrados por kamikazes y reivindicados por los talibanes o el EI.

Así, los atentados contra civiles causaron dos veces más víctimas en los primeros tres meses de 2018 -763 civiles muertos, 1.495 heridos- que en el mismo periodo de 2017.

El precedente ataque en la capital, el domingo 22 de abril, dejó casi 60 muertos y 20 heridos en un barrio de mayoría chiita: un kamikaze del EI atacó un centro de entrega de tarjetas de identidad para las elecciones legislativas del 20 de octubre.

Uno de los atentados más mortíferos, el 27 de enero, causó 103 muertos y más de 150 heridos.

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Esto sucedió durante la captura del diputado Julio Juárez

Ese día fue capturado Sergio Waldemar Cardona Reyes en la ruta hacia Cuyotenango, después de que testigos del crimen describieron a los atacantes.

Dos días después del ataque, autoridades capturaron a Artemio de Jesús Ramírez Torres, quien presuntamente habría disparado contra los periodistas.

Después del homicidio de los comunicadores, se difundió el video de una cámara de seguridad que mostraba a los individuos que cometieron el crimen, cuyas prendas de vestir coincidían con la que cargaban los capturados.

Investigación

El 26 de enero último, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), confirmaron la existencia de una estructura criminal que segó la vida de los comunicadores, la cual estaba integrada por sicarios, planificadores e intermediarios.

Las investigaciones llevaron a la conclusión de que una cantidad de Q25 mil había sido lo pactado a cambio del crimen.

El Ministerio Público aseguró que el entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y ahora diputado, Julio Antonio Juárez Ramírez, pactó con dos intermediarios, quienes instruyeron al grupo de sicarios para vigilar la casa de López, seguirlo el día del crimen y matarlo en el parque central.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, Juárez tenía “contradicciones” con López, respecto de la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Suchitepéquez, por el partido Líder.

Juárez habría sido quien designaba a los candidatos locales por tener el apoyo de las bases partidarias, y se oponía a que Érick López Posadas fuera aspirante para la comuna de Cuyotenango, candidato que, según la investigación, era el favorito del comunicador.

Al final Juárez consiguió que López Posadas fuera removido y que Débora Karina Borrayo Lima, esposa de Marco Antonio Paredes Palacios -uno de los intermediarios en el crimen- fuera designada como candidata a la alcaldía.

En la audiencia de primera declaración de los implicados salió a relucir el nombre de una persona a quien denominaban el Guayo, quien presuntamente hizo la coordinación de los sicarios.

El caso fue conocido primero por un juzgado de la localidad, pero se pidió que fuera trasladado a la capital, y fue hasta el 8 de abril de 2015 que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió trasladar el caso al Juzgado de Mayor Riesgo B en la capital.

Los magistrados argumentaron que existía riesgo para los fiscales que estaban a cargo de la investigación, ya que estos denunciaron que a través de una llamada se les advirtió de que si continuaban con las investigaciones, seguirían matando periodistas.

Dos de los testigos protegidos también fueron trasladados de Mazatenango porque también denunciaron estar siendo intimidados.

Más capturas

El 26 de noviembre de 2015 el MP pidió la captura de otras cuatro personas que estarían involucradas en el caso y eran los supuestos planificadores: Nery Yanuario López Gramajo, el que habría planificado los homicidios; Carlos Aníbal Fuentes Camey, el enlace con el negociador y supuesto autor intelectual (diputado Julio Juárez); Hugo Otoniel Escobar Reyes, otro enlace con el negociador; y Belter Armando Álvarez Castillo, quien mantuvo contacto con el negociador.

Otros sindicados

Jorge León Cabrera Solís, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) era el supuesto coordinador de los sicarios, quien llegó a ser colaborador eficaz. Luis Emerio Juárez Pichiyá, otro agente de la PNC, también estaría involucrado, al igual que Germán Amílcar Morataya Beltrán.

El 6 de marzo del año pasado, el expediente fue trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), para que se agilizaran las investigaciones contra los actores intelectuales del caso. Aunque eran seis los capturados, uno fue dejado en libertad por falta de mérito.

