El analista de empresas transnacionales Andrés Cavanas dijo que después de haber entrevistado a distintos actores de la sociedad determinó que se ha violentado el derecho de las poblaciones al construir hidroeléctricas sin importar el rechazo de estas a través de las consultas comunitarias.

Señaló que para intimidar a los pobladores se han empleado mecanismos de amenazas violentas y provocación, valiéndose de actores políticos

“Hemos tenido denuncias de vecinos que han recibido llamadas a su teléfono celular donde los amenazan, y también de forma directa, pues agentes de seguridad han disparado al aire, hay una obstaculización a los derechos de las personas y solo predominan los intereses económicos de las empresas”, enfatizó Cavanas.

Juan Zubizarreta, expositor del encuentro, afirmó: “Son mucho más los daños que generan que los beneficios, y ahí hay complicidad entre empresas y Gobierno”.

Expresó que estas compañías actúan con total libertad porque el Estado no ejerce control jurídico eficaz que beneficie a los pobladores.