Ampliar la cobertura en salud para atender a la población materno-infantil es una deuda que el Estado de Guatemala tiene y lleva años sin que la solvente. La ampliación del primer nivel de atención en el sistema público es un primer paso para resolver el problema.

De esa cuenta el informe Invertir en la infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala la importancia de promover la universalización de los servicios esenciales para los guatemaltecos, y expandir la oferta sanitaria de manera gradual  para cerrar esa brecha de acceso y estar más cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en 2030.

De acuerdo con el análisis, Guatemala tiene la cobertura universal de servicios de salud más baja de Centroamérica, alcanza 57 puntos de una medición de 100, como refiere la Organización Mundial de la Salud.

A ese nivel se contemplan las intervenciones relacionadas a la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas y no transmisibles, así como la capacidad y el acceso a los servicios para cada guatemalteco. En esos puntos Guatemala tiene falencias.

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En un ejercicio de costeo que se presenta en el informe, Unicef plantea una estrategia a largo plazo para expandir la cobertura en el primer nivel de atención que pasaría de mil 407 servicios de salud a 3 mil 992, para lo que se requeriría un presupuesto de Q9 mil 215 millones, a fin de garantizar el acceso universal a la salud.

De acuerdo con Alejandra Contreras, especialista en Política Social de Unicef, invertir en la infancia es cumplir con un derecho humano, pero también se traduce en un impacto positivo para el crecimiento de todo el país, mejorar las condiciones de los niños hoy es desarrollar un mejor recurso humano que puede traer prosperidad, afirma.

“Los bajos niveles de inversión, del gasto social en Guatemala, hacen pensar que todavía hay una brecha muy grande para alcanzar a la niñez con los servicios esenciales”, indica Contreras, y salud es uno de ellos.

Hacía la ampliación

Para establecer hacia dónde se debe encaminar la ampliación de los servicios de salud en el primer nivel de atención, Unicef realizó un ejercicio de costeo basado en el modelo de gestión y la información que ya tiene el Ministerio de Salud para ampliar la cobertura. El tema en este punto es que, pese a ello, no se ha logrado implementar.

“Tomamos la estrategia del Ministerio de Salud, que es la atención primaria en salud (APS), con base en redes integradas de servicios de salud. Guatemala tiene un territorio complicado, pero el Ministerio tiene una territorialización, tiene estándares de construcción, lo que proponemos es echarlo a andar”, dice Contreras.

En el tema de infraestructura, actualmente hay mil 237 puestos de salud distribuidos en los 340 municipios. Unicef plantea un crecimiento constante en siete años para llegar a 3 mil 357 servicios. Mientras que centros de salud únicamente hay 170, la meta es llegar a 435 para el 2030.

Pero no solo se requiere de más espacios físicos, es necesario tener el recurso humano para atender a la población, como también contar con los insumos básicos y equipamiento.

En cuanto a personal la proyección que hace Unicef es aumentar 33 mil 600 puestos de trabajo, en el que se cuenta a médicos generales y especialistas, personal de enfermería, recurso administrativo y otros profesionales de la salud, a manera de tener un equipo multidisciplinario para cubrir el primer nivel de atención.

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Contreras refiere que se trata de acercar los servicios a la población, pues hay casos en que las personas caminan horas para llegar a un puesto o centro de salud. Si bien la infraestructura es importante, se necesita del recurso humano que los atienda y que haya suficientes insumos.

Inversión

Para la expansión a este nivel se requiere más inversión del Estado y que el presupuesto público del Ministerio de Salud destinado para fortalecer el primer nivel de atención llegue al 0.7% del producto interno bruto, para el 2030. El porcentaje actual es del 0.2%.

De los Q1 mil 872 millones que se estarían destinando actualmente, en siete años Unicef propone que la suma debería de ascender a Q9 mil 215 millones.

De conseguir la ampliación de los servicios, según el informe, se alcanzará a más población infantil menor de cinco años, un segmento del país en el que actualmente uno de cada dos guatemaltecos está afectado por la desnutrición crónica, según la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi) 2014-2015.