El 1 de febrero de este año, Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reyna fueron ligados a proceso por la muerte de los periodistas. Ambos habrían sido intermediarios entre el autor intelectual y los autores materiales.

¿Cómo fue?

Cardona Reyes y Morataya Beltrán estaban procesados por los delitos de asesinato y asociación ilícita, mientras que Ramírez Torres únicamente por asociación ilícita.

El Ministerio Público (MP) estableció que el objetivo de los sicarios era Danilo López, pero también asesinaron a Salazar y dejaron lesionado a Marvin Túnchez, reportero de un canal local.

Varios trabajos periodísticos de López habían destacado hechos de corrupción en municipalidades de esa región.

Por este caso también están siendo procesados los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Jorge León Cabrera Solís y Luis Emerio Juárez Pichiyá. 

Según las investigaciones, los dos policías coordinaron el ataque contra los comunicadores. Su vinculación al caso se dio luego del análisis de los teléfonos celulares de otros integrantes de la estructura.

La Fiscalía sostiene que la estructura criminal que segó la vida de los periodistas contaba con sicarios, encargados de la planificación de los asesinatos e intermediarios. De acuerdo con las escuchas teléfonicas y la información de un colaborador eficaz, el crimen se habría pactado por Q25 mil.

• AUDIO: Danilo López reveló sus temores por las posibles consecuencias de sus investigaciones.

Antecedentes

• El 10 de marzo del 2015 ocurrió el crimen en Mazatenango, Suchitepéquez. 
• Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, envió a juicio a los tres señalados en el debate.
• Marvin Túnchez, corresponsal de una empresa de cable local, resultó herido en el ataque contra Danilo López y Federico Salazar, 
• El diputado oficialista Julio Antonio Juárez Ramírez es señalado  en la muerte de los periodistas. El MP solicitó antejuicio y el caso aún está en proceso.

Disputa política

De acuerdo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el ataque contra los periodistas se produjo en momentos en los que el diputado Julio Juárez tenía “contradicciones” con López respecto a la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Suchitepéquez, por el partido Líder.

Juárez, quien tenía el apoyo de las bases partidarias y además designaba a los candidatos locales, se oponía a que el contratista Érick López Posadas fuera el aspirante a la comuna de Cuyotenango, y a quien, según la investigación, apoyaba el periodista López.

En video

Dejan en libertad a sindicado por crimen contra periodistas en Suchitepéquez

Previo a solicitarle dos puntos en específico, la alianza le señala a Lanza que “del 2013 a la fecha se han registrado 19 casos de muertes violentas de comunicadores, aunque no se ha podido verificar, debido a la lentitud de la justicia, si esos asesinatos estuvieron directamente relacionados con la labor periodística”.

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Agrega que desde el 2012, cuando Guatemala pasó el Examen Periódico Universal, han ocurrido más de 258 agresiones; y que las acciones del crimen organizado y del narcotráfico han implantado la censura y la autocensura en el gremio,  lo cual viola la libertad de prensa y el derecho a la información de la sociedad.

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Agentes de la PNC involucrados en homicidio de periodistas

Los periodistas señalan que el presidente Jimmy Morales —el 18 de julio de 2016 ante una representación del gremio y altos funcionarios de su gobierno— avaló la propuesta.

“De manera respetuosa, solicitamos al señor Lanza que aborde este tema que es de suma importancia en sus encuentros con las autoridades y sobre todo, que recomiende que se inicie, a la brevedad, la construcción del Programa de Protección a Periodistas que ya cuenta con el aval del Presidente Jimmy Morales”, se indica.

Valdés Cardona tenía 65 años y era director de un programa de televisión local en el que se informaba sobre actividades culturales.

La investigación es coordinada por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

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El hecho

Valdés, quien era médico y comunicador, se ejercitaba junto a un familiar la mañana del martes 7 de junio de este año, cuando fue interceptado por sujetos en motocicleta, quienes le dispararon y huyeron con rumbo desconocido.

La captura de Felipe Morales, quien laboraba en una empresa de cines, se efectuó el 14 de julio último, en la referida cabecera. 

