Al menos 180 agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público fueron desplegados para desalojar a una familia de cinco integrantes que trabajaban como guardianes de la finca Río Ciénaga, Lívingston, Izabal, acción que fue cuestionada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Waldemar Barrera, auxiliar de la PDH, indicó que es una violación a los derechos humanos movilizar tanta fuerza pública para desalojar a una familia.
Las personas fueron identificadas como Mario René Hernández Pineda, su esposa y sus hijos de 2, 4 y 7 años.
Agentes llegaron en 50 autopatrullas, porque creían que 150 familias habían invadido la finca.
La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal.
