Samayoa agregó que si se toma en cuenta que cada año se integran 45 mil familias, se debería tener una política de Estado de largo plazo con inversiones estatales para apoyar la construcción.
Según Samayoa, en la actualidad, una vivienda popular mínima de 46 metros cuadrados para una familia de cinco o seis integrantes alcanza un costo de entre Q45 mil y Q50 mil.
Luis Álvarez Valencia, director general del Instituto del Cemento y Concreto de Guatemala, indicó, durante su participación en la primera edición de CongrExpo, actividad organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción, que en el país sí existe capacidad de construcción.
Sin embargo, el empresario reconoció que el problema es que el sector de la población que más necesita vivienda no constituye sujeto de crédito para las instituciones bancarias.
Álvarez opinó que el problema es que el sector que más necesita vivienda corresponde a personas que no tienen acceso a crédito. Por lo anterior, el tema de la vivienda no se refiere a un problema constructivo porque el país tiene capacidad de construcción, pero falta financiamiento.
Según Álvarez, el asunto es cómo se logra que ese segmento de la población cuyos salarios fluctúan entre dos y cuatro salarios mínimos pueda convertirse en sujetos de crédito.
No obstante, la situación, en opinión del investigador, el panorama empieza a ser mejor en el país pues ya existen proyectos de vivienda con tasa de interés diferenciada, o bien,con el tema de vivienda de alquiler con opción a compra.
No obstante, si no se hace nada por solucionar la problemática, se calcula que al 2020 el déficit de vivienda será alrededor de un 20% mayor que el de 2015.
Por lo anterior, Álvarez recomienda que el Estado y la iniciativa privada se deben sentar y presentar un plan un desarrollo de vivienda de interés social en trabajo conjunto.
Álvarez recordó que cada año se forman entre de 70 mil y 80 mil nuevos hogares.
Oscar Sequeira, director de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), dijo que se percibe que la construcción de vivienda es mayor al que se reporta, especialmente en la provincia, en donde el costo de la vida es menor que en las áreas urbanas, por lo que sus pobladores tienen más recursos para construcción de vivienda. “Lo que sucede es que existe mucho desorden en el registro de las construcciones”, afirmó.
Según Sequeira, la construcción y mejora de vivienda se puede notar en la cantidad de materiales de construcción que se venden en los departamentos.
Según sus cálculos, fácilmente se podrían estar construyendo alrededor de 100 mil casas entre nuevas casas y ampliaciones.
“Lo que sucede es que la construcción es desordenada y sin control. Además una gran mayoría de viviendas no tienen los servicios básicos como drenajes o energía eléctrica”, comentó.
Falta legislación para prevenir catástrofes
Desde la visión del director del Instituto del Cemento y Concreto de Guatemala, es importante resaltar que aunque existe diversidad de normas para la construcción (al momento solo se cuenta con reglamentos, en especial, ante una catástrofe como la sucedida en el caserío El Cambray 2 (ubicado en jurisdicción del municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala) lo que falló fue el tema de no prevenir.
Según Álvarez en el caso de la población mencionada “si y habían estudios previos y se decía que era un terreno inseguro, por lo que no deberían de haber dejado construir”.
El profesional dijo que a simple vista se nota que el lugar era inseguro pues estaba en el antiguo cauce de un río y “todos saben que aunque baje de caudal, se experimentan crecidas que erosionan y debilitan la base del cerro, que fue lo que pasó y provocó el deslizamiento”.
Por lo anterior, Álvarez dijo que se debe hacer una ley marco de la construcción con la idea de que tenga mayor peso y que establezca sanciones a reglas que no se cumplan y esto debería de aplicarse a todas las municipalidades especialmente que son los que permiten que las cosas pasen.