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https://twitter.com/oscargarcia_pl/status/753741657447759872

Video publicado el 7 de junio del 2016

El corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez, Danilo López y  Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo  fueron ultimados en marzo del 2015 en el parque central del Mazatenango.

El doble crimen causó  consternación y repudio en  entidades de prensa nacional e internacional, así como organizaciones de derechos humanos.

Los hechos

El 10 de marzo último, el corresponsal de Prensa Libre, Danilo López, conversaba con sus colegas Federico Salazar de la radio Nuevo Mundo y Marvin Túnchez de un cable local, la plática la interrumpió  un desconocido que disparó contra López y Salazar; Túnchez resultó herido de bala.

Los otros dos periodistas  murieron en el lugar, el sujeto y su cómplice huyeron en una moto de color azul
 
El 20 de febrero de 2014, López concedió una entrevista a un periodista extranjero, el corresponsal reveló sus temores por las posibles consecuencias de su trabajo periodístico en Suchitepéquez, ese día, habló  del trabajo del crimen organizado, corrupción policial y en las municipalidades, además del narcotráfico.
 
Por este caso, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha capturado a cinco personas,  incluido a Sergio Waldemar Cardona Reyes, detenido el día del hecho, y Artemio de Jesús Ramírez Torres, dos días después.

Audio

En una entrevista concedida en febrero de 2014, el periodista  revela su temor.

 
Los otros capturados son el agente de la Policía Nacional Civil, Jorge León Cabrera Solís y el subinspector Luis Emerio Juárez Pichillá, a quienes señalan de ser los coordinadores del grupo delictivo. También el particular German Amílcar Morataya Beltrán.
 
Los policías estaban asignados a la oficina de supervisión de la División de Protección a Personalidades y Seguridad, el día del hecho se encontraban de descanso.

Video de marzo 2015

Arlin López sindicado de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. pic.twitter.com/WuZc05hmc1

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2016

En México, los Estados de Veracruz y Oaxaca, en el sur del país, son los más peligrosos para los reporteros, víctimas de las mafias o de dirigentes políticos locales cuyos actos de corrupción habían denunciado.

En otras épocas, los periodistas podían escapar de esos Estados para refugiarse en regiones “más tranquilas”, pero el asesinato de Rubén Espinosa en la capital, el 31 de julio, “demostró que hoy en día no existe ningún refugio para los periodistas amenazados”, indica RSF.

Espinosa apareció muerto con heridas de tortura junto a cuatro mujeres en un apartamento de la capital mexicana. Había huido del Estado de Veracruz. Su muerte levantó una ola de indignación y puso en evidencia la vulnerabilidad de la profesión en México.

Según RSF, la ley de protección de periodistas aprobada días más tarde en el distrito de México “solo resultará eficaz si se extiende a otros Estados y si recibe medios eficaces de implementación”. Detrás de México, Honduras es el otro país más peligroso para la profesión en América Latina, con 7 reporteros muertos en 2015.

En todo el mundo hay actualmente 54 periodistas tomados como rehenes, contra 40 en 2014, aunque este año hubo menos secuestros que el anterior, precisa RSF.

En total, 787 periodistas fueron abatidos en el mundo desde 2005 durante el ejercicio de su profesión.

La oenegé deplora la falta de implicación de ciertos países para proteger a los periodistas y exige “una reacción que esté a la altura de la emergencia”.

Si se suman a esta lista las “muertes sospechosas”, RSF contabiliza un total 110 reporteros muertos. “Esta preocupante situación es imputable a una violencia deliberada contra los periodistas, y pone en evidencia el fracaso de las iniciativas destinadas a protegerlos”.

Vecinos comentaron que Cardona, quien laboró para este medio, relataba que en su juventud fue periodista.

Autoridades indicaron que los malhechores robaron un televisor y otros aparatos eléctricos, y  se presume sustrajeron dinero en efectivo.

De acuerdo con trabajadores de la finca, el crimen pudo haber ocurrido la noche del domingo último y la intensa lluvia pudo haber facilitado el actuar de los delincuentes.

