Sosa Ávila tenía 89 años y falleció este lunes por la mañana, seis meses después de la muerte del exgeneral Ríos Montt, el 1 de abril del 2018. 

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Sosa Ávila, quien nació el 12 de julio de 1930 en Chimaltenango, y Ríos Montt (16 de junio de 1926, Huehuetenango) procrearon tres hijos: Zury, Homero (muerto en un accidente aéreo en julio de 1984) y Enrique. 

Sosa fue noticia en agosto de 1995, cuando el Registro de Ciudadanos (RC) rechazó su inscripción como candidata presidencial por el partido Frente Repúblicano Guatemalteco. 

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Según expuso el RC, la señora de Ríos “no puede optar al cargo en virtud de la prohibición expresa contenida en el artículo 186, inciso c) de la Constitución Política”.

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Cuando el juicio por genocidio llegó a su punto más álgido en el 2013, el tema ya no solo se debatía en los medios de comunicación. Meses antes de aquella memorable portada de Prensa Libre el 11 de mayo del mismo año, en la cual Ríos Montt aparecía siendo conducido por policías a la cárcel, luego de la sentencia de 80 años por genocidio, habíamos comenzado a escuchar y hablar sobre el tema en tiendas de barrio, reuniones familiares, universidades, espacios públicos y privados.

Para mí, aquel fue el inicio de nuestra voz recuperada y renacida, que luego, en el memorable abril del 2015 y en agosto del 2017, volveríamos a saborear. Desde este sentido de proceso que alivia la sensación de que en Guatemala nada cambia, yo sí creo que Guatemala se ha movido hacia un lugar que aún no logro vislumbrar, pero distinto al del anquilosado Estado corrupto (y fallido para tantos pero posible y lucrativo para algunos pocos), que por tanto tiempo hemos vivido. Las mujeres de Sepur Zarco hablándole a la justicia fueron, para mí, evidencias vivas de ese movimiento que quiere romper un orden racista, clasista y machista, así como las y los estudiantes de distintas universidades que hoy recuperan espacios, voces, y los derechos negados a organizarse y pensar por sí mismos. El pensamiento binario se resquebraja, dándole paso a algo que aún no tiene nombre ni forma, pero que parece ir tras valores más democráticos y humanos. Imagino que por ello atravesamos un momento tan difícil y oscuro.

Nadie es inocente; todos somos seres de luz y sombra que, en condiciones específicas, podríamos cometer los actos más terribles o los más sublimes. Depende del contexto. Pero hay que reconocer la responsabilidad de las elites políticas, académicas, económicas, y sociales, en la construcción de este estado de cosas y en el sostenimiento de un orden perverso que nos llevó a ser la Guatemala de hoy: uno de los países más desiguales y violentos del mundo. Uno en donde se queman 56 adolescentes en un hogar de protección del Estado sobre el cual pesaban, desde antes, serias denuncias; uno donde se ordena prisión a quienes defienden los territorios y donde los narcos escapan con órdenes de juzgado; donde los partidos políticos son corporaciones financieras para sostener la corrupción y la traición; donde las niñas y niños aún mueren de hambre. Uno donde ser empresario se volvió sinónimo de explotador y donde los explotados aprendieron de memoria su condición de víctimas. Uno donde ley no significa siempre justicia.

Por ello, la lógica de todo este orden hay que escarbarla más abajo. En las ideas que lo definen, en el modelo económico que lo sostienen, en las teorías que no se traducen en práctica, en los imaginarios sociales de una Guatemala aparentemente próspera que no se atreve a cambiar. Y es que aquí se puede vivir en una burbuja toda la vida. No es una cuestión de ricos y pobres, que se entienda bien, sino de lugares dentro de una sociedad de castas y, por consiguiente, de oportunidades diferenciadas de desarrollo. Vivir en la burbuja se puede en Guatemala, porque los edificios y la ignorancia engañan, porque lo que no vemos no duele, porque la macroestabilidad de la que tanto pavoneamos no se traduce en las vidas de millones que solo trabajan para sobrevivir. Seguimos siendo un país de conectes, mordidas, centros comerciales, marginalidades e injusticias, y esa es la prisión colonial que se está derrumbando.

Nuestros propios mitos se derrumban, mientras los pactantes de la corrupción se niegan a que las cosas cambien. De pronto, el grupo más rancio del empresariado pide perdón públicamente por el financiamiento ilícito a la campaña del FCN. Siendo esta una tradición muy guatemalteca, imagino que sus homólogos de 1980 jamás habrían dado la cara. Así que hacerlo públicamente ha sido correcto, pero no es suficiente ni heróico, porque verdad sin justicia es casa vacía. Y lo que queda frente a esta casa nuestra es el camino que todos y todas queremos recorrer.

cescobarsarti@gmail.com

Hay una élite económica mafiosa en Guatemala cuyo poder político, desde la colonia, es como un río subterráneo que siempre está corriendo —con nuevas aguas e inmundicias— y socavando los débiles pilares que sostienen la democracia y el desarrollo.

En los tiempos modernos esa élite rancia ha boicoteado el juicio por genocidio llevado a cabo contra Ríos Montt, recordándonos que aquel fue su aliado, su mayordomo, y que a pesar de haber sido un rebelde debían ayudar tanto como cuando le ofrecieron sus aviones y sus fincas para la guerra sanguinaria contra el pueblo, y sus conexiones políticas y empresariales para terminar con el aislamiento internacional. Después, la paz les pareció buen negocio porque, en contubernio con Arzú, terminarían reconfigurando el Estado para hacerlo efectivo en la garantía de sus particulares privilegios, y desmembrando el sector público para repartirse sus mejores partes: telefonía, electricidad, banca, educación, salud, seguridad, entre otras.

La oligarquía también ha obstaculizado reformas constitucionales en pro de la igualdad, reformas fiscales para contar con una administración pública más efectiva frente al reclamo social y menos dependiente de ellos. Ahora financian cancerberos, en las redes y en sus medios de comunicación, que ladran contra cualquiera que les critique o a quien abogue por los derechos humanos, la justicia y la memoria histórica. Defendieron a Otto Pérez tanto como pudieron; le han dicho públicamente a Jimmy Morales que es un estadista, que no es un político corrupto. Hablan maravillas de Honduras y Nicaragua, países en donde han encontrado estabilidad para hacer negocios; importándoles poco la violencia, la corrupción y el autoritarismo que sustenta estos modelos.

El financiamiento electoral ilícito proveniente de estos grupos de la élite empresarial —al igual que la captura de instituciones públicas, su desmesurada influencia mediática y el conflicto de intereses— es una de las corrientes más importantes de ese río subterráneo de poder privado que hasta ahora no había sido escudriñado por instituciones democráticas, y que les ha permitido organizar un modelo de crecimiento económico concentrador de la riqueza y sin interés por el bienestar social. El río no ha sido tan visible para los ciudadanos, pero sus consecuencias sí: pobreza, desempleo y bajos salarios, desigualdad, privilegios fiscales, impunidad y un sistema político y electoral corrompido.

Un grupo de estos empresarios se ha disculpado públicamente. Es de suponer que no son ni los únicos que han estado involucrados ni son los más deshonestos. Otros estarán accionando para que el Congreso les otorgue impunidad ante estos actos, mientras los peores estarán aconsejando a Jimmy Morales para que «resista» y aúnen todas las fuerzas que les quedan —políticos, sindicalistas y militares investigados por hechos de corrupción y violencia— para detener a cualquier precio la lucha contra la corrupción.

Más allá de las disculpas, lo cierto es que el río subterráneo de poder privado continúa ahí. Secar ese río de inmundicias requiere que los amos permitan a la justicia conocer sus caminos y desembocaduras. ¿Estos empresarios arrepentidos estarán dispuestos a algo así? Secar el río demanda definir un marco institucional que fomente un poder político democrático, mejor distribuido y más representativo; y lograr que el Estado sea el único financista de los partidos, para evitar su prostitución y fomentar organizaciones formales, transparentes, diversas en ideas y con capacidad de diseñar y plantear planes de gobierno.

jmenkos@gmail.com

En 1974 se produjo un fraude electoral descarado. Carlos Arana Osorio, quien presidió un gobierno represivo y violento, no podía pensar en entregar el mando a la oposición y menos cuando el candidato vicepresidencial era Alberto Fuentes Mohr. Se preparó la farsa para que apareciera como ganador Kjell Eugenio Laugerud y Mario Sandoval Alarcón en una alianza del Movimiento Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático (el partido de los militares que tenía como secretario general al abogado Donaldo Álvarez Ruiz).

Alvaro Arzú relata en sus memorias, desde su perspectiva, cómo se produjo el fraude y cómo vivió el engaño de los liberacionistas. La oposición tuvo que optar por un candidato militar porque estaba segura de que era la única forma de acceder al poder, pero el candidato opositor, Efraín Ríos Mott, se arregló con la cúpula militar y salió a España para formalizar el timo y la asunción del nuevo gobierno.

En 1978, en otra elección donde solo militares competían, “salió triunfador” Romeo Lucas García, y la oposición, ahora formada por liberacionistas y democristianos, objetó el resultado, alegando otra vez fraude. Lucas asumió y todo quedó “válido”.

El 7 de marzo de 1982 se celebraron elecciones y el candidato oficial, Ángel Aníbal Guevara, “triunfó” en otras elecciones tachadas de fraude, habiendo “derrotado” a Mario Sandoval Alarcón (el candidato del MLN que se había robado la elección del 74 para fungir como vicepresidente), a Alejandro Maldonado Aguirre, quien competía por la Democracia Cristiana y su partido de reciente inscripción, y a Gustavo Anzueto, quien representaba al aranismo “renovado”.

