Comunitario

Transportistas exigen Q900 millones de subsidio adeudado

Buses de varias rutas de transporte urbano recorren las calles portando mantas en las que exigen el pago de subsidio por parte del Gobierno.

Por Andrea Orozco

Buses de transporte urbano circulan con mantas en las que se exige el pago del subsidio de parte del Gobierno. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Buses de transporte urbano circulan con mantas en las que se exige el pago del subsidio de parte del Gobierno. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

En las mantas se señala que son 27 meses los que se les adeuda y aseguran que “con esfuerzo la tarifa social se ha mantenido”. Todas las unidades pertenecen a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).

En otra de las mantas colocadas se indica que “las actuales condiciones no permiten poder mejorar el sistema de transporte” y se solicita a las autoridades que el problema se resuelva lo más pronto posible.

Según autoridades de la AEAU son más de Q900 millones lo que se les debe por concepto de subsidio pero han logrado sostener la tarifa social, de Q1.10, durante 19 años, por lo que señalan que “el transporte urbano está en crisis”.

La exigencia se registra en buses de los llamados rojos y las unidades del Transurbano.

Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas, precisa el desembolso de la cartera de Comunicaciones a la Asociación de Transporte Urbano en los últimos cinco años:

2011

2012

2013

2014

2015

Q300 millones

Q210 millones

Q300 millones

Q245 millones

Q35 millones

Aumento

La exigencia por el pago se da este lunes, pero el mes pasado los mil 300 transportistas que conforman la AEAU acordaron renunciar al subsidio de Q35 millones que el Gobierno le entrega cada mes y buscarían una reunión con la Municipalidad capitalina para analizar un aumento a la tarifa del transporte.

El viernes de la semana pasada, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria se reunió con representantes de la comuna capitalina para evitar un aumento al pasaje y acordaron crear una comisión multisectorial que buscará una solución a la problemática del transporte público.

Además del estudio de la vicepresidencia, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público investiga el financiamiento al Transurbano que se otorgó durante el gobierno de Álvaro Colom, pues se considera que este perjudicó los intereses del Estado.

Presión afecta al usuario

Édgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asegura que los transportistas tienen derecho de manifestación pública y se respeta, pero se critica la forma en que generan presión para que se cumpla con sus peticiones, pues afectan al usuario.

Guerra señala como una de esas formas de presión el paro de transporte que ha ocurrido en las últimas semanas en las rutas 36 y 37.

Además, dice que los empresarios afirman que ya no tienen fondos para operar, pero el subsidio no se utiliza para compra de combustible y arreglar las unidades pues lo primero es responsabilidad de cada piloto y lo segundo es visible.

El defensor asegura que la AEAU pidió la intervención de la PDH para que el Gobierno pague la deuda del subsidio, pero esto no es posible porque en septiembre el procurador afirmó que hay irregularidades en este tipo de actividad que son investigadas por el MP y la Procuraduría General de la Nación.

Guerra considera que además debería intervenir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues podrían existir estructuras paralelas involucradas.

Analizan medida

La Dirección General de Transporte evalúa un proyecto para blindar a los pilotos a través de una cabina  explicó este lunes Hugo Rodríguez, director de transporte.

Dicho blindaje tendría tecnología de  Israel y protegería contra balas de arma corta, es decir 9 milímetros, calibre .380 y calibre .45 y tendria un costo de Q9 mil en su implementación.

La medida se aplicaría a 20 mil unidades de transporte que circulan el país y según los pilotos ayudaría a reducir el cobro de extorsión de parte de las pandillas. 

Comenzar el proyecto depende del concenso al que se llegue el próximo miércoles en la asamblea general de empresarios de transporte.