Con el cierre del caso denominado Odebrecht para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el arresto domiciliario para el excandidato presidencial Manuel Baldizón en el mismo proceso de corrupción, las piezas se mueven y el expediente judicial en el que figuran empresarios y políticos muestra que el caso se debilita.

El 24 de enero del 2018, la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó la forma en que la constructora brasileña Odebrecht entregó sobornos a Sinibaldi, Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil para obtener el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente.

El entramado de corrupción, según el Ministerio Público (MP), comenzó en el 2012, cuando Sinibaldi aprovechó su cargo en la cartera para reunirse con personeros de la Empresa Norberto Odebrechet.

Cinco años después del caso que generó un escándalo en 12 países latinoamericanos, en Guatemala da un giro y se mejoran las condiciones para los señalados.

Los últimos fallos judiciales parecen dar la razón a quienes consideraron que con el cierre de la Cicig y posteriores remociones en el MP de fiscales que investigaban casos de corrupción, los procesos podrían registrar variantes.

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Sobreseimiento

Las imputaciones por lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Odebrecht quedaron sin efecto para Sinibaldi, después de que el juez Juan José Jiménez Texaj ordenara el cierre del caso. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sostiene que cuenta con medios de prueba suficientes y presentó una apelación ante el dictamen que absolvió al exministro del caso.

Transcurrieron siete años desde el 11 de julio del 2016, cuando Sinibaldi, señalado en varios casos de corrupción, fue declarado prófugo de la justicia. No fue sino hasta el 20 de agosto del 2020 —con el país cerrado por las restricciones por la pandemia— que se entregó a la justicia.

Si bien se libró en el caso Odebrecht, Sinibaldi, quien en el 2015 era precandidato presidencial con el Partido Patriota, continúa en prisión preventiva por el caso Transurbano, en los casos Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción goza de medida sustitutiva. 

Libertad pagada

El fallo judicial que favoreció a Sinibaldi se dio solo 15 días después de que el Juzgado de Mayor Riesgo D decidiera mantener el arresto domiciliario a Baldizón, un político que según la investigación de la Cicig se ganó la confianza de los ejecutivos de Odebrecht al afirmar que ganaría las elecciones presidenciales del 2015, que daría la victoria a Jimmy Morales.

Para los comicios generales del 25 de junio Baldizón quiso participar como candidato al Congreso, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral negarle la inscripción.

El 11 de enero, el político pagó Q800 mil de caución en el caso Odebrecht y Q1 millón por el denominado Transurbano, por lo que mantiene arresto domiciliario después de permanecer en prisión en la cárcel de Mariscal Zabala.

Por la causa de Odebrecht también enfrenta proceso el empresario Batres Gil, quien el 31 de enero fue enviado a juicio por la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

El empresario fue imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho activo. No obstante, con la renuncia de Aifán, que salió del país al aducir persecución judicial, el proceso se estancó y se desconoce el motivo por el cual no ha llegado a juicio, pues fue declarado bajo reserva.

De igual forma, Diego Chacón Yurrita y Pablo Mauricio Yanes Guerra fueron enviados a debate oral por este caso. A este último se le acusa de ayudar a Sinibaldi a cobrar las comisiones ilícitas. Es hermano del exdiputado Mario Gerardo Yanes Guerra.

Por su parte, Chacón Yurrita habría ocultado el origen del dinero ilícito entregado por la constructora brasileña para financiar la campaña electoral de Baldizón en el 2015.

Estaba previsto que el juicio iniciara en abril último. En su momento, la entonces fiscal general Thelma Aldana dijo que Sinibaldi obtuvo US$19.7 millones —unos Q146 millones—, de los cuales Batres Gil y Baldizón habrían recibido US$4.9 millones y US$3 millones, respectivamente.

Anulan sentencia

No obstante, el caso Odebrecht logró sentencias condenatorias, aunque no quedaron en firme.

En abril de este año la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la condena dictada a tres allegados a Sinibaldi, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A, en julio del 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.

