A ello hay que sumar la escasa investigación que la Policía y operadores de justicia efectúan respecto de este tipo de casos, coinciden las organizaciones. “Guatemala está siendo tomada; la principal debilidad es que no existe investigación”, afirma Dubón.

La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, vigente desde febrero del año último, tipificó en el Código Penal el delito de turismo sexual, el cual se castiga con prisión de seis a 10 años.

Sin embargo, a más de un año, la investigación criminal sobre este hecho ilícito “no existe hasta el momento”, dice Karina Javier, representante del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dubón asegura que, a pesar de esta nueva norma, no existen profesionales con conocimientos para la investigación en la Policía y que los constantes cambios en esa institución no permiten la especialización. “Se necesitan conocimientos teóricos y de Internet muy profundos para poder descubrir redes”, señala.

“Somos conscientes de que hay lugares como Antigua y Panajachel, desde donde constantemente estamos recibiendo denuncias de extranjeros que compran casas que son frecuentadas por menores de bajos recursos”, afirma.

Las familias terminan convirtiéndose en cómplices, porque los responsables “compran voluntades” de jóvenes de escasos recursos, asevera Dubón.

La última denuncia recibida por esta organización llegó desde Panajachel e involucra a un extranjero y a varios menores, dice.

No existe forma de controlar cuántos pedófilos hay en Guatemala, denuncia Dubón, quien cita como ejemplo la reciente expulsión de un pederasta español que se ocultaba en un hogar de menores en Río Dulce (Izabal). “En lugar de investigarlo, se limitan a expulsarlo, sin ponerlo a disposición de las autoridades”, resalta.

María Eugenia Villarreal, de la Red Internacional para la Eliminación de la Prostitución, el Tráfico y la Pornografía Infantil (Ecpat, en inglés) coincide con estos destinos: “Antigua, Panajachel y Flores son los lugares donde este fenómeno tiene mayor incidencia con turistas extranjeros, mientras que Puerto San José es el centro del turismo sexual nacional”.

Villarreal refiere que también se han detectado mexicanos que cruzan la frontera en Tecún Umán, y salvadoreños que lo hacen en Jutiapa.

Según Magda Medina, abogada de Unicef, lo más preocupante es la tolerancia social a este tipo de hechos: “Como sociedad no nos indignamos ante los abusos y violaciones que se cometen contra los niños y niñas, y lo peor son los efectos en su desarrollo”.

Hasta el momento no existen sentencias en que se haya aplicado la figura “utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de menores de edad”, según establece el artículo 195 del Código Penal.

Iniciativas de prevención

Villarreal explica que se elaboró un código de conducta para que fuera aplicado con el Instituto Guatemalteco de Turismo en hoteles y agencias, como medida de prevención.

El Inguat informa que desde el 2008 se impartieron talleres para prevenir la explotación sexual y trata de menores, detectar conductas y medios que se usan para perpetrar estas transgresiones. Estos cursos se dieron en Antigua; Puerto San José; Puerto Barrios y Lívingston, Izabal; Lanquín y Cobán, Alta Verapaz; Guatemala y Quetzaltenango, entre otros lugares.

Además, en el Proyecto de Certificación denominado Taxi Seguro se incluyó este curso de Prevención de Acoso Sexual a Menores.

La Cámara de Turismo de Guatemala cuenta con un código ético que deben observar unas mil empresas que forman parte de esta organización, explica Maruja Acevedo, directora ejecutiva.

Sobre si los establecimientos advierten de alguna manera que este tipo de actividad está penada por la ley en el país, Acevedo reconoce que hasta el momento no se ha implementado, aunque la Cámara de Turismo “estaría en la mejor disposición” de participar en una iniciativa de este tipo, afirma.