Videos de calles anegadas y vehículos atrapados por inundaciones en Escuintla

Las lluvias de este jueves 19 de septiembre provocaron inundaciones en el área urbana de Escuintla.

Hedy Quino

19 de septiembre de 2024

|

15:53h

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Las principales calles de la cabecera municipal de Escuintla se inundaron por las fuertes lluvias. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Escuintla)

A causa de las fuertes lluvias de este jueves 19 de septiembre, se registraron inundaciones en sectores de la ciudad de Escuintla, informó la Municipalidad.

Medios locales reportaron que en la ruta a Puerto Quetzal los vehículos livianos no pueden transitar por las fuertes correntadas de agua, y derivado del nivel de esta, solo puede pasar el transporte pesado.

La Municipalidad de Escuintla alertó a los vecinos: “Fuerte lluvia en el municipio de Escuintla. A todo vecino escuintleco le solicitamos mantener las debidas precauciones y salvaguardar su integridad física y no exponerse en áreas de peligro”.

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Por ahora, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres no ha emitido algún informe al respecto.

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Un dictamen de la comuna de Escuintla, emitido el 10 de octubre pasado, señaló que existe el supuesto delito de defraudación tributaria de la empresa Bienco por recibir pagos de la corporación edil entre el 15 de noviembre de 2013 y el 8 de enero de 2016 sin emitir una factura correspondiente.

El análisis jurídico señala que pudo incurrirse en defraudación tributaria, de acuerdo con el Código Penal, y el delito no ha prescrito por lo que se debe accionar por la vía que corresponde.

De esta cuenta, Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas y presidente suplente del directorio de la SAT, explicó que la ley señala que se puede establecer una condonación de multas a solicitud del presidente, pero no de impuestos y se tiene que liquidar el 100% del tributo.

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A la pregunta, de que si el Directorio de la SAT ha entrado analizar alguna condonación de impuestos por una Municipalidad, respondió que no se ha llevado a esa instancia, y será una investigación que deberá llevar a cabo la Intendencia de Fiscalización.

También debería llevarse como un tema penal, porque no existe la facultad en que los gobiernos municipales, puedan condonar, ni multas, ni moras, ni menos impuestos a los contribuyentes, agregó.

La competencia de un gobierno municipal en materia de tributos, según Figueroa, es el impuesto único sobre inmuebles (IUSI), siempre cuando una vez hayan sido delegados por parte de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas.

Sobre este impuesto en particular, las municipalidades no pueden condonar, sino que solo administrarlo y cobrarlo, explicó el funcionario.

*Con información de Urías Gamarro

Helcías Chun, del Departamento Jurídico de la comuna, informó que la denuncia se deriva por la suscripción de una escritura de transacción mediante la cual el alcalde en funciones 2012 comprometió a la corporación edil al pago de Q40 millones por una deuda de un proyecto de agua con la empresa Bienco.

“Nosotros como Departamento Jurídico logramos determinar que hubo defraudación tributaria al no percibir el Estado la retención del Impuesto Sobre la Renta y el pago al valor agregado correspondientes a los Q3 millones 400 mil”, dijo Chun.

El funcionario comentó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les comunicó que a su criterio los delitos ya prescribieron por el tiempo que ha transcurrido desde que se consumó el hecho. No obstante, esta opinión no la comparte el Departamento Jurídico.

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“Para exfuncionarios de la municipalidad existe el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por los cuales tienen pena de hasta seis años, aumentados en una tercera parte serían ocho años. El artículo 107 del Código Penal en su numeral sexto dice que si el hecho fuera cometido por funcionarios y empleados públicos por delitos que atenten contra la administración de justicia estos delitos prescriben cuando haya transcurrido el doble de tiempo señalado. Esto sería el16 de enero de 2032”, comentó Chun.

El origen del caso

El caso se origina en 1997, cuando la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.