Juan Molina Coronado y Jorge Antillón Klüssmann habían sido condenados a 14 años de prisión y Juan Ignacio Florido a seis. El MP los acusó de lavado de dinero.

El origen

Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el propio Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.

El contrato con Guatemala se firmó el 13 de diciembre del 2012 y era para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, a Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

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Los testigos

El 8 de septiembre del 2017 los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, rindieron declaración en anticipo de prueba, en la que dieron detalles, montos y nombres de exfuncionarios vinculados. Los testimonios se rindieron en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Aifán.

El decreto 29-2012 del Congreso, que fue creado para rehabilitar rutas principales del país y la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente permitió el ingreso de los fondos de la constructora brasileña.

El mismo fue rubricao por el entonces presidente del Organismo Legislativo, Gudy Rivera, condenado en el 2016, después de haber sido hallado culpable de intentar sobornar a la exmagistrada Claudia Escobar para que favoreciera con una resolución a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

También lo firmó el entonces diputado Estuardo Ernesto Gáldamez, sindicado de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada por anomalías en la construcción del hospital de Ixcán, Quiché.

Asimismo, el entonces parlamentario Christian Jacques Boussinot Nuila, señalado de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso, por el caso denominado Plazas fantasma. El decreto fue avalado por el entonces presidente Otto Pérez Molina.

Posible demanda

En marzo del 2022 Odebrecht buscó una conciliación con el Estado de Guatemala para el pago de obras inconclusas de la CA-2 Occidente. La empresa presentó un memorial al respecto, pero la Procuraduría General de la Nación (PGN) se rehusó a negociar.

La intención de la firma internacional es que Guatemala procediera a una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales–Tecún Umán, de 140 km, y que se le pagaran los trabajos efectuados en el tramo carretero.

Guatemala evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, aunque la posición de la PGN fue una “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht.

Al no haber conciliación, la empresa CNO. S.A. antes Odebrecht, puede presentar la solicitud formal de arbitraje que después da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que se estima que en un año más podría haber un laudo arbitral.

Casos varados

A criterio de Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, desde el 2018, cuando asumió la fiscal general Consuelo Porras, se “debilitaron” todos los casos de alto impacto que fueron presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Esos casos, que marcaron un nuevo inicio en la administración de justicia, se quedaron varados y el sistema de Mayor Riesgo que los conocía entró en un declive”, dijo.

Agregó que el caso denominado Odebrecht es la muestra de que se restauraron los patrones de impunidad.

“Los jueces que sustituyeron a los de Mayor Riesgo son los que van sepultar los casos emblemáticos de corrupción”, opinó.

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La entidad CNO S.A., conocida antes como la Constructora Norberto Odebrecht, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala un memorial con el que busca conciliar con el Estado de Guatemala.  

La intención de la entidad es que Guatemala efectúe una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales –Tecún Umán”, comprendida por 140 kilómetros, además plantean que se les pague por rubros de los trabajos hechos en el tramo carretero, según Edwin de León, jefe de Abogacía Civil de la Procuraduría General de la Nación (PGN).  

El tramo al que se refiere es el que la empresa debía trabajar entre Cocales, Patulul, Suchitepéquez y Tecún Umán, San Marcos.  

Guatemala ya evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y según de León, la posición fue “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht. 

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Al no haber conciliación, la empresa CNO S.A. puede presentar la solicitud formal de arbitraje que posteriormente da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que estiman que en un año aproximadamente pueda haber un laudo arbitral.  

 ¿Cómo inició todo? 

La solicitud de conciliación se da derivado de la liquidación del contrato para el tramo de 140 kilómetro que hizo la Dirección General de Caminos, con la cual se determinó que hay un saldo a favor del Estado de Guatemala por US$370 mil 588.66 (Q2 millones 845 mil 898.56) que debe pagar la constructora.  

Posteriormente Odebrecht presentó un recurso de revocatoria que no ha sido resuelto, lo que generó que acudiera al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio que notificó a la PGN el 22 de marzo pasado.  

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El contrato fue suspendido por orden judicial, derivado de la judicialización del caso Odebrecht donde figuran exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi. 