Investigadores policiales indicaron que hace cuatro meses la víctima había denunciado que recibía amenazas de muerte, pero desconoce el motivo de estas. 

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad capturaron a Carmelo Juan Echevarría Díaz, de 36 años, quien se encontraba en la residencia del diputado José Echeverría, en Mazatenango.

Carmelo Juan Echevarría Díaz, detendido durante operativos antinarcóticos, en Mazatenango. (Foto Prensa Libre:)

Echevarría llegó al Congreso por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y actualmente es precandidato para la reelección por el partido Libertada Democrática Renovada (Líder).

Los operativos son apoyados por agentes antinarcóticos y aeronaves que sobrevuelan las zonas allanadas.

Parte de las municiones incautadas en allanamientos en Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: PNC)

Según un informe de la agencia de noticias “EFE”, los operativos están enfocados en capturar a supuestos narcotraficantes que tienen nexos con el cartel de Sinaloa.

Según EFE, el viceministro de Gobernación, Edy Juárez, dijo que las acciones forman parte de la operación “Ojo de Halcón”, que las autoridades pusieron en marcha en febrero recién pasado en San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Jutiapa, contra el narcotráfico.

Varios inmuebles de la familia Oajaca son allanados por agentes antidrogas de la Policía Nacional Civil, en Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los operativos en Mazatenango están respaldados por cuatro helicópteros de la PNC y son coordinados por el Quinto Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.

Juárez explicó que se realizan allanamientos en viviendas, bodegas y estacionamientos de vehículos pesados en busca de evidencias sobre el tráfico de drogas.

Movilización policial en Mazatenango, Suchitepéquez, debido a una serie de allanamientos en casas de la familia Oajaca. (Foto Prensa Libre:)

En Mazatenango se buscan evidencias sobre los supuestos nexos de una familia de apellido Oajaca con el cártel de Sinaloa (México), indicó.

Anunció que al concluir el operativo se darán a conocer los resultados.

Posibles vínculos con el narco

El denominado grupo Oajaca, formado y dirigido por varios integrantes de una prominente familia de Suchitepéquez, es el que ostenta las rutas de trasiego de droga ilegal en el referido departamento, indicó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

A la organización se le vincula con las actividades del narcotráfico efectuadas por el océano Pacífico y con posibles conexiones con el cartel de Sinaloa, en México, dijo el funcionario.

Según información obtenida por equipos de Inteligencia, el área de operaciones del grupo Oajaca se ubica en las playas de Churirín, parte de la zona costera de Mazatenango.

“Las playas de Churirín son las que han recibido el mayor número de cargamentos de trasiego ilegal de drogas que vienen del mar, y es allí donde algunas familias locales, incluidos los Oajaca, mantienen acciones ilícitas”, informó López Bonilla.

Para el próximo 31 de marzo se programó audiencia de primera declaración de Artemio de Jesús Ramírez Torres y Valdemar Cardona Reyes, capturados como sospechosos de haber disparado contra los periodistas Danilo López y Federico Salazar, en Suchitepéquez, quienes murieron a causa de las heridas.La jueza Trinidad Paula Ceballos Salguero controla el expediente abierto contra los señalados, por delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

Artemio de Jesús Ramírez Torres, detenido por su supuesta implicación en la muerte de periodistas en Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El jefe del Interior calificó a la referida familia como un grupo que “obviamente ha sido muy famoso allí —en Suchitepéquez—, por haberse apoderado de rutas de trasiego”.

Para los pobladores del lugar, escuchar los nombres de los hermanos Mynor, Fernando, Estuardo y Juan Carlos Oajaca produce miedo. Incluso, hay quienes los saludan para evitar que se interprete como una rivalidad, consta en la información recabada por Inteligencia.

“Todo mundo sabe allí quiénes son los que están metidos en problemas”, añadió el ministro.

