Exfuncionarios habrían permitido uso incorrecto de fondos

Dos exintegrantes del Concejo de El Palmar y un exempleado de la comuna quedaron ligados a proceso, sindicados de haber permitido el uso incorrecto de fondos de la asignación constitucional.  

Los tres sindicados de actos de corrupción escuchan la decisión del Juzgado B de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María José Longo).
Los tres sindicados de actos de corrupción escuchan la decisión del Juzgado B de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María José Longo).

El juez Marlon Olivares, del Juzgado B de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, indicó que existen indicios para que continúen sujetos al proceso penal contra Francisco Humberto Ajtún Sontay,  ex síndico primero; Máximo Hernández Coronado, exconcejal III; y Eduardo Delgado Monzón, exdirector de administración financiera de El Palmar, Quetzaltenango.

Los tres fueron capturados este martes en cateos en el referido municipio y luego de ser escuchados, quedaron ligados a proceso por malversación. Los señalados, quienes desempeñaron el cargo del 2012 al 2016, recobrarán su libertad luego de que  se les impusiera una caución de Q36 mil 200 a cada uno.

Como parte de las pruebas, el Ministerio Público (MP) presentó actas municipales, auditorias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), testimonio de los auditores y cheques firmados, entre otros documentos. 

De acuerdo con la investigación del MP, en el 2013 los implicados permitieron que en la ejecución presupuestaria de la comuna se utilizaran incorrectamente los fondos de la asignación constitucional del Impuesto al Valor Agregado, ya que el 80 por ciento fue para gastos de funcionamiento de la comuna cuando únicamente puede ser el 25 por ciento.

Marco Ávila, fiscal del ente investigador, explicó durante la audiencia que por medio de una auditoria de la CGC se estableció que la Municipalidad de El Palmar recibió  Q4 millones 36 mil 104.81 por concepto de la asignación constitucional del rubro concerniente a IVA-PAZ y de esa cantidad, Q3 millones 617 mil 380.43 fueron utilizados para gastos de funcionamiento y no para proyectos de inversión que contemplan obras físicas.

El MP solicitó que los sindicados continuaran en prisión, con el argumento de que podían obstruir la investigación al comunicarse con otros  implicados que se encuentran prófugos de la justicia, ya que no fueron ubicados durante los allanamientos.