Sin embargo, la municipalidad nunca terminó de pagar el contrato y esto provocó una serie de demandas y alegatos judiciales entre la comuna y la empresa. Esta última, por medio de una negociación con las autoridades ediles del período 2012-2016, logró que la corporación edil se comprometiera a pagar Q40 millones en 266 cuotas mensuales, lo cual abarca más de 20 años.

Como garantía, el entonces alcalde Pedro René Escobar Alvizures firmó un contrato de transacción con la empresa donde comprometió varios ingresos municipales, entre los cuales se encuentra el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.

El proyecto mediante el cual se suministraría de agua al casco urbano del municipio se concretó en 1997 bajo la administración del exalcalde Lewis Logan, quien hoy argumenta que en ese momento no se arriesgaron las finanzas municipales, ya que se abrió un fideicomiso y se dejó como garantía de pago unos 15 mil títulos de agua a un costo de Q3 mil. Estos se empezaron a adquirir por los vecinos rápidamente y, hasta hoy, el proyecto abastece el 80 por ciento de agua en la ciudad, asegura.

Sin embargo, el problema, según el exalcalde, surgió porque siguientes administraciones municipales prometieron en campaña electoral que no cobrarían servicios de agua. Ello provocó que la corporación edil dejara de percibir ingresos y a partir de ahí quedó imposibilitada para cumplir con los pagos mensuales a la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima (Bienco), los cuales se suponía serían de Q953 mil al mes.

Boris García, representante de la empresa Bienco, dijo a Prensa Libre que el contrato se construyó en 1997 sin ningún anticipo de prueba y el pago se originaría por la venta de títulos de agua. Sin embargo, nunca recibieron las cuotas de pago.

Luego de obtener una sentencia que les favorecía con el pago de Q80 millones, decidieron negociar con la empresa y rebajar la deuda en un 40 por ciento con la finalidad de que la municipalidad tuviera capacidad de pagar aunque sea un porcentaje de los costos generados.

“Con tal de recuperar el dinero rebajamos la deuda. Lamentablemente el alcalde don Pedro Escobar (2012-2016) no ganó la elección y en 2016 -bajo la administración del alcalde Abraham Rivera- dejaron de pagar. Cuando cobramos a la nueva administración nos dijeron que no nos pagarían”, dijo García.

Desde septiembre de 2017, las autoridades de la municipalidad de Escuintla solicitaron a la Superintendencia de Administración de Administración Tributaria (SAT) que fiscalizara la legalidad de 27 pagos a razón de Q150 mil cada uno -Q3.4 millones en total- que se hicieron durante la administración 2012-2016 del exalcalde Pedro René Escobar.

La comuna solicitó la auditoría porque al momento de hacer los pagos, Bienco S.A. no entregó facturas, sino únicamente recibos corrientes, según denunció el actual alcalde de Escuintla, Edgar Abraham Rivera.

En una citación con la bancada Victoria, el intendente de fiscalización de la SAT, Óscar Alberto Hernández, informó que no han podido localizar a los representantes de Bienco y ello ha impedido que avance el proceso.  

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“Hubo varias direcciones proporcionadas por la municipalidad de Escuintla. Se buscó en el domicilio fiscal pero no fue posible -ubicar a los representantes-“, dijo Hernández.

Por su parte, la bancada Victoria considera que la SAT debe tomar acciones ya que al omitir entregar facturas, personeros de la empresa pudieron incurrir en delitos.

“Bienco, S.A. recibió cada pago del exalcalde Escobar Alvizures y solo entregó hojas de papel bond simples y no facturas contables para cumplir con sus obligaciones fiscales, incumpliendo con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos aplicables. A criterio de los asesores jurídicos de esta bancada, figuran las conductas delictivas no solo por defraudación tributaria, sino por otros delitos que pueden surgir de la investigación a cargo del Ministerio Público”, manifestó la bancada Victoria en un comunicado de prensa.

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El caso

En 1997 la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.

Sin embargo, la municipalidad nunca pagó el contrato y esto provocó una serie de demandas entre la comuna y la empresa. En 2013, la empresa negoció con la administración edil del 2012-2016 un contrato de transacción para que se pagaran Q40 millones en 266 cuotas mensuales comprometiendo ingresos municipales como el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.

