En diciembre pasado, el Gobierno boliviano anunció que había alcanzado un “principio de acuerdo” con la eléctrica española para pagarle una compensación por la nacionalización de sus subsidiarias decretada a finales del 2012.

Entre las nacionalizaciones cuyas indemnizaciones están pendientes figuran las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola expropiadas: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.

Desde su llegada al poder en el 2006, el Gobierno que preside Evo Morales ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, pertenecientes a inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.