Escobar, quien será premiada en el Congreso de EE. UU. por la Fundación Nacional para la Democracia por su lucha contra la corrupción, está convencida de que el primer paso para atajar los problemas de Guatemala pasa por la independencia judicial, que acabe con el saqueo de los recursos que deberían destinarse al desarrollo.

“Los desafíos son enormes, pero un paso importante, un primer paso es una reforma constitucional del sector justicia. Es algo por lo que Guatemala ha estado luchando por más de 20 años, desde los acuerdos de paz”, asegura la magistrada.

En el 2012, Escobar se negó a aceptar las presiones del entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera, para que emitiera un fallo a favor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti cuando era miembro de la Corte de Apelaciones.

Escobar no solo se negó a formar parte de la trama, sino que denunció a Rivera, quien más tarde fue procesado y condenado a 13 años de cárcel por cohecho y tráfico de influencias por haber intentado presionarla, ofreciéndole a cambio su reelección para ejercer en esa corte.

Con su compromiso por la lucha contra la corrupción en Guatemala, Escobar también tuvo que renunciar a seguir ejerciendo en su país ante las amenazas de los poderes fácticos que también la obligaron a mudarse a EE. UU., pero la modernización y el fortalecimiento del sector justicia sigue siendo su caballo de batalla, y está convencida de que se está avanzando en la materia.

Según explica, la reforma que reivindica “no se había debatido hasta el año pasado, en el que comenzó una propuesta seria que está en el Congreso y que se está debatiendo, aunque está siendo boicoteada por los grupos que históricamente han usado la Justicia a su favor”.

No obstante, reconoce que las movilizaciones sociales que se dieron en Guatemala en 2015 para exigir la renuncia del Gobierno de Otto Pérez Molina y la propia Baldetti, ambos ahora en prisión, son una muestra de la concienciación ciudadana sobre las consecuencias de que la corrupción empape el estado de Derecho.

Cicig es importante

Además, insiste en el papel fundamental de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), un ente creado por la ONU en 2007, sin cuyo apoyo, reconoce, hubiera sido impensable sacar a la luz estos escándalos.

“Sin el apoyo que nosotros hemos tenido de la comunidad internacional, especialmente en el caso de la Cicig, Guatemala no hubiera dado los pasos que ha dado. Es impensable que hubiésemos logrado probar o demostrar los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país” , asegura.

No obstante, manifiesta su preocupación por los dos millones y medio de niños que actualmente no tienen acceso a la educación en su país y que, según dice, “son carne para convertirse en un ejército de posibles delincuentes” .

Este, subraya, es de hecho uno de los mayores problemas que afronta Guatemala, donde el 98% de impunidad que se ha llegado a registrar para quienes abusan del poder ha hecho que los recursos de los que dispone el Gobierno no se destinen a asuntos clave como la educación o la sanidad.

“Si no están los recursos no es precisamente porque no los haya, sino porque se los están robando, se están utilizando en fines ilícitos”, asegura.

“Hay más de 300 personas de cargos altos del Gobierno siendo enjuiciadas por procesos de corrupción en Guatemala, (quienes se han quedado) con el dinero que debe ir para la educación, el dinero que debe ir para la salud. Por eso, si la Justicia falla, todo lo demás colapsa. Esa reforma del sector justicia es esencial, es fundamental para luego empezar a abordar los otros temas”, sentencia.