Este fraude fue una de las causas para que, el 23 de marzo, oficiales jóvenes llevaran a cabo el golpe de Estado y pusieran una junta de gobierno integrada por Ríos Montt, Horacio Maldonado Shaad y Francisco Luis Gordillo Martínez. El 9 de junio, Ríos Montt separó a sus colegas y se autoproclamó presidente, para que el 8 de agosto de 1983 de nuevo el Ejército diera un nuevo golpe de Estado para viabilizar la entrega del texto constitucional y la celebración de elecciones porque Ríos Montt quería quedarse al mando sin tiempo de caducidad (quien diga lo contrario que vea la proclama del Ejército).

Las elecciones para Asamblea Constituyente en 1984 fueron el primer proceso desde 1970 confiable. Además, en 1985 se eligió a Vinicio Cerezo en la primera elección presidencial transparente, fiscalizable y libre.

Juan Carlos Monzón narró ante juez que el PP tuvo acceso a información electoral privilegiada para los comicios de 2011 y que él mismo pagó de 6 a 9 millones de quetzales para que electores beneficiados con la bolsa solidaria no pudieran votar en determinados distritos.

Otto Pérez fue electo con 2,300,998 votos y su contrincante Manuel Baldizón obtuvo 1,981,048, la diferencia fue de 319,950 electores. Esta brecha pudo haberse visto influenciada por anomalías como las confesadas por Monzón.

Guatemala compartía con Nicaragua en los setentas los mejores sistemas de fraude electoral, ahora en Centroamérica Honduras y Nicaragua llevan a cabo fraudes constitucionales. Si no queremos aprender de nuestra historia y además queremos cerrar los ojos a la situación regional estaremos condenados a vivir de nuevo con la desconfianza en las urnas.

La Ley Electoral ha sufrido todo tipo de ocurrencias y estamos a la espera de otra retahíla de “ingeniosidades”, pero se ha perdido el concepto de que el derecho electoral existe para brindar más y mejores marcos de participación y generar confianza.

Las declaraciones de Monzón son impredecibles para el régimen democrático porque el fantasma de un fraude asola, y esto debe investigarse desde el punto de vista electoral, no solo penal.

En el ya lejano lunes 29 de mayo del 2006, desde el Palacio Nacional, el Ministerio de Educación lanzó la estrategia en Valores y Formación Ciudadana 2004-2008. La presentación fue interesante y me congratulé por el rescate de esos valores fundamentales para la convivencia que llegan a formar buenos ciudadanos; valores que en el pénsum de estudios una vez se denominaron de moral y urbanidad.

Ese mismo día, los guatemaltecos amanecimos con la noticia de la muerte del general Romeo Lucas García, expresidente de Guatemala, ocurrida el sábado anterior en Venezuela, ausente del mundo por enfermedad mental. El sentido común me sugirió que las banderas en plazas y edificios públicos estarían a media asta, en señal de duelo nacional. Pensé que la visita me daría oportunidad para salir de duda con respecto a la bandera en la Plaza Mayor. Pero no, estaba izada. Al salir del acto, pasé por la antigua Escuela Politécnica, cuna de los militares de escuela como lo fue Lucas García, y también ahí, la bandera ondeaba a plenitud.

Para mí, como para miles de guatemaltecos, el general Lucas representa una página negra de nuestra historia reciente y no creo que mereciera reconocimiento alguno. Sin embargo, gobernó Guatemala entre 1978 y 1982, por lo que me pareció que el expresidente merecía el ritual del duelo. Sus compañeros militares debieron hacerlo, sobre todo en ese edificio emblemático, ahora sede del Ministerio de la Defensa.

El hecho me provocó algunas dudas: ¿Estoy equivocado en cuanto a los valores? ¿Es correcto que las pasiones personales prevalezcan sobre los valores cívicos? o más elemental aún, ¿hay alguna norma dentro del protocolo que indique lo contrario, y según haya sido el desempeño en el cargo, se rindan o no honores póstumos? ¡Difícil tarea la del Ministerio de Educación en forjar a las nuevas generaciones!

Como resultado del fraude electoral avalado por el susodicho, en 1982 jóvenes oficiales del Ejército provocaron un golpe de Estado que llevó a la jefatura de gobierno al general Efraín Ríos Montt, fallecido el pasado Domingo de Resurrección. Contrario al derrocado y enajenado Lucas García, Ríos Montt fue objeto de homenaje de parte del Ejecutivo, Legislativo y Ejército de manera pronta y apresurada. Alguien en las redes sociales calificó esos hechos más o menos así: “Lo velaron en su casa porque tenían miedo. Lo sepultaron temprano, porque tenían miedo. Está bien que tengan miedo”.

El miedo es una emoción básica y primaria que sirve a los animales para sobrevivir. En el hombre, se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o imaginario; pasado, presente o futuro. Es una emoción que los gobiernos a lo largo de la noche oscura de los 36 años de guerra interna (1960-96) supieron inculcarnos, pero que a partir de abril del 2015 supimos sacudirnos.

Aquel sábado 25Ab2015, en la Plaza Mayor de la ciudad de Guatemala, tuvo lugar la más grande manifestación cívica que recuerdo, convocada para manifestar rechazo ciudadano ante el ínfimo desempeño administrativo de un gobierno usurpado por la corrupción y podredumbre, el del general Otto Pérez Molina; otro militar en ejercicio de la Presidencia de la República. Entre los carteles más significativos de aquella gesta cívica estuvo: “Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo”.

La diferencia de comportamiento ante la muerte de Lucas García y Ríos Montt retrata al miedo que tienen aquellos que una vez tuvieron el poder, y que hoy, sabiéndose vulnerables, al actuar con alarde de fuerza exponen su debilidad.

El exjefe de Estado y expresidente del Congreso fue acusado de genocidio y delito contra deberes la humanidad el 26 de enero del 2012 y permanecía bajo arresto domiciliar.

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Luego de la muerte de Ríos Montt, su abogado defensor, Jaime Hernández Zamora, pidió el cese de la persecución penal y de responsabilidad, así como la devolución de la caución económica de Q500 mil, y que sea entregada a Zury Ríos Sosa, hija del exjefe de Estado.

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Tribunal de Mayor Riesgo B, ordena la extinción de la persecusión y responsabilidad penal contra el general José Efraín Ríos Montt por haber muerto el pasado 1 de abril. pic.twitter.com/I3qrqkCpJ1

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 6 de abril de 2018

ONU pide buscar justicia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó hoy a Guatemala a evitar que los crímenes cometidos por el recientemente fallecido general Efraín Ríos Montt caigan en el olvido y que sus víctimas no obtengan justicia.

“La muerte de Ríos Montt, de 91 años, no debería provocar que las autoridades no cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a garantías y a no repetición”, afirmó en rueda de prensa la portavoz del organismo Elizabeth Throssell.

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Los juicios paralelos a Ríos Montt y al exjefe de los servicios de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez acusados de genocidio contra miembros de la comunidad indígena Ixil y de crímenes contra la humanidad debían comenzar luego de la Semana Santa.

“Urgimos a las autoridades guatemaltecas a que se aseguren que los juicios de los acusados de violaciones cometidas durante los 36 años de conflicto interno procedan sin ningún atraso injustificado”, afirmó Throssell.

“A pesar de los esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil guatemalteca, muy pocos procesos por graves violaciones a los derechos humanos a altas autoridades han acabado convirtiéndose en condenas”, se lamentó la portavoz.

Recordó que Ríos Montt fue condenado en 2013 a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero el proceso fue anulado por vicios formales.

“Tomó cuatro años volver a juzgarlo. Estos retrasos incrementan el riesgo de privar a las víctimas de su derecho a la Justicia, especialmente teniendo en cuenta la avanzada edad de muchas de las víctimas y de los acusados”.

Víctimas del conflicto armado piden que se acelere la justicia para las víctimas del genocidio. Según Miguel de León Ceto llevan 18 años exigiendo justicia y que la misma ha sido muy lenta, durante este tiempo han fallecido tres militares y cinco testigos. pic.twitter.com/d0YzbE2EC8

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) April 6, 2018

Por ello, el Alto Comisionado urgió al gobierno guatemalteco a que legisle para evitar que los acusados abusen de la figura del amparo al usarla como una táctica de retraso.

Asimismo, pidió a las autoridades que aseguren la protección de las autoridades judiciales y otras personas relacionadas con los casos, dado que han recibido amenazas.

Throssell subrayó que esperan que el nuevo fiscal general, que será elegido el próximo mes, prosiga con la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos en el pasado. 

*Con información de EFE.

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Serían pocas las personas que veían con indiferencia a José Efraín Ríos Montt; muy querido por algunos y detestado por otros. Fue figura protagónica durante varias décadas, como militar, jefe de Estado y político. Sus últimos años los pasó librando batallas en los tribunales, perseguido por sus antiguos enemigos de la guerrilla y la industria del resarcimiento. La guerrilla perdió la guerra, pero ganó la paz y acosó legalmente hasta el final al viejo General que ya no podía defenderse. Aunque ya estaba incapacitado, los tribunales continuaban dándole curso a los procesos contra él, pues la condena por genocidio no es tema de justicia, sino político, y por toda la fruta y beneficios que significaría a sectores interesados.

