La oposición surge porque, según el análisis de agentes aduaneros y transportistas, la medida va en contra de la productividad del país.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, mostró su preocupación por que los dirigentes aduaneros desconocen el sentido de la VAI.

“La VAI no es algo que sea obligatorio, ya que habría opción para realizar los trámite por la vía tradicional”, dijo.

Resaltó que la iniciativa es una propuesta que aún está en análisis.

Víctor Rivera, presidente de la junta directiva de la corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala, dijo que la iniciativa establece una contribución especial de 0.25% sobre la planilla laboral de las empresas que será pagada al seguro social, monto que, según refiere, no tienen capacidad de solventar, por lo que podrían recortar personal.

Según Rivera, esa decisión delega la recaudación de impuestos de importaciones a una entidad privada y resta responsabilidad a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los ingresos serían utilizados para la creación del instituto guatemalteco para la competitividad, la productividad, las inversiones, exportaciones y turismo (Proguate), que integraría a todas las entidades encargadas de impulsar la competitividad.

Rivera advirtió de que si no hay una solución al tema este mes, bloquearán en marzo las fronteras.

En ese sentido, Zepeda dijo que los agentes aduaneros desconocen el tema y ellos están dispuestos a aclararlo; además, no es discriminatorio ni afecta a la competitividad.

Damnificados

Según la Asociación de Agentes Aduaneros,  son tramitadas cuatro  mil pólizas de importación de contenedores a diario, las cuales   suman 80 mil declaraciones mensuales.

Los trámites aportan al fisco más de Q1 mil 400 mensuales.

La aprobación de la Ley de competitividad afectaría a 10  mil familias, aseguró esa agrupación.

40 mil importadores serían beneficiados, según la Agexport.

40 puntos mejoraría la calificación del país en el Doing Business.