El vienes 29 de julio la Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros (US$24.44 millones) para la cantante colombiana Shakira, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14.5 millones de euros (US$14.89 millones) entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Ese día, el ministerio público presentó su escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que el miércoles 27 de julio la artista rechazara acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio.

Shakira ya devolvió los 14.5 millones de euros (US$14.89 millones) que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.

Como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.

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Los registros de su domicilio familiar en Barcelona desde 2012

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

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La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Un entramado societario en paraísos fiscales

Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el “plan” de Shakira consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante colombiana llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, mantiene la Fiscalía.

Esos acuerdos, según el ministerio público, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2% de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

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La Fiscalía mantiene que los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”.

El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero el miércoles 27 de julio Shakira rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la “persecución” a que la sometía Hacienda y la “intransigencia” de la Fiscalía durante todo el proceso.

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No obstante, la artista aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones hasta el momento de sentarse en el banquillo.