Economía

Fuerzas oscuras y polígrafos

Nuevamente, la CICIG y el MP nos han sorprendido el pasado viernes, dando un golpe a lo que han identificado como un nuevo caso de defraudación fiscal. Fuera del aspecto estrictamente mediático, frente a la acumulación de casos de corrupción, es importante recordar dos aspectos que no pueden desdibujarse frente a un nuevo escándalo.

Por Álvaro Sarmiento

Primero, el efecto dañino que estos golpes provocan de manera directa o indirecta a los funcionarios y directores de la SAT. Sería una ligereza e injusticia generalizar comportamientos corruptos por acusaciones a algunos funcionarios públicos, que a la fecha no han sido vencidos en juicio. Mi experiencia personal hace años como profesor en una Maestría en temas tributarios a funcionarios de la SAT es en algunos casos edificante.

Presenciar el esfuerzo de atención por parte de funcionarios que habían pasado la noche del viernes viajando en una camioneta desde una frontera para poder asistir a clases el sábado a primera hora era más que ejemplar. No lo olvidemos, la inmensa mayoría de los empleados y funcionarios de la SAT son como usted, lector, personas que se esfuerzan en ganarse honestamente la vida y que tienen todo el derecho a la buena honra y respeto.

Segundo. Lo anterior no se opone a la implementación de mecanismos internos de seguridad que posibiliten diferenciar a los funcionarios buenos de los que cometen actos de corrupción. Hace un par de años, mientras desarrollaba un proyecto para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en la frontera de Ipiales, la dirección planteó realizar controles de polígrafo a funcionarios de la institución que laboraban en zonas críticas de frontera.

Las palabras del director de la DIAN se pueden aplicar a nuestra realidad actual: “Es un problema muy complejo que cuando se trata de combatir genera mucha reacción. La corrupción al interior de todas las entidades oficiales se mantiene y crece, como un cáncer. Son fuerzas oscuras que han penetrado todo…”

En agosto del año pasado, también en Colombia, se realizaron evaluaciones con lectores de retina y polígrafos, de manera voluntaria, a más de 50 funcionarios de alto nivel donde existe riesgo elevado de corrupción.

Funcionarios con responsabilidades de compras, contrataciones o decisiones para las finanzas de instituciones como la DIAN, Agencia Nacional de Hidrocarburos, agencias relacionadas a infraestructura, vivienda o agua pasaron por alguno o ambos controles. Como lo anunció el vicepresidente German Vargas, “de ahora en adelante, todos los funcionarios que participan en la elaboración de los pliegos de licitaciones o en la adjudicación de dichos contratos se someterán, antes y después, a una prueba de polígrafo”.

Dejando fuera la discusión legítima sobre la presunción de inocencia, las limitaciones propias de la herramienta, o límites legales para el uso del polígrafo, no se debe perder la idea principal, la reforma profunda a la SAT, tema que como se hizo público esta semana, está amarrado al financiamiento del BID y del Banco Mundial al gobierno para apoyo presupuestario.

Financiamiento en mejores condiciones que seguir emitiendo bonos del Estado. Es lógico que ninguno de estos bancos va a forzar o decidir el tipo de reforma institucional, esa decisión corresponde exclusivamente a Guatemala, pero es una variable que deberán tomar en cuenta para el monto final del financiamiento.

Las crisis son buenas oportunidades para luchar con la raíz de los problemas y tomar decisiones que normalmente no se tomarían por la oposición o sensibilidad de grupos de interés o simplemente, porque es algo “políticamente incorrecto”.

No es necesario esperar los grandes cambios institucionales, se pueden y deben tomar acciones tendientes a mejorar la percepción pública que la SAT está trabajando desde dentro en la lucha contra la corrupción, concretamente: eliminación de normas poco claras o tendientes a la interpretación, simplificación y automatización de procedimientos, procesos de auditorías internas, evaluaciones basadas en criterios objetivos, aplicación de sanciones al probarse casos de corrupción.

La tarea es impostergable e indelegable.