De los 700 mil 932 infantes que a la fecha tienen atención preventiva en puestos y centros de salud en un plazo de siete años se puede llegar a un millón 54 mil 936. Es un aumento de cobertura del 34%.

La ampliación de los servicios de salud es un tema que lleva años sobre la mesa, un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) refiere que para el 2015 había un déficit de 4 mil puestos de salud, pues la cantidad de servicios era de mil 152.

En el primer nivel de atención, el informe de Unicef indica que se atienden enfermedades que son más frecuentes entre la población, y el trabajo y es de promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, están distribuidos en comunidades y barrios, para alcanzar a la población dentro de cada territorio, con enfoque de género, pertinencia cultural y la participación comunitaria.

Pero a criterio del Cien, el trabajo se ha centrado en acciones curativas, cuando la principal actividad debe ser la promoción de la salud y la prevención en enfermedades, labor que ha quedaron rezagada.

En los puestos de salud colabora un auxiliar de enfermería, que se ocupa de dar la atención médica a la población. Mientras que en los centros de salud se agregan especialistas en salud, como médicos generales, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, y personal administrativo.

Hay que actuar

Fortalece el sistema de salud pública debe ser una prioridad para las próximas autoridades de Gobierno, plantea Contreras, de esa cuenta es que el presente proceso electoral resulta un buen momento para poner el tema sobre la mesa.

“No es imposible (ampliar la cobertura en salud) lo que se necesita es tener un consenso político y un consenso de país porque necesitamos invertir en lo que es prioritario. Guatemala ha demostrado que se pueden hacer las cosas y lo que falta es este debate”, agrega.

Las fracturas en el sistema de Salud Pública llevan años, los gobiernos pasan sin sean subsanadas, sobre todo en el primer nivel de atención, al que tiene acceso la mayoría de la población en el área rural.

Quién gobierne el país en el período 2024-2028 tendrá que atender esos problemas para que la salud esté al alcance de todos y de manera gratuita. Las propuestas de los presidenciables deben ir encaminadas a ofrecer mejoras en el corto plazo.

Distintas organizaciones sociales dan una mirada de la realidad de la Salud en Guatemala, de los servicios, de los retrocesos y el estancamiento en los programas estratégicos para atender a la población.

El bajo presupuesto en Salud es un punto toral, indican. La inversión del país es del 2.2% del producto interno bruto (PIB), cuando debiera ser de por lo menos 6%, para garantizar recursos a temas prioritarios como medicina tradicional y alternativa, además de asegurar la atención a la población indígena, basados en la pluralidad de pueblos y territorios.

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Por otro lado, ven la necesidad de hacer una evaluación objetiva del financiamiento público que tienen asignado asociaciones y fundaciones para establecer si los fondos que reciben son aprovechados en la atención a la población, y que los recursos sean manejados con transparencia. Mientras que el presupuesto general del Ministerio de Salud debe enfocarse en fortalecer la red de los servicios.

Lesli Ramírez, asesora del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud de Guatemala (CEGSS), menciona que la infraestructura es otro punto a resolver. Hay una brecha de más de tres mil puestos de salud en el país.

“Hay abandono de la red existente. Sabemos que hay esfuerzos de algunas direcciones de área por reforzarla, pero aún falta mucho por hacer”, dice Ramírez.

La propuesta es tener servicios en las áreas rurales con mayor capacidad resolutiva. Asignar recursos para mantenimiento, reparación y remozamiento de la infraestructura a este nivel.

Ángel Leja, defensor comunitario por los Derechos a la Salud, afirma que ese déficit de puestos y centros de Salud lleva a que las persona viajen hasta las cabeceras departamentales en busca de atención, quienes no tienen los recursos para trasladarse corren el riesgo de que su estado empeore e incluso de fallecer. Los caminos inaccesibles complican la situación. “Este es un problema serio que el Estado tiene que solucionar”, agrega.

La analista Karin Slowing coincide con las organizaciones sociales en que es necesario fortalecer el primer nivel de atención, el más cercano a la población, cuando esa proximidad no se da no solo hay enfermedad sino muertes que pudieron prevenirse.