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Al consultarle al respecto, Boris García, representante de Bienco S.A. aseguró que la empresa no tenía que proporcionar facturas, ya que en el contrato de transacción se estableció que la municipalidad absorbería el pago del IVA y de cualquier otro impuesto.

“El domicilio -de la empresa- está ahí. Tienen memoriales y copias por escrito. En la SAT está el domicilio”, dijo García sobre las declaraciones de funcionarios de la SAT en las que aseguran que no han logrado ubicar a BIenco.

Asimismo, García dijo que recientemente la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución la que declara sin lugar una inconstitucionalidad que planteó la comuna dentro del proceso judicial que se sigue con relación a la deuda.

Por su parte, la SAT se comprometió a informar sobre las acciones a tomar el próximo lunes 19 de agosto, informó el diputado de la bancada Victoria, Juan Carlos Rivera.

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El caso se origina en 1997, cuando la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.

Sin embargo, la municipalidad nunca terminó de pagar el contrato y esto provocó una serie de demandas y alegatos judiciales entre la comuna y la empresa. Esta última, por medio de una negociación con las autoridades ediles del período 2012-2016, logró que la corporación edil se comprometiera a pagar Q40 millones en 266 cuotas mensuales, lo cual abarca más de 20 años.

Como garantía, el entonces alcalde Pedro René Escobar Alvizures firmó un contrato de transacción con la empresa donde comprometió varios ingresos municipales, entre los cuales se encuentra el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.

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Para los asesores jurídicos de la administración del alcalde Abraham Rivera, Escobar Alvizures arriesgó las finanzas municipales y no veló por los intereses del municipio. Sin embargo, el aludido insiste que el compromiso de pago fue la mejor vía para saldar una deuda insolvente sin intereses ni mora.

El negocio

El proyecto mediante el cual se suministraría de agua al casco urbano del municipio se concretó en 1997 bajo la administración del exalcalde Lewis Logan, quien hoy argumenta que en ese momento no se arriesgaron las finanzas municipales, ya que se abrió un fideicomiso y se dejó como garantía de pago unos 15 mil títulos de agua a un costo de Q3 mil. Estos se empezaron a adquirir por los vecinos rápidamente y, hasta hoy, el proyecto abastece el 80 por ciento de agua en la ciudad, asegura.

Sin embargo, el problema, según el exalcalde, surgió porque siguientes administraciones municipales prometieron en campaña electoral que no cobrarían servicios de agua. Ello provocó que la corporación edil dejara de percibir ingresos y a partir de ahí quedó imposibilitada para cumplir con los pagos mensuales a la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima (Bienco), los cuales se suponía serían de Q953 mil al mes.

“Fue un proyecto tan bien concebido que no arriesgaba los fondos ordinarios o regulares de ingresos municipales. Ese fue un contrato de arrendamiento con opción a compra. Lo que se arrendaba era el sistema de conducción de agua potable. Fue un sistema que permitió que el pueblo de Escuintla tuviera suficiente agua en todo el pueblo”, argumenta Logan.

Durante más de 10 años la comuna dejó de pagar las cuotas a las que se había comprometido, hasta que el 11 de octubre de 2013, el exalcalde de Escuintla, Pedro René Escobar Alvizures firmó un contrato de transacción con representantes de Bienco en el cual se dispuso que la municipalidad a pagaría a la empresa Q40 millones a razón de 266 cuotas mensuales por Q150 mil cada una.

Un año atrás, Bienco había obtenido una sentencia judicial que reconocía el monto de la deuda, con intereses, ascendía a Q80 millones, por lo que la cantidad pactada representaba un descuento del 50 por ciento.

Sin embargo, según la actual administración municipal, la forma en cómo el exalcalde pactó el pago es ilegal por varias razones.

En principio, porque el entonces jefe edil no tenía autorización del concejo municipal, la máxima autoridad en una corporación edil, para firmar un compromiso de pago. El concejo únicamente lo había facultado para firmar un “convenio de reconocimiento de deuda”, pero él fue más allá.

