Economía

Rescate de bancos divide a diputados

Diputados de varias bancadas rechazan conocer reformas a la Ley de Bancos, con argumento de que fondos públicos no deberían rescatar a entidades en crisis.

Por U. Gamarro y J. Gramajo

Diputados de diferentes bancadas se enfrentaron ayer por la iniciativa de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Diputados de diferentes bancadas se enfrentaron ayer por la iniciativa de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

La polémica comenzó cuando María Eugenia Tabush Pascual, presidenta de la Comisión de Economía, en un tono defensivo quiso que el pleno conociera la iniciativa, pero fue rechazada con el argumento de que el proyecto 5157 beneficiará al sector bancario.

La propuesta plantea que el rescate de bancos y que la capitalización de estos sea tarea del Banco de Guatemala, de manera obligatoria, con fondos públicos —impuestos— provenientes del Ministerio de Finanzas.

“No se trata de una ley de salvataje como algunas personas han dejado ver o creen que es; por el contrario, es una ley que quita el banco al dueño; es decir que ellos pierden el cien por ciento de su capital”, expuso la legisladora ponente.

El diputado Orlando Blanco le respondió a Tabush Pascual: “Es una vergüenza que los banqueros eludan el secreto bancario y que ahora, previo a enfrentar verdaderos procesos de transparencia, opten por declararse en quiebra. Es un riesgo grave”.

Amílcar Pop, diputado por Winaq

No entiendo por qué el Estado debe intervenir para salvar bancos. Si yo tengo una empresa y me voy a la quiebra, el Estado no interviene y me salva. El Estado me interviene y todavía me cobra los últimos impuestos que pude no haber pagado. Se requiere discutir a profundidad, pues la intención debiera ser favorecer a la población y no a los grandes banqueros.

Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, afirmó que la iniciativa requiere de más discusión, y enfatizó que si el proyecto surgió de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala, se le debe prestar atención a la propuesta.

Mal enfocado

Roberto Ortega Herrera, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que no es “que las pérdidas de los bancos se vayan a trasladar al pueblo”.

“Se está interpretando volver públicas las pérdidas privadas, pero no se trata de eso. La iniciativa no pretende determinar si una institución tiene un problema, sino cómo se logra rescatar; un tema donde puede haber muchos bancos”, explicó.

Roberto Ortega Herrera, vicepresidente de ABG

La ley es clara, correcta, de aplicación adecuada, con los suficientes candados para que no sea mal utilizada. El propósito en términos generales es prevenir, si existe un riesgo sistémico del país que pudiese llevar a un problema de iliquidez o solvencia. En la actual ley de bancos nunca se previo un caso sistémico.

El directivo afirmó que la iniciativa tiene como propósito llenar un vacío legal.

Recordó que cuando se dio el caso del desaparecido Bancafé, en 2006, tres entidades entraron a rescatarlo porque no había capacidad para que una sola absorbiera la institución.

“El objetivo es tratar de rescatar a la institución, no liquidar el banco y que vuelva a ser rentable”, aseguró.

Sergio Recinos, presidente en funciones del Banguat, ha dicho que la idea de la reforma es que la entidad sea viable, y lo que se pretende es mantener su funcionamiento.

Señaló que la ley actual solo da la opción de que si un banco afronta problemas se instale una junta de Exclusión de Activos y Pasivos, lo que implica su liquidación.

Las reformas son parte de los Acuerdos de Basilea III (supervisión bancaria).

Contenido

La iniciativa 5157 fue presentada al Congreso por el Ejecutivo, el 13 de septiembre del 2016.

Esta tiene como objetivo fortalecer la supervisión financiera y adaptarse a las tendencias mundiales.

Además del rescate a los bancos, se incluyen otras regulaciones como ampliar el monto de cobertura del Fondo para la Protección del Ahorro (Fopa).

También la regulación de las off shore —entidades fuera de plaza— con más controles de patrimonio.

En otro de sus capítulos se busca otorgar un blindaje jurídico para autoridades y funcionarios cuando ordenen un proceso de intervención de alguna institución bancaria.

El sistema financiero en la actualidad está fortalecido y sano, según las autoridades.