A mí no me lo contaron, fui testigo de las elecciones de 1974, como relaté en mi columna Memoria de unas elecciones (PL 30/07/2015). Sé que en la Torre de Guatel, en la zona 8, el centro de cómputo y comunicaciones donde se centralizaba la información oficial del conteo de votos cambiaron las cifras de la noche a la mañana. Sé de buena fuente que el entonces alcalde Manuel Colom Argueta accedió al fraude a cambio de que quedara su candidato a la alcaldía, Leonel Ponciano León, quien no había sido el ganador.

El 23 de marzo de 1982, Romeo Lucas-García fue derrocado por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala. Por gozar de respeto entre oficiales jóvenes y medios del Ejército, quizás también por la percepción de la injusticia electoral de 1974, llamaron a Ríos Montt para encabezar un triunvirato, junto con los coroneles Horacio Maldonado y Luis Francisco Gordillo. En junio del mismo año, Ríos Montt hizo a un lado a Maldonado y Gordillo y se autoproclamó presidente de Guatemala. Lo que recuerdo de los meses que siguieron al golpe es que reinó cierta tranquilidad, liberados del temor de la policía judicial, las huestes de Donaldo Álvarez y Chupina y la arbitrariedad y abuso de la ley. En días recientes ha circulado un documento del Departamento de Estado, de la época de Ríos Montt en el poder, resaltando la notable mejora de la situación de derechos humanos en Guatemala. Tristemente, ahora no se le recuerda así en su país.

Fue en el gobierno de Ríos Montt que se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil y el programa de fusiles y frijoles; una estrategia arriesgada que armó al campesinado para que tuvieran los medios para resistirse a la guerrilla. La propia guerrilla pensó que el campesinado armado se voltearía contra el Ejército, pero no fue así. Esta estrategia fue la clave para derrotar a la insurgencia. Hoy es vilificado aún por conservadores, pero el General le propinó a la guerrilla golpes de los que nunca se recuperó.

Ríos Montt cometió el gran error de nombrar a Jorge González del Valle como presidente del Banguat, cuya incapacidad para enfrentar el problema cambiario le significó enormes costos y desastres a Guatemala. El General fue derrocado en agosto de 1983 y al dejar el poder no se le vio esa riqueza ostentosa tan característica de las mieles de gobierno. En la vida política, su alianza con Alfonso Portillo, quien erigió el gran andamiaje de despojo al erario, en mi opinión, desvaneció toda autoridad moral que podría haber tenido Ríos Montt. Esta desilusión fue confirmada con el Jueves Negro y la manera en que la Corte se doblegó para permitir su candidatura presidencial en 2003.

Ahora que partió, a pesar de la controversia que le rodeó, el General Ríos Montt debe ser recordado con dignidad, como un hombre y soldado que amó a su país y luchó por él.

fritzmthomas@gmail.com

Poca sorpresa causó, realmente, la noticia del óbito de Efraín Ríos Montt, ocurrida el domingo, porque ya se sabía de su desfalleciente estado de salud desde hace mucho tiempo. Escribir acerca de su vida, su participación política y sus acciones como militar, resulta especialmente difícil porque aún despierta, y de seguro lo hará por muchos años, sentimientos encontrados con igual fuerza, ya sea de odio o de admiración. No se puede negar su paso por la historia de Guatemala, ni tampoco la necesidad de estudiarlo en forma serena, tarea imposible en los momentos actuales.  La Hermana Muerte abrazará tarde o temprano a todos y cuando eso ocurre, al convertir a quien escogió en parte del pasado —en este caso nacional— debe cambiar la forma de analizarlo.

La tarea ahora no es de jueces, porque ya no tienen a quien juzgar. Pero sí puede ser de historiadores, de analistas, de críticos y de alabadores, cada uno actuando según sus convicciones o sus experiencias personales. Quienes se interesan en conocer las extrañas e insondables características del ser humano, pueden hacerlo desde la perspectiva psicológica, de la realidad del país o del mundo. Es una tarea complicada, no por el tema en sí mismo, sino porque se debe tratar de mantener una posición aristotélica, es decir, de equilibrio. Ello no significa colocarse en la posición de no señalar los graves errores, o de considerar a la persona participante en la historia como si fuera angelical. Ese error es común y hasta cierto punto explicable.

En los últimos tres días, las redes sociales se han encargado de regar toda clase de mensajes, algunos con insultos y otros con defensas. Ambos tienen el problema del anonimato en la mayoría de los casos, y por ello solo tienen validez aquellos firmados, también llegados a los guatemaltecos por esa misma vía. Sin embargo, es imposible justificar la ausencia del señalamiento de los principales hechos políticos de su tiempo, como la política de tierra arrasada, las patrullas de autodefensa civil, los tribunales de fuero especial, los jueces encapuchados para condenar a muerte a acusados, el grave riesgo de una confrontación armada interna por motivos religiosos, y posteriormente cómo se comportó cuando se convirtió en un político.

Como figura pública, igual a todos los politiqueros de la historia nacional. Permitió la corrupción, no detuvo el florecimiento de sectas pentecostales como la propia de él cuando abandonó el catolicismo, por cierto practicada con igual fanatismo dentro de los cuarteles donde fue asignado. De su familia, fue su hija Zury quien personificó su defensa abierta y sin ambages, lo cual era de esperarse por la similitud de personalidades de ambos. Por tratarse de una figura tan controversial, es muy fácil lanzar andanadas, llenas de razón, para satanizarlo o, al contrario, para justificar todas sus acciones, pero no se debe olvidar la enorme carga de emotividad en todos y cada uno de quienes lo juzgan o defienden. Esto es una plena realidad.

Ríos Montt, también, desperdició la oportunidad dada por su popularidad al llegar al poder por un golpe de Estado apoyado popularmente porque era contra Romeo Lucas. Su llegada al poder lo cegó, sobre todo al creerse un enviado de Dios. Hablé con él dos o tres veces, muy superficialmente, hace muchos años, y una vez lo encontré de casualidad caminando con su esposa, María Teresa, en una playa solitaria de Izabal. A mi juicio, su más grave error fue mezclar religión y política, además, de manera fanática. Ahora queda dejar pasar un tiempo para poder hacer un relato medianamente balanceado de su paso por la historia del país. Los guatemaltecos posteriores a 1982 y las otras fechas relacionadas con él, sin duda se interesarán por saber quién fue y qué hizo.

Aquel 23 de marzo de 1982, el general Efraín Ríos Montt salió del ostracismo en que se encontraba. Ese día, un grupo de oficiales jóvenes depuso al general Fernando Romeo Lucas, que había llegado a un nivel de descomposición y corrupción total que ponía en peligro la continuidad del régimen militarista. La gota que rebalsó el vaso fue el fraude electoral a favor del general Aníbal Guevara, que lo aisló aún más a nivel nacional e internacional. Pero sobre todo, el golpe de Estado iba dirigido a enderezar la lucha contra las fuerzas insurgentes. Los golpistas requerían una figura mesiánica para que el Ejército tuviera un mando único en el combate de la amenaza guerrillera y el pastor evangélico Ríos Montt les quedaba como anillo al dedo.

La junta militar se distribuyó las principales funciones ejecutivas: Ríos Montt asumió el Ministerio de la Defensa Nacional, o sea la dirección del Ejército, en tanto que Maldonado Schaad, la cartera de Gobernación, y Gordillo, la de Comunicaciones. El cristiano renacido no tardó en sacar las uñas y mandó a volar el triunvirato tres meses después y asumió el poder total, junto con un grupo de dirigentes de la iglesia Verbo. Con esta nueva dirección se recrudecieron las ofensivas del Ejército, bajo la estrategia de quitar el agua en donde se mueve el pez, lo cual significaba eliminar a la población donde se movilizaban los rebeldes. Fue así como la ofensiva se dirigió a bombardear y masacrar a la población. Instauró las aldeas modelo, que no eran más que campos de concentración para población que había sido desplazada después de destruir sus pueblos. Cerca de un millón de indígenas se refugiaron en el sur de México, debido a la crueldad de las acciones militares.

En la ciudad ciertamente fueron desarticuladas las bandas de matones anticomunistas, que dependían principalmente del MLN, pero en su lugar Ríos Montt instauró los tribunales de fuero especial que mandaron al paredón a 15 personas por jueces sin rostro. El papa Juan Pablo II, en la víspera de su visita al país, pidió la indulgencia para seis condenados a muerte, pero Ríos Montt los pasó por las armas. Ese hecho dejó claro el distanciamiento que el jefe militar mantenía con la Iglesia Católica, a la que se señalaba de estar coludida con los guerrilleros. El jefe de Estado de facto utilizó su gobierno como púlpito para dar rienda suelta a su desmedido mesianismo e impulsó el desarrollo y expansión de las sectas protestantes provenientes de EE. UU.

Tuvieron que pasar muchos años para que Ríos Montt estuviera frente a la justicia. Tuvo jueces con rostro y abogados defensores, algo que no tuvieron sus víctimas. El ex jefe de Estado no fue juzgado por su lucha contra la guerrilla, fue juzgado por la política de exterminio y tierra arrasada que impulsó durante su gobierno contra comunidades indígenas, en particular en el Triángulo Ixil, donde esa acción armada tuvo connotaciones de genocidio. El general nunca tuvo el valor para reconocer que él era el comandante general del Ejército y, por lo mismo, responsable de las actuaciones de su tropa y de los patrulleros civiles que cometieron múltiples abusos contra la población civil indefensa. El gran líder se escudó en el cobarde argumento de que nunca supo qué hacía el Ejército.

