Afirmó que en ocasiones el ente investigador presenta “acusaciones descriptivas”, es decir que “toman la declaración de un testigo y redactan la acusación sin tomarse el tiempo para corroborar la investigación que aquel les proporciona”.

Indicó que otro inconveniente es que el fiscal que asiste al debate no es el que efectuó la investigación, por lo que le es difícil defender una prueba.

“A nosotros no nos importa la cantidad de pruebas, sino que no queden duda; de lo contrario, tenemos que absolver al sindicado. […] Que van a encontrar pruebas convincentes, yo no lo creo. Lo que ocurre es que un sindicado es procesado, pero no hay pruebas”, refirió.

Desconocimiento

Cardona explicó que en una oportunidad, durante un debate contra acusados de asociación ilícita, una fiscal presentó como prueba tres celulares.

Sin embargo, cuando se le pidió que determinara a quién correspondía cada aparato y su función en la supuesta agrupación criminal, no pudo explicarlo.

Otra debilidad que critica Cardona es que cuando se llega a las conclusiones de los juicios, el MP cambia al fiscal que presenció el debate y envía a otro para que se encargue de esa fase.

“Las investigaciones deben ser serias, oportunas y responsables. Eso lo decimos en la sentencia, ya que es el único mecanismo de defensa que tenemos para resolver”, expuso la jueza.

Improvisados

“Disculpe, honorable tribunal, es que hasta ayer me hice cargo del proceso”, es la frase que con frecuencia escuchan los jueces de parte de los fiscales en las audiencias.

“La intención es contar con un tiempo que nos permita conocer el expediente, pues minutos antes de la audiencia nos enteramos del nombramiento para asistir a los tribunales”, explicó un fiscal que solicitó que no se revelara su nombre.

Según jueces, en ocasiones, al momento de presentar indicios de investigación o pruebas durante un juicio, han tenido que enmendar la plana al MP, que imputa, en forma atropellada, delitos a los sindicados.

Aseguran que muchas veces las pruebas que aportan los fiscales no son acordes con los delitos en los que en apariencia incurrieron los acusados, por lo que los jueces han tenido que cambiar la calificación de los hechos ilícitos.

Una jueza que prefirió no ser identificada expuso que una vez —por medio de un oficial del juzgado— le envió a un fiscal un mensaje en el cual le aconsejaba qué debía solicitar en la audiencia.

Carlos Aguilar, juez segundo Penal y presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, aseguró que ese problema se incrementó desde que la fiscal general, Claudia Paz y Paz, impulsó una reingeniería en el MP, en febrero último.

“La Fiscal dividió el MP en unidades de decisión temprana, investigación y de litigios, lo cual significó que no exista un hilo conductor en la investigación y que en ocasiones termine en resultados negativos”, explicó Aguilar.

Más tiempo

Los jueces refieren que una falencia recurrente es que el MP no cumple con el plazo de investigación.

De acuerdo con Aguilar, en varios procesos el día en que se vence el plazo para acusar a los sindicados, los fiscales piden una prórroga, con el argumento de que no fue suficiente el tiempo fijado para investigar.

Por si eso no fuera suficiente, en lo que respecta a la diligencia de primera declaración, los jueces deben llamar por teléfono al MP para que envíe a un fiscal. Según estos, la respuesta que reciben es que en ese momento “no hay disponibles, están ocupados o llegarán más tarde”.

Prensa Libre intentó obtener la versión de Paz y Paz, pero fue imposible. Se le buscó durante varios días y se le envió un cuestionario —que no respondió—.

Al final, la funcionaria le envió al reportero un mensaje en el que le anunciaba que sería a través del Departamento de Prensa de la Fiscalía General como se pronunciaría acerca de los señalamientos de los jueces.

Pocas sentencias

Según el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, del Organismo Judicial, el año último los tribunales del ramo Penal emitieron mil 490 sentencias absolutorias, y este año ya van 910.

En lo que se refiere a sentencias condenatorias este año han sido resueltas siete mil 712, mientras que en el 2010 fueron 15 mil 824.