#MazateNews: Helicópteros sobrevuelan #Mazatenango ante gran movilización policial. @willitolopez pic.twitter.com/eE2C01wZJv

— MAZATE NEWS (@MAZATE_NEWS) March 25, 2015

En el portal de Guatecompras aparece que son proveedores del Estado y que se les adjudicaron varios concursos a Mynor, Fernando y Estuardo. Juan Carlos se encuentra en el listado, pero a su nombre no se registra ninguna actividad comercial con entidades públicas.

En agosto del año pasado, el Organismo Judicial arrendó a Fernando un local de su propiedad, ubicado en la zona 1 de Mazatenango, donde funciona el Juzgado de Familia.

También se registran transacciones de la familia con el Ministerio de Salud, para suministrar agua purificada al hospital de la localidad.

Mynor sería el encargado de organizar un concurso de belleza que agrupa a mujeres representantes de cada departamento del país.

Acciones

Las autoridades pusieron atención a Suchitepéquez desde finales del 2012, cuando se incrementó la cifra de hechos delincuenciales.

López Bonilla resaltó que cuatro son los ilícitos que con mayor frecuencia se efectúan en ese departamento, entre los cuales se encuentra el tráfico de droga —compra, venta, distribución y traslado de estupefacientes—; las operaciones de pandillas que se apoderaron de diversos territorios, bandas de sicarios, y los problemas que derivan del mal manejo de los fondos públicos en algunas comunas.

El funcionario también señaló que las fuerzas de seguridad han identificado a otra estructura dirigida por un hombre del que solo se sabe que es apodado como el Morado.

Una de las líneas de investigación por la muerte de Armando Villatoro Ramos, camarógrafo de una empresa de televisión por cable que opera en Chicacao, Suchitepéquez, es determinar si la víctima tenía o no vínculos con grupos delincuenciales del lugar, explicó Mauricio López Bonilla, por lo cual se analizan las publicaciones que hizo en Facebook.“Lo primero que va a hacer un investigador hoy día es ir a buscar en las redes sociales”, agregó.

Armando Villatoro Ramos, camarógrafo asesinado en Chicacao, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Periodista

Las declaraciones de López Bonilla coinciden con lo expuesto por el periodista Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, ultimado el 10 de marzo último, quien en una entrevista de febrero del 2014 manifestó a su interlocutor su temor a represalias en su contra por las investigaciones que hacía.

El periodistas Danilo López murió baleado en el parque de Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Reforzarán Comisaría

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, viajó a Suchitepéquez, donde se reunió con periodistas de la localidad y les ofreció reforzar la fuerza policial en el lugar y brindar seguridad a los comunicadores sociales.

El jefe del Interior explicó a los reporteros que hoy regresará junto con el director de la Policía Nacional Civil y agentes de la entidad, para mejorar las condiciones de seguridad en el área y para con los comunicadores.

https://twitter.com/drives29/status/580761964634333185

La División de Prevención del Delito de la Policía incrementará presencia en Suchitepéquez, específicamente en áreas de mayor incidencia delictiva, afirmó López Bonilla.

“La próxima reunión será el miércoles, para terminar de afinar los mecanismos de protección en el área”, agregó.

El funcionario detalló que avanzan las investigaciones por la muerte de los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, ultimados el 10 de marzo recién pasado.

“Con los elementos de la investigación eventualmente habrá más órdenes de captura; sigue extendiéndose la investigación, y en eso es en lo que estamos”, afirmó.

Diputado polémico 

En septiembre del 2011, Prensa Libre publicó un reportaje titulado Mafia opera en Suchitepéquez, en el cual hizo referencia sobre una red de constructoras creada por el entonces candidato a diputado José David Echevarría Díaz, y el gobernador de esa época,  Werner Enecón Martínez Díaz, la cual se benefició con Q63 millones del Consejo Departamental de Desarrollo.

En tres años de gestión, Werner Enecón Martínez Díaz, gobernador de Suchitepéquez, creó junto a José David Echevarría Díaz —candidato a diputado por ese departamento de la coalición UNE-Gana—, una red de constructoras que se benefició con Q63 millones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

Los negocios realizados por medio de la organización no gubernamental (ONG) Asociación de Desarrollo y Servicio Social (Ades) y de constructoras propiedad de Echevarría Díaz eran el secreto mejor guardado del grupo que protege a Martínez Díaz y Echevarría Díaz. 