Ríos Montt no fue el único criminal de guerra. También Romeo Lucas y su hermano Benedicto Lucas, Germán Chupina, Donaldo Álvarez Ruiz, Mejía Víctores y tantos otros que, con la justificación de combatir el comunismo, utilizaron el secuestro, la tortura y la masacre. Sin embargo, Ríos Montt institucionalizó el exterminio de la población civil. Aún existen personas que justifican los crímenes que cometió Ríos Montt por la supuesta libertad que proporcionó al país, pero esconden que durante su régimen hubo censura de prensa y represión contra quienes pensaran diferente. Por eso Ríos Montt tiene bien ganado formar parte de la galería de los jefes militares más sanguinarios del planeta.

@hshetemul

Con el último ladrillo sellando su tumba, Efraín Ríos Montt derrotó el domingo pasado, por última vez, a sus enemigos. Los enemigos de la paz, la guerrilla guatemalteca, que amparándose detrás del marxismo leninismo y tratando de emular a especímenes tan totalitarios y fracasados como Fidel Castro y otros ejemplares de la zoopolítica internacional revolucionaria quisieron imponer una dictadura del proletariado. De aquellas que dejaron “un legado de miseria y degradación física y moral de dimensiones nunca vistas en la historia de la humanidad”.

Esta realidad de contexto, de conflicto este-oeste, siempre ha tratado de encubrirse por parte de los perseguidores. Como lo hicieron también al obviar la beligerancia de los combatientes indígenas para responsabilizar al Ejército de Guatemala por muchas muertes de civiles que eran en realidad combatientes. Sabían que las investigaciones forenses no pueden determinar con exactitud esta diferencia entre “civiles y combatientes”. Es de esta desinformación de la cual surge la tesis del genocidio.

Este encono, felino, perverso, consistente, organizado y financiado contra los 504 días de gobierno de Efraín Ríos Montt no tendría lógica si no fuese porque tiene una alta rentabilidad financiera de intermediación y proceso, más la admiración reverente de la mayoría de los tambores de resonancia a nivel internacional, muchos de ellos oenegeros mercenarios a quienes se les hacía agua la boca por lograr una condena contra el “último genocida de Latinoamérica y quedar como vedettes heroicas en las tablas oenegeras internacionales, gozando de las prebendas, medallas, viajes y altos puestos como aconteció con la jueza Jassmin Barrios, recibiendo medalla de la señora Obama; la exfiscal Claudia Paz y Paz, condecoración de Hillary Clinton —hoy nada menos que jefe de seguridad de la OEA; y Frank Larrue, jefe de CALDH, la ONG convertida en querellante adhesiva del juicio contra Ríos Montt y principal receptora de fondos, con su alto puesto en la Unesco, hoy destituido recientemente por acoso sexual.

El costo del juicio, la preparación, albergue, transporte de los testigos ixiles, en adición a la traída de Perú y Argentina de generales de izquierda para testificar en contra de Ríos Montt. La presión de algunos embajadores sentados en primera fila. La masiva movilización internacional de los donantes para asistir al juicio, son apenas una punta del iceberg ideológico que subyace detrás de este montaje al que bauticé en una de mis columnas como “Genocirco”.

La jueza Jassmin Barrios hizo todo lo humanamente posible para evitar que testigos claves pudiesen brindar sus testimonios. Y los pocos que pudimos hacerlo, fueron descartados. La ilegal condena y el show mediático hizo creíble para la plebe la palabra “genocidio en Guatemala”, un vocablo ni una sola vez mencionado durante los miles de horas en las discusiones de los acuerdo de paz.

No asombra que ese tropel amorfo y manipulado regado en medio mundo se haya tragado con todo y el anzuelo de pez gordo. Un pez de oro, la última gran Moby Dick de las ballenas, para catapultar la hazaña de los perseguidores a los estrados honorarios de la historia y su alta rentabilidad política y financiera resultante.

Y, por supuesto, la sentencia fue anulada por la evidente, sesgada y desobediente manera de conducir el juicio. La segunda intentona fue un fracaso apabullante cuando irrespetaron la interdicción. Hasta un estudiante de Derecho sabe que una vez el acusado está interdicto no hay responsabilidad penal.

Pero la más grande victoria es para el nombre de Guatemala. No habrá mancha de genocidio. Ni jugosos resarcimientos. Solo la serenidad que requiere la paz.

Efraín Ríos Montt se fue LIBRE, como como el viento que mueve la bandera que siempre defendió.

alfredkalt@gmail.com

Ríos Montt estuvo 17 meses como jefe de Estado, del 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto de 1983. Fue depuesto por el entonces ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores.

El dominio del discurso oral fue una de la cualidades de Ríos Montt, y brindó entrevistas a la prensa internacional durante su gobierno. Incluso, por el contenido explícito, algunos documentales fueron usados en su contra durante el juicio en el que fue sentencido por genocidio y deberes contra la humanidad, el 10 de mayo del 2013; luego fue anulada la sentencia.  

La vida de Efraín Ríos Montt en 10 frases

Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), informó que 16 testigos deberán presentarse durante los cuatro días que se llevará a cabo la repetición del debate contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio en la región Ixil durante el conflicto armado.

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Indicó que de acuerdo con la programación, este miércoles continuará la declaración de testigos contra Ríos Montt. Mientras que el próximo jueves y viernes se escucharán los testimonios contra Rodríguez Sánchez.

En la jornada del juicio de este martes, que se celebró a puerta cerrada, cinco testigos relataron las atrocidades presuntamente llevadas a cabo por el régimen.

Los testigos fueron ingresados por la puerta de atrás del edificio, para evitar ser vistos por otras personas. A la audiencia solo se presentaron los abogados de los acusados.

Apoyo

Mientras se desarrollaba la audiencia, unos 150 familiares y amigos de víctimas del conflicto armado se concentraron frente al juzgado para mostrarles su apoyo y exigir justicia.

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Los manifestantes colocaron pancartas y mantas exigiendo justicia contra los acusados de genocidio.

Miguel Gusaro, uno de los manifestantes que sostenía una fotografía de su padre, dijo que Ríos Montt es el responsable de la muerte de su papá y de otras personas originarias de Batzuchil, además pidió que se haga justicia.

Pedro Caba Caba, familiar de una víctima del conflicto armado de Ilom, Chajul, dijo que lamentaba que la Corte de Constitucionalidad resolviera repetir el juicio contra Ríos Montt cuando ya había una condena.

“No importa cuántas veces lo repitan, aquí estarán los testigos acusando a Ríos Montt de la muertes en la región Ixil de Quiché.”, expresó.

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Un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil resguardó los alrededores de los tribunales para evitar enfrentamientos entre simpatizantes de Ríos Montt y organizaciones afines a familiares de víctimas del conflicto armado.

Son más de 150 los testigos acreditados para este nuevo juicio, luego de que la Corte de Constitucionalidad anulara el debate en el 2013, el cual concluyó con una sentencia condenatoria de 80 años por genocidio y delitos contra la humanidad contra Ríos Montt.

Otros datos 

• En el juicio por la matanza de mil 771 indígenas ixiles también está acusado el jefe de la inteligencia (1982-83), José Mauricio Rodríguez Sánchez.
• Ríos Montt fue declarado interdicto por padecer demencia senil por lo que en el nuevo juicio no podrá ser condenado a penas de cárcel debido a su grave estado de salud.
• Esta es la segunda vez que el Tribunal viaja a Nebaj para escuchar los testimonios de los testigos. En 2016 se hicieron tres audiencias a puerta cerrada para escuchar a otros testigos, que buscan ilustrar a los magistrados sobre la magnitud de lo ocurrido durante la guerra y lo qué vivieron las comunidades en este período.
• El organismo precisó que este nuevo juicio “es producto de una ilegal resolución de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que en mayo del 2013 actuaron contra la ley para retrotraer el proceso”.
• Según un querellante del caso indicó que se está llegando a la parte final de los testimonios en este proceso judicial, que ha durado casi dos años, quedando solo pendiente las declaraciones de los peritos así como de los acusados.

En lugar del golpista Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder  el 23 de marzo de 1982, asumió el 8 de agosto  de 1983 como Jefe de Estado el general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien era ministro de la Defensa.

El cambio de mando no fue considerado  un golpe de Estado, según  Mejía, ya que “en forma serena” la cúpula militar pidió a Ríos Montt que entregara el cargo y por  ello designó a Mejía.

Sin embargo,  el 9 de agosto  por la mañana se produjo un enfrentamiento armado entre dos columnas militares cerca del Palacio Nacional, en el cual algunos militares resultaron heridos.

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Metas

Mejía fue enfático al manifestar  que el Ejército y el Estado no pueden ni deben convertirse en defensores de intereses particulares o de grupos religiosos, sociales, económicos o políticos; esto, por el tinte moralistas de Ríos Montt. 

Durante el régimen de Mejía se retornó a la constitucionalidad y la apertura política cerradas durante los regímenes militares de los últimos veinte años. También fueron clausurados los Tribunales de Fuero Especial.

Así, se consolidaron los pilares de la actual democracia con la promulgación de la Constitución y la celebración de los primeros comicios democráticos en los cuales resultó electo Vinicio Cerezo, primer presidente civil desde 1966. El contragolpe de Mejía es el último movimiento militar para acceder al poder.

A pesar de los avances durante su gobierno, la lucha contrainsurgente y la violación a los derechos humanos continuó. Lo que derivó en denuncias en su contra años después, a raíz del descubrimiento de documentos en los cuales se describía la persecución a estudiantes, líderes sindicales y opositores.

El ex jefe de Estado nunca pudo ser juzgado por esos señalamientos, debido a su delicado estado de salud, y falleció el 1 de febrero del 2016.

