Sin embargo, el texto también aboga por “hacer buen uso de la flexibilidad contenida en las normas existentes en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC)” , para “aumentar las inversiones, crear más y mejor empleo y fomentar las reformas en pro de la competitividad” .

Esta mención de la flexibilidad responde a las exigencias de Italia y Francia, que han abierto un debate sobre las medidas de austeridad y la necesidad de generar crecimiento, y está vinculada al respaldo por parte de estos países al candidato del Partido Popular Europeo, Jean-Claude Juncker, para que se convierta en el próximo presidente de la Comisión Europea.

Aunque el presidente francés, Franois Hollande, y el primer ministro italiano, Matteo Renzi, han defendido abiertamente la necesidad de relajar la austeridad, ambos han asegurado también que eso puede hacerse dentro de las reglas del PEC, que establecen que el déficit público no debe superar el 3 % del PIB, ni la deuda pública el 60 %.

El documento incluye, por otro lado, una consideración relativa a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, con la que Van Rompuy ha intentado contentar al Reino Unido, que demanda menos interferencia y burocracia de las instituciones comunitarias.

“La Unión ha de concentrar su acción en los ámbitos en los que realmente puede marcar la diferencia. Debe abstenerse de actuar cuando los Estados miembros puedan lograr mejor los mismos objetivos” , sostiene.

Las cinco prioridades que plantea Van Rompuy para el próximo lustro tienen que ver con el empleo, la protección de los ciudadanos, la energía y el clima, el terrorismo, la inmigración y la delincuencia, y con el papel de la UE en el exterior.

En primer lugar, la UE subrayará la necesidad de completar el mercado interior y de fomentar el emprendimiento y la creación de empleo, también para las pymes.

Facilitar el acceso a la financiación y la inversión, mejorar los mercados laborales y reducir los impuestos sobre el trabajo serán algunas de las metas en este ámbito.

La inversión es otro de los capítulos que la Unión quiere impulsar, en especial en materia de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, así como en eficiencia energética, innovación, investigación y educación.

Desde un punto de vista más social, la UE quiere prestar especial atención a la protección de sus ciudadanos, para seguir siendo vista como un espacio de oportunidades, si bien recalca que los responsables de los sistemas de bienestar son los Estados miembros.

En materia de energía y clima, la UE se marca como reto lograr reducir la dependencia de las importaciones de combustible y gas, que ha recobrado relevancia a raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania.

El terrorismo y la inmigración son otras de las dos grandes preocupaciones que marcarán la actuación europea durante los próximos cinco años.

Mejorar la gestión de los flujos migratorios, que presionan en particular a países como Italia y España; impulsar la prevención y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, y reforzar la cooperación judicial entre los Veintiocho serán tareas prioritarias.

La UE también se plantea cuál debe ser su papel en el exterior, y apuesta por maximizar su influencia a través de la coordinación entre socios comunitarios y la promoción de la estabilidad, la prosperidad y la democracia en los países vecinos.

Desarrollar la cooperación en materia de seguridad y defensa mediante el refuerzo de la Política de Seguridad Común y Defensa de forma complementaria con la OTAN también figura entre las prioridades.