La historia comenzó el 16 de julio del 2008, cuando el presidente Álvaro Colom designó como gobernador a Martínez Díaz —quien planificó la forma de obtener dinero de las obras sin arriesgar su cargo—.

El objetivo era agenciarse de fondos para lanzar una posible candidatura a cargo público, y encontró en Echevarría Díaz, primo de su esposa, Indira Janeth Samayoa Echevarría, la plataforma para hacer que el dinero del Codede se quedara en la familia.

Círculo de obras

Ades obtuvo obras para trasladarlas a empresas del grupo porque Martínez Díaz negó a varias municipalidades ejecutar proyectos y, en cambio, firmó decenas de convenios con la referida ONG, que, según denuncias de funcionarios ediles afectados, se realizaron con materiales de baja calidad.

Danilo Madrazo, alcalde –de ese entonces- de San Francisco Zapotitlán, señaló la manipulación de Martínez Díaz: “Hemos sufrido por algunas reacciones del gobernador. Nos quitó proyectos en la perforación del pozo; disminuyó la meta del proyecto, los pies de perforación y metros cúbicos del cilindro del agua; no dejó que la municipalidad ejecutara el proyecto, desviando las obras hacia la ONG, encargada de ejecutarlo”.

Ades ha administrado y ejecutado Q23 millones 697 mil 24 del Codede de Suchitepéquez, la Dirección de Auditoría General, el Fideicomiso Fondo Nacional para la Paz, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y el municipio de San Francisco Zapotitlán.

La referida organización tiene –en esa fecha – como representante a Deonicio Panjoj Panjoj, quien aparece como representante de dos asociaciones más que tienen como sede la 8a. avenida 12-19, zona 2, colonia Flor del Café, Mazatenango. 

Prensa Libre constató que en la citada dirección funciona una librería —atendida por Ruth Pérez, empleada de Echevarría—, y no Ades.

En el portal de Guatecompras le aparece a Ades una dirección en la capital —49 calle 25-26, zona 12, residenciales Los Cedros 1—, pero al contactar vía telefónica con el lugar, la mujer que contestó aseguró que el inmueble es propiedad privada y que no conocen a Panjoj ni la ONG Ades. 

El director ejecutivo del Codede –de ese momento- de Suchitepéquez, José de León, explicó que, según el plan de trabajo del gobernador, una ONG construye en menor tiempo una obra, “contrario a las municipalidades, donde hay problemas”.

Cifras

• Q8 millones fue  el monto que adeuda el Codede en obras del 2010
• Q56 millones  fue el presupuesto 2011 del Codede de Suchitepéquez
• 90 obras serían edificadas con los fondos en ese departamento

Después de que Ades toma un proyecto, se abre a concurso la licitación y compañías afines y de familiares de EchevarríaDíaz ganan la adjudicación. 

Empresas como Blocosta, S.A., cuyo representante legal es Ramiro San Juan Echevarría; Construcciones San Juan, representada por Guillermo Enrique San Juan Echevarría, y Caloglo, S.A., cuyo representante es Rony Estuardo Ángel Tum, ganan las adjudicaciones de las obras.

Las bases de datos del Registro Mercantil, la Superintendencia de Administración Tributaria y Guatecompras contienen información que vincula a José Echevarría Díaz con otras empresas, entre ellas Alquilo, S.A., Inversiones y Negocios de la Construcción de la Costa Sur S.A., Calogu y la red de ferreterías Don Pepe, que provee de materiales de construcción a las empresas de Martínez Díaz y Echevarría Díaz.

Las constructoras a las que Ades entrega los proyectos deben comprar los materiales en las ferreterías Don Pepe —propiedad de Echevarría Díaz—, según un empleado de esa ONG que prefirió no ser identificado.
“Siempre hay personas que les prestan su empresa para hacer la licitación, pero de antemano se sabe que el proyecto debe quedar con amigos de don Pepe”, expresó.