Agrega que este es un problema estructural, que desde su creación el Ministerio de Salud tiene una visión asistencial curativa, cuando el enfoque debiera ser preventivo con esa cercanía a las comunidades, con puestos y centros de Salud, pero la inversión ha ido a hospitales, que son obras más visibles.

Sin personal ni medicamentos

La brecha no solo es de edificios, también es de personal en el primero y el segundo nivel de atención. Pasa porque no hay suficiente recurso humano local para contratar, y menos que esté dispuesto a trabajar en áreas alejadas.

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“No tenemos suficientes auxiliares de enfermería, lo que implica que hay que hacer mayores esfuerzos para fortalecer las escuelas de formación en los municipios. Otro tema son las condiciones salariales del personal especializado para motivarlos a trabajar en el área rural. Hay necesidad de evaluar y readecuar los salarios de los profesionales”, menciona Ramírez.

Se necesita la contratación de personal que conozca el contexto, el idioma, las costumbres de cada comunidad, esto se logra al estimular la formación de gente local en áreas como enfermería.

Para mejorar la atención en el primero y el segundo nivel se necesita del abastecimiento de medicamentos en toda la red de servicios, que se revise el listado básico para que sea conforme las necesidades y el perfil epidemiológico de cada región del país.

“El presupuesto en la mayoría de las direcciones de área es el 90% para administración y 10% de funcionamiento, que corresponde a medicamentos e insumos. Tienen poco dinero, pero además lo utilizan de una manera incorrecta, haciendo compras directas que eleva demasiado el precio de los medicamentos”, indica Ramírez.

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La disponibilidad de ambulancia es otro tema a considerar. Hay un déficit que es complicado cuantificar, los vehículos existentes están en las cabeceras municipales y en las áreas rurales hay pocas unidades. También hay dificultad para tener el combustible suficiente para trasladar a los pacientes.

Lo que sucede en las áreas rurales es que las personas pagan costosos fletes para llevar a los enfermos hasta los servicios más cercanos, que a veces están a horas de distancia. Ramírez indica que, en el caso de una emergencia por embarazo, el servicio tiene que estar a menos de una hora para que tanto la madre como el bebé se salven.

Hace falta, entonces, toda una red de urgencias médicas en el área rural, para garantizar la sobrevivencia de los pacientes, pues hay lugares que cuentan con ambulancia, pero no hay pilotos o paramédicos. Si se logra que el paciente llegue al servicio de Salud, en estos no se cuenta con médicos especialistas ni el equipo para atender la emergencia, lo que debe mejorar.

Slowing refiere que el Ministerio de Salud se ha ido debilitado y que hace falta personal en los servicios, como insumos y agilizar procesos, mejorar en esas falencias es un reto mayúsculo, pero no imposible, lo que se necesita es voluntad para expandir los servicios y acercarlos a la población.

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Brechas en atención a la mujer

En Guatemala se registran aproximadamente 400 muertes maternas anuales; el 90% son prevenibles.

De esa cuenta, las organizaciones sociales del CEGSS, el Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos, Nim Alaxik, Red de Defensores y Defensoras Comunitarios por el Derecho a la Salud (REDC Salud) y la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) ven necesario implementar estrategias para la maternidad saludable y la reducción de las muertes maternas.

Se necesita atención a embarazo, parto y postparto con pertinencia cultural, servicios accesibles y oportunos al momento de presentarse una emergencia obstétrica, además de la instalación de casas maternas.

Hay un tema que preocupa y es que durante la pandemia se dio un retroceso en materia de salud sexual y reproductiva. Hay escases del anticonceptivo Depo-Provera desde hace un año. Costó que dentro de las comunidades lo aceptaran, y que los servicios no lo tengan pone en riesgo los métodos de planificación, esto obliga a que el Ministerio de Salud tenga que hacer de nuevo campañas para que la población se adhiera a otro método.

La participación de las comadronas en el cuidado y atención del embarazo a nivel comunitario es esencial, pues llegan a donde los servicios de salud no tienen alcance. Las organizaciones ven necesario que se reconozca el papel que ellas realizan, y que sus conocimientos sean aceptados, como también brindarles el equipo necesario para realizar su labor, y que cesen las prohibiciones impuestas para la atención de partos de primerizas y multíparas.