Según versiones de vecinos, la sindicada se ofreció para servir de mediadora entre un grupo de mujeres  y una supuesta ciudadana estadounidense que entregaría donaciones.

Juan Zapeta López, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, dijo que la mujer deberá pagar Q94 mil 500 en un plazo de nueve meses, de lo contrario recibirá el castigo xicay (azotes con ramas de árbol de membrillo), y será atada a un árbol durante varios días.

“Vicente invitaba a lideresas en las comunidades rurales de Pamesebal, Xatinap, El Chajbal, La Estancia y Choacamán, de la referida localidad, para que involucraran a más mujeres con el pretexto de darles víveres.  Lamentablemente hubo muchas que cayeron en la trampa”, comentó Zapeta López.

Aseguró que la señalada pedía fotocopias del Documento Personal de Identificación (DPI) y Q50 a cada mujer que supuestamente sería beneficiada; además, de una fotocopia de la partida de nacimiento de niños y Q25 por cada uno de ellos.

“Hacemos pública la detención de esta persona, para que mujeres pobres y necesitadas no se dejen engañar”, agregó Zapeta López.

Las autoridades indígenas expusieron que estarán pendientes de que la sindicada pague lo que robó.

Vecinos la acusan

Luisa Ixcoy Laynez, del cantón Xesic II, dijo que la mujer ofrecía raciones de leche, cereal y atol vitaminado para un mes, a cambio de Q50 y una fotocopia del DPI.

Sinforosa Tabico, vecina de Choacamán, aseguró haber entregado Q2 mil 200 a María Vicente a cambio de víveres, blocks y hierro.

“Ha pasado un año y no me entrega ni lo ofrecido ni el dinero, a pesar de que se lo he exigido cuando la he encontrado en Santa Cruz del Quiché”, manifestó Tabico. 

Niega señalamientos

“Si fuera cierto que yo tomé el dinero de la gente, estuviera usando buenas cosas, pero no sé leer ni escribir y solo tengo dos cortes típicos para vestirme. Si quieren ver cómo vivo, con gusto pueden llegar a mi casa e investigarme”, dijo Vicente, quien aseguró que se dedica a vender frutas.

“Les pido que me den dos meses de plazo para devolverles su dinero, aunque tenga que prestar o hipotecar un terreno”, añadió la señalada. La mujer aseguró que los fondos que recibió de parte de vecinas los entregó a un grupo de ciudadanos estadounidenses.

Castigo causa polémica

Los azotes que autoridades indígenas de Quiché propinaron en febrero último a un joven señalado de robo, ha originado opiniones encontradas, ya que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)  sugiere otro tipo de medidas; mientras, un líder indígena señala que están amparados por el Derecho Maya.

El hecho ocurrió el jueves último en Santa Cruz del Quiché, donde Cristobalina Lucas denunció en la alcaldía indígena  que su hijo, Jonathan Morales Lucas, le había robado una computadora portátil que sería utilizada por otra de sus hijas.

https://www.youtube.com/watch?v=IMIjBz81Jg4