Fotografía del 2011, en la que se observa la fachada de la ferretería Don Pepe y un rótulo en el cual se promueve la imagen del ahora diputado Echevarría. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esa versión la confirman líderes comunitarios de La Ceiba, aldea San José, en San Francisco Zapotitlán, al manifestar que el block, la tubería, el cemento, entre otros materiales, fueron comprados en las ferreterías Don Pepe.

De acuerdo con el trabajador de Ades, meses atrás se planificó la compra de cien motores solicitados por agricultores para el proyecto de infraestructura de riego y fortalecimiento de la agricultura en Mazatenango y Santo Domingo Suchitepéquez.

“El presupuesto era de Q310 mil. Recibimos la orden de buscar motores de menor precio y encontramos unos de Q2 mil 300. Hubo otra propuesta de motores que valían Q1 mil 800, pero era muy evidente el cambio”, dijo el empleado.

Montos ejecutados

Del 2008 a la fecha -2011- las empresas ligadas al círculo de Martínez Díaz y Echevarría Díaz han manejado cantidades millonarias. 

Constructora Civil y Eléctrica del Sur (Concielecsur) ha ejecutado en obras de varios municipios de Suchitepéquez Q39 millones 759 mil 161 —fondos de 138 obras que otorgó Ades, de las cuales 93 fueron ejecutadas en compras directas de las comunas y 45 del Codede—. 

Caloglo, S.A. del 2009 al 2011 ha ejecutado Q13 millones 465 mil 800 de 28 proyectos que Ades le adjudicó. 
 
 

“Exigimos la captura de los actores intelectuales, seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión y que el Presidente Otto Pérez Molina, haga una invitación al relator en el tema de libertad de expresión de la OEA. Además nos solidarizamos con los investigadores del MP que están siendo amenazados”, dijo José Cansinos, de la Asociación de Prensa Quetzalteca.

En Sacatepéquez, periodistas de distintos medios de comunicación entregaron un documento en la Procuraduría de los Derechos Humanos y en Gobernación, para que se garantice la seguridad de los comunicadores de ese departamento.

Además, exigen que se profundice en las investigaciones de la muerte de los periodistas Danilo López, de Prensa Libre, Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y Guido Villatoro, camarógrafo de un canal de cable local, ultimados en Mazatenango y Chicacao respectivamente.

De acuerdo con los comunicadores, para el viernes tienen previsto efectuar una caminata, la cual será acuerpada por organizaciones de la sociedad civil de ese departamento.

En San Marcos, los comunicadores efectuaron una caminata de 2.5 kilómetros, entre San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, en contra de la impunidad y en demanda de más seguridad para el gremio.

Durante el evento, los participantes mostraron solidaridad con las familias de los comunicadores asesinados.

Unos 23 periodistas de Jutiapa se reunieron para efectuar una marcha pacífica que concluyó frente a Gobernación, por medio de la cual exigieron a las autoridades que investiguen la muerte de los reporteros en Mazatenango.

Los comunicadores entregaron un memorial al gobernador Armando Palma, a quien pidieron coordinar con la PNC y el MP la seguridad de los periodistas en Jutiapa.

El 10 de marzo recién pasado, los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, fueron ultimados frente a la Gobernación Departamental, en Mazatenango.

Por este caso han sido capturadas dos hombres, señalados de ser los autores materiales. Tres días después fue asesinado Guido Villatoro, camarógrafo de un canal por cable en Chicacao, Suchitepéquez. Por este caso hay tres detenidos.

Amenazas

El Ministerio Público (MP) envió personal de seguridad a la Fiscalía Distrital de Mazatenango, Suchitepéquez para proteger al personal que tenga a cargo diligencias, ya sea por los crímenes de tres periodistas o para otro tipo de investigaciones.

Hasta ahora, las intimidaciones han llegado en forma indirecta, por lo que se decidió prevenir y cuidar al personal, informó Elka Huitz, jefa de la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez.

Agregó que desde la sede central del MP enviaron agentes de seguridad, en resguardo de dos fiscalías. “El ambiente es tenso, pero vamos a seguir con la investigación; las diligencias continúan”, afirmó.