Según de León, entre los diferentes contratos que se le otorgó a la empresa, estaba este tramo carretero, que luego fue suspendido en el 2013 y derivado de esa situación se procede a su recepción y liquidación por parte de la Dirección General de Caminos. 

Señaló que los US$370 mil 588 son por concepto de liquidación del contrato y que la empresa es la que debe pagar a Guatemala ese monto. 

En cuanto a cuándo podría haber alguna solución al arbitraje planteado por Odebrecht, de León explicó que este proceso tiene varias fases y que la primera es la de conciliación, que ya se evacuó; posteriormente al no existir un acuerdo, se presenta por parte de ellos la solicitud formal de arbitraje y la respectiva demanda en contra del Estado de Guatemala. 

Estas diligencias toman meses, pero son más expeditas que por la vía judicial y se espera que en un año ya se tenga un laudo judicial en un año, si se cumplen bien los tiempos.  

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Lo que busca la empresa 

Lo que quiere la empresa Odebrecht quiere es que el  Estado de Guatemala haga una liquidación apegada a la ley, al contrato principal y modificado, y que se le reconozcan ciertos trabajos que en apariencia ejecutaron y no se les pagó, pero no establecen un monto pues más adelante lo van a analizar.  

El contrato administrativo fue suspendido por parte del Estado de Guatemala y como en ese momento había situaciones que no se habían terminado, había un monto a favor del Estado y esa es la inconformidad de la empresa. 

En el 2013, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó a la empresa brasileña Norberto Odebrecht la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, carretera de la Costa Sur, pero la obra, salpicada por pago de sobornos, quedó inconclusa y es un calvario para los conductores.

El proyecto comenzó en mayo del 2013. Partía de Cocales, Suchitepéquez, y debía terminar en Tecún Umán, San Marcos, pero cinco años después, la construcción estaba a menos de la mitad y abandonada, mientras  el Gobierno buscaba liberar el tramo con un desistimiento que la empresa brasileña.

La obra la comenzó el gobierno del Partido Patriota. El entonces ministro de CIV, Alejandro Sinibaldi, quien firmó el contrato por Q3 mil millones.

La ampliación debía terminar 30 meses después de inaugurada; es decir, a finales del 2015.

Pese a esa situación, el Estado guatemalteco ya ha pagado US$34.6 millones  —Q258.6 millones— a los  bancos Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  en intereses y comisiones.

Según el Ministerio de Finanzas, el BNDES  otorgó US$280 millones —Q2 mil cien millones— y desembolsó US$167.8 millones —Q1 mil 258.5 millones—, pese a lo cual Guatemala ya  pagó US$21.3 millones —Q159.75 millones— en intereses y comisiones.

El BCIE ha desembolsado US$86.5 millones —Q648.75 millones— y el Gobierno le ha pagado en intereses US$13.3 millones —Q99.75 millones—.

Los US$254.3 millones que desembolsaron esos bancos nunca pasaron por las arcas del Estado, sino que fueron directamente a la cuenta del contratista.

La empresa

Norberto Odebrecht, compañía brasileña, fue la que recibió la adjudicación del proyecto.

Es una organización global  de origen brasileño que tiene presencia en 26 países, enfocada en negocios de ingeniería y construcción.

La compañía fue fundada por Norberto Odebrecht, en 1944. Hasta el 2015 fue dirigida por el nieto de este, Marcelo Odebrecht,  y actualmente Newton de Souza tiene el cargo de presidente de los consejos de Administración.

A principios de 2016 se emitieron órdenes judiciales en contra de varios de sus ejecutivos, por supuestos delitos de corrupción, evasión y lavado.

El proyecto

La ampliación comenzó en el 2013, cuando Alejandro Sinibaldi era ministro de Comunicaciones.
Préstamos: BNDES, US$280 millones; BCIE, US$119 millones.

 Se contempla la construcción de 76 puentes y dos vías alternas, para evitar atascos en la ruta.

Se han construido 37 kilómetros de 140, que representan el 30%, pero ya se pagó el 70% de la obra.

US$399 Millones es el monto total de la obra.