Además de reconocer la deuda, Escobar Alvizures aceptó, en representación de la comuna, que las mensualidades se pagarían dentro de los primeros cinco días del mes con fondos provenientes del Iva-Paz, del aporte del situado constitucional, excedentes de la tasa municipal de alumbrado público que se pagan a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), Impuesto Único Sobre el Inmuebles, Impuesto de Circulación de Vehículos y fondos recibidos por canon de agua, entre otros ingresos.

Además, se comprometió a la municipalidad a “incrementar la suma de dinero que cancela mensualmente” de acuerdo con las mejoras en sus estados económicos y financieros, según consta en el contrato de transacción.

“Se obligó a la municipalidad a dar en garantía el situado constitucional, IVA-Paz y el IUSI aun sabiendo que estos ingresos tienen restricción legal en porcentajes para inversión obligatoria anual”, establece un dictamen hecho por el departamento jurídico de la actual corporación edil.

En dicho contrato de transacción, también se aceptó una cláusula que establecía que la comuna absorbería el pago de impuestos a cargo de Bienco. Además, se acordó que esta última podía ceder la deuda a un tercero, sin previa autorización de la comuna.

Lo anterior lleva a las actuales autoridades a concluir que este contrato de transacción es lesivo.

“El ex alcalde (Escobar Alvizures) declaró su voluntad personal y no la voluntad del órgano superior de la municipalidad de Escuintla, en virtud de que únicamente estaba facultado para reconocer la deuda, no así todo lo aceptado en escritura de transacción, que resultó en perjuicio de la municipalidad”, reza un análisis jurídico hecho por la actual administración.

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Nulidad

Edgar Abraham Rivera, actual alcalde municipal, dijo que presentaron dos nulidades en los tribunales. Una busca dejar sin efecto el contrato original del proyecto y la otra busca anular el convenio de pago que firmó en 2013 el exalcalde Escobar Alvizures.

Rivera dice que, además de que Escobar Alvizures no estaba facultado para comprometer el pago de la comuna como lo hizo, hay otras por las que han presentado ambas acciones legales.

Entre estas se encuentra un dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que se entregó a la comuna en febrero de 2018, según el cual la empresa Bienco solo realizó el 71 por ciento de la obra contemplada en el contrato en 1997.

Además, la deuda que se preveía cobrar en el contrato de transacción que firmó Escobar Alvizures no se tomó en cuenta que desde 1997 a la fecha la comuna ya había pagado Q8.3 millones, de los cuales Q3.3 millones provenían de venta de títulos de agua y Q5 millones de un préstamo que se adquirió con el Infom.

Por lo tanto, el jefe edil asegura que al monto de los Q40 millones se le debe restar esa cantidad, más otros Q3 millones 400 que se empezaron a pagar a partir de 2013. También se debe descontar el monto de la obra que no fue realizado, que asciende a un 29 por ciento. De tal cuenta, la deuda final quedaría en Q24 millones y no en Q40 millones, dice Rivera.

“Es por eso por lo que nosotros hemos presentado las acciones donde corresponde, porque creemos que el contrato (por medio del cual se acordó el pago de Q40 millones en 2013) no solo es inmoral para el municipio de Escuintla, sino que también es ilegal. Ellos (representantes de la empresa) pretenden cobrar montos que la propia Contraloría General de Cuentas ha dicho que no corresponden. La deuda no debería sobrepasar los Q24 millones si se le restan el porcentaje de la obra que no se realizó y los abonos que ya se le dieron”, dijo Rivera.

Exalcalde: “Se logró rebajar de Q80 millones a Q40 millones”

Al consultar con el exalcalde Pedro René Escobar, quien firmó la transacción por medio de la cual la comuna comprometió los ingresos del IVA-Paz y situado constitucional para pagar los Q40 millones a Bienco en 2013, defiende la legalidad de la negociación y asegura que lograron rebajar la deuda en un 50 por ciento.