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En era democrática

Aunque la idea de golpe de Estado ya había sido superada,  es importante mencionar las intentonas del 11 de mayo de 1988 y el 9 de mayo de 1989 contra el gobierno de Cerezo, que amenazaban con retornar al pasado.

En dichos movimientos estuvieron involucrados los militares Manuel Gordillo, Carlos  Garavito, Miguel Acevedo, Neftalí Gálvez, Gustavo Cifuentes y Gustavo Padilla.

Nuevamente, la constitucionalidad fue puesta a prueba el 25 de mayo de 1993, cuando el presidente Jorge Serrano Elías derogó las garantías, disolvió las Cortes y el Congreso sin éxito.

Serrano, quien ha sido considerado golpista, salió del país rumbo a Panamá el 31 de mayo de 1993, donde permanece en calidad de asilado.

La sentencia del 25 de mayo de 1993, que declaró inconstitucionales las Normas Temporales de Gobierno, decretado por el entonces presidente Jorge Serrano Elías, es uno de los casos que conoció el exmagistrado Reynoso Gil.

Aquel año, Reynoso Gil fue uno de los siete magistrados que integró el pleno de la CC -cuando se aumenta de cinco a siete magistrados se le conoce como tribunal de alzada- y cuyo voto unánime determinó que no podían considerarse como legales los decretos con que Serrano Elías pretendía disolver la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la CC, y limitar una serie de derechos establecidos en la Constitución.

Ese día los guatemaltecos fueron sorprendidos por los informes en los que se declaraba que el poder total sería asumido por el entonces mandatario, quien designaría a nuevos funcionarios allegados a él para dirigir el Estado, pero sus intentos fueron detenidos horas más tarde, cuando fueron declarados nulos ipso jure.

Al mismo tiempo, Reynoso Gil fungió como presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Luego fue ministro de Gobernación en el período de transición de Ramiro de León Carpio.

En 2003, Reynoso Gil, entonces magistrado suplente nombrado por el Organismo Judicial, votó en contra de la candidatura presidencial del exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt. En ese momento el resultado fue de cuatro votos a favor y tres en contra.

Reynoso Gil determinó que la participación de Ríos Montt en el proceso electoral y su búsqueda de la presidencia era ilegal, debido a que había dirigido al país cuando asumió al poder por medio de un golpe de Estado, en 1982, a Romero Fernando Lucas García, y que la Carta Magna lo prohibía.

También desempeñó funciones en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar y reconocido en materia procesal civil, especialista en casación.

Reconocido

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó a Reynoso Gil como un profesional del Derecho “valiente”, por el tipo de procesos que conoció y las decisiones que tomó mientras integró la CC.

“Fue congruente con lo que creía. Supo llevar en momentos de crisis el respeto al andamiaje legal que se estaba creando”, dijo Balsells.

El velatorio de Reynoso Gil se efectúa en Funerarias Reforma, zona 9. Mañana domingo a las 11 horas habrá misa de cuerpo presente en Capillas del Recuerdo y luego será inhumado en el Cementerio Las Flores.

En la jornada del juicio de este miércoles, que se celebra a puerta cerrada en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “B” del municipio de Santa María Nebaj para evitar la “revictimización” de los damnificados, cinco testigos han relatado las atrocidades presuntamente llevadas a cabo por el régimen.

Entre ellas, contaron cómo en 1982 los soldados masacraron a una comunidad Chel, quemaron las casas, la siembra, violaron a las mujeres jóvenes y mataron a sus habitantes, incluyendo menores.

Una de las pocas supervivientes, que por entonces rondaba los 8 años, recordó “la forma en que el Ejército mató a su mamá, papá y familiares”, según recogió el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Otra mujer relató cómo los soldados que llegaron a su aldea masacraron a la población; los que lograron huir tuvieron que refugiarse bajo piedras en montañas, donde ella tuvo que dar a luz en unas condiciones de hambre y frío.

En estas montañas, los huidos fueron perseguidos y bombardeados, lo que provocó que muchos murieran de “hambre y enfermedades”, insistió el testigo citado por la CALDH.

El martes, otras víctimas ya denunciaron los asesinatos de niños y violaciones de mujeres durante el conflicto armado civil.

Juicio especial

Las declaraciones forman parte del juicio especial que se sigue contra el general José Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez, por su presunta participación en el crimen de un mil 771 indígenas ixiles en Quiché durante 1982 y 1983.

Ambos, acusados de los delitos de genocidio y lesa humanidad, estuvieron ausentes en esta nueva jornada del juicio por problemas de salud.

Está previsto que la misma termine este jueves, informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Hasta ahora, se han celebrado 13 audiencias y en las últimas la parte acusadora ha presentado informes antropológicos que, asegura, confirman los actos de genocidio perpetrados por el Ejército entre 1982 y 1983.

El 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión al ser hallado culpable de genocidio, pero por errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. Rodríguez fue absuelto en ese juicio.

En esta segunda jornada de la audiencia, familiares de las víctimas del conflicto armado civil se volvieron a concentrar ante el Organismo Judicial.

Ayer por la tarde, llegó a Nebaj la comitiva que traslado a los jueces, fiscales y abogados del sindicado, el grupo fue vigilado por un contingente de la Policía Nacional Civil  (PNC) que los acompañó desde la capital a Quiché.    
      
De la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) viajaron las fiscales Hilda Pineda y Paula Herrarte, quienes explicaron no hubo inconvenientes en traslado de la capital a Nebaj.  

Los jueces llegaron al municipio a petición de la fiscalía que explicó que los testigos son personas de avanzada edad a quienes se les dificulta viajar a la capital.

El Tribunal dispuso tres días para escuchar a los testigos, explicó el fiscal Érick de León.

El alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, considera oportuno que los Jueces hayan dejado su despacho para conocer la historia que la población indígena vivió durante el conflicto armado interno, y que en este sector del país se vivió con gran intensidad.

El jefe de la subestación en Nebaj, Hipólito Osorio, explicó que unos 200 policías vigilarán estarán a cargo de la seguridad del edificio del OJ y del municipio mientras se desarrolla la audiencia. La mayoría de agentes son de subestaciones  de Chimaltenango, Sololá y Quiché; también fue enviado al lugar un contingente de la Fuerza Especial Policial,  

Ríos Montt es acusado por la fiscalía por los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad, por la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles a manos de soldados durante su gobierno  de facto –1982-1983–. Junto a Ríos Montt también es juzgado su ex jefe de inteligencia militar Mauricio Rodríguez Sánchez.

Así lo confirmó este miércoles a EFE una fuente del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) que participa como querellante adherido en el juicio a puerta cerrada que se celebra en el Tribunal B de Mayor Riesgo en la capital guatemalteca.

“El martes 19 de abril el Tribunal se desplazará a Nebaj para escuchar a 15 testigos que por razones de salud no pueden venir a la capital”, precisó.

Detalló que las audiencias, también a puerta cerrada, durarán hasta el 22 de abril y se celebrarán en el salón municipal de Nebaj, situado a 251 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

La fuente dijo que ya se están realizando las coordinaciones logísticas para el desplazamiento de los jueces, fiscales, querellantes y abogados de Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, también sentado en el banquillo de los acusados.

Debido a los quebrantos de salud que padece, el nuevo juicio contra Ríos Montt, quien fue declarado incapaz mentalmente, se celebra en su ausencia y a puerta cerrada.

Audiencias

Hasta ahora se han realizado 13 audiencias y en las últimas la parte acusadora ha presentado informes antropológicos que, asegura, confirman los actos de genocidio perpetrados por el Ejército entre 1982-1983.

El exjefe de Estado y Rodríguez son acusados por el Ministerio Público del asesinato de 1 mil 771 indígenas ixiles en Quiché.

El 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión al ser hallado culpable de genocidio, pero por errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló la condena y ordenó un nuevo juicio.

Rodríguez fue absuelto en ese juicio.

La cita de trabajo duró alrededor de una hora y según los diplomáticos fue para conocer la labor del bufete en torno al fortalecimiento del sistema judicial.

En compañía de los diplomáticos, Héctor Reyes, en representación del bufete expresó que la visita de cortesía obedecía a un reconocimiento a su labor, y es un apoyo moral para seguir en los casos de justicia transicional (relacionados al conflicto armado interno).

Por separado Reyes señaló que los diplomáticos también recibieron información sobre amenazas e intimidaciones que han recibido abogados del referido bufete.

“Por supuesto, también conocieron sobre algún tipo de amenazas e intimidaciones que surgen del trabajo que hacemos, y querían estar informados sobre si tenemos algún tipo de medidas de seguridad por parte del Estado”, aseguró Reyes.

Detalló que desde el caso Ríos Montt han recibido amenazas e intimidaciones, pero en los últimos meses se han incrementado. También mencionó que abogados del bufete han sido denunciados, principalmente por la Fundación contra el Terrorismo.

Debilidad del sistema de justicia

Otro de los temas que abordó Reyes fue lo relacionado al caso que la Corte Suprema de Justicia no dio trámite al antejuicio del diputado Edgar Justino Ovalle, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), calificando esta acción como una “debilidad del sistema de justicia”.

“Es un poco contradictorio el hecho que una jueza suplente haya ligado a proceso a los 14 militares por los delitos de desaparición forzada y contra los deberes de la humanidad por la evidencia que tenía, y en donde se involucra al diputado, es un poco contradictorio que la Corte (Suprema de Justicia) no haya entrado ni si quiera a conocer el caso; esto da lugar a que hayan interpretaciones de todo tipo”, afirmó Reyes.