Por la misma seguridad de los trabajadores, la jefa de la Fiscalía prefirió no detallar en qué consisten las amenazas indirectas. Refirió que en el 2010 hubo un atentado y pasaron disparando por un caso de asesinato.

De igual manera, comentó, se hace un análisis de seguridad sobre cuáles son las necesidades de protección, para continuar con las pesquisas.

En ese lugar trabajan 57 personas: 16 auxiliares fiscales, tres agentes fiscales y la jefa de la Fiscalía Distrital.

La fiscal general del MP, Thelma Aldana, informó que verificarán la denuncia y que el trabajo no se detendrá.

También solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que remita el caso de los periodistas a la capital, para que lo conozca un juzgado de Mayor Riesgo.

El funcionario ofreció a los periodistas mantener vigilancia en las oficinas de los distintos medios de comunicación, efectuar patrullajes perimetrales en las viviendas de los comunicadores y darles acompañamiento cuando estos efectúen coberturas en zonas lejanas.

Peticiones

Los periodistas entregaron a López Bonilla un documento firmado por la mayoría de comunicadores de Mazatenango, por medio del cual efectuaron algunas peticiones, como el cambio de jefe de la comisaría 33 de la PNC, fortalecer a la Policía en el departamento con equipo adecuado, motocicletas y abastecimiento de combustible, entre otras demandas.

El martes 10 de marzo fueron muertos a Balazos los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, cuando estaban sentados en una banca del parque central de Mazatenango.

En ese incidente también resultó herido Marvin Túnchez, quien se recupera en n centro asistencial. Por este hecho las fuerzas de seguridad capturaron a dos hombres sindicados de ser los responsables de ataque.

Además, el viernes último desconocidos atacaron a balazos al camarógrafo de una empresa de cable en Chicacao, Armando Giovanni Villatoro Ramos, quien falleció en el Hospital Nacional de Mazatenango. Por ese ataque se reporta la detención de cuatro personas.

Las autoridades atribuyen ese hecho a una represalia por la captura de un presunto pandillero, que fue apresado cuando recogía el pago de una extorsión que desconocidos efectuaban a la empresa en donde laboraba Villatoro.

Los comunicadores entregaron en la Gobernación un pliego de peticiones para exigir que se brinde protección a los periodistas en el ejercicio de su trabajo, el cual ha sido vulnerado por funcionarios que se sienten afectados por las publicaciones periodísticas.

Autoridades deben cumplir

José Luis Gómez, uno de los manifestantes, afirmó que las autoridades deben cumplir con su obligación de investigar, capturar y procesar judicialmente a los responsables del ataque contra de los periodistas, que dejó dos muertos y herido al reportero Marvin Túnchez.

Agregó que no basta con matar periodistas para callarlos, por el contrario acciones violentas como las registradas en Suchitepéquez fortalecen la lucha por la defensa de la libertad de expresión en Guatemala, pues permiten la unidad del gremio.

Gómez enfatizó que las autoridades de Gobernación deben escuchar las denuncias de los comunicadores y brindar las medidas de seguridad y no esperar a que ocurra un hecho de violencia para reaccionar.

Temen represión

La periodista Yulisa Gutiérrez manifestó su preocupación, pues este año electoral se prevé que puedan incrementarse las acciones de represión, agresiones y ataques en contra de la Prensa, ante lo que debe reaccionar la comunidad internacional para demandar de que las autoridades guatemaltecas respondan en defensa del gremio.

Tras la caminata de solidaridad, los comunicadores solicitaron la presencia del gobernador Keneth Mérida, sin embargo no acudió ni envió a un representante para entregar el pliego de peticiones que fue recibido por los encargados de la recepción.

Los comunicadores indicaron que cuando se interpone una denuncia las autoridades engavetan los procesos sin que haya acciones mínimos de seguridad para el denunciante.

Una prueba de ello es una denuncia que se presentó el 26 de febrero del 2014 contra un funcionario señalado de haber agredido e intimidado a cinco periodistas; sin embargó, los fiscales desconocen el número del proceso.