A lo anterior se agrega que el 46.79 por ciento dijo haber recibido amenazas o haber sido víctima de acciones contra su integridad física.

Respecto de las circunstancias que pudieron haber motivado las amenazas, en su mayoría creen que se deben a las sentencias que emitieron —27 por ciento— o por haber conocido casos de alto impacto —22.02 por ciento—.

En menor proporción, identifican otras motivaciones, como tráfico de influencias y nepotismo en el Organismo Judicial (OJ).

Según el reporte, el 72.48 por ciento de los encuestados aseguró que no hay políticas institucionales para garantizar su seguridad.

Sin protección

En el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado guatemalteco incrementar la asignación presupuestaria para la protección de jueces, fiscales y abogados.

Sin embargo, solo el 28 por ciento de los señalados manifestó haber recibido en alguna ocasión seguridad por parte del OJ o medidas de protección brindadas por la Policía Nacional Civil (PNC), luego de haber sido amenazados ellos o sus familiares.

Datos del Ministerio de Gobernación indican que 209 efectivos de la PNC están asignados a la seguridad de miembros del OJ, mientras otros policías cuidan a diputados, ex diputados, funcionarios y ex funcionarios o sus familias.

A finales de octubre último, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Carlos Aguilar, pidió a la Cámara Penal su traslado de ese juzgado, debido a la inseguridad.

Preocupación generalizada

Esa situación es vista con preocupación por Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, quien se lamentó de que es la inseguridad influya en los fallos judiciales.

Óscar Cruz, presidente del Colegio de Abogados, opinó que la preocupación no debe ser solo por los jueces, sino también por el riesgo que corren los fiscales, ya que son quienes acusan.

Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, consideró que la protección de los jueces no es algo que debería estar solo en manos de la CSJ, sino del Estado en su conjunto, que también debe ser transparente.

“Las agresiones y la falta de protección son problemas que afectan la independencia de los jueces”, expresó.

César Barrientos, magistrado de la CSJ, reconoció que la presión que impulsan grupos de poder o del crimen organizado influye en los fallos judiciales.

“Imagínese un juez que tiene un caso grave de narcotráfico o un juez de Paz, que están solos. ¿Es posible que haya presiones hasta de quitarles la vida?”, comentó Barrientos.

Influencia de otros sectores

Las decisiones judiciales no se ven interferidas solo por la inseguridad, sino también por presión de otros sectores.

El 36.7 por ciento de los entrevistados reconoció que algunas resoluciones son afectadas por funcionarios de la misma Corte Suprema de Justicia.

El informe no detalla el porcentaje, pero sí reporta que los encuestados identifican como grupos de poder a los organismos Legislativo y Ejecutivo, lo cual fue confirmado por Aguilar.

Otras injerencias

Los jueces y magistrados entrevistados también respondieron en torno a las posibles influencias en sus resoluciones.

Entre otros factores que obstaculizan la independencia judicial, el 49.54 por ciento señaló que la presión les llega a través de los medios de comunicación.

De los 109 consultados por delegados de la PDH, el 43.12 por ciento dijo que sus fallos son influenciados por grupos de presión social.

El 37.61 por ciento consideró que la inestabilidad en el trabajo también es determinante.

El 40.37 por ciento respondió que sus fallos son obstaculizados por el riesgo de ser sometidos a antejuicios, mientras que el 39.45 por ciento aseguró que sus decisiones judiciales tienen que ver con la sobrecarga de trabajo.

Los sueldos y falta de prestaciones laborales idóneas también son factores que jueces y magistrados reconocen como injerencias en sus resoluciones.

Otra situación que afecta es el idioma, ya que solo el 6 por ciento dijo conocer algún idioma maya y el resto requiere de intérprete, por lo que no entiende en su totalidad las demandas presentadas en las áreas indígenas.