Apoyamos al sistema de justicia

Mientras tanto Robinson precisó que hay un compromiso para seguir apoyando al sistema de justicia del país. “Estamos apoyando y trabajamos muy de cerca con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, así como con el Congreso, mostrando nuestro apoyo para el sistema judicial de Guatemala”, dijo Robinson.

Agregó que su percepción es que los abogados de los querellantes tienen derecho a solicitar justicia y así como la defensa de los militares. “Ellos tienen derecho a trabajar en un sistema honesto e idóneo, y si nosotros podemos ayudar en este proceso vamos a hacerlo”, afirmó el diplomático estadounidense.

Protección de mujeres durante conflictos armados 

Por su parte Sonn indicó que no se trata de expresar una preferencia de un lado dentro de un proceso penal; en este caso de los querellantes “ni se trata de expresar una preferencia para un bufete jurídico sobre otros, sino que se trata únicamente de asegurar que todas las partes procesales tienen la misma oportunidad de hacer el argumento jurídico ante una corte independiente”, manifestó el Embajador Alemán.

Añadió que hay reglas internacionales sobre  justicia transicional en donde Guatemala está comprometida en el ámbito internacional, relacionada a la protección de mujeres en conflictos armados “en donde Guatemala y Alemania fueron los dos protagonistas de la resolución de la Organización de Naciones Unidas, el caso Sepur Zarco es solo una implementación de este compromiso político”, expresó Sonn.

La decisión se tomó debido a que hay cuatro recursos pendientes de resolver,  que fueron interpuestos por la defensa y por los querellantes  adhesivos.

La primera sesión del debate se efectuó a puerta cerrada y sin autorización para el ingeso de los medios de comunicación.

La jueza a cargo del Juzgado fijó el reinicio del juicio para cuando queden resueltos los amparos pendientes.

Abogados defensores y querellantes coincidieron en que hasta ayer domingo, no habían sido notificados de algún cambio en la fecha del debate, aunque no aseguraban el reinicio.

“Es vergonzoso”

Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que califica como “vergonzosa” la decisión de aplazar el juicio contra el militar y lo considera como “una cachetada contra las víctimas”.

“Al permitir que Ríos Montt evada la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos que tuvieron lugar bajo su comando y sus familiares,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la entidad.

A diferencia del primer juicio por la matanza de mil 771 personas en Quiché durante 1982 y 1983, cuando las audiencias se desarrollaron en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lugar asignado ahora será la sala de ese Tribunal —nivel 15 de la Torre de Tribunales—.

Vivar Castellanos informó que otra diferencia es que ahora se celebrarán dos debates. Uno es especial para la aplicación de medidas de seguridad de Ríos Montt, luego que evaluaciones revelaran que sufre demencia vascular mixta cortical y subcortical, lo cual causa lesiones en el cerebro.

José Mauricio Rodríguez Sánchez debe llevar un proceso ordinario. “Nosotros, desde que el Tribunal tomó esta decisión, no estuvimos de acuerdo; por ende, se presentó un amparo para que se efectuaran por separado”, argumentó el querellante.

El peligro

Vivar Castellanos agregó que de iniciarse el debate, existe el peligro de que otra vez se repita porque aún hay dos acciones pendientes de resolver, y una de ellas es la que ellos mismos presentaron.

“Yo quisiera que las juezas entendieran que es ilegal la forma en que se pretende realizarlo. Además del riesgo que hay, de que el amparo lo declaren con lugar”, expuso.

La otra acción que podría anular el proceso es la que presentó Jaime Hernández, el defensor de Ríos Montt, la cual busca que cese la persecución penal, después de que fuera declarada su incapacidad.

“Si lo que dicen los querellantes es cierto, aunque nosotros estamos notificados del comienzo, nos preocupa que aún hay acciones penales pendientes”, agregó Hernández.

Pruebas

El querellante informó que a pesar de su inconformidad, están preparados para el inicio del juicio con los medios de prueba correspondientes porque aseguran que son los mismo ofrecidos en el debate anterior: unos 102 testigos, más de 900 documentos y peritajes.

“Algunos testigos no llegaron porque fallecieron”, señaló.

La CEG no estaba de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, por considerar que esta medida no constituía un disuasivo contra la violencia que afectaba al país.

“El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social”, afirmó Vizcaíno.

Según los funcionarios de la iglesia católica de Guatemala, el artículo 18 de la Constitución le otorga al Congreso la facultad para abolir la pena de muerte.

La CEG aseguró tener conciencia de que la población estaba cansada de la ola de violencia, corrupción e impunidad que imperaban en el país.

Sagastume, obispo de Santa Rosa, dijo en aquel momento: “Invitamos a la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida, y que se oponga a la anticultura de la muerte, por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”.

La Iglesia Católica también reprochó la promoción de la pena capital como propaganda política, ya que reafirmaba la ineficacia del sistema judicial.

El legislador Roberto Villate, jefe de la bancada Libertad Democrática Re- novada (Líder), quien promovía la aplicación de la pena de muerte, consideraba que la medida era un método disuasivo ante la ola de violencia.

“Desde el año 2000 que se dejó de ejecutar, se ha incremento el número de muertes casi al doble”, dijo.

“Si seguimos esperando unos 10 años, se puede aumentar el número de muertes a 40 diarias.. Nosotros sí creemos que la pena de muerte es un disuasivo”, aseguró Villate.

Evangélicos, a favor

César Augusto Ayala, vocero de la Alianza Evangélica, dijo que, su organización es “pro vida”, creían que cuando un delincuente es reincidente, por sus faltas a la moral y a la ética, “hay justificación para aplicar la pena capital”.

“Como un disuasivo es bastante difícil verlo; más bien, es como una confirmación de la justicia y su cumplimiento”, sostuvo Ayala.

Historia de pena capital

El Código Penal guatemalteco, el cual data desde 1973, contempla la pena de muerte, y antes de las dos ejecuciones de 1996, por medio del fusilamiento, se tiene registro de cuatro sentencias llevadas a cabo en 1982 por medio de la inyección letal.

Otras 11 personas fueron ejecutadas en 1983, bajo el amparo del decreto de emergencia 46-82, promulgado durante el estado de Sitio impuesto por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Los reos fueron llevados ante el fuero especial el cual consistía en jueces sin rostro .

Durante la aplicación de ese decreto se castigaba con la pena de muerte a parricidas y homicidas con circunstancias agravantes. También se incluía el homicidio del presidente y del vicepresidente de la República.

La pena de muerte estaba regulada mediante la Ley de Indultos, aprobada en la Asamblea Legislativa de 1982, en el régimen de Ríos Montt.

Paradójicamente, fue el Congreso presidido por el general retirado el que derogó esa ley el 11 de marzo del 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

La discusión se retomó en el 2006, en el gobierno de Óscar Berger, pero la iniciativa impulsada por el Partido Unionista fue bloqueada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

El presidente Álvaro Colom vetó otros dos decretos que pretendían restablecer el indulto presidencial.

Fusilamiento por violación

El 14 de septiembre de 1996 fueron fusilados Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, por haber violado y asesinada una niña. Los medios de comunicación presenciaron la ejecución, lo cual conmocionó a la población, dando lugar a introducir la inyección letal.

Inyección letal

Tomás Cerrate Hernández, de 39 años, y Luis Cetino, 38, fueron ejecutados por inyección letal el 29 de junio de 2000. Ambas sentencias se llevaron a cabo con una hora de diferencia. Se les juzgó por el secuestro y asesinato de la empresaria guatemalteca Isabel Bonifasi de Botrán.

Diez condenados a muerte

El Juzgado Primero de Ejecución dejó pendientes cuatro condenados a la inyección letal; y en el Juzgado Segundo de Ejecución, hay seis reos sentenciados a la pena capital por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, plagio o secuestro y violación.

Tres gobiernos

La discusión sobre el indulto presidencial consumió la primera década del presente siglo.

Derogan Ley de Indultos

11 de mayo de 2000 el Congreso derogó el decreto ley 1,549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que regulaba el recurso de gracia presidencial, con el que decidía si se ejecutaba o no al sentenciado.

12 de febrero 2008 el Congreso restituyó la figura del indulto presidencial para los condenados a muerte. Con ello, puso fin a un vacío legal que desde el 2000 impedía aplicar esa pena.

Primer veto de Colom

14 de febrero 2008 El presidente Álvaro Colom veta la ley y la regresa al Congreso, al considerar que el de- creto 06-2008, aprobado el 12 de febrero, viola varios artículos de la Carta Magna.

Restituyen el indulto

5 de octubre 2010 Los diputados aprueban de urgencia nacional la iniciativa de ley que restituye el indulto presidencial para la aplicación de la pena capital, la cual podría entrar en vigor en el 2012.

Segundo veto de Colom

3 de noviembre 2010 El presidente Colom veta el decreto 37-2010, por considerar que aplicar la pena de muerte no era la solución contra la inseguridad, y le pide al Congreso abolirla.

UE pide abolición

6 de noviembre 2010 Los representantes de la comunidad Europea exigen al Congreso abolir la pena de muerte y se muestran preocupados de que esta medida sea publicada por el Legislativo en el diario oficial.

La decisión fue tomada luego que el  Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el caso, a través de un amparo solicitara la separación de los debates por considerar que el proceso contra José Mauricio Sánchez  no sería público, a pesar de ser un debate ordinario. 

El Tribunal B de Mayor Riesgo resolvió  el pasado 25 de agosto  que Ríos Montt enfrentará un juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, que consiste en  realizar las audiencias a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación debido a su estado de salud.