Escobar dice que había una orden de juez que obligaba a la municipalidad a pagar a Bienco Q80 millones, lo cual incluía los intereses generados por el incumplimiento de pago desde el año 2000.  Sin embargo, por medio de una negociación logró que dicho monto se rebajara a Q40, lo cual favoreció los intereses de la municipalidad.

Para finales de su gestión, Escobar asegura que los ingresos municipales por servicios de agua ascendían a Q125 mil, por lo que tenían la capacidad para pagar Q150 mil mensuales a Bienco hasta completar los Q40 millones. Los recursos de IVA-Paz y situado constitucional se comprometieron como respaldo, dice Escobar.

“Era una deuda que se tenía que pagar. Yo la pagué porque tenía una orden de juez donde me ordenaba pagar, pero los Q80 millones no los tenía. Hicimos un convenio de pago y para tener validez fue donde comprometimos esos renglones (situado constitucional e Iva-Paz, entre otros ingresos) por 20 años, pero fue una salida que me quedaba porque los Q80 millones no los teníamos”, dice Escobar.

Enfatiza que el proyecto funciona hasta el día y es el que suministra agua a la mayoría de la población en la ciudad de Escuintla.

Bienco: Sentencias judiciales ordenan que nos paguen

Boris García, representante de la empresa Bienco, dijo a Prensa Libre que el contrato se construyó en 1997 sin ningún anticipo de prueba y el pago se originaría por la venta de títulos de agua. Sin embargo, nunca recibieron las cuotas de pago.

Luego de obtener una sentencia que les favorecía con el pago de Q80 millones, decidieron negociar con la empresa y rebajar la deuda en un 40 por ciento con la finalidad de que la municipalidad tuviera capacidad de pagar aunque sea un porcentaje de los costos generados.

“Con tal de recuperar el dinero rebajamos la deuda. Lamentablemente el alcalde don Pedro Escobar (2012-2016) no ganó la elección y en 2016 -bajo la administración del alcalde Abraham Rivera- dejaron de pagar. Cuando cobramos a la nueva administración nos dijeron que no nos pagarían”, dijo García.

Asegura que desconoce por qué la Contraloría dictaminó que la obra solo se realizó en un 71 por ciento, dado que cuando el proyecto se entregó en 1999 había personeros de dicha dependencia que recibieron el proyecto y no hubo objeción alguna.

García comentó que el pasado 21 de julio sostuvieron una reunión con los abogados de la municipalidad para discutir de qué manera se podía pagar la deuda, ya que hay múltiples resoluciones judiciales que establecen que la comuna debe pagarle a la empresa.

“Esa reunión fue para ver una conciliación y ver cómo nos pagan porque ya todas las instancias civiles y judiciales están a nuestro favor y ordenan que la municipalidad pague. La deuda, según la nueva figura financiera que va a salir, anda por Q120 o Q150 millones y cada mes que pasan sin pagar se incrementa”, dijo el representante de Bienco.

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Errores

Rony Linares, analista en temas municipales, advierte que ingresos como el IVA-Paz, de acuerdo con la ley, no se pueden comprometer más allá de lo que dura un gobierno municipal. El período del exalcalde Escobar Alvizures finalizaba el 15 de enero de 2016.

Por tal motivo, en el contrato de transacción que se firmó en 2013 entre la comuna y Bienco se debió incluir una adenda que incluyera la opción de prorrogar el contrato otros cuatro años, pero esto no ocurrió.

En el caso de otros ingresos como el situado constitucional, Linares dice que el Código Municipal prohíbe a las comunas comprometerlos más allá del período de un período de gobierno, a menos que haya estudios técnicos de factibilidad que garanticen que no se dejará sin recursos a la comuna.

“Eso es lo que tendría que discutir el concejo municipal a través de sus asesores jurídicos. Si con esos supuestos se puede declarar la lesividad del contrato para presentar una demanda en un tribunal de lo contencioso administrativo. Pero todo se origina por la irresponsabilidad política, no solo de la época, de ofrecer bajar las tarifas y no cobrar por los servicios públicos”, dijo Linares.