Al mismo tiempo el Tribunal ordenó que Sanchez enfrentara debate ordinario y a pesar de las diferencias acordaron que se realizaran de forma conjunta. 

Informe

Según un informe del Walter Rinze, el general retirado sufre demencia vascular mixta cortical y subcortical, lo cual causa lesiones en el cerebro.

Sala Primera resolvió suspender provisionalmente orden de enjuiciar a Ríos Montt y Mauricio Rodríguez en el mismo debate especial.

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) October 15, 2015

Este tipo de enfermedad se considera la segunda causa de demencia en los adultos, después del Alzheimer.
Rinze trabaja en el hospital Federico Mora desde hace ocho años, durante los últimos seis ha atendido pacientes de la tercera edad.

Según  el experto, Ríos Montt también tiene problemas auditivos y visuales, además de enfermedades cardiovasculares.
“Los cuadros demenciales son irreversibles porque son degenerativos”, explicó el perito.

El exdictador de 89 años, salió del centro hospitalario el martes 11 de agosto tras concluir una semana de estudios médicos solicitados por el Ministerio Público para determinar su estado de salud.

La defensa ha argumentado que Ríos Montt no está en condiciones de afrontar el proceso judicial, según un informe divulgado en julio por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y puesto en duda por el MP.

El político y exjefe de Estado entre 1982 y 1983, está acusado de genocidio por la muerte de mil 771 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante su régimen de facto.

Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por el caso, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, anuló la sentencia por irregularidades en el proceso judicial.

Delitos 

Ríos Montt y Rodríguez  son acusados por la matanza de 1 mil 771 indígenas mayas ixiles en el norte del país durante la dictadura que gobernó el país entre 1982 y 1983.

La dictadura de Ríos Montt es considerada la más sangrienta del conflicto armado, dejó en Guatemala 200 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas.

El militar enfrentó un juicio y fue condenado a 80 años de cárcel, por genocidio y delitos contra la humanidad, sin embargo el mismo fue anulado. 

Ríos Montt enfrentará un procedimiento especial de medidas de protección, luego que evaluaciones forenses determinaron que no tiene las capacidades mentales y físicas para presenciar un juicio en su contra. 

El militar está acusado de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad por cientos de muertes durante el conflicto armado interno entre 1982 y 1983, cuando era Jefe de Estado.

La resolución de la Sala se concretó luego de más de dos años y cien excusas de magistrados que referían no poder conocer la petición de la extinción de la persecución penal.

Dato

El 25 de febrero de este año, terminó el plazo que la Corte de Constitucionalidad fijó para que la Sala resolviera si le otorgaba la amnistía al general retirado.  El máximo tribunal del país ordenó que se integrara la Sala, y esta se conformó el 19 de febrero, y a partir de esa fecha corrían cinco días para que el referido órgano decidiera si le era aplicable al general retirado Ríos Montt.  Pero debió pasar mucho tiempo para que emitieran la resolución. 

En febrero de 2014, la Sala de Mayor Riesgo decidió no conocer la solicitud de amnistía planteada por el ex presidente de facto.  La Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), se manifestaron en su momento para que el general retirado no fuera beneficiado, pues los casos de genocidio no están dentro del decreto al que la defensa se quiere acoger.

El 8 de agosto de 1983, el General de Brigada Óscar Humberto Mejía Víctores fue juramentado como nuevo Jefe de Estado en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional.

Desde las primeras horas de la mañana gran cantidad de soldados se apostaron en posición defensiva en calles adyacentes al Palacio Nacional. No obstante tal situación, el general Mejía afirmó a los medios de comunicación que “sólo se trató de un cambio de gobierno y no de un golpe de estado”.

El nuevo mandatario se limitó a brindar respuestas parcas ante las preguntas de los periodistas.
Aunque él insistía en que era un “cambio de gobierno”, la movilización de tropas de infantería y de la Fuerza Aérea, además de varios tiroteos en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución que dejaron una persona muerta y varios heridos, hicieron creer a la ciudadanía que se trataba de un golpe de Estado al gobierno que por más de 16 meses presidió Ríos Montt.

Discurso

Durante el discurso de toma de posesión,  Mejía Víctores destacó lo siguiente: “El Ejército Nacional y el estado no puede ni debe convertirse en el defensor, custodia o protector de intereses particulares o de un grupo, ya sean estos religiosos, sociales, económicos o políticos. Respetamos la fe y no interferiremos en las labores del organismo judicial”.

Lo anterior fue fundamentalmente declarado por Mejía Víctores, ministro de la Defensa, al ser proclamado en el Palacio Nacional como nuevo jefe de gobierno. Fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Ricardo Sagastume Vidaurre y posteriormente pronunció su discurso.

Fue una expresión vinculada con dinero, bancarrota y quiebra.

El “Jueves Negro” guatemalteco ocurrió el 24 de julio de 2003, en las calles de varias zonas capitalinas.

No fue una crisis financiera sino un ardid populista del entonces hombre fuerte del Frente Republicano Guatemalteco, Efraín Ríos Montt, quien exigía al Tribunal Supremo Electoral que lo inscribiera como candidato presidencial, pese a tener prohibición por haber liderado un golpe de Estado.

El 14 de julio de ese año, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo denegatorio, lo cual encolerizó al patriarca del FRG.

En clara afrenta, Ríos Montt dijo: “Tengo que ser inscrito, sí o sí”.

El lunes 21 de julio llamó indirectamente a la rebelión a sus seguidores, y advirtió que no se hacía responsable si las protestas se salían de control.

Sabía perfectamente lo que la cúpula de su partido fraguaba.

Bloqueos

El 24 de julio, cientos de personas acarreadas principalmente de Quiché, las Verapaces, Jalapa y Jutiapa, y provistas de palos y machetes, tomaron desde tempranas horas de la mañana puntos estratégicos, como el Tribunal Supremo Electoral y la Cortes Suprema de Justicia. Se conoció que a muchos les pagaron Q50 y les ofrecieron transporte y comida.

De hecho, la organización de la turba fue casi una estrategia de corte militar, hasta para tomar los alimentos.

Aunque más de 30 personas con gorros pasamontaña organizaron a la turba, entre los incitadores se encontraban el candidato a diputado del FRG por Zacapa, Mario Morales; los diputados, Leopoldo Cruz, Juan Santa Cruz, Jorge Arévalo y la secretaria de Zury Ríos Sosa, hija de Ríos Montt.

La concentración más numerosa empezó a las 8 horas frente al edifico del Centro Empresarial, en al 5ª. avenida y 15 calle, zona 10, donde tenía su oficina Dionisio Gutiérrez, uno de los más férreos opositores a la inscripción de Ríos Montt.

Ese día se puso en riesgo la vida de cientos de empleados de ese condominio, debido a que fueron quemadas decenas de llantas que hacían irrespirable el aire y la turba amenazó con quemar el lugar.

Día negro para la Prensa

También para la Prensa fue una jornada difícil, porque los manifestantes gritaban, entre otras consignas: “La Prensa es la culpable de que no inscriban a Ríos Montt”.

Ese día, Héctor Ramírez, reportero de Noti-7, murió de un paro cardíaco cuando intentaba protegerse de la turba en una vivienda particular. Además, Juan Carlos Torres, reportero de elPeriódico, fue rociado con gasolina y estuvo a punto de ser quemado vivo. El asedio a varios puntos estratégicos duró doce horas. Durante ese tiempo, el Grupo de Acción Rápida, de la Policía Nacional Civil, solo observó de lejos. El director de la institución, Raúl Manchamé, nunca giró instrucciones para restablecer el orden.

A las 18 horas fueron rescatadas 900 personas que habían permanecido atrapadas en el Centro Empresarial y los manifestantes se retiraron.

Los daños a la propiedad, la vida y la producción fueron incalculables.

El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, responsabilizó de los hechos al gobierno de Alfonso Portillo y al ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón. Morales dijo que, pese a su insistencia, Calderón no actuó para replegar las protestas.

Las turbas del “Jueves Negro” cometieron 34 delitos, incluyendo homicidio, agresión, plagio y secuestro. El Estado incurrió en 12, entre éstos la defensa de la Patria.

Resumen de los hechos ocurridos durante el denominado “Jueves Negro”. (Video: Tomado de You Tube)

José Efraín Ríos Montt no hubiera sido general si no hubiera mentido. En 1946 logró entrar como cadete en la Escuela Politécnica de Guatemala haciendo trampa, ya que sufría de astigmatismo y los controles eran rígidos.

Los aspirantes debían pasar controles médicos y sus ojos no funcionaban bien. Así que, antes de pasar el examen de la vista, se aprendió el orden de las letras en el cartel. Así comenzó su carrera en el Ejército.

El tercero de 12

Ríos Montt nació el 16 de junio de 1926. Fue el tercero de 12 hermanos. En dos de los libros que se han escrito sobre él explicó que desde niño quiso ser militar. Jugaba a marchar como soldado. Además fue por su abuela que empezó en el camino religioso. Ella le pagaba un centavo de quetzal por leerle la biblia y por acompañarla a los servicios religiosos.

Toda su familia estaba involucrada y, de hecho uno de sus hermanos, Mario, se ordenó sacerdote, hoy, Monseñor Mario Enrique Ríos Montt es obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Guatemala; Efraín en el futuro llegaría a ser líder de la iglesia protestante Verbo, misma que tuvo influencia moral sobre la población durante su régimen de facto.

Carrera militar

En 1943 inició su carrera en el Ejército, en el Fuerte de San Rafael Matamoros, sólo tenía 17 años. En 1946 ingresa a la Escuela Politécnica en donde cumplió su sueño de ingresar y ser su director. Se le recuerda como uno de los más severos. En 1972 obtuvo el grado de general de Brigada y fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Su carrera iba en ascenso hasta que lo enviaron a Washington DC a estudiar, tiempo después renunció a su cargo para adentrarse en política.

Candidato de la izquierda

En 1974 se presentó a las elecciones como candidato presidencial por el Frente Nacional de Oposición, que había sido formado por el Frente Unido de la Revolución y la Democracia Cristiana Guatemalteca. Ambos partidos eran de ideología izquierdista. Su candidato de fórmula fue Alberto Fuentes Mohr, quien sería asesinado en 1979 al igual que otros líderes opositores. El partido de Ríos Montt pierde las elecciones de 1974 frente al general Kjell Eugenio Laugerud García. Hubo alegatos de fraude.

Ríos fue visto como un enemigo por su protesta ante el fraude y fue enviado como embajador a España.

Régimen de facto

Fue hasta el 23 de marzo de 1982 cuando apareció en escena nuevamente, cuando fue parte de la junta militar que tomó el poder después del golpe de Estado contra Romeo Lucas García. Tres meses después se declaró presidente y disolvió la junta. En una comparecencia ante la prensa dijo: “Gracias, Dios mío, estoy aquí”.

Es en su régimen de facto en el que se fundamentan las acusaciones por genocidio y crímenes contra la humanidad. Poco más de un año después, el 8 de agosto de 1983, su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores lo derrocó. Mejía Víctores convoca a Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución Política y a las primeras elecciones en 1985 y 1986 respectivamente.

La nueva Constitución establece en su 186 que no puede ser presidente “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes en consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno”. Pero Ríos Montt reapareció en 1990. Con el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, intentó ser candidato, pero el tribunal constitucional le dijo que no.

Ahora sí, el general va

En las elecciones del año 1999 participa como candidato a diputado al Congreso de la República por el FRG, su partido obtiene la presidencia de la República y él la presidencia del Organismo Legislativo durante cuatro periodos consecutivos. El gobierno eferregista ha sido señalado por múltiples hechos de corrupción. Pero la ambición de Ríos Montt no llegó hasta ahí. La Corte de Constitucionalidad, a quien se le acusó de ser afín al eferregismo, ordenó la inscripción de Ríos al Tribunal Supremo Electoral para que participara en las elecciones del 2003, previo a esta decisión se llevaron a cabo los hechos conocidos como el Jueves Negro y Viernes de Luto en el que protestas simpatizantes del general impunemente realizaron bochinches en los que falleció un periodista, sin intervención de la policía.

Ríos Montt participa en las elecciones presidenciales del 2003 donde quedó en el tercer lugar, con 518 mil votos. A pesar de ésta derrota Ríos participó en las elecciones del 2008 en las que obtuvo una curul en el Congreso, retirándose de la política en 2012. De ésta forma termina su carrera política, pero saltará a la palestra nuevamente.

Juicio por Genocidio

Los intentos por llevar al general Ríos al banquillo de los acusados por su consentimiento a las masacres y violaciones a los derechos humanos durante su régimen, iniciaron en 1999, la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó un proceso ante la Audiencia Nacional Española. Éste proceso no prosperó a pesar de que los tribunales españoles dictaron una orden de captura.

El 26 de enero de 2012, Ríos Montt fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad. Previo al inicio del juicio fue arrestado domiciliarmente. En Enero de 2013 se dio apertura al juicio contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez el cual es abierto formalmente en marzo 2013. Tras múltiples audiencias, testimonios de las víctimas y acusaciones de un juicio parcializado, la Jueza Yassmín Barrios condena a Ríos Montt a ochenta años de prisión por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad el 10 de mayo de 2013. De esta forma Ríos se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes.

Diez días después la CC anula la sentencia del juicio por desobediencia y desacato por parte del tribunal que conoció el caso por haber ignorado los fallos emitidos previamente por la CC. El juicio tuvo que regresar al estado en el que se encontraba dos años antes y fue programado para enero de 2015. Al reiniciar el juicio la defensa de Ríos lo bloqueó argumentando de que una tesis de maestría realizada por la jueza Irma Jeannette Valdés en el que toca el tema de genocidio podría parcializar cualquier decisión.

A la fecha el juicio sigue estancado, unido a una solicitud de amnistía que tampoco se ha resuelto. El deterioro de la salud del ex militar en éstos días dejan en la incertidumbre el resultado de los juicios que tiene pendiente.

Héctor Reyes, abogado de una organización de derechos humanos que actúa en favor de las víctimas, confirmó la fecha del reinicio del debate.

“El tribunal ha citado a las partes para el próximo 23 de julio para el inicio del debate oral y público”, dijo Reyes a la agencia AP.

Agregó que si el acusado tiene dificultades para trasladarse se tomaran las medidas pertinentes para que desde el lugar donde se encuentre tenga enlace con el tribunal.

Con esta decisión la corte abre la posibilidad a que las audiencias se hagan por medio de videoconferencias desde donde esté Ríos Montt, manifestó. El ex militar, de 88 años, tiene problemas de salud debido a su avanzada edad.

El tribunal también juzgará a Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de inteligencia durante el gobierno de facto de Ríos Montt.

La corte tenía programado el inicio del debate para el 5 de enero de 2015, pero la defensa del exdictador recusó a la jueza presidenta Jeanneth Valdez, lo que retrasó el comienzo del juicio.

Tribunal

Reyes confirmó que los nuevos integrantes del tribunal son María Eugenia Castellanos como juez presidenta, la vocal Soraya Yoc Yoc, y Delmar Marín, un juez que suple a Valdez.

El 10 de mayo de 2013 un tribunal condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión y absolvió a Rodríguez Sánchez por el mismo caso. Sin embargo, 10 días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio bajo el argumento de que hubo errores en el proceso.

Ríos Montt está acusado del genocidio de mil 771 indígenas ixiles a manos de soldados del ejército bajo su mando cuando ejercía como presidente de facto de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.

Según las Naciones Unidas, unas 245 mil personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996).

El informe de la ONU señaló que un 97% de las muertes fueron responsabilidad del ejército y grupos paramilitares, mientras que del 3% restante se responsabiliza a la guerrilla izquierdista.

El abogado de Ríos Montt, Luis Rosales, dijo que desde el 29 de diciembre, le notificaron al Tribunal que por prescripción médica su cliente no se presentará a la judicatura para comparecer por los cargos que le imputa el Ministerio Público.

“Mi cliente no puede salir, su salud es delicada, el médico está en su casa y nos recomendó que no puede movilizarse” dijo Rosales.

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Cerca de las 7 horas, llegó a la casa de Ríos Montt el médico y ex ministro de Salud Mario Bolaños, quien habló del estado de salud de general. Bolaños dijo que el enfermo tiene una luxación ósea común en personas de más avanzada edad.

“El general no debe movilizarse, el camina apoyado de un aparato, recomendé reposo absoluto, mi recomendación es que no salga de casa, su salud es delicada”,  manifestó le médico.

Sin declaraciones a la Prensa

Más temprano, llegó a la casa de Ríos Montt su hijo, Enrique Ríos Sosa, en una camioneta de color negro, al bajar del vehículo ofreció un escueto saludo a algunos periodistas, no ofreció declaraciones.

Uno de los nietos del militar explicó a la Prensa que los abogados son los únicos que darán declaraciones en relación a su abuelo –Efraín Ríos Montt-.

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Con información de Julio Lara

El martes por la tarde, dicho Tribunal efectuó la petición, con el objetivo que el juicio pueda reiniciarse ya que desde el 5 de enero está detenido, debido a que la defensa de Ríos Montt recusó a Jannette Valdés, presidenta de dicho Tribunal al argumentar que emitió opinión sobre el genocidio en su tesis profesional que elaboró.

La Sala en mención dio con lugar a la solicitud presentada por la defensa de Ríos Montt y con ello fue separada del juicio.

En los próximos días, los magistrados de la sala primera de Mayor Riesgo debe nombrar al juez suplente para fijar una nueva fecha y con ello dar cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que anuló la sentencia en la cual Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad y decidió que se debe repetir el debate.

Ríos Montt, quien gobernó el país durante casi 17 meses durante 1982 y 1983, y llegó al poder a través de un golpe de Estado y Rodríguez Sánchez, quien luego fue su jefe de inteligencia militar, están siendo juzgados por genocidio y deberes contra la humanidad.

Se les imputan esos cargos por masacres sistemáticas de la población indígena de la etnia Maya Ixil, por la muerte de un mil 771 indígenas.

La solicitud fue entregada a la judicatura por medio de un memorial en el cual las dos entidades manifiestan que los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, no contemplan el cese de la persecución penal por una amnistía.

Ríos Montt, juzgado por la muerte de mil 771 pobladores ixiles, en Quiché, entre 1982 y 1983, manifestó a la Sala que el decreto 8-86 concedió el perdón judicial a todos los hechos ilícitos cometidos entre el 23 de marzo de 29182 y el 14 de enero de 1986, por lo cual no existe fundamento para continuar con el proceso en su contra.

Junto a Ríos Montt también afronta juicio el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar.

La judicatura debe emitir una resolución en la cual se explique por qué es o no prudente otorgar a Ríos Montt la amnistía, lo cual fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad, que anuló un fallo previo de la misma Sala, en la cual se negó el perdón al militar.

El tribunal constitucional explicó que en aquella oportunidad la Sala hizo una resolución basándose en la Ley de Reconciliación Nacional, sin haber estudiado el decreto 8-86, que era el que señalaba el militar.